Sentencia AA-717-21 — Registro 17033
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que se desestimó el recurso de reposición con la que ese mismo tribunal declaró infundado el recurso de queja. Este último recurso se interpuso por haberse inadmitido la apelación dirigida en contra del auto resolutivo de ejecución de la sentencia firme que condena a la Secretaría de Estado en los despachos de infraestructura y servicios públicos, ahora INSEP.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “VI. Examen del objeto del amparo solicitado. En virtud del estudio de los antecedentes, este alto tribunal de justicia considera procedente otorgar la garantía constitucional de mérito, con base en los siguientes argumentos. Consta en autos que el recurso de queja fue interpuesto en contra de la decisión del juez a quo de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, porque no admitió a trámite, o sea, rechazó de plano el recurso de apelación. Consta también, que la impetrante en su escrito de queja indicó entre otros muchos puntos, que el a quo fundamentó la improcedencia del recurso de apelación en el artículo 707 del Código procesal civil, arguyendo que el auto resolutivo que rechazó la oposición no es impugnable mediante apelación. Por su parte, este alto tribunal de justicia observa que la resolución de la corte de apelaciones, aunque en su motivación deja establecido correctamente que su examen debe circunscribirse a lo dispuesto en el artículo 730 del Código procesal civil hace exactamente lo contrario, cometiendo el error de motivar su resolución señalando que los agravios expuestos por la parte apelante son “inoperantes”, aduciendo, además, que estos no refieren nada sobre la procedencia del recurso de apelación. Entonces, tal como se puede observar, la corte de apelaciones en vez de centrarse en el objeto de la queja, es decir, examinar si el rechazo de la oposición a la ejecución era apelable, dicho tribunal de alzada procedió a analizar los agravios de la apelación. En otras palabras, obvió examinar el objeto del recurso de queja y en su lugar, resolvió los agravios de la apelación. La corte de apelaciones incurrió en la omisión a su deber de resolver lo prescrito en el artículo 730 del Código procesal civil. Esto se puede constatar porque en su motivación, no hace mención ni reflexión alguna sobre si el recurso de apelación es viable al caso concreto, o sea que no hizo examen del artículo 707 antes mencionado, ni de ningún otro que sea aplicable para resolver el asunto de marras, violentando así el objeto o razón de ser del recurso de queja. Ahora bien, señalar que los agravios del apelante son inoperantes, es adelantarse al objeto mismo de la apelación, es resolver el asunto u objeto de ese recurso, de manera que es un prejuzgamiento de la apelación que no responde a los márgenes concretos y limitados del recurso de queja. Cuestión que empeora cuando dicho tribunal no explica a qué se refiere cuando califica de inoperantes los agravios, haciendo más cuestionable su decisión debido a que esta es totalmente arbitraria al no brindar explicación al respecto. Dicho de otra forma, nadie le solicitó a la corte de apelaciones que se pronunciara sobre los agravios, pues eso correspondía hacerlo después, en caso de que prosperara antes el recurso de queja y se declarara fundada la procedencia de la apelación. En virtud de lo cual este alto tribunal de justicia manifiesta que el argumento de la corte de apelaciones es incorrecto como razón justificante para declarar infundada la queja. La Sala de lo Constitucional estima que la resolución dictada por la corte de apelaciones es violatoria de los derechos de debido proceso legal en virtud de que dicho tribunal resolvió una cuestión distinta al objeto del recurso de queja. Por lo tanto, procede otorgar la garantía constitucional de amparo con el fin de que dicho tribunal ad quem restituya el derecho que tiene el amparado a la tutela judicial efectiva y al derecho a que se revise la decisión, para lo cual en este caso concreto, es insoslayable que se analice mediante el recurso de queja la procedencia del recurso de apelación, es decir, examinar si concurren los requisitos del artículo 732 del Código procesal civil, así como otras normas procesales que son de aplicación para zanjar la controversia que se plantea, es decir, dilucidar si el auto que resolvió la oposición presentada por la parte ejecutada es susceptible de ser impugnada mediante el recurso de apelación. Está de más señalar, que el órgano jurisdiccional que deba resolver la queja, deviene en la obligación de ser garante del derecho de defensa y acceso a la tutela judicial efectiva; asimismo debe ser suficientemente claro, detallado y contundente en sus argumentos que sustenten su decisión. Asimismo, dicho tribunal de alzada debe tomar en consideración el derecho a recurso contenido en el artículo 8.1 literal h de la Convención americana sobre derechos humanos. “
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 707 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 730 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 732 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION.
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. En la Ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los treinta días del mes de enero del año dos mil veinticuatro. VISTA: Para dictar sentencia en la garantía de amparo interpuesta por la abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada en fecha diez de mayo de dos mil veintiuno por la honorable CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, mediante la cual desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno con la que ese mismo tribunal declaró infundado el recurso de queja. Este último recurso se interpuso por haberse inadmitido la apelación dirigida en contra del auto resolutivo de ejecución de la sentencia firme que condena a la Secretaría de Estado en los despachos de infraestructura y servicios públicos, ahora INSEP. Todo con relación a la demanda de ejecución forzosa por la vía de apremio promovida por la abogada MERLE ENID LAITANO BARAHONA, contra LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SERVICIOS PÚBLICOS, INSEP. Estima la amparista que con el acto reclamado, se han violentado en perjuicio de su representado los derechos reconocidos en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES 1. En fecha diecinueve de enero del año dos mil veintiuno el Juzgado de letras de lo contencioso administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó resolución en la cual resolvió: “PRIMERO: RECHAZAR DE PLANO la oposición a la ejecución de titulo judicial presentada por la parte ejecutada demandada por ser IMPROCEDENTE de acuerdo a lo referido en los numerales tercero y cuarto de los fundamentos de derecho establecidos en la presente decisión. SEGUNDO: Que se continúe con la práctica del embargo ordenado en el mandamiento de ejecución…” (Folios 37 al 38 del expediente del a quo). 2. En fecha veintidós de enero del año dos mil veintiuno, la abogada KARLA MENDOZA ARTICA, interpuso recurso de apelación contra el auto de fecha diecinueve de enero del año dos mil veintiuno, dictado por el juzgado de letras de lo contencioso administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. No obstante, dicho juzgado decidió mediante auto de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno denegar la interposición de la apelación. (Folio 45 al 50 del expediente de la corte de apelaciones). 3. En fecha uno de marzo del año dos mil veintiuno, compareció ante la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON JURISDICCIÓN A NIVEL NACIONAL, la abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, promoviendo recurso de queja contra el auto resolutivo emitido por el Juzgado de letras de lo contencioso administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Fráncico Morazán, de fecha dos de febrero del año dos mil veintiuno. (Folios 1 al 4 del expediente de la corte de apelaciones). 4. La CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, conociendo del recurso de queja interpuesto por la abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, contra el auto de fecha diecinueve de enero del año dos mil veintiuno, dictó la resolución de fecha veintitrés de abril del año dos mil veintiuno, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: “PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA LA QUEJA, interpuesta por la abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA; SEGUNDO: Declara la firmeza de la resolución de fecha diecinueve de enero del dos mil veintiuno, emitida por el Juzgado de letras de lo contencioso administrativo con sede en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central.” (Folios 79 al 81 de la pieza del tribunal ad quem). 5. La abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA compareció ante este alto tribunal de justicia en fecha treinta de junio del año dos mil veintiuno, interponiendo la presente garantía constitucional de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión de fecha veintitrés de abril del año dos mil veintiuno dictada por el ad quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil veintidós. (Folio 36 de la pieza de amparo). 6. En fecha cinco de agosto del año dos mil veintidós, se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público a través de su fiscal abogada SANDRA LORENA ZÚNIGA GARCÍA, quien emitió dictamen en el cual opinó que NO PROCEDE LA ADMISIBILIDAD de la presente garantía constitucional de amparo por no existir vulneración de las garantías procesales invocadas por la amparista. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 reformado de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. II. Sobre la obligación del Estado de proveer protección judicial mediante un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Honduras. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación contenida en el artículo 1 constitucional de asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social; como también de respetar, proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención americana sobre derechos humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Honduras. III. Resumen de los alegatos expuestos por la impetrante en la garantía constitucional de amparo bajo estudio. Este alto tribunal de justicia resume lo establecido por la censora en su escrito de formalización, estableciendo que la presente demanda de amparo se interpone para la restitución de derechos fundamentales considerados vulnerados, luego de que se ha continuado con la ejecución de una sentencia por una cuantía mayor a la condenada por el juez a quo. Reclama la censora a favor del Estado, que la violación de los derechos de su poderdante se inicia con la desestimación a la oposición presentada en contra del mandamiento de ejecución, fundada en que la parte ejecutante calculó erróneamente los intereses que corresponde pagar. Explica la amparista que el error de cálculo mencionado, se mantuvo por el juez a quo a pesar de lo establecido por el artículo 100 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, asimismo que de forma errónea se está aplicando el artículo 802.2 del Código procesal civil. Al respecto puntualiza que, en lugar de aplicar un 6 o 7 por ciento, se ha calculado una tasa del 25%. Para la amparista entonces, el auto resolutivo que denegó la oposición a la ejecución, es incongruente, puesto que, aunque haya señalado que los intereses se calcularon de conformidad al artículo 100 antes mencionado, y que corresponde al 6% o 7%, la realidad es que dicho mandamiento de ejecución se despachó con la tasa de interés al 25% de acuerdo con el artículo 802.2 también ya mencionado. El juez a quo indicó al momento de resolver la oposición que, la parte ejecutada o sea el Estado, cometió el error de no realizar la oposición a la ejecución del título judicial de acuerdo con el artículo 763 del Código procesal civil; no obstante aclara que, el artículo 132 de la Ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo dispone la posibilidad de tener por admitido un determinado trámite o recurso aunque no haya sido presentado dentro del plazo, pero también señala que para que esto sea así, debe cumplirse con la condición de que ese plazo se encuentre dispuesto, o sea que esté contenido dentro de la Ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, requisito que no se cumple en esta ocasión pues el plazo dejado de utilizar no está previsto en dicha ley, sino en el Código procesal civil. En vista de esto fue que el juez a quo concluyó que lo pretendido por la parte ejecutada, es decir la aplicación del artículo 132 en mención, no sea viable o posible. En virtud de lo anteriormente relatado, el órgano jurisdiccional de primera instancia dispuso: rechazar de plano la oposición a la ejecución y ordenar el embargo para darle continuidad al procedimiento de ejecución.Teniendo lo anterior como antecedente, la garantista pasa a señalar que, aunque el artículo 95 de la Ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo contiene disposiciones de carácter sustantivo y adjetivo para la ejecución de las sentencias, deben aplicarse de forma supletoria las disposiciones del Código procesal civil; por lo que no aplicar lo que dispone el artículo 195 del Código procesal civil, y por ende la aplicación del artículo 132 de la Ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, todo lo cual constituye una violación al derecho de defensa por parte del juez a quo. La garantista continua su exposición, señalando que el Estado de Honduras apeló el auto que denegó la oposición exponiendo como agravio la falta de aplicación de normas de la Ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y resolver únicamente de acuerdo con lo previsto en el Código procesal civil, soslayando la aplicación de los artículos 100 y 132 de la Ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El juez a quo continuó violentando derechos al denegar de plano la interposición del recurso de apelación bajo el argumento de que dicho recurso, de acuerdo con el artículo 707 del Código procesal civil, dispone los casos contra los cuales procede, no siendo uno de ellos el auto que denegó de plano la oposición a la ejecución. Al respecto la amparista cita el artículo 765.1 del Código procesal civil, el cual posibilita la interposición del recurso de apelación contra el auto que desestima la oposición.Presentado el recurso de queja contra la decisión de no admitir la apelación, la corte de apelaciones dictó resolución exponiendo lo siguiente: “Entender que lo aquí discutido no es si procede o no la aplicación de lo dispuesto en el artículo 132 de la LJCA, tampoco se está discutiendo los motivos de oposición de la parte ejecutada, y mucho menos los demás alegatos que expresa la recurrente en su escrito de queja, apreciar hechos distintos de los que conciernen a dicho mecanismo procesal (recurso de queja), es alterar la competencia y el alcance especifico de las figuras jurídicas, en este caso lo establecido en el artículo 730 del CPC, así como los límites que ostenta este tribunal de apelación, con respecto a los alegatos y agravios del recurso de queja, en este sentido los agravios expuestos por la parte apelante son inoperantes, ya que los mismos no se circunscriben en la procedencia o no del recurso de apelación. SEXTO: De lo anterior se concluye que el recurso de queja debe declararse INFUNDADO, en consecuencia, téngase por FIRME la resolución de fecha 19 de enero del 2021.” Señala la garantista que no está de acuerdo con la corte de apelaciones, quien declaró infundado el recurso de queja porque considera que los alegatos expresados por el recurrente no se refieren al reexamen de la inadmisión de la apelación, y por otro lado, dicho tribunal sugiere que no tiene competencia para hacer dicho reexamen. De manera que la amparista considera que la fundamentación del iudex ad quem no es, ni clara, ni precisa. Agrega la amparista que considera violentado el derecho al debido proceso porque el juez a quo se atribuyó la competencia de inadmitir el recurso de apelación, siendo esto facultad de la corte de apelaciones. La amparista además considera una violación al derecho de defensa por parte de la corte de apelaciones considerando que tampoco procedía la apelación dirigida en contra del auto que inadmitió la oposición a la ejecución, sin observar lo dispuesto por el artículo 765 del Código procesal civil, pese a que este señala que la apelación es el recurso que corresponde interponer contra la resolución que deniegue la oposición al mandamiento de ejecución. También refiere que la resolución que impugna, se sustenta en una motivación que califica como pobre.IV. Resumen de la resolución dictada por la honorable Corte de apelaciones de lo contencioso administrativo con sede en el Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual declaró infundado el recurso de queja. La decisión unánime de declarar infundada la queja se sustentó en los argumentos que a continuación se resumen. La corte de apelaciones observa que el a quo inadmitió el recurso de apelación basándose en que la resolución contra la cual se interpuso dicho recurso, no pone fin al proceso; y por ello, no es apelable; asimismo la resolución que recae sobre la oposición a la ejecución no es de aquellos que expresamente la ley señala como apelables, esto en aplicación del artículo 707 del Código procesal civil. Para dicho tribunal de alzada, es correcta la decisión tomada por el juez a quo de no admitir la apelación dirigida en contra del auto que rechazó de plano la admisión de la oposición, en virtud de que el artículo 89 de la Ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo dispone que el trámite de recursos debe regirse conforme a la legislación procesal civil, entendiendo, dice la corte de apelaciones, que de forma supletoria se aplicarán las disposiciones del Código procesal civil, incluyendo, que resoluciones serán recurribles en apelación. Siguiendo ese orden de ideas, la corte de apelaciones señala que el artículo 707 del Código procesal civil, establece las resoluciones que son susceptibles de ser apeladas; y, la resolución que niega la admisión de la oposición a la ejecución no se encuentra contenida entre las señaladas por el mencionado artículo 707. Por otra parte, la corte de apelaciones señala que lo aquí discutido no es si procede la aplicación del artículo 132 de la Ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tampoco los motivos de la oposición y mucho menos los demás alegatos sostenidos en el escrito del recurso de queja, sino “la procedencia del recurso de apelación”, que es según el ad quem, el objeto del recurso de queja. Por lo que, para la corte de apelaciones, hacer apreciaciones sobre aspectos distintos, es alterar el objeto y la competencia del recurso de queja, así como lo establecido en el artículo 730 del Código procesal civil en relación con los alegatos y agravios de la queja. En virtud de lo expuesto, la corte de apelaciones califica a los agravios del recurrente como “inoperantes”. V. Resumen del dictamen emitido por la agente de fiscales del Ministerio Público.La fiscal, abogada Sandra Lorena Zúniga García opina que se deniegue la garantía de amparo solicitada, fundándose en que la al momento de plantearse la queja, la recurrente hizo referencia a los agravios de la apelación sustentando el fondo del asunto es decir los motivos de la oposición a la ejecución, contraviniendo con ello lo dispuesto en el 732.2 del Código procesal civil, que determina: “El escrito de queja deberá contener los fundamentos para la estimación del recurso dejado y se acompañará copia certificada de la resolución denegada.” Atendiendo lo anterior, la fiscal manifiesta que el recurso de queja es de carácter instrumental, debido a que se interpone en función de otro recurso que ha sido inadmitido. Siendo por ello que, la censora debió circunscribirse únicamente en determinar el desacierto del juez y la razón que conforme a la norma procesal correspondía ser admitida la apelación; al no hacerlo, la fiscal señala que limitó al tribunal ad quem para efectuar el reexamen del auto denegado, extremo que dejó claramente establecido en su resolución. VI. Examen del objeto del amparo solicitado. En virtud del estudio de los antecedentes, este alto tribunal de justicia considera procedente otorgar la garantía constitucional de mérito, con base en los siguientes argumentos. Consta en autos que el recurso de queja fue interpuesto en contra de la decisión del juez a quo de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, porque no admitió a trámite, o sea, rechazó de plano el recurso de apelación. Consta también, que la impetrante en su escrito de queja indicó entre otros muchos puntos, que el a quo fundamentó la improcedencia del recurso de apelación en el artículo 707 del Código procesal civil, arguyendo que el auto resolutivo que rechazó la oposición no es impugnable mediante apelación. Por su parte, este alto tribunal de justicia observa que la resolución de la corte de apelaciones, aunque en su motivación deja establecido correctamente que su examen debe circunscribirse a lo dispuesto en el artículo 730 del Código procesal civil hace exactamente lo contrario, cometiendo el error de motivar su resolución señalando que los agravios expuestos por la parte apelante son “inoperantes”, aduciendo además, que estos no refieren nada sobre la procedencia del recurso de apelación.Entonces, tal como se puede observar, la corte de apelaciones en vez de centrarse en el objeto de la queja, es decir, examinar si el rechazo de la oposición a la ejecución era apelable, dicho tribunal de alzada procedió a analizar los agravios de la apelación. En otras palabras, obvió examinar el objeto del recurso de queja y en su lugar, resolvió los agravios de la apelación. La corte de apelaciones incurrió en la omisión a su deber de resolver lo prescrito en el artículo 730 del Código procesal civil. Esto se puede constatar porque en su motivación, no hace mención ni reflexión alguna sobre si el recurso de apelación es viable al caso concreto, o sea que no hizo examen del artículo 707 antes mencionado, ni de ningún otro que sea aplicable para resolver el asunto de marras, violentando así el objeto o razón de ser del recurso de queja. Ahora bien, señalar que los agravios del apelante son inoperantes, es adelantarse al objeto mismo de la apelación, es resolver el asunto u objeto de ese recurso, de manera que es un prejuzgamiento de la apelación que no responde a los márgenes concretos y limitados del recurso de queja. Cuestión que empeora cuando dicho tribunal no explica a qué se refiere cuando califica de inoperantes los agravios, haciendo más cuestionable su decisión debido a que esta es totalmente arbitraria al no brindar explicación al respecto. Dicho de otra forma, nadie le solicitó a la corte de apelaciones que se pronunciara sobre los agravios, pues eso correspondía hacerlo después, en caso de que prosperara antes el recurso de queja y se declarara fundada la procedencia de la apelación. En virtud de lo cual este alto tribunal de justicia manifiesta que el argumento de la corte de apelaciones es incorrecto como razón justificante para declarar infundada la queja. La Sala de lo Constitucional estima que la resolución dictada por la corte de apelaciones es violatoria de los derechos de debido proceso legal en virtud de que dicho tribunal resolvió una cuestión distinta al objeto del recurso de queja. Por lo tanto, procede otorgar la garantía constitucional de amparo con el fin de que dicho tribunal ad quem restituya el derecho que tiene el amparado a la tutela judicial efectiva y al derecho a que se revise la decisión, para lo cual en este caso concreto, es insoslayable que se analice mediante el recurso de queja la procedencia del recurso de apelación, es decir, examinar si concurren los requisitos del artículo 732 del Código procesal civil, así como otras normas procesales que son de aplicación para zanjar la controversia que se plantea, es decir, dilucidar si el auto que resolvió la oposición presentada por la parte ejecutada es susceptible de ser impugnada mediante el recurso de apelación. Está de más señalar, que el órgano jurisdiccional que deba resolver la queja, deviene en la obligación de ser garante del derecho de defensa y acceso a la tutela judicial efectiva; asimismo debe ser suficientemente claro, detallado y contundente en sus argumentos que sustenten su decisión. Asimismo, dicho tribunal de alzada debe tomar en consideración el derecho a recurso contenido en el artículo 8.1 literal h de la Convención americana sobre derechos humanos. PARTE DISPOSITIVA. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303 reformado, 304 reformado, 313 No. 5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 8.1.h de la Convención americana sobre derechos humanos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de organización y atribuciones de los tribunales; 1, 80 y 119 de la Ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo; 2, 5, 7, 8, 41 y 63 de la Ley sobre justicia constitucional; FALLA: OTORGANDO AMPARO a favor del ESTADO DE HONDURAS (SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SERVICIOS PÚBLICOS, INSEP). Dicha garantía constitucional se interpuso por la abogada KARLA PATRICIA MENDOZA ARTICA, contra la honorable CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, quien desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual decidió declarar infundado el recurso de queja interpuesto por el Estado de Honduras. En consecuencia, ORDENA: Que la honorable Corte de apelaciones de lo contencioso administrativo dicte nueva resolución para resolver dentro del ámbito u objeto del recurso de queja, si de conformidad con la ley procede el recurso de apelación para revisar la decisión del juez a quo con relación a la oposición a la ejecución. De esta manera restituya el derecho constitucional de debido proceso legal por vía de tutela judicial efectiva y derecho a recurso (apelación). Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de marzo de dos mil veinticuatro, certificación de la Sentencia de fecha treinta de enero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0717-2021.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITICIONAL.