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Sentencia AA-375-17 — Registro 9848

Resumen

con relación a las Defensas previas alegadas en la Demanda Ordinaria para que se declare la Nulidad e Ilegalidad por no ser conforme a Derecho, de un acto administrativo de carácter particular emitido por el Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de inadmisibilidad del recurso de amparo, en consecuencia las diligencias deben ser sobreseídas, como en efecto lo ha hecho la Corte de Apelaciones en la sentencia que se revisa, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)….. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisión...”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…" Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de inadmisibilidad del recurso de amparo, en consecuencia las diligencias deben ser sobreseídas, como en efecto lo ha hecho la Corte de Apelaciones en la sentencia que se revisa, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)….. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisión...”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de junio del año dos mil dieciocho.-VISTO: En consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TEGUCIGALPA, en fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), que SOBRESEE la acción de amparo interpuesta por la Abogada ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA, a favor del PODER JUDICIAL, contra el Auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil quince (2015), con relación a las Defensas previas alegadas en la Demanda Ordinaria para que se declare la Nulidad e Ilegalidad por no ser conforme a Derecho, de un acto administrativo de carácter particular, emitido por el Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, promovida por el Abogado Cristian Gerardo medina Sevilla, en su condición de Representante Procesal de la señora VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN contra el PODER JUDICIAL DE HONDURAS, por acciones del CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL.- Manifestando la recurrente que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES : 1) Que en fecha doce (12) de agosto del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, el Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, en su condición de Representante Procesal de la señora VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN, promoviendo Demanda Ordinaria para que se declaré la nulidad e ilegalidad por no ser conforme a derecho un acto administrativo de carácter particular emitido por el Poder Judicial, a través del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, contra el PODER JUDICIAL DE HONDURAS, por acciones del CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL. (Folios del 1 al 10 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).-2) Que en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado en referencia, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, alegando defensas previas en la demanda promovida por el Abogado CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA, por considerar que existen causales de inadmisibilidad como ser: 1) Que la demanda se hubiere presentado fuera de los plazos respectivos; 2) Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa, por ser un acto firme; y 3) Que se hubiere interpuesto por persona no legitimada. (Folios del 1 al 3 de la pieza de antecedentes de Defensas Previas).-3) Que en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil quince (2015), el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo emitió auto resolutivo en la Audiencia de Defensas Previas, mediante el cual resuelve: (Sic) “DESESTIMAN LAS CAUSAS DE INADMISIBILIDAD PLANTEADAS por la parte incidentista.- SOBRE LA DESESTIMACION DE LAS DEFENSAS PREVIAS NO CABE RECURSO ALGUNO….” (Folios del 623 al 627 de la pieza de antecedentes de Defensas Previas).- 4) Que en fecha Once (11) de noviembre del año dos mil quince (2015), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, la Abogada ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA, en su condición de Apoderada Legal del PODER JUDICIAL, interponiendo acción de amparo contra el Auto Resolutivo de Defensas Previas relacionado en el numeral que antecede, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, en fecha 16 de septiembre del año 2015, por considerar que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios del 1 al 4fv de la pieza de antecedentes de Amparo).-5) Que en fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), luego de efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dicto sentencia mediante la cual Falló: (Sic) “SOBRESEER EL AMPARO interpuesto por la Abogada ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS…” (Folios del 42 al 44fv de la Pieza de antecedentes de Amparo).-6) Que en fecha Diecisiete (17) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), este Alto Tribunal, recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo Administrativo venida en consulta, decidida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, interpuesta por la Abogada ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA, contra la resolución de fecha dieciséis de septiembre, del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que Desestima las Defensas Previas, promovidas por la parte demandada, en relación a la Demanda Ordinaria para que se declare la Nulidad e Ilegalidad por no ser conforme a Derecho, de un acto administrativo de carácter particular, emitido por el Poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial; promovida por el Abogado Cristian Gerardo medina Sevilla, en su condición de Representante Procesal de la señora VILMA HONDURAS RODRIGUEZ GUZMAN contra el PODER JUDICIAL DE HONDURAS, por acciones del CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DE LA CARRERA JUDICIAL.-CONSIDERANDO (2): Que la recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha dieciséis de septiembre del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, es violatoria de los derechos constitucionales de defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (3): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.-CONSIDERANDO (4): Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; asimismo la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en relación a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar el derecho de defensa, con el propósito de que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que esta condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es que la acción debe plantearse por vulneración a derechos y garantías reconocidos constitucionalmente o en tratados o convenciones internacionales, no así alegatos enfocados en cuestiones de mera legalidad, cuyo conocimiento y resolución corresponde a los tribunales de instancia.-CONSIDERANDO (5): Que el Ministerio Público por conducto de la Fiscal Elisa Patricia Amador emitió Dictamen en fecha cinco de febrero del año dos mil dieciséis, a través del cual concluye que es procedente la acción de amparo planteada; arguye la Fiscal del Ministerio Público que examinando la resolución que resuelve el escrito de reposición, se corrobora que la denegatoria del recurso de reposición presentado contra la decisión del Consejo de la Judicatura, se pronuncio el 07 de mayo del 2014, de la cual el apoderado de la supuesta afectada se notifico el 13 de junio del año 2014, por ello el termino en referencia, esto es el de 30 días hábiles debe conmutarse precisamente desde, de lo que deriva que la demanda fue presentada el 12 de agosto del año 2014, se produjo un evidente vencimiento del mismo, pues el plazo para presentar la demanda ya mencionada, expiró el 05 de Agosto del año 2014, demanda presentada entonces con aproximadamente 7 días de atraso, produciéndose así una innegable caducidad del término en referencia. (Folios del 21 al 25 de la pieza de antecedentes de Amparo) -CONSIDERANDO (6): Que vista la sentencia que se revisa, esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico plasmado en la misma, al observar que se ha respetado el debido proceso y el derecho de defensa, pues como ya lo ha referido esta Sala en reiteradas sentencias, el debido proceso implica una serie de derechos, mismos que se han observado en la tramitación del proceso traído en estudio, pues la recurrente ha tenido la oportunidad de concurrir a los tribunales de la República a efecto de exponer sus pretensiones en el caso concreto, de igual forma se le ha dado respuesta a sus peticiones en los plazos señalados en la ley, así mismo se ha hecho valer el principio de igualdad de partes, al recurrir a la interposición de los recursos que franquea la Ley, a efecto que tribunales de Alzada revisen las actuaciones de los órganos jurisdiccionales inferiros.-CONSIDERANDO (7): Que esta Sala estima, al igual que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la sentencia emitida en fecha diez de mayo del año dos mil diecisiete, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que es evidente que la recurrente plantea cuestiones de mera legalidad, cuyo conocimiento corresponde a los tribunales de instancia, ello porque su exposición se limita a reproducir los alegatos que desarrolló en la Audiencia de Defensas Previas, sin especificar, en que forma, el que las mismas hayan sido declaradas sin lugar lesiona o vulnera el derecho de defensa y debido proceso que invoca. - CONSIDERANDO (8): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de inadmisibilidad del recurso de amparo, en consecuencia las diligencias deben ser sobreseídas, como en efecto lo ha hecho la Corte de Apelaciones en la sentencia que se revisa, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)….. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisión.”.-CONSIDERANDO (9): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de mayo del año dos mil diecisiete, que por Unanimidad de Votos, falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Ada Griselda Montoya Guevara. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46.4, 48, 63, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de mayo del año dos mil diecisiete. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los tres (3) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha seis (6)de junio del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0375-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL