Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AA-682-23 — Registro 18818

Resumen

Corte de Apelaciones denegó acción de amparo al advertir causal de inadmisibilidad por alegatos de mera legalidad; Constato que recurrente regreso al puesto que anteriormente desempeñaba, conservando su trabajo y salario, siendo notificada mediante oficio 1672-2022 concediéndole el derecho de agotar la vía administrativa para ejercer su derecho que le asiste, pero ésta no realizó impugnación alguna; Considera la Corte, que no existe degrado laboral de recurrente al constar que el cargo de Jefe de Laboratorios Clínicos era cargo funcional y no se acredito el nombramiento con tal cargo; por lo que no se ha degradado su estatus laboral ni vulnerado el derecho del Honor alegado y el acto recurrido es conforme a derecho

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"el caso sub examine, no puede enmarcarse dentro del supuesto de violación al derecho al debido proceso denunciado por el impetrante, tornándose en alegatos de mera legalidad. Sumado a lo anterior el artículo 46 de la Ley de Justicia Constitucional, reza en su primer inciso: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1)...;...” Que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el caso que nos ocupa un asunto puramente judicial. Entendiéndose que solo cabe el conocimiento de los órganos de la Justicia Constitucional cuando se conculquen los derechos constitucionales, y como hemos podido determinar que no se ha cometido ninguna violación; como acontece en el caso de autos, en los que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que cumple con los requisitos de ley debidamente motivada, explicando de forma razonada, las causas que orientaron su decisión. Por consiguiente, es procedente denegar la presente acción…”..."esta Sala de lo Constitucional, observa que la Corte de Apelaciones realizó un análisis relativo al fondo del asunto, señalando que la recurrente alega un despido indirecto y que éste acto administrativo le vulnera su derecho fundamental al honor, pues tenía diez años de ocupar un puesto de dirección, recibiendo una orden verbal consistente en que regresara al puesto al que fue nombrada como Microbióloga general de la dirección de Microbiología del hospital Escuela Universitario, cuando en ese momento era la jefa del mismo y lo había sido durante diez años anteriores. Sostiene la alzada que, este acto administrativo es susceptible de ser impugnado ante la autoridad superior del Hospital Escuela, pues con ello se culmina el procedimiento administrativo, requisito indispensable para entablar una demanda judicial ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Se estima que este análisis jurisprudencial es apegado a derecho, por lo que se hizo caso omiso del principio de definitividad, cuya consecuencia es que el hecho alegado sea consentido por el agraviado y por ende no procede su impugnación, ello por disposición del artículo 46 Numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es Inadmisible el recurso de amparo, entre otros casos: “Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado”. Se entiende que han sido consentidos cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes (art. 46 numeral 3 Ley de Justicia Constitucional). En el caso de mérito el recurrente no impugnó o no ejercitó los recursos que legalmente procedían como ser el de apelación y reposición ante el superior jerárquico dentro de la organización del Hospital Escuela, es decir, agotar la vía administrativa y de esta resolución, entablar una demanda con el objeto procesal de que se declare la nulidad o anulabilidad del acto administrativo que vulnera sus derechos fundamentales y al no haberlo hecho así, tácitamente ha consentido el acto, pues es condición sine quanon que se agote los recursos ordinarios, al no hacerse efectivos se entiende consentido el acto, por lo que no es procedente dirimir el asunto en la vía constitucional utilizando la vía del recurso de amparo.."..."la decisión tomada por el jefe de personal del Hospital Escuela Universitario, siguiendo instrucciones del DIRECTOR DEL HOSPITAL ESCUELA, DOCTOR OSMIN TOVAR, de informar verbalmente y posteriormente por escrito mediante oficio número 1672-2022, de fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintidós, contentiva de la orden del cese del referido cargo de jefatura, regresando a su puesto que anteriormente desempeñaba, conservando su trabajo y salario, debió haber sido impugnada ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por disposición legal que dice: “Artículo 1. ..Artículo 2. ..En el entendido que el Hospital Escuela es una institución que depende de la Secretaría de Estado en los despachos de Salud, es decir del Poder Ejecutivo, rigiéndose un tiempo bajo la tutela de la Universidad Autónoma de Honduras, institución autónoma que también es sometida a esta jurisdicción por mandarlo así el artículo 3 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a la fecha de nuevo bajo la egida del Ministerio de Salud..."..."el órgano jurisdiccional competente que conozca de las sentencias en consulta, podrá reformar, revocar o confirmar la sentencia consultada, en ese sentido, la Sala de lo Constitucional, reforma la sentencia que se conoce en consulta, determinando que la causal de inadmisibilidad aplicable al presente caso, es la establecida en el numeral 3 del artículo 46, en relación al artículo 48 ambas de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Por lo que en virtud de ser patente una causal de inadmisibilidad, es procedente SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"el caso sub examine, no puede enmarcarse dentro del supuesto de violación al derecho al debido proceso denunciado por el impetrante, tornándose en alegatos de mera legalidad. Sumado a lo anterior el artículo 46 de la Ley de Justicia Constitucional, reza en su primer inciso: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1)...;...” Que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el caso que nos ocupa un asunto puramente judicial. Entendiéndose que solo cabe el conocimiento de los órganos de la Justicia Constitucional cuando se conculquen los derechos constitucionales, y como hemos podido determinar que no se ha cometido ninguna violación; como acontece en el caso de autos, en los que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que cumple con los requisitos de ley debidamente motivada, explicando de forma razonada, las causas que orientaron su decisión. Por consiguiente, es procedente denegar la presente acción…”..."esta Sala de lo Constitucional, observa que la Corte de Apelaciones realizó un análisis relativo al fondo del asunto, señalando que la recurrente alega un despido indirecto y que éste acto administrativo le vulnera su derecho fundamental al honor, pues tenía diez años de ocupar un puesto de dirección, recibiendo una orden verbal consistente en que regresara al puesto al que fue nombrada como Microbióloga general de la dirección de Microbiología del hospital Escuela Universitario, cuando en ese momento era la jefa del mismo y lo había sido durante diez años anteriores. Sostiene la alzada que, este acto administrativo es susceptible de ser impugnado ante la autoridad superior del Hospital Escuela, pues con ello se culmina el procedimiento administrativo, requisito indispensable para entablar una demanda judicial ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Se estima que este análisis jurisprudencial es apegado a derecho, por lo que se hizo caso omiso del principio de definitividad, cuya consecuencia es que el hecho alegado sea consentido por el agraviado y por ende no procede su impugnación, ello por disposición del artículo 46 Numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es Inadmisible el recurso de amparo, entre otros casos: “Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado”. Se entiende que han sido consentidos cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes (art. 46 numeral 3 Ley de Justicia Constitucional). En el caso de mérito el recurrente no impugnó o no ejercitó los recursos que legalmente procedían como ser el de apelación y reposición ante el superior jerárquico dentro de la organización del Hospital Escuela, es decir, agotar la vía administrativa y de esta resolución, entablar una demanda con el objeto procesal de que se declare la nulidad o anulabilidad del acto administrativo que vulnera sus derechos fundamentales y al no haberlo hecho así, tácitamente ha consentido el acto, pues es condición sine quanon que se agote los recursos ordinarios, al no hacerse efectivos se entiende consentido el acto, por lo que no es procedente dirimir el asunto en la vía constitucional utilizando la vía del recurso de amparo.."..."la decisión tomada por el jefe de personal del Hospital Escuela Universitario, siguiendo instrucciones del DIRECTOR DEL HOSPITAL ESCUELA, DOCTOR OSMIN TOVAR, de informar verbalmente y posteriormente por escrito mediante oficio número 1672-2022, de fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintidós, contentiva de la orden del cese del referido cargo de jefatura, regresando a su puesto que anteriormente desempeñaba, conservando su trabajo y salario, debió haber sido impugnada ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por disposición legal que dice: “Artículo 1. ..Artículo 2. ..En el entendido que el Hospital Escuela es una institución que depende de la Secretaría de Estado en los despachos de Salud, es decir del Poder Ejecutivo, rigiéndose un tiempo bajo la tutela de la Universidad Autónoma de Honduras, institución autónoma que también es sometida a esta jurisdicción por mandarlo así el artículo 3 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a la fecha de nuevo bajo la egida del Ministerio de Salud..."..."el órgano jurisdiccional competente que conozca de las sentencias en consulta, podrá reformar, revocar o confirmar la sentencia consultada, en ese sentido, la Sala de lo Constitucional, reforma la sentencia que se conoce en consulta, determinando que la causal de inadmisibilidad aplicable al presente caso, es la establecida en el numeral 3 del artículo 46, en relación al artículo 48 ambas de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Por lo que en virtud de ser patente una causal de inadmisibilidad, es procedente SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA CONSTITUCIONAL. – Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio de dos mil veinticuatro. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés, que DENEGÓ el recurso de amparo interpuesto por el Abogado EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ, a favor de la señora GRAZIA MARIA FERRRERA ALVAREZ contra actuaciones DIRECTOR DEL HOSPITAL ESCUELA, DOCTOR OSMIN TOVAR, realizadas en acto verbal de fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil veintidós (2022), con relación a informarle a la Señora GRAZIA MARIA FERRERA ALVAREZ, que se le removería del Cargo de Jefa del Departamento de Laboratorio Clínico y pasara a ocupar el puesto de Microbióloga General dentro del mismo Departamento. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 76, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil veintidós (2022) el Abogado EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ compareció ante la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, interponiendo Recurso de Amparo Administrativo a favor de la señora GRAZIA MARIA FERRERA ALVAREZ, contra actuaciones del DIRECTOR DEL HOSPITAL ESCUELA, DOCTOR OSMIN TOVAR, realizadas en acto verbal de fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil veintidós (2022), con relación a informarle a la Señora GRAZIA MARIA FERRERA ALVAREZ, que la removerían del Cargo de Jefa del Departamento de Laboratorio Clínico, en el cual se venía desempeñando desde hacía diez años indicándole que pasará a ocupar el puesto de Microbióloga General, dentro del mismo Departamento, es decir al puesto que venía desempeñando hace diez años antes de ser ascendida nominalmente, por lo que estima el recurrente, que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 76, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. (Folios 38 al 42 de los antecedentes)2)Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones emitió su fallo en fecha veintisiete (27) de abril del dos mil veintitrés (2023), mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: DENEGAR LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE AMPARO. SEGUNDO: REMITIR LA PRESENTE SENTENCIA EN CONSULTA OBLIGATORIA, para la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. (Folios 41 y 42 de los antecedentes) 3)Que en fecha Veintitrés (23) de mayo del dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que conforme la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al Recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.CONSIDERANDO 2: Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada en fecha veintisiete de abril de dos mil veintitrés, por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil Departamento de Francisco Morazán, que DENEGÓ el recurso de amparo interpuesto por el Abogado EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ, a favor de la señora GRAZIA MARIA FERRERA ALVAREZ contra el acto ejecutado por el DIRECTOR DEL HOSPITAL ESCUELA, DOCTOR OSMIN TOVAR, en fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós, consistente en hacer de su conocimiento de forma verbal a la Señora GRAZIA MARIA FERRERA ALVAREZ, que se le removería del cargo de Jefa del Departamento de Laboratorio Clínico del Hospital Escuela Universitario, jefatura que ejerció nominalmente durante diez años, y pasará a ocupar el puesto que ocupaba antes y en el cual tiene nombramiento como Microbióloga General dentro del mismo Departamento.CONSIDERANDO 3: Que el Tribunal de Alzada DENEGÓ la acción constitucional interpuesta, arguyendo que es aplicable la causal de inadmisibilidad de la demanda contenida en el numeral 1, estimando que el recurrente alega cuestiones de mera legalidad, no obstante haber detectado una causal de inadmisibilidad, la alzada Denegó la acción de amparo, cuando lo procedente es sobreseer el recurso, ello por lo dispuesto en el último párrafo del artículo 45 de la Ley sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 4: Que la Corte de Apelaciones motiva su decisión en los argumentos siguientes: “…CONSIDERANDO 8: Al analizar el Recurso formalizado por el impetrante, éste Tribunal de Alzada aprecia que si bien es cierto el Director del Hospital Escuela Universitario Doctor OSMIN TOVAR realiza el acto verbal manifestándole a la recurrente, el cese del cargo del JEFE DE LABORATORIOS CLINICOS DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, pero es importante destacar que la recurrente ya tenía conocimiento del oficio número 1672-2022, de fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en la cual se le informan el cese del referido cargo, regresando a su puesto que anteriormente desempeñaba, conservando su trabajo y salario (véase folio 19 de ésta pieza de autos), es decir que la señora GRACIA FERRERA, al ser notificada mediante el oficio 1672-2022, se le concedía el derecho de agotar la vía administrativa y así poder ejercer su derecho que según le asiste, por lo que este criterio de éste Tribunal de Alzada que al censor no se le han violentado garantías constitucionales como el que pretende manifestar en su acción de amparo, en vista que no realizó el procedimiento legalmente establecido para impugnar la decisión de la autoridad competente, que correspondía en el asunto administrativo. Por otro lado éste Tribunal es del parecer que no existe degrado laboral en vista que se ha constatado que a la señora GRAZIA MARIA FERRERA, en fecha 01 de septiembre de 2010 mediante acción nominal número 2928, corresponde al puesto de trabajo MICROBIOLOGA GENERAL, ejerciendo posteriormente el cargo de JEFE DE LABORATORIOS CLINICOS DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, desempeñando dicho cargo de manera funcional, no obstante la impetrante no acredita que se le realizó un nuevo nombramiento con el referido cargo que pretende reclamar, por consiguiente somos del parecer que no se la ha degradado su estatus laboral, ya que regreso al puesto el cual fue contratada por ende no se le han violentado el derecho constitucional del Honor que aduce el impetrante y consideramos que el acto recurrido es conforme a derecho. CONSIDERANDO 9: Que el caso sub examine, no puede enmarcarse dentro del supuesto de violación al derecho al debido proceso denunciado por el impetrante, tornándose en alegatos de mera legalidad. Sumado a lo anterior el artículo 46 de la Ley de Justicia Constitucional, reza en su primer inciso: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) ...; 3) ...; 4) ...; 5) ...; 6) ...; 7) ...; 8) ...; 9) ...” Que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el caso que nos ocupa un asunto puramente judicial. Entendiéndose que solo cabe el conocimiento de los órganos de la Justicia Constitucional cuando se conculquen los derechos constitucionales, y como hemos podido determinar que no se ha cometido ninguna violación; como acontece en el caso de autos, en los que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que cumple con los requisitos de ley debidamente motivada, explicando de forma razonada, las causas que orientaron su decisión. Por consiguiente, es procedente denegar la presente acción…”. CONSIDERANDO 5: Que esta Sala de lo Constitucional, observa que la Corte de Apelaciones realizó un análisis relativo al fondo del asunto, señalando que la recurrente alega un despido indirecto y que éste acto administrativo le vulnera su derecho fundamental al honor, pues tenía diez años de ocupar un puesto de dirección, recibiendo una orden verbal consistente en que regresara al puesto al que fue nombrada como Microbióloga general de la dirección de Microbiología del hospital Escuela Universitario, cuando en ese momento era la jefa del mismo y lo había sido durante diez años anteriores. Sostiene la alzada que, este acto administrativo es susceptible de ser impugnado ante la autoridad superior del Hospital Escuela, pues con ello se culmina el procedimiento administrativo, requisito indispensable para entablar una demanda judicial ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Se estima que este análisis jurisprudencial es apegado a derecho, por lo que se hizo caso omiso del principio de definitividad, cuya consecuencia es que el hecho alegado sea consentido por el agraviado y por ende no procede su impugnación, ello por disposición del artículo 46 Numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es Inadmisible el recurso de amparo, entre otros casos: “Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado”. Se entiende que han sido consentidos cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes (art. 46 numeral 3 Ley de Justicia Constitucional). En el caso de mérito el recurrente no impugnó o no ejercitó los recursos que legalmente procedían como ser el de apelación y reposición ante el superior jerárquico dentro de la organización del Hospital Escuela, es decir, agotar la vía administrativa y de esta resolución, entablar una demanda con el objeto procesal de que se declare la nulidad o anulabilidad del acto administrativo que vulnera sus derechos fundamentales y al no haberlo hecho así, tácitamente ha consentido el acto, pues es condición sine quanon que se agote los recursos ordinarios, al no hacerse efectivos se entiende consentido el acto, por lo que no es procedente dirimir el asunto en la vía constitucional utilizando la vía del recurso de amparo. CONSIDERANDO 6: Que la decisión tomada por el jefe de personal del Hospital Escuela Universitario, siguiendo instrucciones del DIRECTOR DEL HOSPITAL ESCUELA, DOCTOR OSMIN TOVAR, de informar verbalmente y posteriormente por escrito mediante oficio número 1672-2022, de fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintidós, contentiva de la orden del cese del referido cargo de jefatura, regresando a su puesto que anteriormente desempeñaba, conservando su trabajo y salario, debió haber sido impugnada ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por disposición legal que dice: “Artículo 1. Por la presente Ley se regula la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos, de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo. Artículo 2. Para los efectos del Artículo anterior, se entenderá por Administración Pública: a) El Poder Ejecutivo; b) Las entidades estatales, entendiéndose por éstas las Municipalidades y las Instituciones Autónomas...”. En el entendido que el Hospital Escuela es una institución que depende de la Secretaría de Estado en los despachos de Salud, es decir del Poder Ejecutivo, rigiéndose un tiempo bajo la tutela de la Universidad Autónoma de Honduras, institución autónoma que también es sometida a esta jurisdicción por mandarlo así el artículo 3 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a la fecha de nuevo bajo la egida del Ministerio de Salud. CONSIDERANDO 7: Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de las sentencias en consulta, podrá reformar, revocar o confirmar la sentencia consultada, en ese sentido, la Sala de lo Constitucional, reforma la sentencia que se conoce en consulta, determinando que la causal de inadmisibilidad aplicable al presente caso, es la establecida en el numeral 3 del artículo 46, en relación al artículo 48 ambas de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Por lo que en virtud de ser patente una causal de inadmisibilidad, es procedente SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 8, 303, 305, 308, 310, 316, 317 y 361 del Código Procesal Penal, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 46.4, 48, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1) REFORMANDO la Sentencia dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha veintisiete de abril de dos mil veintitrés, y 2.- SOBRESEE el recurso de amparo interpuesto por el Abogado EDER LEONARDO FUENTES MARTINEZ, a favor de la señora GRAZIA MARIA FERRRERA ALVAREZ contra actuaciones DIRECTOR DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, DOCTOR OSMIN TOVAR, Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado VALLECILLO PAREDES. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de febrero de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro recaídas en el Recurso de Amparo Administrativo Venido en Consulta. Registrado en este Tribunal con el número SCO-0682-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL