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Sentencia AA-776-14 — Registro 9904

Resumen

Recurso de revisión declarado con lugar y que ordena a autoridad recurrida brindar información que ellos sostienen su denegatoria por ser información reservada, ,considerando la Sala Constitucional que resolución impugnada insiste en que se publiquen ciertos datos e información proveniente de la Tasa de Seguridad, cuando éstos han sido blindados por el legislador en los artículos Artículo 18 y 19 de la Ley de Inteligencia Nacional

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... ´´ CONSIDERANDO SEIS (6): Que de la revisión de los antecedentes, esta Sala de lo Constitucional observa que se ha desarrollado el procedimiento administrativo establecido en los artículos 21 y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hasta haber obtenido una resolución que manda a que se publique la información requerida, misma que es señalada de vulneradora de derechos fundamentales, en tanto en cuanto dicha resolución desconoce las excepciones que el legislador estimó a bien estipular, en protección a bienes jurídicos colectivos como ser la seguridad de las personas en particular y la seguridad del Estado de Honduras en general. CONSIDERANDO SIETE (7): Que esta Sala manifiesta que el recurso administrativo de revisión que señala la supramencionada Ley, es un derecho prestacional de configuración legal, es decir, no es un derecho de libertad ejercitable sin más, sino que debe ejercerse por los procedimientos que nos señala el legislador. La Sala de lo Constitucional estima, que los procedimientos no son incondicionados o absolutos y se dice lo anterior, en tanto la IAIP, insiste en que se publiquen ciertos datos e información proveniente de la Tasa de Seguridad, cuando éstos han sido blindados por el legislador en los artículos Artículo 18 y 19 de la Ley de Inteligencia Nacional: que señalan: Artículo 18.- Sin perjuicio en lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las actividades, informaciones y documentos de inteligencia, tendrán carácter de reservados, en vista de que su contenido es confidencial o secreto, por ser elementos inherentes a la seguridad y defensa nacional”.- Artículo 19 “La información reservada, obtenida y manejada por el sistema nacional de inteligencia cuyo conocimiento público vulnere la privacidad de las personas y la seguridad nacional, queda fuera del escrutinio de cualquier organismo o persona natural”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que una discusión aparte deviene del contenido de ambos artículos su interpretación y la legalidad de los mismos, sin embargo, los mismos forman parte de nuestro derecho positivo y consecuentemente son de obligatoria aplicación y al haber omito la IAIP su observancia, vulneran el debido proceso al que tiene derecho el COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CTF) como persona jurídica, representado en el presente caso por el Abogado JUAN RAMON MOLINA RODRIGUEZ. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la violación al derecho a un debido proceso se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a tener un acceso a las instancias administrativas o a los tribunales; al derecho a obtener una resolución o sentencias fundadas en derecho congruente, cuando se priva al derecho de la efectividad de las resoluciones y sobre todo a un derecho al recurso legalmente previsto. Así las cosas, en el presente caso cuando se observa o altera una solemnidad o trámite previsto en las normas adjetivas que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, es cuando surge la vulneración al debido proceso tal como ha sucedido en este caso, al haber hecho caso omiso el ente vulnerador de lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley de Inteligencia Nacional, y pretender que se publique información que por ley es reservada, lo que hace procedente otorgar el recurso de amparo que ahora se conoce. ´´

Legislación citada

  • Ley de Inteligencia Nacional, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Inteligencia Nacional, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 26 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio del año de dos mil dieciséis. VISTO: para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN RAMON MOLINA RODRIGUEZ, a favor del COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CTF), contra la resolución No. SE-001-2014 emitida por el INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (IAIP), en fecha 20 de marzo del 2014, que resolvió un recurso de revisión promovido por el señor LESTER JOSE RAMIREZ IRIAS, contra el COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CTF). ANTECEDENTES 1.- Que en fecha cuatro de diciembre de dos mil trece, compareció el señor LESTER JOSE RAMIREZ IRIAS, en representación del COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CTF), ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (IAIP), interponiendo recurso de revisión por denegatoria de información ante la falta de respuesta a una solicitud de información pública (positiva ficta) COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CTF). 2.- Que en fecha veinte marzo del año dos mil catorce, el INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (IAIP), dictó resolución bajo el N0. SE-001-2014, en la cual resuelve “PRIMERO: Homologar los acuerdo alcanzados por el señor LESTER JOSE RAMIREZ IRIAS, actuando en su condición personal, y el señor JUAN RAMON MOLINA RODRIGUEZ, en su condición de Director ejecutivo del COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CTF) en la audiencia celebrada el trece de marzo de dos mil catorce, SEGUNDO: En atención a los acuerdos mencionados en acápite anterior, exhorta a los personeros del COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CTF), a entregar al recurrente, la información que debido a su carácter han sido públicos, tal como se comprometió si Director Ejecutivo en la precitada audiencia. Asimismo, se les instruye a resolver las solicitudes de información pública que reciban dentro de los plazos legales establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. TERCERO: Se ordena al COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CTF), que en virtud del artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 4,inciso 19 de su Reglamento, procedan a publicar en un plazo no mayor de 90 días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución, en su respetivo portal de transparencia, en versión pública, la información de oficio que manejen o generen en la gestión y ejecución de la TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.- La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y de no interponerse el recurso de amparo …, la misma quedará firme con los efectos pertinentes..” (Folio 97v. pp). 3.- El recurrente abogado JUAN RAMON MOLINA RODRIGUEZ, compareció ante este Tribunal, el diecinueve de junio de dos mil catorce, interponiendo acción de amparo a favor del COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CTF), contra la resolución N0. SE-001-2014, emitida por el INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (IAIP), en fecha veinte de marzo, por considerar que la resolución emitida es violatoria de lo estipulado en los artículos 1, 5, 62, 64, 70 ,80, 82 y 90 del la Constitución de la República. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía constitucional de amparo promovida por el Abogado JUAN RAMON MOLINA RODRIGUEZ, a favor del COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CTF), contra la resolución No. SE-001-2014 emitida por el INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (IAIP), en fecha 20 de marzo del 2014, es considerada por el recurrente, como violatoria de los artículos constitucionales 1, 5, 62, 64, 70, 80, 82 y 90 del la Constitución de la República, en tanto esta Institución ordena que en virtud de lo estipulado en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 4, inciso 19 de su Reglamento, procedan a publicar en un plazo no mayor de 90 días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación de la presente resolución, en su respetivo portal de transparencia, en versión pública, la información de oficio que manejen o generen en la gestión y ejecución de la TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.- La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y de no interponerse el recurso de amparo…, la misma quedará firme con los efectos pertinentes..”.- Expone el recurrente que la decisión del INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), se contrapone a lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley de Inteligencia Nacional. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es una ley de orden público e interés social y tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana[1]. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala en el artículo 20 el procedimiento a seguir y establece que la solicitud de acceso a la información pública deberá presentarse por escrito o por medios electrónicos, indicándose con claridad los detalles específicos de la información solicitada, sin motivación ni formalidad alguna…. El artículo 21 continúa con el procedimiento y manda que, una vez presentada la solicitud, se resolverá en el término de diez (10) días, declarándose con o sin lugar la petición. En casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo. En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberán indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma. Asimismo el artículo 26 de la misma ley señala que cuando la solicitud de información se hubiere denegado o cuando no se hubiere resuelto en el plazo establecido en el Artículo 21, el solicitante podrá acudir ante el Instituto de Acceso a la Información Publica en adelante la (IAIP) para solicitar la revisión de la denegatoria. La resolución de éste se emitirá dentro de un plazo de diez (10) días, contado a partir de la presentación de la solicitud. Contra esta resolución solo procederá el recurso de amparo en los términos de la Ley de Justicia Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que de la revisión de los antecedentes, esta Sala de lo Constitucional observa que se ha desarrollado el procedimiento administrativo establecido en los artículos 21 y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hasta haber obtenido una resolución que manda a que se publique la información requerida, misma que es señalada de vulneradora de derechos fundamentales, en tanto en cuanto dicha resolución desconoce las excepciones que el legislador estimó a bien estipular, en protección a bienes jurídicos colectivos como ser la seguridad de las personas en particular y la seguridad del Estado de Honduras en general. CONSIDERANDO SIETE (7): Que esta Sala manifiesta que el recurso administrativo de revisión que señala la supramencionada Ley, es un derecho prestacional de configuración legal, es decir, no es un derecho de libertad ejercitable sin más, sino que debe ejercerse por los procedimientos que nos señala el legislador. La Sala de lo Constitucional estima, que los procedimientos no son incondicionados o absolutos y se dice lo anterior, en tanto la IAIP, insiste en que se publiquen ciertos datos e información proveniente de la Tasa de Seguridad, cuando éstos han sido blindados por el legislador en los artículos Artículo 18 y 19 de la Ley de Inteligencia Nacional: que señalan: Artículo 18.- Sin perjuicio en lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las actividades, informaciones y documentos de inteligencia, tendrán carácter de reservados, en vista de que su contenido es confidencial o secreto, por ser elementos inherentes a la seguridad y defensa nacional”.- Artículo 19 “La información reservada, obtenida y manejada por el sistema nacional de inteligencia cuyo conocimiento público vulnere la privacidad de las personas y la seguridad nacional, queda fuera del escrutinio de cualquier organismo o persona natural”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que una discusión aparte deviene del contenido de ambos artículos su interpretación y la legalidad de los mismos, sin embargo, los mismos forman parte de nuestro derecho positivo y consecuentemente son de obligatoria aplicación y al haber omito la IAIP su observancia, vulneran el debido proceso al que tiene derecho el COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO DE LA TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA (CTF) como persona jurídica, representado en el presente caso por el Abogado JUAN RAMON MOLINA RODRIGUEZ. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la violación al derecho a un debido proceso se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a tener un acceso a las instancias administrativas o a los tribunales; al derecho a obtener una resolución o sentencias fundadas en derecho congruente, cuando se priva al derecho de la efectividad de las resoluciones y sobre todo a un derecho al recurso legalmente previsto. Así las cosas, en el presente caso cuando se observa o altera una solemnidad o trámite previsto en las normas adjetivas que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, es cuando surge la vulneración al debido proceso tal como ha sucedido en este caso, al haber hecho caso omiso el ente vulnerador de lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley de Inteligencia Nacional, y pretender que se publique información que por ley es reservada, lo que hace procedente otorgar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los artículos 1, 8.1, 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 64, 82, 90, 94, 304, 305, 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.3.b,37, 41, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 20, 21 Y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 18 y 19 de la Ley de Inteligencia Nacional; FALLA: OTORGANDO el recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, a efecto que se respete lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley de Inteligencia Nacional, y consecuentemente no se publique la información requerida por el señor LESTER JOSE RAMIREZ IRIAS; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de junio del año dos mil dieciséis, certificación de la sentencia de fecha dos de junio del año dos mil diecisés, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-0776-2014.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Naturaleza y finalidad de la ley.