Sentencia AA-648-22 — Registro 18721
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra actuaciones contenidas en el Oficio No. SAPP-599-2021, mediante el cual dicha autoridad realiza la comunicación oficial decretando la intervención del contrato de APP, denominado Contrato de Alianza Público Privada para la Recuperación de Perdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, para la Ejecución del componente de distribución y flujo financiero. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “II. En el caso objeto de examen, atendiendo la exposición de la representante del Ministerio Público en su dictamen, se observa que, efectivamente y como ya quedó dicho, la Sala conoció del recurso de amparo con número de registro 862-2021, promovido por el mismo recurrente contra el oficio SAPP 552-2021, emitido por la misma entidad reguladora y referente al mismo contrato. La Sala se inclinó por declarar la inadmisibilidad de la garantía de amparo solicitada por la Empresa Energía Honduras (EEH), como puede verificarse de las consideraciones citadas previamente. En aquél momento, la Sala de lo Constitucional consideró que la SAPP había iniciado el procedimiento correspondiente para configurar el denominado “Derecho de Intervención” del contrato, ello en concordancia con las estipulaciones del mismo, potestad que tiene como finalidad, según se afirmó, la correcta ejecución del propio contrato. En su resolución, la Sala determinó haberse cumplido con lo previsto en el literal a) del procedimiento contractualmente establecido para configurar dicho Derecho de Intervención, señalando la SAPP el plazo para que el operador pudiese corregir o subsanar la causa señalada como fundamento para la intervención. En aquella oportunidad, conforme con los razonamientos esgrimidos por la Sala en su resolución, no se advirtió de la actuación de la SAPP, contenida en el mencionado oficio No. 552-2021 la existencia de violaciones a derechos constitucionales, acordándose, como se dijo ya, la inadmisión del recurso, luego de un examen de los antecedentes y actuaciones correspondientes. III. Teniendo esto en consideración, se aprecia que, conforme lo declaró la Sala de lo Constitucional en ese momento, con la emisión del oficio No.552-2021, la empresa obligada fue notificada de la causa que daba lugar al derecho de intervención del Contrato APP, actuación que, conforme con la resolución emitida por la Sala fue formulada sin mediar transgresión a los derechos de la empresa recurrente. Consecuentemente, y como podemos advertir de las actuaciones remitidas con ocasión del presente recurso, la SAPP procedió con la intervención del contrato acordada previamente, siguiendo con las estipulaciones regulatorias contractuales, lo que quedó acordado en el oficio No.599-2021, acto cuyo cumplimiento se reclama mediante la presente acción constitucional de amparo. IV. Siendo así, debemos manifestar que no concordamos con el parecer de la representante del Ministerio Público en cuanto a que concurre aquí la causal de inadmisibilidad contenida en el Artículo 46.2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pues para que se diera la misma, el acto reclamado en la presente acción de amparo o sea el oficio SAPP 599-2021, debía ser consecuencia directa de la resolución de inadmisibilidad recaída en el recurso de amparo con número de registro 862-2021, no siendo ese el caso. No obstante, asentimos que, con la emisión del oficio SAPP 599-2021, la entidad denunciada no ha hecho más que dar seguimiento y continuidad al procedimiento de intervención que ya había sido decidido y comunicado previamente en el oficio SAPP 552-2021, el cual ya fue objeto de examen por la Sala Constitucional, y como aconteció en el procedimiento anterior, se aprecia que la SAPP se ha limitado a actuar dentro de sus atribuciones y competencias, conforme con los lineamientos del contrato que fue suscrito con la empresa EEH, entre otras. V.En virtud de lo cual, analizados que han sido los antecedentes en el recurso de amparo que nos ocupa, la legislación aplicable, las alegaciones del impetrante y las respuestas de la entidad recurrida, esta Sala aprecia que el oficio SAPP 599-2021 de la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), ha sido emitido en seguimiento de una decisión previamente acordada y comunicada mediante oficio SAPP 552-2021, actuación que ya fue objeto de examen por la Sala de lo Constitucional, no lográndose advertir arbitrariedad, agravio ni quebrantamiento a los derechos constitucionales denunciados como transgredidos con el acto reclamado en amparo, observándose que tal actuación corresponde con las facultades legales de la referida entidad reguladora, sin que se anteceda un menoscabo de principios o derechos constitucionales. En consecuencia, al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte de la entidad denunciada en perjuicio de la supuesta agraviada, esta Sala es del criterio porque la acción de amparo interpuesta debe ser denegada y así lo declaramos.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
… “II. En el caso objeto de examen, atendiendo la exposición de la representante del Ministerio Público en su dictamen, se observa que, efectivamente y como ya quedó dicho, la Sala conoció del recurso de amparo con número de registro 862-2021, promovido por el mismo recurrente contra el oficio SAPP 552-2021, emitido por la misma entidad reguladora y referente al mismo contrato. La Sala se inclinó por declarar la inadmisibilidad de la garantía de amparo solicitada por la Empresa Energía Honduras (EEH), como puede verificarse de las consideraciones citadas previamente. En aquél momento, la Sala de lo Constitucional consideró que la SAPP había iniciado el procedimiento correspondiente para configurar el denominado “Derecho de Intervención” del contrato, ello en concordancia con las estipulaciones del mismo, potestad que tiene como finalidad, según se afirmó, la correcta ejecución del propio contrato. En su resolución, la Sala determinó haberse cumplido con lo previsto en el literal a) del procedimiento contractualmente establecido para configurar dicho Derecho de Intervención, señalando la SAPP el plazo para que el operador pudiese corregir o subsanar la causa señalada como fundamento para la intervención. En aquella oportunidad, conforme con los razonamientos esgrimidos por la Sala en su resolución, no se advirtió de la actuación de la SAPP, contenida en el mencionado oficio No. 552-2021 la existencia de violaciones a derechos constitucionales, acordándose, como se dijo ya, la inadmisión del recurso, luego de un examen de los antecedentes y actuaciones correspondientes. III. Teniendo esto en consideración, se aprecia que, conforme lo declaró la Sala de lo Constitucional en ese momento, con la emisión del oficio No.552-2021, la empresa obligada fue notificada de la causa que daba lugar al derecho de intervención del Contrato APP, actuación que, conforme con la resolución emitida por la Sala fue formulada sin mediar transgresión a los derechos de la empresa recurrente. Consecuentemente, y como podemos advertir de las actuaciones remitidas con ocasión del presente recurso, la SAPP procedió con la intervención del contrato acordada previamente, siguiendo con las estipulaciones regulatorias contractuales, lo que quedó acordado en el oficio No.599-2021, acto cuyo cumplimiento se reclama mediante la presente acción constitucional de amparo. IV. Siendo así, debemos manifestar que no concordamos con el parecer de la representante del Ministerio Público en cuanto a que concurre aquí la causal de inadmisibilidad contenida en el Artículo 46.2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pues para que se diera la misma, el acto reclamado en la presente acción de amparo o sea el oficio SAPP 599-2021, debía ser consecuencia directa de la resolución de inadmisibilidad recaída en el recurso de amparo con número de registro 862-2021, no siendo ese el caso. No obstante, asentimos que, con la emisión del oficio SAPP 599-2021, la entidad denunciada no ha hecho más que dar seguimiento y continuidad al procedimiento de intervención que ya había sido decidido y comunicado previamente en el oficio SAPP 552-2021, el cual ya fue objeto de examen por la Sala Constitucional, y como aconteció en el procedimiento anterior, se aprecia que la SAPP se ha limitado a actuar dentro de sus atribuciones y competencias, conforme con los lineamientos del contrato que fue suscrito con la empresa EEH, entre otras. V.En virtud de lo cual, analizados que han sido los antecedentes en el recurso de amparo que nos ocupa, la legislación aplicable, las alegaciones del impetrante y las respuestas de la entidad recurrida, esta Sala aprecia que el oficio SAPP 599-2021 de la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), ha sido emitido en seguimiento de una decisión previamente acordada y comunicada mediante oficio SAPP 552-2021, actuación que ya fue objeto de examen por la Sala de lo Constitucional, no lográndose advertir arbitrariedad, agravio ni quebrantamiento a los derechos constitucionales denunciados como transgredidos con el acto reclamado en amparo, observándose que tal actuación corresponde con las facultades legales de la referida entidad reguladora, sin que se anteceda un menoscabo de principios o derechos constitucionales. En consecuencia, al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte de la entidad denunciada en perjuicio de la supuesta agraviada, esta Sala es del criterio porque la acción de amparo interpuesta debe ser denegada y así lo declaramos.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de junio de dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Nicolás J. García Pineda, a favor de la sociedad mercantil Empresa de Energía Honduras, S.A. de C.V. (EEH), contra actuaciones de la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), contenidas en el Oficio No. SAPP-599-2021, de fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual dicha autoridad realiza la comunicación oficial decretando la intervención del contrato de APP, denominado Contrato de Alianza Público Privada para la Recuperación de Perdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, para la Ejecución del componente de distribución y flujo financiero. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio, los derechos consagrados en los artículos 15, 18, 90, 95, 103 y 331 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1. Que en fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, compareció ante este Tribunal, el Abogado Nicolás J. García Pineda, interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil Empresa de Energía Honduras, S.A. de C.V. (EEH), contra actuaciones de la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), contenidas en el Oficio No. SAPP-599-2021, de fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual dicha autoridad realiza la comunicación oficial decretando la intervención del contrato de APP, denominado Contrato de Alianza Público Privada para la Recuperación de Perdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, para la Ejecución del componente de distribución y flujo financiero. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio, los derechos consagrados en los artículos 15, 18, 90, 95, 103 y 331 de la Constitución de la República. (Folios 1-35 vuelto del amparo de mérito).2.Que en fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, este alto Tribunal, admitió el recurso de amparo interpuesto por el Abogado Nicolás J. García Pineda, a favor de la sociedad mercantil Empresa de Energía Honduras, S.A. de C.V. (EEH), asimismo, libró comunicación a la autoridad recurrida para que dentro del término de dos (2) días hábiles remitiera los antecedentes del caso. (Folio 48 vuelto del recurso) 3.Que en fecha veinte de marzo de dos mil veintitrés, remitidos y estudiados que fueron los antecedentes, concédase vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalice su petición por escrito. (Folio 54 del recurso de mérito) 4.En fecha veintiuno de abril de dos mil veintitrés, esta Sala tiene por formalizado en tiempo y forma el escrito presentado por el Abogado Nicolás J. García Pineda, en tal sentido, continuar con el trámite de la presente acción de amparo, dando vista de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas al Fiscal del Despacho para que emita su dictamen en el presente asunto. (Folio 73 del recurso de mérito) 5.Esta Sala, en fecha catorce de agosto de dos mil veintitrés, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Determina el recurrente que al no haber obtenido respuesta de la SAPP, en torno a la interposición de los recursos presentados en fecha 03 de septiembre del 2021, y que conforme lo dispuesto en el artículo 12.18 del Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, se supone desestimados en detrimento del derecho de defensa de su representada, ya que estas actuaciones impugnan lo resuelto en el el oficio No. No. SAPP-599-2021 de fecha 1 septiembre del 2021, al estimar que no procede lo solicitado en el escrito de fecha 26 de agosto del 2021, en el que se formuló distintas actuaciones: 1)Incidente de recusación en contra de los Superintendentes. II) Solicitud de apertura a pruebas. III) Suspensión del curso del procedimiento. IV) Nulidad del Acto de Comunicación. V) Descargo mediante el cual se razona por qué no procede la figura de intervención, porque no es posible atenderlas al no guardar relación alguna con la norma regulatoria convencional vinculante al Derecho de Intervención y al disponer que No se registra el ingreso de documento recibido de parte del Inversionista Operador en el cual conste que procedió a subsanar la Causa de Intervención, dejando de utilizar el derecho que convencionalmente se estableció lo que va en detrimento de su representada, al limitar la posibilidad de un recurso eficaz pues el acto administrativo no adopta la forma de resolución, acuerdo o providencia que ofrezca una debida y suficiente motivación a efecto de realizar un adecuado ejercicio del derecho. Que analizado el planteamiento del recurrente y revisado el antecedente de mérito, se aprecia que el Censor presentó acción de amparo contra el Oficio 552- 2021 de fecha 17 de agosto del 2021, emitido por la SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA, a través del cual notificaba a su representada de la Causa de intervención del Contrato y señalando Plazo para la subsanación, determinándose del contenido del Informe Circunstanciado de fecha 25 de mayo del 2022, que el mismo fue declarado inadmisible por esta Honorable Sala de lo Constitucional. En ese sentido al haber resultado improcedente el acto impugnado, el ente colegiado continuó el proceso, emitiendo por ello el Oficio No. No. SAPP- 599-2021 de fecha 01 septiembre del 2021, el cual, hace del conocimiento al Gerente de Energía Honduras S. A. DE C.V., que procede la Intervención del Contrato, al no haber subsanado causa de intervención apreciándose que el acto reclamado en la presente acción de amparo es consecuencia de la acción que fue interpuesta contra el Oficio 552-2021 de fecha 17 de agosto del 2021, lo que confirma que efectivamente el objeto de estudio de la presente garantía de amparo ya fue decidida por esa honorable Sala de la Constitucional, de manera que pronunciarse sobre los alegatos del Amparista seria conocer nuevamente lo fallado, respecto a lo cual se estima que en el caso de autos concurre una causal de inadmisibilidad dispuesta en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que establece: "Es inadmisible el recurso de amparo: 1)....; 2) contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo 3)... 4); 5); 6). 7).... 8).... 9)…; El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad". Del análisis anterior el Ministerio Público, puede determinar que en el presente caso concurren causa de inadmisibilidad de la presente acción por las razones antes señaladas. IV. CONCLUSIÓN Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que se debe rechazar de plano y SOBRESEER LAS DILIGENCIAS con los correspondientes efectos legales, pues en el expediente consta la causal de inadmisibilidad...” (Folios 79-81 del recurso) DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 1.La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.2.La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional.De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso.3.De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.4. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.5. A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.d de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por funcionarios con autoridad en toda la República, como lo son los miembros de la Superintendencia de la Alianza Público Privada, ente regulador especializado de la Alianza Público Privada, adscrita al Tribunal Superior de Cuentas y sostenida con fondos públicos. OBJETO DEL RECURSO 6.El acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de amparo lo constituye el Oficio No. SAPP-599-2021 emitido por la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP) en fecha 1 de septiembre de 2021 y mediante el cual se comunica oficialmente la intervención del “Contrato de APP” (Contrato de Alianza Público Privada para la Recuperación de Pérdidas de los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), suscrito por COALIANZA, la ENEE, el Banco FICOHSA y la empresa ENERGÍA HONDURAS (EEH).7.El oficio denunciado contempla la aplicación de una “norma regulatoria convencional” contenida en el Contrato de Alianza Público Privada, que faculta la intervención del contrato, lo que es acordado por ese acto de parte por los superintendentes, comunicándola oficialmente en el referido oficio SAPP 599-2021. RELACIÓN DE LAS ALEGACIONES DEL RECURRENTE 8. Las violaciones constitucionales que se señalan como violentadas con la ejecución del acto reclamado por parte del recurrente son inter alia, el derecho a un debido proceso legal, el derecho de defensa, el principio non bis in ídem y la libertad de inversión.9.Según el quejoso, el derecho a un debido proceso legal ha sido transgredido por la entidad recurrida en virtud de no haber resuelto un escrito de recusación presentado previamente por el recurrente como apoderado de la Empresa Energía Honduras, de ahí que, de acuerdo con la postura del recurrente, este derecho fundamental ha sido vulnerado al prescindir la entidad denunciada de resolver conforme al procedimiento establecido por la ley, permitiéndose la intervención de los superintendentes a pesar de haber sido recusados por el agraviado.10. Explica el afectado que el derecho de defensa también ha sido transgredido por la autoridad recurrida, por la falta de motivación y la limitación indebida del derecho a un recurso legal.La falta de motivación se alega, según el impetrante, ante los escasos razonamientos externados por la SAPP en el oficio denunciado, los que se objetan además de ser arbitrarios y carentes de respuestas a los alegatos y peticiones presentados por el recurrente ante la SAPP. Se arguye una limitación indebida a los recursos y acciones de defensa de parte de la SAPP, por cuanto sus decisiones no se emiten en la forma de resoluciones, decretos, acuerdos o providencias como lo manda la ley, lo cual impide a la agraviada ejercitar debidamente su derecho a la defensa. * La violación al principio non bis in ídem o prohibición de doble sanción o juzgamiento, se configura, según el quejoso, desde el momento en el que la SAPP pretende sancionar doblemente a la empresa afectada, siendo que pue por lado impone una penalización pecuniaria y por el otro, la intervención del contrato de APP, situaciones que han sido denunciadas por medio de la presente acción de amparo.RELACIÓN DE LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RECURRIDA Y POSTURA DEL MINISTERIO PÚBLICO 11.En el informe rendido ante esta Sala, la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP), estableció haber actuado conforme a la regulación del contrato y acorde con las atribuciones y facultades otorgadas por la ley.12. Se señaló por la SAPP que la potestad de intervenir el contrato está plenamente establecida en el mismo y que, como entidad reguladora, deviene obligada a cumplir con el procedimiento regulatorio correspondiente. Así, se indicó que, mediante el oficio SAPP 552-2021, se notificó al inversionista operador la causa que daría lugar a la intervención del contrato y el plazo que tenía para subsanar la misma, al vencer el plazo establecido, se procedió a ejercer el derecho de intervención conforme con las cláusulas contractuales, notificándolo mediante el oficio SAPP 599-2021, el cual es objeto de la acción de amparo que nos ocupa.13. La entidad reguladora puso de manifiesto que el Oficio 552-2021 anteriormente referido, también había sido objeto de un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, y efectivamente, esta acción de amparo fue registrada con el número 862-2021, la cual fue resuelta en 25 de octubre de 2021, decidiéndose su inadmisibilidad. En la mencionada resolución, la Sala estableció inter alia las consideraciones siguientes: “...CONSIDERANDO: Que, en el Contrato antes citado, no se dispuso el procedimiento gradual aplicable al Derecho de Intervención en cuanto a los recursos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo, sin embargo, sí se dispuso que la finalidad del plazo señalado en la Notificación Previa era para que el notificado formulara o presentara en dicho plazo, las acciones que considerara convenientes para corregir o subsanar la causa que daría lugar a la Intervención del Contrato. Habiendo señalado en el presente caso, que dicho plazo comprendía hasta el 31 de agosto de 2021, sin que el notificado haya formulado las acciones para que la Superintendencia analizara la Causa de Intervención…”.“…CONSIDERANDO: Que en virtud de lo anteriormente relacionado en cuanto a lo actuado por la Superintendencia de Alianza Público Privada, mediante Oficio No. SAPP-552-2021, se logra establecer que la SAPP ha realizado actuaciones dentro del ámbito de su competencia, teniendo atribuciones para llevar a cabo todo lo relacionado al Derecho de Intervención con el fin de llevar un control del Cumplimiento del Objeto del Contrato de Fideicomiso para la “Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)”, no llegando a advertir esta Sala que con dichas actuaciones se violenten los derechos alegados por el recurrente, observándose todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable...”.14. En el dictamen rendido respecto de la presente acción constitucional por parte del Ministerio Público, su representante, la Abogada Sandra Lorena Zúniga García, fue del parecer que concurría en este caso la causal de inadmisibilidad contenida en el Artículo 46.2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que manda que el recurso de amparo es inadmisible contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo, estimando que la acción interpuesta debía ser sobreseída. La Fiscalía sostuvo en su examen que al resultar inadmisible la garantía de amparo con respecto al oficio No. SAPP 552-2021, en el cual la entidad contralora establecía la procedencia de la intervención del contrato al no haberse subsanado la causa de intervención, consideró que el acto reclamado en la presente acción de amparo, es decir, el oficio No. SAPP 599-2021, es consecuencia de la aplicación del ya referido oficio No. SAPP 552-2021, y que, al ser inadmitida la garantía de amparo contra éste, el Ministerio Fiscal fue del criterio porque la Sala de lo Constitucional conocería nuevamente en este caso sobre lo ya decidido, por cuanto señaló la concurrencia de la precitada causal de inadmisibilidad. RAZONAMIENTO DE LA SALA I.Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión .II.En el caso objeto de examen, atendiendo la exposición de la representante del Ministerio Público en su dictamen, se observa que, efectivamente y como ya quedó dicho, la Sala conoció del recurso de amparo con número de registro 862-2021, promovido por el mismo recurrente contra el oficio SAPP 552-2021, emitido por la misma entidad reguladora y referente al mismo contrato. La Sala se inclinó por declarar la inadmisibilidad de la garantía de amparo solicitada por la Empresa Energía Honduras (EEH), como puede verificarse de las consideraciones citadas previamente. En aquél momento, la Sala de lo Constitucional consideró que la SAPP había iniciado el procedimiento correspondiente para configurar el denominado “Derecho de Intervención” del contrato, ello en concordancia con las estipulaciones del mismo, potestad que tiene como finalidad, según se afirmó, la correcta ejecución del propio contrato. En su resolución, la Sala determinó haberse cumplido con lo previsto en el literal a) del procedimiento contractualmente establecido para configurar dicho Derecho de Intervención, señalando la SAPP el plazo para que el operador pudiese corregir o subsanar la causa señalada como fundamento para la intervención. En aquella oportunidad, conforme con los razonamientos esgrimidos por la Sala en su resolución, no se advirtió de la actuación de la SAPP, contenida en el mencionado oficio No. 552-2021 la existencia de violaciones a derechos constitucionales, acordándose, como se dijo ya, la inadmisión del recurso, luego de un examen de los antecedentes y actuaciones correspondientes. III. Teniendo esto en consideración, se aprecia que, conforme lo declaró la Sala de lo Constitucional en ese momento, con la emisión del oficio No.552-2021, la empresa obligada fue notificada de la causa que daba lugar al derecho de intervención del Contrato APP, actuación que, conforme con la resolución emitida por la Sala fue formulada sin mediar transgresión a los derechos de la empresa recurrente. Consecuentemente, y como podemos advertir de las actuaciones remitidas con ocasión del presente recurso, la SAPP procedió con la intervención del contrato acordada previamente, siguiendo con las estipulaciones regulatorias contractuales, lo que quedó acordado en el oficio No.599-2021, acto cuyo cumplimiento se reclama mediante la presente acción constitucional de amparo. IV. Siendo así, debemos manifestar que no concordamos con el parecer de la representante del Ministerio Público en cuanto a que concurre aquí la causal de inadmisibilidad contenida en el Artículo 46.2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, pues para que se diera la misma, el acto reclamado en la presente acción de amparo o sea el oficio SAPP 599-2021, debía ser consecuencia directa de la resolución de inadmisibilidad recaída en el recurso de amparo con número de registro 862-2021, no siendo ese el caso. No obstante, asentimos que, con la emisión del oficio SAPP 599-2021, la entidad denunciada no ha hecho más que dar seguimiento y continuidad al procedimiento de intervención que ya había sido decidido y comunicado previamente en el oficio SAPP 552-2021, el cual ya fue objeto de examen por la Sala Constitucional, y como aconteció en el procedimiento anterior, se aprecia que la SAPP se ha limitado a actuar dentro de sus atribuciones y competencias, conforme con los lineamientos del contrato que fue suscrito con la empresa EEH, entre otras. V.En virtud de lo cual, analizados que han sido los antecedentes en el recurso de amparo que nos ocupa, la legislación aplicable, las alegaciones del impetrante y las respuestas de la entidad recurrida, esta Sala aprecia que el oficio SAPP 599-2021 de la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), ha sido emitido en seguimiento de una decisión previamente acordada y comunicada mediante oficio SAPP 552-2021, actuación que ya fue objeto de examen por la Sala de lo Constitucional, no lográndose advertir arbitrariedad, agravio ni quebrantamiento a los derechos constitucionales denunciados como transgredidos con el acto reclamado en amparo, observándose que tal actuación corresponde con las facultades legales de la referida entidad reguladora, sin que se anteceda un menoscabo de principios o derechos constitucionales. En consecuencia, al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte de la entidad denunciada en perjuicio de la supuesta agraviada, esta Sala es del criterio porque la acción de amparo interpuesta debe ser denegada y así lo declaramos. PARTE RESOLUTIVA VI. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3.d, 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A ÚNICO: DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por el Abogado Nicolás J. García Pineda, a favor de la sociedad mercantil Empresa de Energía Honduras, S.A. de C.V. (EEH), contra actuaciones de la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), contenidas en el Oficio No. SAPP-599-2021, de fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno, del que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro. PARA RESOLVER el recurso de reposición interpuesto por el Abogado NICOLÁS J. GARCÍA PINEDA, contra la sentencia de fecha catorce de junio de dos mil veinticuatro, dictada en el Recurso de Amparo interpuesto por el mismo recurrente, actuando en su condición de representante procesal de EMPRESA ENERGÍA HONDURAS (EEH), contra actuaciones de la SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (SAPP) contenidas en el oficio 599-2021 de fecha 1 de septiembre de 2024.CONSIDERANDO (1): Que el recurrente considera que esta Sala ha incurrido en infracciones legales en su sentencia, alegando que se ha confundido el objeto del amparo con el de otro proceso ya ventilado, y que, además, existió “aportación de conocimiento privado del juzgador”, en contravención con lo estipulado en el artículo 11 numeral 3º del Código Procesal Civil.Se denuncia también “falta de exhaustividad” en el fallo, al no determinarse la violación al Artículo 82 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que con respecto al primer argumento, consideramos que no ha existido confusión alguna en el objeto del amparo, pues de la sentencia que se dictó queda establecido que la Sala estimó que el acto reclamado en amparo, es decir el oficio 599-2021 emitido por la SAPP, y que acordó la intervención del contrato de mérito, se hizo en seguimiento a una decisión previamente acordada y comunicada al afectado mediante el oficio 552-2021, que también fue objeto de impugnación por vía de amparo por el mismo recurrente y que fue desestimada. La Sala ha apreciado que ambas acciones se encuentran vinculadas, lo cual es evidente y no se observa la confusión en el objeto a que alude el impetrante. CONSIDERANDO (3): Que en cuanto a la aducida transgresión al Artículo 11.3 del Código Procesal Civil, referente a la prohibición de la “aportación del conocimiento privado del juzgador”, este argumento resulta inaplicable, indebido y, además improcedente, por cuanto, en primer lugar, no corresponde a la legislación procesal civil la regulación de la acción constitucional de amparo, cuyo trámite se rige por la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, en segundo lugar, el recurrente parece distorsionar esta figura de manera artificiosa en favor de sus subjetivos e impropios argumentos, puesto que las consideraciones que fueron plasmadas en la sentencia dictada por esta Sala derivan primeramente de la Constitución, la ley, la jurisprudencia y las fuentes del derecho, y la información referente a acciones de amparo previamente resueltas son de conocimiento público y obligatoriamente deben ser reconocidas y referenciadas por la Sala, si así se estima oportuno y si resulta pertinente para determinar la existencia de las violaciones constitucionales alegadas.Las cuestiones relacionadas con actuaciones de la entidad reguladora en la forma de oficios o informes constan de las actuaciones que forman parte del expediente de amparo y la documentación e información que al respecto fue aportada ha sido proporcionada por: 1. La autoridad recurrida; 2. El Ministerio Público en su dictamen; y, 3. El propio quejoso en su escrito de interposición, de ahí que resulte impropio y altamente cuestionable que el Abogado García Pineda pretenda inferir que ha existido alguna aportación oficiosa por parte de esta Sala en detrimento de la ley. CONSIDERANDO (4): Que, adicionalmente, debemos acotar que la Sala no puede ignorar o desconocer sus propias decisiones, y tampoco los procedimientos que han sido instados para su conocimiento, y el hecho de hacer referencia a ello para efectos de motivar o decidir un determinado asunto de manera coherente y en concordancia con criterios jurídicos previamente establecidos—como podría hacerse con su jurisprudencia o con citas doctrinarias—no podría considerarse como un aporte emanado del “conocimiento privado” de este Tribunal. La acción constitucional de amparo busca determinar la existencia de amenazas o violaciones a derechos y garantías constitucionales para su protección o restablecimiento, no le corresponde suplir o resolver contiendas derivadas del interés particular del afectado que son propias del procedimiento ordinario. CONSIDERANDO (5): Que, siendo así, esta Sala observa que en la resolución contra la cual se recurre, se han pronunciado en forma motivada las razones por las que se consideró procedente la denegatoria de la acción constitucional de amparo intentada por el recurrente, apreciándose que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho y no se advierte que de la resolución emitida o de las desatinadas e insubsistentes alegaciones del impetrante puedan establecerse razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto y así debe declararse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. CÚMPLASE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha catorce de junio de dos mil veinticuatro, y resolución de fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0648-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL