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Sentencia AA-753-24 — Registro 18330

Resumen

Se interpuso recurso de amparo relacionado a la negativa a la emisión del acuerdo de nombramiento y juramentación (omisión) necesarios para tomar posesión del cargo, como representante de la Sociedad Civil ante el mecanismo nacional de prevención contra la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, (MNP-CONAPREV)”.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que la recurrente plantea como acto reclamado mediante el presente recurso de amparo, la negativa a la emisión del acuerdo de nombramiento y juramentación (omisión) necesarios para tomar posesión del cargo por parte de la Abogada Mildred Johana Meléndez Mejía; alegando, que durante el proceso se le han violentado a su representada, (sic) “…los derechos de igualdad y discriminación siendo que los hombres nacen libres e iguales en derechos…, a su vez el derecho al trabajo…”. Por otra parte, la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que esta Sala debe pronunciarse en relación a la controversia constitucional planteada, en cuanto a determinar, si la acción u omisión ha violado o no derechos constitucionales sin originar derechos subjetivos a favor de los particulares o del stado. CONSIDERANDO: Que el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece, que es inadmisible el recurso de Amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad, asimismo, cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa, en consecuencia, el Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible, por consiguiente, por todo lo anteriormente expuesto, la Sala es del criterio porque se declare inadmisible el recurso de mérito.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “Que esta Sala reconoce en el caso que nos ocupa, que para que proceda la emisión de un acuerdo, por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, previamente, correspondía dirimir la contienda surgida con la impugnación y acusaciones mutuas entre las facciones intervinientes, una vez aclarado y resuelto ese punto, dejando en claro controversia en cuanto a legitimidad y legalidad que la resolución le otorga al proceso electivo, proceder a tramitar el acuerdo de nombramiento, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 al 122 de la Ley General de la Administración Pública. En tal sentido, se hace la observación que los escritos de “Manifestación”, asimismo, la impugnación y nulidad de las actuaciones, que fueron resueltos (inadmisibles) por la Secretaría de Estado en Despacho de Derechos Humanos, teniendo como principal argumento para ello el hecho de no ser competentes para resolver dichas peticiones, debieron ser remitidos en primera instancia al presidente y Secretario de la Asamblea por ser la autoridad competente y electa por la Asamblea de las Organizaciones de Sociedad Civil, lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo siete (7), que establece, la incompetencia podrá declararse de oficio o a instancia de persona interesada y el órgano que estime ser incompetente para conocer de un asunto, en cualquier fase del procedimiento y previo a la resolución del mismo, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, lo anterior, en armonía con lo dispuesto por los artículos 106 de la Ley General de la Administración Pública y párrafo penúltimo del artículo 8 de la Ley del MNP-CONAPREV. CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 85 de la Ley de Procedimiento Administrativo, vencidos los plazos señalados en el Artículo 84 sin haberse notificado la decisión respectiva, el interesado podrá exigir pronta resolución, y transcurridos ocho (8) días sin que ésta se hubiere producido, estimará denegada su petición, a fin de utilizar los recursos que procedan. En consecuencia, la recurrente al haber hecho uso de esta figura jurídica, el recurso que correspondía hacer uso (luego de estimar la denegatoria de su reclamo administrativo) era la vía judicial, en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, según lo dispone, el artículo 146 de dicha ley.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

“CONSIDERANDO: Que esta Sala reconoce en el caso que nos ocupa, que para que proceda la emisión de un acuerdo, por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, previamente, correspondía dirimir la contienda surgida con la impugnación y acusaciones mutuas entre las facciones intervinientes, una vez aclarado y resuelto ese punto, dejando en claro controversia en cuanto a legitimidad y legalidad que la resolución le otorga al proceso electivo, proceder a tramitar el acuerdo de nombramiento, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 al 122 de la Ley General de la Administración Pública. En tal sentido, se hace la observación que los escritos de “Manifestación”, asimismo, la impugnación y nulidad de las actuaciones, que fueron resueltos (inadmisibles) por la Secretaría de Estado en Despacho de Derechos Humanos, teniendo como principal argumento para ello el hecho de no ser competentes para resolver dichas peticiones, debieron ser remitidos en primera instancia al presidente y Secretario de la Asamblea por ser la autoridad competente y electa por la Asamblea de las Organizaciones de Sociedad Civil, lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo siete (7), que establece, la incompetencia podrá declararse de oficio o a instancia de persona interesada y el órgano que estime ser incompetente para conocer de un asunto, en cualquier fase del procedimiento y previo a la resolución del mismo, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, lo anterior, en armonía con lo dispuesto por los artículos 106 de la Ley General de la Administración Pública y párrafo penúltimo del artículo 8 de la Ley del MNP-CONAPREV. CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 85 de la Ley de Procedimiento Administrativo, vencidos los plazos señalados en el Artículo 84 sin haberse notificado la decisión respectiva, el interesado podrá exigir pronta resolución, y transcurridos ocho (8) días sin que ésta se hubiere producido, estimará denegada su petición, a fin de utilizar los recursos que procedan. En consecuencia, la recurrente al haber hecho uso de esta figura jurídica, el recurso que correspondía hacer uso (luego de estimar la denegatoria de su reclamo administrativo) era la vía judicial, en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, según lo dispone, el artículo 146 de dicha ley. CONSIDERANDO: Que la recurrente plantea como acto reclamado mediante el presente recurso de amparo, la negativa a la emisión del acuerdo de nombramiento y juramentación (omisión) necesarios para tomar posesión del cargo por parte de la Abogada Mildred Johana Meléndez Mejía; alegando, que durante el proceso se le han violentado a su representada, (sic) “…los derechos de igualdad y discriminación siendo que los hombres nacen libres e iguales en derechos…, a su vez el derecho al trabajo…”. Por otra parte, la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que esta Sala debe pronunciarse en relación a la controversia constitucional planteada, en cuanto a determinar, si la acción u omisión ha violado o no derechos constitucionales sin originar derechos subjetivos a favor de los particulares o del Estado. CONSIDERANDO: Que la recurrente no desarrolló el concepto puntal de la violación constitucional alegada a los derechos de igualdad, no discriminación y al trabajo, limitándose en el acápite denominado: “VII. VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES”, a realizar una simple enunciación de dichos derechos, a hacer una breve referencia sobre el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como resultado de la visita In Loco realizada a Honduras, referente a la desigualdad, pobreza y desempleo que actualmente enfrenta la sociedad; y, a citar un boletín laboral emitido por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada 2024, (COHEP), referente a que 2.3 millones de hondureños tiene problemas de empleo. CONSIDERANDO: Que el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece, que es inadmisible el recurso de Amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad, asimismo, cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa, en consecuencia, el Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible, por consiguiente, por todo lo anteriormente expuesto, la Sala es del criterio porque se declare inadmisible el recurso de mérito.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, M. D. C., dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro.VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada WENDY LIZETH MORALES RODRIGUEZ a favor de la señora MILDRED JOHANA MELENDEZ MEJIA, quien expone que recurre: “...contra actuaciones de la Presidencia de la República de Honduras por ser la autoridad que ostenta la titularidad del Poder Ejecutivo, asimismo, contra la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA y DESCENTRALIZACIÓN, relacionado a la negativa a la emisión del acuerdo de nombramiento y juramentación (omisión) necesarios para tomar posesión del cargo por parte de la Abogada Mildred Johana Meléndez Mejía, como representante de la Sociedad Civil ante el MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, (MNP-CONAPREV)”.CONSIDERANDO: Que la recurrente expone, que en fecha cinco (05) de julio de dos mil veintitrés (2023), la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, convocó a Organizaciones de Sociedad Civil, que trabajan en el tema de prevención de la tortura, rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad para la elección de Designado (a) Comisionada (o) representante de las Organizaciones de Sociedad Civil ante el COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA, TRATOS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES (MNP-CONAPREV), a una asamblea para el día viernes 14 de julio del 2023, señalando como requisitos para la participación de los convocadas/os, presentar en original y copia o debidamente autenticados de la personería jurídica, constancia que acredite la representación a título de propietario y suplente de la organización que represente y asimismo acreditar el trabajo que realiza en dicha materia, con el fin de participar conforme a Ley, debiendo observar los requisitos e inhabilidades prescritos en los artículos 8, 11 y 12 de la Ley del MNP-CONAPREV y 107 de la Ley General de la Administración Pública. CONSIDERANDO: Que en la Asamblea del catorce (14) de julio 2023, se presentaron dos postulantes: ANA MARÍA FERRERA en representación del CEM-H/Plataforma 25 de noviembre y MILDRID MELÉNDEZ postulada por el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT); al evento concurrieron 20 organizaciones, sin embargo según manifestación adjunta, fue solicitado por parte de la Presidente de la Asamblea, permitir a la Asociación de Familiares de Privados de Libertad (ASOCID), quien se incorporó a último momento, votar sin la presentación de la Personería Jurídica, (requisito establecido en la convocatoria publicada), argumentando que la misma se les había extraviado, generando que en esta primera Asamblea el resultado fuese un empate, después de dos intentos fallidos para realizar la elección de la representación de la Comisionada de la Sociedad Civil ante el MNP-CONAPREV, para lograr el desempate, se volvió a convocar para el día martes 25 de julio del año 2023. CONSIDERANDO: Que el 25 de julio del año 2023, contando con la presencia del Secretario General adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y la veeduría de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la asistencia de veintiocho organizaciones de sociedad civil, una red y una plataforma (total 30), se llevó a cabo la reanudación de la Asamblea y previo a dar inicio a la votación, la Red compareciente expresó ante la Asamblea su retiro de la misma, el cual fue acompañado por nueve (9) organizaciones, una (1) plataforma (total 11) y una (1) de las candidatas, ante este retiro, la presidenta de la Asamblea de Sociedad Civil procedió a realizar una nueva comprobación del quorum el cual quedó constituido con 19 organizaciones, continuando el proceso de elección con 17 organizaciones que votaron a favor de la candidatura de MILDRED JOHANA MELENDEZ MEJIA, un voto en contra y una abstención. Por otra parte, en un escrito de manifestación adjunto, presentado por organizaciones que apoyan la candidatura ANA MARÍA FERRERA, alegan que, el 25 de julio no se revisó la documentación que presentaron las 10 organizaciones nuevas que se unieron a la convocatoria y fue la Presidenta electa en Asamblea del día 14 de julio quien admitió las mimas, sin ningún tipo de oposición, además insistió en poner en duda el trabajo de tres organizaciones de la sociedad civil que estaban legalmente acreditadas y ratificadas por la misma asamblea de fecha 14 de julio, lo que obligó a REDMU, PLATAFORMA 25 DE NOVIEMBRE y FORO SIDA a retirarse del espacio, porque fueron totalmente discriminadas y violentando el derecho a la participación, es cuando de forma verbal un grupo de 11 organizaciones procedieron a retirase solicitando que fuera devuelta la documentación con la que fueron acreditados, en este retiro participó el Secretario de la Asamblea electo en asamblea de fecha 14 de julio 2023, quedando en suspensión la celebración de la misma. CONSIDERANDO: Que, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas…, asimismo, se reconoce la procedencia de la acción de amparo incluso en contra de acciones u omisiones que a juicio del afectado le perjudica o pudiere perjudicar, lo anterior, en consonancia con el derecho constitucional de petición; sin embargo, para efectos de determinar que dicha procedencia se encuentre enmarcada dentro del principio de legalidad, la ley señala causales de inadmisibilidad que deben ser analizadas y confrontadas respecto al planteamiento de las alegaciones realizadas en el escrito de interposición del recurso de amparo. CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Comité Nacional estará integrado por tres (3) expertos (as), quienes durarán en funciones tres (3) años, prorrogables por una sola vez, los que serán designados de la manera siguiente: 1) Uno (a) por el Poder Ejecutivo; 2) Uno (a) por Congreso Nacional; y, 3) Uno (a) por las Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en la prevención de la tortura y la rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad. El o la representante de las Organizaciones de la Sociedad Civil será designada (a) por una Asamblea General de las mismas, deberá cumplir con los requisitos del artículo 11 y no deberá encontrarse entre las inhabilidades del artículo 12 de dicha ley, respectivamente; asimismo, la designación se debe realizar de conformidad a lo establecido en la Ley General de la Administración Pública. Por otra parte, el artículo 9 de la Ley del CONAPREV establece que este actúa como órgano colegiado, se considerará constituido legalmente cuando asistan a sus sesiones al menos dos (2) de sus miembros. La Presidencia y la Secretaría del órgano colegiado del Comité serán rotativos entre sus miembros, por decisión interna de los mismos, la que se realizará en los últimos quince (15) días del periodo que finalice. CONSIDERANDO: Que la ley del MNP-CONAPREV dispone que al elegirse por lo menos dos de sus miembros se considerará constituido legalmente, asimismo, que por disposición expresa contenida en el párrafo final del artículo 8 de la Ley del CONAPREV, los Representantes de la Sociedad Civil, deben seguir el procedimiento contenido en la Ley General de la Administración Pública, en lo referente, a las disposiciones que regulan como deben actuar los Órganos Colegiados, a efecto de legitimar la validez de las decisiones. De igual forma, dispone la ley que corresponde al presidente de todo órgano colegiado, acordar la convocatoria, asegurar la observancia de las leyes y la regularidad de las discusiones y de las votaciones; a tal efecto, puede suspender la sesión cuando lo estime necesario. CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2 en su párrafo segundo del Decreto Ejecutivo PCM-055-2017, le corresponde a la Secretaría de Derechos Humanos, coordinar y ejecutar los programas de sensibilización, formación, capacitación y promoción de los Derechos Humanos para todos los servidores públicos y la ciudadanía en general, así como coordinar las instancias de participación, diálogo e interlocución con la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos. Aunado a lo anterior, la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos expone en su informe, que, en aras de dirimir las diferencias existentes entre las Organizaciones de Sociedad Civil, en fecha dieciocho de junio de dos mil veinticuatro, propició un espacio de dialogo entre actores, desde el respeto a sus espacios de elección. CONSIDERANDO: Que esta Sala reconoce en el caso que nos ocupa, que para que proceda la emisión de un acuerdo, por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, previamente, correspondía dirimir la contienda surgida con la impugnación y acusaciones mutuas entre las facciones intervinientes, una vez aclarado y resuelto ese punto, dejando en claro controversia en cuanto a legitimidad y legalidad que la resolución le otorga al proceso electivo, proceder a tramitar el acuerdo de nombramiento, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 al 122 de la Ley General de la Administración Pública. En tal sentido, se hace la observación que los escritos de “Manifestación”, asimismo, la impugnación y nulidad de las actuaciones, que fueron resueltos (inadmisibles) por la Secretaría de Estado en Despacho de Derechos Humanos, teniendo como principal argumento para ello el hecho de no ser competentes para resolver dichas peticiones, debieron ser remitidos en primera instancia al presidente y Secretario de la Asamblea por ser la autoridad competente y electa por la Asamblea de las Organizaciones de Sociedad Civil, lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo siete (7), que establece, la incompetencia podrá declararse de oficio o a instancia de persona interesada y el órgano que estime ser incompetente para conocer de un asunto, en cualquier fase del procedimiento y previo a la resolución del mismo, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, lo anterior, en armonía con lo dispuesto por los artículos 106 de la Ley General de la Administración Pública y párrafo penúltimo del artículo 8 de la Ley del MNP-CONAPREV. CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 85 de la Ley de Procedimiento Administrativo, vencidos los plazos señalados en el Artículo 84 sin haberse notificado la decisión respectiva, el interesado podrá exigir pronta resolución, y transcurridos ocho (8) días sin que ésta se hubiere producido, estimará denegada su petición, a fin de utilizar los recursos que procedan. En consecuencia, la recurrente al haber hecho uso de esta figura jurídica, el recurso que correspondía hacer uso (luego de estimar la denegatoria de su reclamo administrativo) era la vía judicial, en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, según lo dispone, el artículo 146 de dicha ley. CONSIDERANDO: Que la recurrente plantea como acto reclamado mediante el presente recurso de amparo, la negativa a la emisión del acuerdo de nombramiento y juramentación (omisión) necesarios para tomar posesión del cargo por parte de la Abogada Mildred Johana Meléndez Mejía; alegando, que durante el proceso se le han violentado a su representada, (sic) “…los derechos de igualdad y discriminación siendo que los hombres nacen libres e iguales en derechos…, a su vez el derecho al trabajo…”. Por otra parte, la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone que esta Sala debe pronunciarse en relación a la controversia constitucional planteada, en cuanto a determinar, si la acción u omisión ha violado o no derechos constitucionales sin originar derechos subjetivos a favor de los particulares o del Estado. CONSIDERANDO: Que la recurrente no desarrolló el concepto puntal de la violación constitucional alegada a los derechos de igualdad, no discriminación y al trabajo, limitándose en el acápite denominado: “VII. VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES”, a realizar una simple enunciación de dichos derechos, a hacer una breve referencia sobre el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como resultado de la visita In Loco realizada a Honduras, referente a la desigualdad, pobreza y desempleo que actualmente enfrenta la sociedad; y, a citar un boletín laboral emitido por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada 2024, (COHEP), referente a que 2.3 millones de hondureños tiene problemas de empleo. CONSIDERANDO: Que el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece, que es inadmisible el recurso de Amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad, asimismo, cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa, en consecuencia, el Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible, por consiguiente, por todo lo anteriormente expuesto, la Sala es del criterio porque se declare inadmisible el recurso de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 106, 116 al 122 de la Ley General de la Administración Pública; 8, 11 y 12 de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos crueles, Inhumanos o Degradantes; 7, 85, 84 y 107 Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 8), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por la Abogada WENDY LIZETH MORALES RODRIGUEZ a favor de la señora MILDRED JOHANA MELENDEZ MEJIA, por tener expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa. y, MANDA: Que se certifique la presente resolución y se remitan las mismas a la Secretaria de Estado en el Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización; Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, al Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV) y a la recurrente para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES.PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro, certificación de la resolución de fecha dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0753-2024.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL