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Sentencia AA-67-23 — Registro 18720

Resumen

Autoridad recurrida mediante Resolución SO-555-2022 declaró con lugar recurso de revisión por considerar que la Institución Obligada dio respuesta de forma extemporánea, ante el requerimiento de la Autoridad recurrida; La Sala de lo Constitucional concluyó que no se observan transgresiones al no afectarse el derecho de la Institución Obligada; se le dio oportunidad de proponer, recibir respuestas a sus peticiones, por parte de la Administración, garantizándole acceso a los recursos de ley, en efectiva tutela de los derechos y garantías constitucionales; siendo procedente, denegar el presente recurso de amparo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte la discrepancia del recurrente respecto al contenido que adoptó la Resolución No. SO-555-2022 emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), teniendo por causa la negación comprobada del acceso a información pública, en el tiempo y forma que demarca la normativa legal y reglamentaria especializada..."..."como ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales y administrativos en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero establece:...Debe señalarse que, en el presente recurso de amparo, expone el recurrente la vulneración del derecho de defensa; trasgresiones que no se observan, ya que no se afectó el derecho de la Institución Obligada representada por el recurrente, a ser oída en su respuesta ante las pretensiones relativas al derecho de la información pública; se le dio la oportunidad de proponer, recibir respuestas a sus peticiones, por parte de la Administración y, se le ha garantizado acceso a los recursos que la Ley le franquea, en efectiva tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que se arguyen vulnerados. Infiere la Sala que el obtener respuestas, tanto en el orden administrativo como jurisdiccional, que resulten adversas a las pretensiones de las partes, no resulta necesariamente indicativo de la vulneración de derechos constitucionales invocados..."..."vista la resolución impugnada ante la Sala de lo Constitucional y oído el parecer de la Fiscal del Despacho, la encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso y el derecho de defensa, por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), al declarar con lugar el Recurso de Revisión interpuesto por la ciudadana interesada, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud del actuar omisivo de la Institución Obligada, como es la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, al no hacer entrega de la respuesta legalmente autorizada a la solicitud de información presentada por la señora MARIANELA MARTÍNEZ BUESO, en el plazo que establece el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Habiéndose constatado de autos que dicha solicitud de información fue presentada en fecha treinta (30) de mayo de dos mil veintidós (2022), no siendo entregada por la Institución Obligada, sino mediando la presentación del aludido Recurso de Revisión ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP); de todo lo cual concluye la Sala de lo Constitucional la observancia debida al derecho constitucional a la defensa, como al debido proceso legal, que asisten al impetrante de la presente acción de amparo..."..."En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma”; observándose en el caso bajo estudio, la aplicación correcta de la Ley adjetiva, por parte del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP); lo que difiere categóricamente de las alegaciones del amparista que invocan el derecho constitucional a la inviolabilidad de la defensa; siendo procedente, por lo tanto, denegar el presente recurso de amparo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte la discrepancia del recurrente respecto al contenido que adoptó la Resolución No. SO-555-2022 emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), teniendo por causa la negación comprobada del acceso a información pública, en el tiempo y forma que demarca la normativa legal y reglamentaria especializada..."..."como ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales y administrativos en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero establece:...Debe señalarse que, en el presente recurso de amparo, expone el recurrente la vulneración del derecho de defensa; trasgresiones que no se observan, ya que no se afectó el derecho de la Institución Obligada representada por el recurrente, a ser oída en su respuesta ante las pretensiones relativas al derecho de la información pública; se le dio la oportunidad de proponer, recibir respuestas a sus peticiones, por parte de la Administración y, se le ha garantizado acceso a los recursos que la Ley le franquea, en efectiva tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que se arguyen vulnerados. Infiere la Sala que el obtener respuestas, tanto en el orden administrativo como jurisdiccional, que resulten adversas a las pretensiones de las partes, no resulta necesariamente indicativo de la vulneración de derechos constitucionales invocados..."..."vista la resolución impugnada ante la Sala de lo Constitucional y oído el parecer de la Fiscal del Despacho, la encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso y el derecho de defensa, por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), al declarar con lugar el Recurso de Revisión interpuesto por la ciudadana interesada, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud del actuar omisivo de la Institución Obligada, como es la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, al no hacer entrega de la respuesta legalmente autorizada a la solicitud de información presentada por la señora MARIANELA MARTÍNEZ BUESO, en el plazo que establece el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Habiéndose constatado de autos que dicha solicitud de información fue presentada en fecha treinta (30) de mayo de dos mil veintidós (2022), no siendo entregada por la Institución Obligada, sino mediando la presentación del aludido Recurso de Revisión ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP); de todo lo cual concluye la Sala de lo Constitucional la observancia debida al derecho constitucional a la defensa, como al debido proceso legal, que asisten al impetrante de la presente acción de amparo..."..."En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma”; observándose en el caso bajo estudio, la aplicación correcta de la Ley adjetiva, por parte del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP); lo que difiere categóricamente de las alegaciones del amparista que invocan el derecho constitucional a la inviolabilidad de la defensa; siendo procedente, por lo tanto, denegar el presente recurso de amparo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte la discrepancia del recurrente respecto al contenido que adoptó la Resolución No. SO-555-2022 emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), teniendo por causa la negación comprobada del acceso a información pública, en el tiempo y forma que demarca la normativa legal y reglamentaria especializada..."..."como ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales y administrativos en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero establece:...Debe señalarse que, en el presente recurso de amparo, expone el recurrente la vulneración del derecho de defensa; trasgresiones que no se observan, ya que no se afectó el derecho de la Institución Obligada representada por el recurrente, a ser oída en su respuesta ante las pretensiones relativas al derecho de la información pública; se le dio la oportunidad de proponer, recibir respuestas a sus peticiones, por parte de la Administración y, se le ha garantizado acceso a los recursos que la Ley le franquea, en efectiva tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que se arguyen vulnerados. Infiere la Sala que el obtener respuestas, tanto en el orden administrativo como jurisdiccional, que resulten adversas a las pretensiones de las partes, no resulta necesariamente indicativo de la vulneración de derechos constitucionales invocados..."..."vista la resolución impugnada ante la Sala de lo Constitucional y oído el parecer de la Fiscal del Despacho, la encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso y el derecho de defensa, por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), al declarar con lugar el Recurso de Revisión interpuesto por la ciudadana interesada, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud del actuar omisivo de la Institución Obligada, como es la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, al no hacer entrega de la respuesta legalmente autorizada a la solicitud de información presentada por la señora MARIANELA MARTÍNEZ BUESO, en el plazo que establece el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Habiéndose constatado de autos que dicha solicitud de información fue presentada en fecha treinta (30) de mayo de dos mil veintidós (2022), no siendo entregada por la Institución Obligada, sino mediando la presentación del aludido Recurso de Revisión ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP); de todo lo cual concluye la Sala de lo Constitucional la observancia debida al derecho constitucional a la defensa, como al debido proceso legal, que asisten al impetrante de la presente acción de amparo..."..."En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma”; observándose en el caso bajo estudio, la aplicación correcta de la Ley adjetiva, por parte del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP); lo que difiere categóricamente de las alegaciones del amparista que invocan el derecho constitucional a la inviolabilidad de la defensa; siendo procedente, por lo tanto, denegar el presente recurso de amparo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte la discrepancia del recurrente respecto al contenido que adoptó la Resolución No. SO-555-2022 emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), teniendo por causa la negación comprobada del acceso a información pública, en el tiempo y forma que demarca la normativa legal y reglamentaria especializada..."..."como ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales y administrativos en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero establece:...Debe señalarse que, en el presente recurso de amparo, expone el recurrente la vulneración del derecho de defensa; trasgresiones que no se observan, ya que no se afectó el derecho de la Institución Obligada representada por el recurrente, a ser oída en su respuesta ante las pretensiones relativas al derecho de la información pública; se le dio la oportunidad de proponer, recibir respuestas a sus peticiones, por parte de la Administración y, se le ha garantizado acceso a los recursos que la Ley le franquea, en efectiva tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que se arguyen vulnerados. Infiere la Sala que el obtener respuestas, tanto en el orden administrativo como jurisdiccional, que resulten adversas a las pretensiones de las partes, no resulta necesariamente indicativo de la vulneración de derechos constitucionales invocados..."..."vista la resolución impugnada ante la Sala de lo Constitucional y oído el parecer de la Fiscal del Despacho, la encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso y el derecho de defensa, por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), al declarar con lugar el Recurso de Revisión interpuesto por la ciudadana interesada, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud del actuar omisivo de la Institución Obligada, como es la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, al no hacer entrega de la respuesta legalmente autorizada a la solicitud de información presentada por la señora MARIANELA MARTÍNEZ BUESO, en el plazo que establece el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Habiéndose constatado de autos que dicha solicitud de información fue presentada en fecha treinta (30) de mayo de dos mil veintidós (2022), no siendo entregada por la Institución Obligada, sino mediando la presentación del aludido Recurso de Revisión ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP); de todo lo cual concluye la Sala de lo Constitucional la observancia debida al derecho constitucional a la defensa, como al debido proceso legal, que asisten al impetrante de la presente acción de amparo..."..."En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma”; observándose en el caso bajo estudio, la aplicación correcta de la Ley adjetiva, por parte del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP); lo que difiere categóricamente de las alegaciones del amparista que invocan el derecho constitucional a la inviolabilidad de la defensa; siendo procedente, por lo tanto, denegar el presente recurso de amparo..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte la discrepancia del recurrente respecto al contenido que adoptó la Resolución No. SO-555-2022 emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), teniendo por causa la negación comprobada del acceso a información pública, en el tiempo y forma que demarca la normativa legal y reglamentaria especializada..."..."como ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales y administrativos en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero establece:...Debe señalarse que, en el presente recurso de amparo, expone el recurrente la vulneración del derecho de defensa; trasgresiones que no se observan, ya que no se afectó el derecho de la Institución Obligada representada por el recurrente, a ser oída en su respuesta ante las pretensiones relativas al derecho de la información pública; se le dio la oportunidad de proponer, recibir respuestas a sus peticiones, por parte de la Administración y, se le ha garantizado acceso a los recursos que la Ley le franquea, en efectiva tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que se arguyen vulnerados. Infiere la Sala que el obtener respuestas, tanto en el orden administrativo como jurisdiccional, que resulten adversas a las pretensiones de las partes, no resulta necesariamente indicativo de la vulneración de derechos constitucionales invocados..."..."vista la resolución impugnada ante la Sala de lo Constitucional y oído el parecer de la Fiscal del Despacho, la encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso y el derecho de defensa, por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), al declarar con lugar el Recurso de Revisión interpuesto por la ciudadana interesada, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud del actuar omisivo de la Institución Obligada, como es la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, al no hacer entrega de la respuesta legalmente autorizada a la solicitud de información presentada por la señora MARIANELA MARTÍNEZ BUESO, en el plazo que establece el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Habiéndose constatado de autos que dicha solicitud de información fue presentada en fecha treinta (30) de mayo de dos mil veintidós (2022), no siendo entregada por la Institución Obligada, sino mediando la presentación del aludido Recurso de Revisión ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP); de todo lo cual concluye la Sala de lo Constitucional la observancia debida al derecho constitucional a la defensa, como al debido proceso legal, que asisten al impetrante de la presente acción de amparo..."..."En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma”; observándose en el caso bajo estudio, la aplicación correcta de la Ley adjetiva, por parte del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP); lo que difiere categóricamente de las alegaciones del amparista que invocan el derecho constitucional a la inviolabilidad de la defensa; siendo procedente, por lo tanto, denegar el presente recurso de amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de mayo de dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Allan Miguel Pineda Echeverría, a favor de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, contra la Resolución SO-555-2022 dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, con relación a un recurso de revisión promovido por la señora Marianela Martínez Bueso, contra la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, el derecho consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha dieciséis de enero de dos mil veintitrés, compareció ante esta Sala, el Abogado Allan Miguel Pineda Echeverría, a favor de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública, contra la resolución SO-555-2022 dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, con relación a un recurso de revisión promovido por la señora Marianela Martínez Bueso, contra la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, el derecho consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República. (Folios 1-3 del amparo de mérito)2) Que en fecha veintitrés de enero de dos mil veintitrés, este alto Tribunal, admitió el recurso de amparo interpuesto por el Abogado Allan Miguel Pineda Echeverría, a favor de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud. (Folio 30 del recurso)3)Ésta Sala tuvo por recibidos los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, que contienen la resolución No. SO-555-2022 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, objeto del presente recurso, emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), desprendiéndose de su parte resolutiva lo siguiente: (Sic) “…PRIMERO: Que la Secretaria General del Instituto de Acceso a la Información Pública, proceda a notificar al señor JOSE MANUEL MATHEU en su condición de SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. SEGUNDO: Extiéndase Certificación Integra de esta Resolución a la parte interesada una vez que acredite la cantidad de DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 200.00) conforme al Artículo 49, inciso 8), de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público: TERCERO: Se aclara que se emite la presente resolución hasta la fecha por la alta carga de trabajo que se tiene en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y, para los fines legales correspondientes. NOTIFÍQUESE…” (Folio 41-44 del antecedente)4) Que en fecha catorce de marzo de dos mil veintitrés, Remitidos y estudiados que fueron los antecedentes, concédase vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalice su petición por escrito. (Folio 37 del recurso de mérito)5)En fecha doce de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por admitido el escrito presentado por el Abogado Allan Miguel Pineda Echeverría, teniéndose por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenándose dar vista de los antecedentes al fiscal por el término de cuarenta y ocho horas (48) para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 45 del recurso de mérito) 6)Esta Sala, en fecha dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, desprendiéndose de su análisis jurídico lo siguiente: “…Del examen de la resolución venida en amparo, así como de los antecedentes del caso, esta Representación Fiscal, observa que el Amparista centra su reproche en que el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA les ha conculcado los derechos de Defensa y Debido Proceso, además de incumplir su propia Ley y Reglamento, no aplicando correctamente los plazos establecidos y no siendo computados en la forma que nuestras normas dictan, sin embargo, tal como consta en la Resolución N° SO-555-2022 de fecha 17 de noviembre de 2022, emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA en sus fundamentos de derecho, específicamente en el numeral 1, establece lo siguiente: Que nuestra Constitución de la República establece en su artículo 80 el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones a las autoridades competentes, así como el derecho de obtener pronta respuesta dentro de los plazos legales. Esto también relacionado con el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece el derecho de acceso a la información pública como: el derecho que tiene todo ciudadano para acceder a la información generada, administrada o en poder de las instituciones obligadas previstas en la presente ley, en los términos y condiciones de la misma. Que en atención a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las solicitudes de información presentadas en las instituciones obligadas se resolverán en un plazo no mayor de 10 días, y de los antecedentes del caso sub judice se ha podido constatar que se dio respuesta, (sin embargo la misma se realizó de forma extemporánea, ante el Requerimiento realizado por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, incumpliendo lo ya establecido en el artículo supra mencionado, en vista de lo antes expresado no se visualiza vulneración de ninguna garantía constitucional, por lo que el Ministerio Público estima que en el caso de autos la resolución No.S0-555-2022 emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, es congruente y justa, por lo que NO se aprecia violación al Debido Proceso alegado por el recurrente. VI.- OPINIÓN: El Ministerio Público en vista de lo expuesto, opina que SE DECLARE SIN LUGAR la presente acción de Amparo, por no existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por el Amparista.” (Folios 48-53 del recurso de mérito)CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que, del examen de las diligencias que forman los antecedentes, se observa que el Abogado ALLAN MIGUEL PINEDA ECHEVERRÍA, de generales y actuaciones conocidas, ha promovido garantía constitucional de Amparo ante este Alto Tribunal, a favor de la institución obligada, SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD; resolución cuyo contenido descriptivo y prescriptivo obra parcialmente recogido en el Antecedente 3) de la presente sentencia. Considera el recurrente en amparo, que la resolución impugnada es violatoria de la garantía constitucional de inviolabilidad del derecho de defensa, contenida en el artículo 82 primero de la Constitución de la República; el cual asistiría a la Institución Obligada, ya que la solicitud de información fue enviada y cumplimentada con posterioridad, según sus registros, en el plazo legal establecido. CONSIDERANDO (4): Que, en formalización de tal acción constitucional, ha expuesto el recurrente, Abogado ALLAN MIGUEL PINEDA ECHEVERRÍA, las diligencias que fueron desarrolladas en el curso del procedimiento administrativo presentado ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, en contra de su representada; a raíz de la entrega de la información pública solicitada por la señora MARIANELA MARTÍNEZ BUESO por la Institución Obligada, como es la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, en tiempo y forma, según manifiesta el recurrente; en aras de sustentar la existencia de vulneración a los derechos constitucionales de defensa y al debido proceso. CONSIDERANDO (5): Que, del estudio de los autos, esta Sala de lo Constitucional advierte la discrepancia del recurrente respecto al contenido que adoptó la Resolución No. SO-555-2022 emitida por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), teniendo por causa la negación comprobada del acceso a información pública, en el tiempo y forma que demarca la normativa legal y reglamentaria especializada; según solicitado, en su oportunidad legal, por la ciudadana MARIANELA MARTÍNEZ BUESO. CONSIDERANDO (6): Que habiendo identificado el asunto esencial por el cual el recurrente muestra su inconformidad y acude en amparo, es importante para esta Sala de lo Constitucional y de observancia obligatoria en respeto al debido proceso y principio de legalidad lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a saber: “NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA LEY. Esta Ley es de orden público e interés social. Tiene por finalidad el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana.”. en ese orden de ideas, el artículo 3 numeral 4) de la ley relacionada establece: “Instituciones obligadas: a)El Poder Legislativo, el Poder judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado; b) Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), las Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD´S) y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen, sea nacional o extranjero o sea por si misma o a nombre del Estado o donde éste haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión de timbres, por la retención de bienes o que estén exentos del pago de impuestos;…”. De la lectura de los relacionados preceptos, se deduce que toda persona tiene el derecho a acceso a la información pública, para consolidar la democracia y el Estado de Derecho; derecho que se rige por el principio de máxima divulgación de la información desarrollado en estándares internacionales, con miras a la rendición de cuentas y la transparencia de las instituciones legalmente obligadas. CONSIDERANDO (7): Que El Principio de Máxima Divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que, “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación” de modo que “toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”. En idéntico sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que, en virtud del artículo 13 de la Convención Americana, el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de la máxima divulgación. Asimismo, el numeral 1 de la Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones”. CONSIDERANDO (8): Que como ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales y administrativos en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero establece: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Debe señalarse que, en el presente recurso de amparo, expone el recurrente la vulneración del derecho de defensa; trasgresiones que no se observan, ya que no se afectó el derecho de la Institución Obligada representada por el recurrente, a ser oída en su respuesta ante las pretensiones relativas al derecho de la información pública; se le dio la oportunidad de proponer, recibir respuestas a sus peticiones, por parte de la Administración y, se le ha garantizado acceso a los recursos que la Ley le franquea, en efectiva tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que se arguyen vulnerados. Infiere la Sala que el obtener respuestas, tanto en el orden administrativo como jurisdiccional, que resulten adversas a las pretensiones de las partes, no resulta necesariamente indicativo de la vulneración de derechos constitucionales invocados. CONSIDERANDO (9): Que, vista la resolución impugnada ante la Sala de lo Constitucional y oído el parecer de la Fiscal del Despacho, la encuentra ajustada a derecho, pues se ha respetado el debido proceso y el derecho de defensa, por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), al declarar con lugar el Recurso de Revisión interpuesto por la ciudadana interesada, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud del actuar omisivo de la Institución Obligada, como es la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, al no hacer entrega de la respuesta legalmente autorizada a la solicitud de información presentada por la señora MARIANELA MARTÍNEZ BUESO, en el plazo que establece el artículo 21 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Habiéndose constatado de autos que dicha solicitud de información fue presentada en fecha treinta (30) de mayo de dos mil veintidós (2022), no siendo entregada por la Institución Obligada, sino mediando la presentación del aludido Recurso de Revisión ante el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP); de todo lo cual concluye la Sala de lo Constitucional la observancia debida al derecho constitucional a la defensa, como al debido proceso legal, que asisten al impetrante de la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (10): Que según determina el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: “FUNDAMENTACIÓN Y TÉRMINO PARA RESOLVER. Presentada la solicitud, se resolverá en el término de diez (10) días, declarándose con o sin lugar la petición. En casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo. En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberá indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma”; observándose en el caso bajo estudio, la aplicación correcta de la Ley adjetiva, por parte del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP); lo que difiere categóricamente de las alegaciones del amparista que invocan el derecho constitucional a la inviolabilidad de la defensa; siendo procedente, por lo tanto, denegar el presente recurso de amparo.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5° y 316 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3.4, 9, 11 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 5, 41, 42, 63, 67 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO LA GARANTÍA DE AMPARO promovida por el Abogado ALLAN MIGUEL PINEDA ECHEVERRÍA, a favor de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, contra la resolución No. SO-555-2022 dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), en fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, con relación a un recurso de revisión promovido por la señora MARIANELA MARTÍNEZ BUESO, contra la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA, en tanto Institución Obligada; en virtud no brindar oportuna respuesta a la Solicitud de Información en el plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al artículo 52, numeral 1), del Reglamento de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP) para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de julio de dos mil veinticuatro. VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado ALLAN MIGUEL PINEDA ECHEVERRÍA, a favor de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha seis (6) de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), por la cual se falla DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por el susodicho garantista, en su condición predicha, contra la resolución dictada por contra la Resolución SO-555-2022 dictada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, con relación a un recurso de revisión promovido por la señora MARIANELA MARTÍNEZ BUESO, contra la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA, en tanto Institución Obligada. CONSIDERANDO (1): Que la referida acción de Amparo se interpuso en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veintitrés (2023), procediendo a denegarse por la Sala de lo Constitucional, por considerarla carente de mérito constitucional para su otorgamiento. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo tiene como finalidad que a la persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare, en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.CONSIDERANDO (3): Que conforme establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, el cual podrá interponerse en el acto de la notificación, o al día siguiente de su notificación por la tabla de avisos; lo cual tuvo lo cual es cumplido, en tanto requisito de procedibilidad, según consta a folios sesenta y seis (66), y subsiguientes, de la pieza de amparo. CONSIDERANDO (4): Que, vista la petición de la parte recurrente, se arguye por el Abogado ALLAN MIGUEL PINEDA ECHEVERRÍA, quien comparece en la condición preindicada, que se han infringido por la Jurisdicción constitucional, la garantía constitucional de inviolabilidad de la defensa, según prescrita en el artículo 82 de la Constitución de la República; siendo pretensión ostensible del garantista, que se dicte sentencia por medio de la cual reconsidere el fallo dictado por esta Sala de lo Constitucional, en fecha seis (6) de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), por la cual se falla DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por el susodicho garantista, en su condición predicha, contra la resolución dictada por contra la Resolución SO-555-2022 dictada por EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), en fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintidós; teniendo por contestada a tiempo la solicitud de información que se presentó, ante el referido Instituto, por parte de la señora MARIANELA MARTÍNEZ BUESO, contra la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA, en tanto Institución Obligada; exhortándole, finalmente, a que se aplique la observancia a los plazos determinados en la Ley. CONSIDERANDO (5): Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Decreto Legislativo No. 170 – 2006), resulta clara al establecer lo conducente a los plazos determinados para la presentación y resolución de las solicitudes de información que se presenten, al establecer en su artículo 26: “PROCEDIMIENTOS A SEGUIR ANTE LA DENEGATORIA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN. Cuando la solicitud de información se hubiere denegado o cuando no se hubiere resuelto en el plazo establecido en el Artículo 21, el solicitante podrá acudir ante el Instituto de Acceso a al Información Pública (IAIP) para solicitar la revisión de la denegatoria. La resolución de éste se emitirá dentro de un plazo de diez (10) días, contado a partir de la presentación de la solicitud. Contra esta resolución solo procederá el recurso de amparo en los términos de la Ley de Justicia Constitucional”. CONSIDERANDO (6): Que el régimen de las impugnaciones debe regirse por la legalidad constitucional en un Estado de Derecho, en proscripción de la arbitrariedad judicial. De tal manera que no resulta admisible se concedan los recursos que franquea la Ley Sobre Justicia Constitucional, sobre la base de consideraciones carentes de contenido, o de alegaciones de mera legalidad. A este respecto ha establecido la Sala, con relación a los cauces procesales de la tutela judicial efectiva, que el derecho de petición no ha de conllevar, necesariamente, a la obtención de una decisión favorable al peticionario (a) sobre el fondo del asunto controvertido.CONSIDERANDO (7): Que, por todo ello, se colige la resolución recurrida se encuentra ajustada a derecho por no existir razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda. El artículo 120, párrafo segundo, de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por su parte, señala que, una vez solicitada la reposición ante la Sala de lo Constitucional, o ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su caso; deberá procederse sin más trámite, a denegar, o a enmendar el fallo, según correspondiere en derecho.POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 N.º 7 y N.º 8, 41, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DENEGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado ALLAN MIGUEL PINEDA ECHEVERRÍA, a favor de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional, en fecha seis (6) de mayo del año dos mil veinticuatro (2024). Y MANDA: Que la Secretaría notifique a la parte recurrente la firmeza de la sentencia definitiva recaída en la presente acción de amparo y se proceda de conformidad a derecho en cuanto a los efectos legales subsiguientes. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de enero de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha seis de mayo de dos mil veinticuatro y la Resolución de fecha veintidós de julio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0067-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL