Sentencia AA-516-24 — Registro 19659
Resumen
Se interpone recurso de amparo en contra de varios decretos ejecutivos emitidos en Consejo de Ministros, para que se restituya el goce de las garantías constitucionales a la libertad y la asociación y de reunión, libertad de tránsito, prohibición de arresto o detención sin mandato escrito expedido por autoridad competente, prohibición de ser llevado a la cárcel en el caso de otorgar caución suficiente de conformidad con la ley, inviolabilidad del domicilio. el que después de su análisis es declarado inadmisible por considerar que tiene recursos legales expeditos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." : Que de conformidad con el Artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la encargada de conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo..." ..." Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 8), es inadmisible el recurso de amparo cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa..." ..." Que los recurrentes dirigen su acción de amparo contra los Decretos emitidos por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, que constituyen actos de carácter general, decretos que según la Presidenta de la Republica forma parte de una estrategia de seguridad contra la criminalidad y el delito de la extorsión, mismos que después de su vencimientos han sido prorrogados en once ocasiones; y que según datos oficiales continua manifestado la parte recurrente no han podido cumplir su cometido de la reducción significativa de la criminalidad y el delito de la extorsión, el cual según la percepción generalizada va en aumento, a diario los noticieros y diarios locales reportan la ejecución de crímenes, atentados y cierre temporal o definitivo de negocios y empresa, así como el cobro de extorsión, del mismo modo ha aumentado las denuncias de abusos de la autoridad de parte de los órganos de seguridad del Estado y violaciones a los derechos humanos en perjuicio de la sociedad hondureña; mismos que constituyen actuaciones ejecutadas por entidades de la Administración Pública, que en todo caso sería susceptible de ser impugnada por la vía Contencioso-Administrativa, de cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley, razón por la cual, resulta procedente declarar inadmisible el recurso de amparo de que se hace mérito..."
Legislación citada
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.8 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..." : Que de conformidad con el Artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la encargada de conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo..." ..." Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 8), es inadmisible el recurso de amparo cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa..." ..." Que los recurrentes dirigen su acción de amparo contra los Decretos emitidos por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, que constituyen actos de carácter general, decretos que según la Presidenta de la Republica forma parte de una estrategia de seguridad contra la criminalidad y el delito de la extorsión, mismos que después de su vencimientos han sido prorrogados en once ocasiones; y que según datos oficiales continua manifestado la parte recurrente no han podido cumplir su cometido de la reducción significativa de la criminalidad y el delito de la extorsión, el cual según la percepción generalizada va en aumento, a diario los noticieros y diarios locales reportan la ejecución de crímenes, atentados y cierre temporal o definitivo de negocios y empresa, así como el cobro de extorsión, del mismo modo ha aumentado las denuncias de abusos de la autoridad de parte de los órganos de seguridad del Estado y violaciones a los derechos humanos en perjuicio de la sociedad hondureña; mismos que constituyen actuaciones ejecutadas por entidades de la Administración Pública, que en todo caso sería susceptible de ser impugnada por la vía Contencioso-Administrativa, de cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley, razón por la cual, resulta procedente declarar inadmisible el recurso de amparo de que se hace mérito..."
Legislación citada
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de junio de dos mil veinticuatro. VISTO: El recurso de amparo interpuesto por los señores JORGE FERNANDO JIMENEZ REYES y DINA MEETABEL MEZA ELVIR, en su condición de PRESIDENTE DE JOPRODEH y DIRECTORA EJECUTIVA DE ASEPODEUH, respectivamente, contra los Decretos Ejecutivos No. PCM-29-2022, PCM-01-2023, PCM 15-2023, PCM 24-2023, PCM 33-2023, PCM 37-2023, PCM 42-2023, PCM 46-2023, PCM 06-2024, PCM 09-2024, emitidos por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS; para que se restituya el goce de las garantías constitucionales a la libertad y la asociación y de reunión, libertad de tránsito, prohibición de arresto o detención sin mandato escrito expedido por autoridad competente, prohibición de ser llevado a la cárcel en el caso de otorgar caución suficiente de conformidad con la ley, inviolabilidad del domicilio.CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la encargada de conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo. CONSIDERANDO: Que la misma ley establece que se entenderá por Administración Pública: a) El Poder Ejecutivo; y, b) Las entidades estatales, entendiéndose por éstas las Municipalidades y las Instituciones Autónomas. CONSIDERANDO: Que de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 30 de la misma ley, los actos de carácter general o disposiciones que dictare la Administración Pública podrán impugnarse directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, una vez que hayan entrado en vigencia en vía administrativa. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 8), es inadmisible el recurso de amparo cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa. CONSIDERANDO: Que el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. CONSIDERANDO: Que los recurrentes dirigen su acción de amparo contra los Decretos emitidos por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, que constituyen actos de carácter general, decretos que según la Presidenta de la Republica forma parte de una estrategia de seguridad contra la criminalidad y el delito de la extorsión, mismos que después de su vencimientos han sido prorrogados en once ocasiones; y que según datos oficiales continua manifestado la parte recurrente no han podido cumplir su cometido de la reducción significativa de la criminalidad y el delito de la extorsión, el cual según la percepción generalizada va en aumento, a diario los noticieros y diarios locales reportan la ejecución de crímenes, atentados y cierre temporal o definitivo de negocios y empresa, así como el cobro de extorsión, del mismo modo ha aumentado las denuncias de abusos de la autoridad de parte de los órganos de seguridad del Estado y violaciones a los derechos humanos en perjuicio de la sociedad hondureña; mismos que constituyen actuaciones ejecutadas por entidades de la Administración Pública, que en todo caso sería susceptible de ser impugnada por la vía Contencioso-Administrativa, de cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley, razón por la cual, resulta procedente declarar inadmisible el recurso de amparo de que se hace mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 8), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por los señores JORGE FERNANDO JIMENEZ REYES y DINA MEETABEL MEZA ELVIR, en su condición de PRESIDENTE DE JOPRODEH y DIRECTORA EJECUTIVA DE ASEPODEUH, respectivamente, contra los Decretos Ejecutivos No. PCM-29-2022, PCM-01-2023, PCM 15-2023, PCM 24-2023, PCM 33-2023, PCM 37-2023, PCM 42-2023, PCM 46-2023, PCM 06-2024, PCM 09-2024, emitidos por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se le de inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro, certificación de la Resolución de fecha siete de junio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0516-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL