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Sentencia AA-685-21 — Registro 18779

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo relacionadas según el recurrente a una Subasta Pública, mediante la cual se invita al público en general a participar en la subasta de varios bienes (muebles e inmuebles) que se encuentran en poder y/o administración de la OABI, entre ellos el bien identificado bajo el Lote #4, correspondiente a un Edificio de apartamentos ubicado en residencial los Cedros de la ciudad de San Pedro Sula. Manifiesta el Recurrente que la resolución judicial recurrida vulnera los derechos constitucionales de propiedad, debido proceso y defensa.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (18): Que en el caso sub júdice, la autoridad recurrida justifica su actuar en las disposiciones contenidas en el Reglamento de Administración de Bienes Incautados y Decomisados de la Oficina Administradora de Bienes Incautados y en Documentos internacionales de la OEA y el G8, que han recomendado a los países que los ordenamientos jurídicos internos establezcan la posibilidad de vender anticipadamente los bienes bajo supuestos especiales, definiendo incluso de manera expresa tipo de bienes, objetos de esa medida; en ese orden de ideas este Alto Tribunal reconoce las disposiciones constitucionales en relación a que Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional y que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno; no obstante a ello las disposiciones internacionales e internas enunciadas por la autoridad recurrida, no han sido observadas en la Resolución N° DE-OABI-043-06-2021, de fecha veintitrés (23) de junio de dos mil veintiuno (2021); de la lectura de la normativa internacional invocada, se desprende, que esa venta o subasta anticipada de bienes, debe ser realizada por la autoridad legal correspondiente, en respeto irrestricto de la normativa legal que aplica al caso en concreto, ejemplo de ello el deber de motivar la resolución, apoyada en argumentos congruentes a la decisión adoptada. Como corolario de lo anterior, este Alto Tribunal es del parecer que la resolución recurrida y que fuere dictada por la OABI, vulnera normativa interna e internacional que propende a la protección de derechos fundamentales, para mencionar algunos, los artículos 25, 26, 87, 88, 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, relacionados a la obligación de motivar los actos y la notificación de esos actos, conforme lo dispone la misma ley, cuando como en el caso sub júdice pueda perjudicar derechos fundamentales de particulares."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO (19): Que siendo evidente la carencia de motivación en el acto que se recurre y que fuera emitido por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), al ordenar la Venta Anticipada del bien inmueble descrito en los antecedentes de este libelo y ante la falta de notificación de la relacionada Resolución N° DE-OABI-043-06-2021, de fecha veintitrés (23) de junio de dos mil veintiuno (2021), a quienes pueda afectar tal decisión, se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en amparo, la garantía genérica del debido proceso, que engloba el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, en virtud de la cual se establece que las resoluciones emitidas deben estar debidamente motivadas, a efecto de dar respuestas lógicas, congruentes y razonadas a las pretensiones de los interesados.CONSIDERANDO (20): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la autoridad recurrida –Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)-, debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos de hechos, antecedentes y derecho aplicable al caso concreto, determine si procede o no la venta anticipada del bien inmueble relacionado, ante el riesgo de perecer, perderse, depreciarse o desvalorizarse, presupuestos enunciados en el Artículo 71 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, explicitando de una manera lógica, racional y congruente si concurren o no los elementos que la ley establece al respecto."

Legislación citada

  • Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, art. 71 (Jerarquía Ordinaria)
  • Reglamento de Administración de Bienes incautados y Decomisados de la OABI., art. 94 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado WALTER LEONEL RAMÍREZ GARCÍA, a favor del señor ROLANDO ALBERTO SABILLON PORTILLO y la empresa mercantil INVERSIONES SABILLÓN CÁLIX S. DE R. L., contra actuaciones de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), relacionadas según el recurrente a una Subasta Pública, mediante la cual se invita al público en general a participar en la subasta de varios bienes (muebles e inmuebles) que se encuentran en poder y/o administración de la OABI, entre ellos el bien identificado bajo el Lote #4, correspondiente a un Edificio de apartamentos ubicado en residencial los Cedros de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con matrícula 772046, cuyo titular dominical es INVERSIONES SABILLÓN CÁLIX S. DE R.L., señalada para el veintiséis de junio del año dos mil veintiuno.- Manifiesta el Recurrente que la resolución judicial recurrida vulnera los derechos constitucionales de propiedad, debido proceso y defensa, contenido en los artículos 82, 90 y 103 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES1) Que en fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintiuno (2021), la Secretaría de Estado de la Presidencia, Oficina Administradora de Bienes Incautados, Dirección Ejecutiva, mediante RESOLUCIÓN N° DE OABI 043-06-2021, Resolvió: (Sic) “PRIMERO: AUTORIZAR a la UNIDAD DE VENTAS (UV) de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), proceder a ejecutar la VENTA de los bienes descritos en el considerando 3 y 6 de este mismo cuerpo legal, así como en sus avalúos correspondientes el cual forma parte integra al presente; en tanto deberá darse estricto cumplimiento a lo emanado en el Artículo 23 del Reglamento de Administración de bienes Incautados y Decomisados de la OABI y en razón de la facultad otorgada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) mediante Resolución No. 033/2016 para la aplicación del mismo, evitando de esta manera los costos desproporcionados de mantenimiento que generan dichos bienes, por lo que da las atribuciones necesarias para proceder a enajenarlos, SUBASTARLOS (estos mediante eventos públicos) o VENDERLOS ANTICIPADAMENTE a través de SUBASTA PRESENCIAL A VIVA VOZ. SEGUNDO: En cuanto a los bienes inscritos bajo matricula número, 772046-N1001, 800523, en el Instituto de la Propiedad de la Circunscripción registral de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, se subastarán únicamente con el fin de satisfacer, con la cantidad recibida, la deuda reconocida a favor del acreedor, valor de subasta que no podrá ser inferior a la cantidad necesaria para cumplir con la deuda contraída. Por lo que, el precio de la subasta deberá partir de la cantidad adeudad al acreedor más un porcentaje de acuerdo a los costos de la presente subasta. TERCERO: Que, una vez realizado el estudio de factibilidad, así como los avalúos correspondientes, la Dirección Ejecutiva de esta Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) procede a realizar la VENTA, mediante proceso de SUBASTA o lo correspondiente según el Reglamento de los productos aquí enunciado. CUARTO: Que las Bases de Venta y requisitos para poder participar en la SUBASTA deberán ser dictadas por la Dirección Ejecutiva de esta Dependencia, en donde se deberá cumplir a cabalidad los requisitos que por Ley se exige para tal efecto, todo esto en aras de llevar a cabo un procedimiento eficaz, eficiente y con transparencia. QUINTO: Por tal motivo una vez emitidas las bases y requisitos de participación, se proceda a comunicar a la Unidad de Servicios Administrativos y Recursos Humanos (USARHH), para que esta a su vez proceda a realizar los trámites que conllevan a la publicación de los avisos de mérito en un diario nacional de mayor circulación para que personas tanto naturales como jurídicas puedan participar en el proceso de Subasta Pública. SEXTO: En el caso que el bien aquí descrito fuere declarado “fallido por primera vez” como deberá constar en el “Acta de Fallo” que para tal efecto se lleve cabo, por no haber recibido oferta de compra por los participantes, se instruye a la UNIDAD DE VENTAS continuar con el trámite correspondiente dando cumplimiento al artículo 94 de la Subasta Fracasada, del Reglamento de Administración de Bienes Incautados y Decomisados de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, en consecuencia autorizando a la Unidad de Ventas a la aplicación del mismo y a la consecución del trámite que corresponda. SÉPTIMO: La presente resolución surtirá efectos de forma inmediata. CÚMPLASE…” (Folios del 533-539 de la pieza de antecedentes de la Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI)2)En fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil veintiunos (2021), el Abogado WALTER LEONEL RAMÍREZ GARCÍA, interpuso ante la Secretaría de la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Acción Constitucional de Amparo a favor del señor ROLANDO ALBERTO SABILLÓN PORTILLO e INVERSIONES SABILLÓN CÁLIX S. de R. L., contra actuaciones de LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI). (Folios del 1-6 de los autos)3)En fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), se recibió en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional Informe emitido por el Director Ejecutivo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y en fecha dieciocho (18) de noviembre del mismo año, se recibió el expediente administrativo No. 000001-2015-001-1-0025 que corresponde al caso denominado “YUQUITA”, con procedencia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, relacionado al caso de mérito. (Folios 62 y 77 de los autos).4)Que en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veintidós (2022), esta Sala de lo Constitucional, tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenándose dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas a fin de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 91 de los autos).5)Que en fecha siete (7) de marzo del año dos mil veintidós (2022), se tuvo por evacuada la vista concedida a la abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ, en su condición de Fiscal del Despacho y por emitido el dictamen presentado, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE, la presente acción de Amparo, por no existir vulneración del derecho al Debido Proceso y el Derecho de Defensa, invocados por el Amparista como transgredidos. Arguye la Fiscal del Despacho que en armonía con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento de Administración de Bienes Incautados y Decomisados de la OABI, el artículo 23 faculta legalmente a la OABI para realizar la referida subasta, asimismo refiere los artículos 77 y 78 del referido reglamento, los cuales procede a citar, indicando que de lo transcrito se estima que la actuación de la OABI se encuentra dentro del marco legal correspondiente y no entraña ninguna infracción legal o procesal como aduce el recurrente. Por otra parte respecto a lo señalado por el recurrente que no existió conocimiento judicial sobre la venta anticipada de los inmuebles de mérito, si bien es cierto, la Ley de Privación de Dominio contemplada en el Decreto Ejecutivo 27-2010 en su artículo 71, señalaba que la enajenación, subasta y venta anticipada a que se refiere esta Ley, será autorizada por el Órgano Jurisdiccional mediante solicitud que hará la OABI, con conocimiento del Fiscal General y de la UCLA, sin embargo tal disposición fue reformada mediante Decreto 51-2014, publicado el 21 de julio de 2014, en atención de lo dispuesto en el artículo 71, el cual cita en forma textual. En virtud de lo anterior, dice la Fiscal del Despacho, se aprecia que la subasta o venta anticipada realizada por la OABI, se ajusta a los requisitos legales requeridos para este tipo de procedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a los terceros poseedores que señala el amparista, para personarse ante el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, a ejercer las acciones legales que correspondan. (Folios del 94-102 de los autos)CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, la que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo actuaciones emanadas de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), contenidas en la Resolución N° DE-OABI-043-06-2021, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintiuno (2021), que autoriza a la Unidad de Ventas (UV) de la OABI, proceder a ejecutar la venta de los bienes descritos, consistentes uno de ellos en un inmueble ubicado en colonia Los Cedros, 5ta calle, 4 y 5 avenida de San Pedro Sula, el cual consta de un lote de terreno con mejora, donde se encuentra un edificio de apartamentos, con matricula 772046 N1001; evitando de esta manera los costos desproporcionados de mantenimiento que generan dichos bienes. CONSIDERANDO (4): Que en su exposición en atención a los derechos constitucionales que el recurrente considera vulnerados, indica que sus representados son los dueños legítimos del inmueble que se señala, que el aseguramiento e incautación del aludido inmueble, fue producto de la acción en materia de privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito interpuesto por el Ministerio Público, no obstante resulta importante subrayar que el proceso en el que se encuentra asegurado el inmueble, no ha culminado y por tanto no puede prejuzgarse o anticiparse un resultado adverso o de declaración de procedencia de la acción de privación del dominio y por ende el comiso de los bienes.CONSIDERANDO (5): Que el peticionario de la presente garantía, relaciona lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, para concluir que si bien no conocen las causas por las que la OABI ha tomado la determinación de vender anticipadamente el bien de su patrocinado, lo cual de por si es una limitación al derecho de defensa, no menos cierto es que, al tratarse de bienes inmuebles, resulta imposible poder enmarcar en qué causales es que la autoridad podría enmarcar su venta anticipada, puesto que no están em deterioro o desvalorizándose los mismos, tampoco hay riesgo de perderse, por mencionar algunas de las causales, de igual manera sostiene el recurrentes, es poco creíble la hipótesis de una costosa administración. Continúa expresando el recurrente que el mismo artículo señala que todo lo actuado debe ser puesto en conocimiento del juzgado correspondiente, y, de hecho, antes de la reforma tal disposición legal exigía a la OABI el obtener la autorización judicial previo a llevar a cabo las ventas anticipadas. Constatando esa representación en el juzgado correspondiente que no existe comunicación alguna al respecto. Aunado a ello el bien inmueble pretendido en venta anticipada mediante subasta, por cuanto fue constituido en propiedad horizontal, existen varios apartamentos que fueron vendidos a terceras personas, quienes son sus titulares dominicales legítimos y a algunos de los cuales el Juzgado les ha devuelto sus inmuebles.CONSIDERANDO (6): Que el pedidor expone como derechos vulnerados con las actuaciones de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, los contenidos en los artículos 103, relativo al derecho a la propiedad, 90 debido proceso, relacionado con el derecho a la defensa, contenido en artículo 82 de la Constitución de la República; en ese orden de ideas indica el recurrente que es una realidad que en el proceso administrativo que derivó en la resolución que pretende la venta anticipada del inmueble, no se le ha permitido en ninguna parte el ejercicio del derecho a la defensa, en contraposición con lo establecido en los artículo 94 constitucional, así como en los artículos 40 y 41 de la Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito. Concluyendo, que se ha proferido una resolución cuyo contenido se escinde de las líneas generales de la Constitución de la República y las específicas de la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, ocasionando con ello una tergiversación y contravención con la norma fundamental del Estado, en la que descansan sus pilares como Estado de Derecho.CONSIDERANDO (7): Que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), es un Órgano adscrito a la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, con personalidad jurídica propia, goza de autonomía técnica, administrativa y financiera para la gestión directa de los asuntos que por Ley se le encomienden; constituyéndose como un órgano técnico especializado para la adecuada guarda, custodia y administración de los bienes incautados, decomisados o abandonados, que la autoridad competente ponga a su disposición. La OABI, previa resolución o sentencia del Órgano Jurisdiccional o del Ministerio Público, en su caso, en donde se ordene su devolución, debe cumplirla o ejecutarla, procediendo a la devolución de los activos, productos o instrumentos que se encuentren bajo guarda, custodia o administración, en igual estado en que se encontraban al momento de la intervención, salvo aquellos deterioros ocurridos por el paso del tiempo o que no sean imputables a la OABI. CONSIDERANDO (8): Que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la OABI, señala que La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), es el órgano técnico superior y especializado para la gestión y administración de los bienes incautados y decomisados desde su recepción, identificación, inventario, custodia, mantenimiento, administración, preservación y los demás asuntos que por Ley le sean asignados. Estará adscrita a la Secretaría de Estado del Despacho presidencial. En relación a sus funciones, la OABI será la encargada de la guarda, custodia y administración de todos los bienes, productos o instrumentos del delito o actividad ilícita, que la autoridad competente ponga a su disposición. La creación de dicho organismo es procurar la transparencia, la procedencia, la efectividad en la gestión y administración de los bienes incautados, reconociendo principalmente que la administración de estos bienes tiene como finalidad principal conservar y mantener su productividad y/o valor.CONSIDERANDO (9): Que las actuaciones recurridas, se encuentran contenidas en la Resolución N° DE-OABI-043-06-2021, de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil veintiuno (2021), emitida por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), que autoriza a la Unidad de Ventas (UV) de la OABI, proceder a ejecutar la venta de los bienes inmuebles, inter alia, de un inmueble ubicado en colonia Los Cedros, 5ta calle, 4 y 5 avenida de San Pedro Sula, el cual consta de un lote de terreno con mejora, donde se encuentra un edificio de apartamentos, con matrícula 772046 N1001. Resolución que se limita a transcribir preceptos de la Ley de Lavado de Activos, Ley de Procedimiento Administrativo, Decreto Ejecutivo No. PCM-70-2011, que contiene el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Atribuciones de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), normativa relacionada a la Enajenación, Subasta o Venta Anticipada de Bienes, cuando exista el riesgo de perecer, perderse, depreciarse o desvalorizarse; así como la indicación de informes y resoluciones emitidas por otras dependencias de la OABI.CONSIDERANDO (10): Que la resolución que contiene las actuaciones recurridas, señala como fundamentos de derecho los artículos 1, 2, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 60. a), 68 y 72 inter alia de la Ley de Procedimiento Administrativo. En relación a esta normativa que fue mencionada en el acto que se impugna, por ser la normativa aplicable en los actos emitidos por los órganos y entidades de la Administración Pública, cuando declaren, reconozcan o limiten los derechos de los particulares; es importante para esta Sala de lo Constitucional lo dispuesto en al artículo 25 que indica: “Los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable”; este precepto se encuentra en estrecha relación con lo indicado en el siguiente –Artículo 26- que literalmente dice: “La motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, lo dispuesto en el artículo precedente. Se excluyen de esta obligación los que sean manifestación de opiniones o de conocimiento técnico.” –Énfasis suplido-. De la lectura armónica de ambos preceptos es claro que la motivación de los actos es de carácter obligatorio, debiéndose sustentar en los hechos y el derecho aplicable.CONSIDERANDO (11): Que, en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”, y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”. Sin embargo, también aclaro que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial -o administrativa en el caso sub júdice- responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad” CONSIDERANDO (12): Que el artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional expresa que la acción de amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; sin olvidar que el objetivo de la norma es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, reforzando con ello la obligación de velar por el cumplimiento de las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República de la cual emana el resto del ordenamiento jurídico secundario.CONSIDERANDO (13): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial o administrativa resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.CONSIDERANDO (14): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y la resolución; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.CONSIDERANDO (15): Que el Derecho de Defensa se considera infringido aún en sede administrativa, cuando a una de las partes se le limita la posibilidad real de ser oída, o se le mengua o priva del derecho de alegar o de probar, contradictoriamente y en situación de igualdad, sus pretensiones, por tanto, es un deber constitucional tanto de los órganos judiciales como administrativos el permitir a las partes su defensa mediante la correcta ejecución de los actos establecidos por la ley. Que, en relación al derecho a la defensa, la jurista Juana María Ibáñez Rivas, siguiendo la doctrina jurisprudencial que ha asumido la Corte Interamericana de Derechos Humanos resalta que, en esa misma línea, el Tribunal ha establecido que “[i]mpedir que la persona ejerza su derecho de defensa, desde que se inicia un proceso que la involucra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos, es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona”. Asimismo, en relación a la redacción del Artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la misma autora sostiene que conforme a la jurisprudencia del Tribunal, las garantías mínimas establecidas en el numeral 2 del artículo 8 se aplican mutatis mutandis en lo que corresponda a otros órdenes distintos al penal, esto es, al civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.CONSIDERANDO (16): Que, en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. Asimismo, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.CONSIDERANDO (17): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. La Sala de lo Constitucional ha manifestado que la garantía del debido proceso no es de aplicación exclusiva en la vía jurisdiccional, sino que también es obligatoria su observancia en sede administrativa, dentro de lo que se denomina el procedimiento administrativo. En él, el administrado tiene derecho a tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de participar en el procedimiento y obtener una resolución fundada y que la misma pueda ser objeto de una vía ulterior de revisión, esto se impone como una condición sine qua non para la constitucionalidad del procedimiento administrativo. CONSIDERANDO (18): Que en el caso sub júdice, la autoridad recurrida justifica su actuar en las disposiciones contenidas en el Reglamento de Administración de Bienes Incautados y Decomisados de la Oficina Administradora de Bienes Incautados y en Documentos internacionales de la OEA y el G8, que han recomendado a los países que los ordenamientos jurídicos internos establezcan la posibilidad de vender anticipadamente los bienes bajo supuestos especiales, definiendo incluso de manera expresa tipo de bienes, objetos de esa medida; en ese orden de ideas este Alto Tribunal reconoce las disposiciones constitucionales en relación a que Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional y que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno; no obstante a ello las disposiciones internacionales e internas enunciadas por la autoridad recurrida, no han sido observadas en la Resolución N° DE-OABI-043-06-2021, de fecha veintitrés (23) de junio de dos mil veintiuno (2021); de la lectura de la normativa internacional invocada, se desprende, que esa venta o subasta anticipada de bienes, debe ser realizada por la autoridad legal correspondiente, en respeto irrestricto de la normativa legal que aplica al caso en concreto, ejemplo de ello el deber de motivar la resolución, apoyada en argumentos congruentes a la decisión adoptada. Como corolario de lo anterior, este Alto Tribunal es del parecer que la resolución recurrida y que fuere dictada por la OABI, vulnera normativa interna e internacional que propende a la protección de derechos fundamentales, para mencionar algunos, los artículos 25, 26, 87, 88, 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo, relacionados a la obligación de motivar los actos y la notificación de esos actos, conforme lo dispone la misma ley, cuando como en el caso sub júdice pueda perjudicar derechos fundamentales de particulares.CONSIDERANDO (19): Que siendo evidente la carencia de motivación en el acto que se recurre y que fuera emitido por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), al ordenar la Venta Anticipada del bien inmueble descrito en los antecedentes de este libelo y ante la falta de notificación de la relacionada Resolución N° DE-OABI-043-06-2021, de fecha veintitrés (23) de junio de dos mil veintiuno (2021), a quienes pueda afectar tal decisión, se ha vulnerado en perjuicio del recurrente en amparo, la garantía genérica del debido proceso, que engloba el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, en virtud de la cual se establece que las resoluciones emitidas deben estar debidamente motivadas, a efecto de dar respuestas lógicas, congruentes y razonadas a las pretensiones de los interesados.CONSIDERANDO (20): Que el otorgamiento del amparo en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, de tal manera que la autoridad recurrida –Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)-, debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos de hechos, antecedentes y derecho aplicable al caso concreto, determine si procede o no la venta anticipada del bien inmueble relacionado, ante el riesgo de perecer, perderse, depreciarse o desvalorizarse, presupuestos enunciados en el Artículo 71 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, explicitando de una manera lógica, racional y congruente si concurren o no los elementos que la ley establece al respecto. CONSIDERANDO (21): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás derechos y garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser OTORGANDO. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 24, 25, 26, 87, 88 y 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 70 y 71 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 52, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado WALTER LEONEL RAMÍREZ GARCÍA, a favor del señor ROLANDO ALBERTO SABILLON PORTILLO y la empresa mercantil INVERSIONES SABILLÓN CÁLIX S. DE R. L., contra actuaciones de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), contenidas en la Resolución N° DE-OABI-043-06-2021, de fecha veintitrés (23) de junio de dos mil veintiuno (2021), que autoriza a la Unidad de Ventas (UV) de la OABI, proceder a ejecutar la venta de los bienes descritos, consistentes uno de ellos en un inmueble ubicado en colonia Los Cedros, 5ta calle, 4 y 4 avenida de San Pedro Sula, el cual consta de un lote de terreno con mejora, donde se encuentra un edificio de apartamentos, con matrícula 772046 N1001; y 2) Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia, relacionados con el deber de motivar las resoluciones y la notificación de los actos a los interesados, sin olvidar la indicación de si el acto pone fin a la vía administrativa, los recursos que contra el mismo proceden, el órgano competente para resolver y el plazo para interponerlos. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se proceda a notificar la misma a la autoridad recurrida y al pedidor de la garantía de Amparo, para los efectos legales consiguientes y cumplido el trámite correspondiente se proceda al archivo de las diligencias en el Secretaría de este Alto Tribunal. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha seis de mayo de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0685-2021

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL