Sentencia AA-68-23 — Registro 18661
Resumen
Autoridad recurrida mediante Resolución SO-554-2022 declaró con lugar recurso de revisión por considerar que la Institución Obligada no entregó dentro del plazo legal la información solicitada; Además, tuvo por contestada de manera extemporánea dicha solicitud de información ante dicha Institución, ahora recurrente;
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"El Principio de Máxima Divulgación, anteriormente relacionado, ha sido reconocido en el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido y garantizado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación” de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”. En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”..."..."el recurrente en amparo expone la hipotética vulneración del derecho al debido proceso y derecho de defensa del que goza la persona jurídica por ella representada; trasgresiones que no se observan, ya que fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, se le dio la respuesta en el plazo establecido, recibió respuestas a sus peticiones, ha tenido acceso a los recursos que la ley pone a su disposición; haciendo prevalecer el debido proceso y, consecuentemente, el respeto al imperio de la ley, en efectiva tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados; concluyendo la Sala en este respecto, que obtener respuestas, tanto administrativas como jurisdiccionales, contrarias a las pretensiones de las partes; no resulta necesariamente indicativo de que se ha efectuado vulneración alguna a los derechos constitucionales..."..."la Sala de lo Constitucional, vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que ésta ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso y el derecho a la defensa de los que goza La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, reconduciendo su interpretación y aplicación del derecho a lo preceptuado en la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y artículo 52 numeral 1) del REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, bajo estándares internacionales en materia de derechos humanos; pues, como consta en el curso de autos, y al tenor mismo de la resolución de la cual se viene ahora en amparo; La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud no dio respuesta a la solicitud de la información dentro del plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a la Doctora MARIANELA MARTINEZ BUEZO,.."..."la autoridad recurrida fundamenta su fallo en el hecho que la información no fue brindada por la autoridad obligada en el plazo que determina el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual, para su conocimiento y demás fines, se transcribe a continuación:..."..."la Sala de lo Constitucional estima que en el caso visto para fallo, se han respetado a la parte representada por impetrante, los derechos fundamentales reconocidos directamente en la Constitución de la República y en la normativa internacional a las personas naturales, como son el derecho de defensa y al debido proceso; lo cual atañe por extensión lógica y en lo conducente, al tratamiento igualitario que en derecho ameritan tanto las personas naturales, como titulares indubitados del derecho fundamental invocado, como a la representación procesal de las personas jurídicas o morales, cuando actúen en defensa de los intereses generales, cuando tal fuere menester y en lo conducente; por lo cual se considera que el derecho a obtener una resolución fundada y motivada jurídicamente resulta obligatoria y asiste a la persona jurídica agraviada, en congruencia a lo estipulado en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, lo cual fue justamente observado en la tramitación y resolución del presente caso. Debiendo reiterarse, asimismo, consolidada jurisprudencia de la Sala, en el sentido que el sólo hecho de brindarse una respuesta adversa en materia recursiva, a la pretensión planteada por el o la recurrente, no resulta necesariamente indicativo de antijuridicidad constitucional; habiéndose observado, en el caso de mérito, la aplicación precisa de la Ley, en interpretación conforme a lo señalado en el bloque de convencionalidad; distando mucho del supuesto de vulneración a los derechos fundamentales, como fue la firme posición del recurrente.- Por todo lo cual, resulta del caso desestimar el presente recurso de amparo, por falta de mérito para su otorgamiento..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 3.4 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 13 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
…"El Principio de Máxima Divulgación, anteriormente relacionado, ha sido reconocido en el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido y garantizado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación” de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”. En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”..."..."el recurrente en amparo expone la hipotética vulneración del derecho al debido proceso y derecho de defensa del que goza la persona jurídica por ella representada; trasgresiones que no se observan, ya que fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, se le dio la respuesta en el plazo establecido, recibió respuestas a sus peticiones, ha tenido acceso a los recursos que la ley pone a su disposición; haciendo prevalecer el debido proceso y, consecuentemente, el respeto al imperio de la ley, en efectiva tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados; concluyendo la Sala en este respecto, que obtener respuestas, tanto administrativas como jurisdiccionales, contrarias a las pretensiones de las partes; no resulta necesariamente indicativo de que se ha efectuado vulneración alguna a los derechos constitucionales..."..."la Sala de lo Constitucional, vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que ésta ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso y el derecho a la defensa de los que goza La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, reconduciendo su interpretación y aplicación del derecho a lo preceptuado en la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y artículo 52 numeral 1) del REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, bajo estándares internacionales en materia de derechos humanos; pues, como consta en el curso de autos, y al tenor mismo de la resolución de la cual se viene ahora en amparo; La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud no dio respuesta a la solicitud de la información dentro del plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a la Doctora MARIANELA MARTINEZ BUEZO,.."..."la autoridad recurrida fundamenta su fallo en el hecho que la información no fue brindada por la autoridad obligada en el plazo que determina el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual, para su conocimiento y demás fines, se transcribe a continuación:..."..."la Sala de lo Constitucional estima que en el caso visto para fallo, se han respetado a la parte representada por impetrante, los derechos fundamentales reconocidos directamente en la Constitución de la República y en la normativa internacional a las personas naturales, como son el derecho de defensa y al debido proceso; lo cual atañe por extensión lógica y en lo conducente, al tratamiento igualitario que en derecho ameritan tanto las personas naturales, como titulares indubitados del derecho fundamental invocado, como a la representación procesal de las personas jurídicas o morales, cuando actúen en defensa de los intereses generales, cuando tal fuere menester y en lo conducente; por lo cual se considera que el derecho a obtener una resolución fundada y motivada jurídicamente resulta obligatoria y asiste a la persona jurídica agraviada, en congruencia a lo estipulado en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, lo cual fue justamente observado en la tramitación y resolución del presente caso. Debiendo reiterarse, asimismo, consolidada jurisprudencia de la Sala, en el sentido que el sólo hecho de brindarse una respuesta adversa en materia recursiva, a la pretensión planteada por el o la recurrente, no resulta necesariamente indicativo de antijuridicidad constitucional; habiéndose observado, en el caso de mérito, la aplicación precisa de la Ley, en interpretación conforme a lo señalado en el bloque de convencionalidad; distando mucho del supuesto de vulneración a los derechos fundamentales, como fue la firme posición del recurrente.- Por todo lo cual, resulta del caso desestimar el presente recurso de amparo, por falta de mérito para su otorgamiento..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 3.4 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de junio de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ALLAN MIGUEL PINEDA ECHEVARRIA a favor de LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD contra la resolución dictada No SO-554-2022, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), celebrada en fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), con relación a un recurso de revisión promovido por la señora MARIANELA MARTINEZ BUEZO, contra la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA SALUD PUBLICA.ANTECEDENTES 1)Para resolver sobre la admisión o no del Recurso de Revisión presentado por la señora MARIANELA MARTINEZ BUEZO, mediante la plataforma del SISTEMA DE INFORMACION ELECTRONICO DE HONDURAS (SIELHO) ingresado bajo el número de recurso REC-SDS-47-2022, en fecha catorce (14) de junio del año dos mil veintidós (2022), interponiendo Recurso de Revisión en contra de la Secretaría de Salud, a favor de SÍ MISMA, contra la Resolución dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP),celebrada en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil veintidós, con relación a un recurso de revisión promovido por la señora MARIANELA MARTINEZ BUESO, en contra la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA SALUD PUBLICA. (Folios 1 al 4 de la pieza de los antecedentes). 2)Que en fecha dieciséis de Enero del dos mil veintitrés se presentó Recurso de Amparo y la Sala de lo Constitucional tuvo por admitido el recurso de mérito en fecha veinte de febrero del dos mil veintitrés, dándose por formalizado en fecha veintinueve de mayo del dos mil veintitrés y se ordena dar vista de los antecedentes al señor Fiscal del despacho por el termino de cuarenta y ocho horas para que emita correspondiente dictamen. Artículo 56 de la Ley sobre Justicia Constitucional 16n 17, 34, 36, de la ley del Ministerio Publico 12 inciso c) del Reglamento Interno de la Sala Constitucional. (Folios 01 al 03 del expediente del recurso)3)Que la resolución No SO-554-2022 promovida por la señora MARIANELA MARTINEZ BUESO, contra la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA SALUD PUBLICA, en la que manda: “PRIMERO: Que la Secretaria General del Instituto de Acceso a la información Publica procede a notificar al Señor JOSE MANUEL MATHEU en su condición de SECREATARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. SEGUNDO: Extiéndase certificación integra de esta resolución a la parte interesada una vez que acredite la cantidad de DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 200.00) conforme al artículo 49 inciso 8 de la ley de fortalecimiento de los Ingresos, Equidad, Social y Racionalización del Gasto público. (folio 42 al 45 de la pieza de los antecedentes) 4)Que la Sala tuvo por formalizada la acción de amparo interpuesta por el Abogado ALLAN MIGUEL PINEDA ECHEVARRIA en fecha veintinueve (29) de mayo del dos mil veintitrés. (Folio 44 del expediente del recurso). 5)Que en fecha treinta (30) de marzo del dos mil veintitrés (2023), se recibió los antecedentes del caso que corresponden al expediente No 155-2022-R, en cuanto al recurso de revisión interpuesto por la señora MARIANELA MARTINEZ BUEZO, en donde consta la Resolución No SO-554-2002 del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (IAIP), de fecha diecisiete (17) de Noviembre del dos mil veintidós (2022); mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR EL RECURSO DE REVISION Interpuesto por la señora MARIANELA MARTINEZ BUESO contra la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA SALUD PUBLICA , en virtud de que la institución obligada no hizo entrega de la información solicitada por el recurrente dentro del plazo legalmente establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en relación a la aplicación del artículo 52 numeral 1) del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica SEGUNDO: …”que se tenga por contestada de manera extemporánea la solicitud de información presentada por la ciudadana MARIANELA MARTINEZ BUESO ante la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA SALUD PUBLICA. (Folios 42 al 45 del expediente del Recurso).6)Que con fecha siete (7) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), se tuvo por evacuado el término concedido al Ministerio Público, a través de su Fiscal la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUITIRRREZ MALDONADO, quien emitió dictamen en el cual fue de la opinión que “QUE SE DENIEGUE la presente acción de amparo, por no existir vulneración de derecho invocado por el Amparista como transgredido. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso por el cual se solicita la garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha nueve (14) de Junio del dos mil veintidós (2022), en que la doctora MARIANELA MARTINEZ BUEZO, actuando en su condición personal, compareció ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), mediante la plataforma del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO), interponiendo denuncia por habérsele negado el acceso a la información pública solicitada, en fecha treinta (30) de mayo del dos mil veintidós (2022) en la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, registrado bajo el número de expediente Administrativo 155-2022-R. CONSIDERANDO (4): Que en fecha en fecha dieciséis (16) de Enero del dos mil veintitrés (2023), compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado ALLAN MIGUEL PINEDA ECHEVERRIA, interponiendo Acción de Amparo a favor de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, contra la Resolución No.SO-554-2022 de fecha diecisiete (17) de Noviembre del dos mil veintidós (2022), emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), misma que fue notificada por el Instituto vía correo al Despacho de la Secretaría de Salud en fecha dos (14) de Diciembre del dos mil veintidós (2022), resolución que declara, en lo conducente, que la denegatoria de información en que incurriera La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, en perjuicio de, MARIANELA MARTINEZ BUEZO, es violatoria del artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y artículo 52 numeral 1) del REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; todo ello en virtud de haber se negado a recibir la información o cuando se hubiese resuelto en el plazo establecido en la Ley; a lo solicitado por la Doctora MARIANELA MARTINEZ BUEZO.CONSIDERANDO (5): Que en formalización de la acción constitucional promovida, la recurrente indica que la resolución del recurso de revisión preindicado es violatoria de las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa, que a la señora Marianela Martínez Buezo; las diligencias desarrolladas en el curso de la denuncia presentada ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en contra de La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, por la supuesta negación de información y no resuelta en el plazo establecido en la Ley; es una resolución arbitraria; ya que la información solicitada por la recurrente se entregó en el plazo legal establecido, por lo que no se han aplicado las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, tal como preceptúan los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, en virtud del razonamiento equivocado y hasta dictando una resolución arbitraria por parte del IAIP; considera el recurrente que las garantías constitucionales invocadas fueron violentadas al admitir el IAIP el acto impugnado, sin valorar que la petición de información pública, ya que fue entregada en los plazos que otorga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,- Por todo lo cual solicita, dictar sentencia definitiva OTORGANDO el amparo solicitado, estableciendo las especificaciones necesarias para su debida ejecución, ordenando a la autoridad recurrida, revocar la resolución No.SO-554-2022 de fecha diecisiete (17) de Noviembre del dos mil veintidós (2022), por violentar el derecho de defensa y el debido proceso. CONSIDERANDO (6): Que habiendo identificado el asunto esencial por el cual el recurrente muestra su inconformidad y acude en amparo, es importante para esta Sala de lo Constitucional hacer prevalecer el respeto al debido proceso y al principio de legalidad, específicamente en observancia a lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a saber: “NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA LEY. Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana.” En el mismo orden de ideas, el artículo 3 numeral 4) de la ley relacionada, establece: “Instituciones obligadas: a)El Poder Legislativo, el Poder judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado; b) Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), las Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD´S) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier titulo reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por si misma o a nombre del Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos;…”.CONSIDERANDO (7): Que de la lectura de los preceptos relacionados, se deduce que toda persona tiene el derecho a acceso a la información pública, consolidando así la democracia y el Estado de Derecho. El derecho en mención, según es aceptado, se rige primordialmente por el principio de máxima divulgación de la información; desarrollado con estándares internacionales, con el propósito precisamente de fomentar la rendición de cuentas y la transparencia de las entidades que administran fondos públicos. CONSIDERANDO (8): Que El Principio de Máxima Divulgación, anteriormente relacionado, ha sido reconocido en el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido y garantizado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación” de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”. En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”.CONSIDERANDO (9): Como lo ha reiterado la Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Se debe señalar, entonces, que el recurrente en amparo expone la hipotética vulneración del derecho al debido proceso y derecho de defensa del que goza la persona jurídica por ella representada; trasgresiones que no se observan, ya que fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, se le dio la respuesta en el plazo establecido, recibió respuestas a sus peticiones, ha tenido acceso a los recursos que la ley pone a su disposición; haciendo prevalecer el debido proceso y, consecuentemente, el respeto al imperio de la ley, en efectiva tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados; concluyendo la Sala en este respecto, que obtener respuestas, tanto administrativas como jurisdiccionales, contrarias a las pretensiones de las partes; no resulta necesariamente indicativo de que se ha efectuado vulneración alguna a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional, vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que ésta ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso y el derecho a la defensa de los que goza La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, reconduciendo su interpretación y aplicación del derecho a lo preceptuado en la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA y artículo 52 numeral 1) del REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, bajo estándares internacionales en materia de derechos humanos; pues, como consta en el curso de autos, y al tenor mismo de la resolución de la cual se viene ahora en amparo; La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud no dio respuesta a la solicitud de la información dentro del plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a la Doctora MARIANELA MARTINEZ BUEZO, en siendo que la solicitud de información efectuada por tal representación procesal, en fecha catorce (14) de junio de dos mil veintidós (2022); en un estado de análisis de información en fecha trece (13) de Junio del dos mil veintidós (2012 ). CONSIDERANDO (11): Que la autoridad recurrida fundamenta su fallo en el hecho que la información no fue brindada por la autoridad obligada en el plazo que determina el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual, para su conocimiento y demás fines, se transcribe a continuación: “FUNDAMENTACIÓN Y TÉRMINO PARA RESOLVER. Presentada la solicitud, se resolverá en el término de diez (10) días, declarándose con o sin lugar la petición. En casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo. En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma”; lo cual aparece como fundamento legal efectivo para la resolución administrativa adoptada, la cual es ahora objeto de la garantía constitucional de amparo. CONSIDERANDO (12): Que, en definitiva, la Sala de lo Constitucional estima que en el caso visto para fallo, se han respetado a la parte representada por impetrante, los derechos fundamentales reconocidos directamente en la Constitución de la República y en la normativa internacional a las personas naturales, como son el derecho de defensa y al debido proceso; lo cual atañe por extensión lógica y en lo conducente, al tratamiento igualitario que en derecho ameritan tanto las personas naturales, como titulares indubitados del derecho fundamental invocado, como a la representación procesal de las personas jurídicas o morales, cuando actúen en defensa de los intereses generales, cuando tal fuere menester y en lo conducente; por lo cual se considera que el derecho a obtener una resolución fundada y motivada jurídicamente resulta obligatoria y asiste a la persona jurídica agraviada, en congruencia a lo estipulado en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, lo cual fue justamente observado en la tramitación y resolución del presente caso. Debiendo reiterarse, asimismo, consolidada jurisprudencia de la Sala, en el sentido que el sólo hecho de brindarse una respuesta adversa en materia recursiva, a la pretensión planteada por el o la recurrente, no resulta necesariamente indicativo de antijuridicidad constitucional; habiéndose observado, en el caso de mérito, la aplicación precisa de la Ley, en interpretación conforme a lo señalado en el bloque de convencionalidad; distando mucho del supuesto de vulneración a los derechos fundamentales, como fue la firme posición del recurrente.- Por todo lo cual, resulta del caso desestimar el presente recurso de amparo, por falta de mérito para su otorgamiento. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3.4, y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 41, 42, 54, 56, 63, 67, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado ALLAN MIGUEL PINEDA ECHEVERRIA, a favor del DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, contra la Resolución No.SO-554-2022 de fecha diecisiete (17) de Noviembre del dos mil veintidós (2022), dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÌQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha cinco de junio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0068-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL