Sentencia AA-343-23 — Registro 19150
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra el Acuerdo No. SAR-014-2023 emitido por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) en fecha diez de enero dos mil veintitrés, consistente en la derogación del artículo 34 del Régimen de la Carrera de Empleados y funcionarios del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y sus reformas contenido en el acuerdo 003-2017 emitido por el director ejecutivo. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de sus representados, el derecho consagrado en el artículo 128 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (5): Que, el Artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional señala sobre la procedencia de la acción de amparo, procede contra las resoluciones, actos y hecho de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. Sin embargo, el mismo texto legal establece en su artículo 46 sobre la inadmisibilidad de la acción. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”.CONSIDERANDO (6): Que del estudio y análisis del acto administrativo pronunciado, se deduce la falta de cumplimiento por parte del recurrente al principio de definitividad al que debe prestar atención previo a la interposición de un recurso extraordinario de amparo, más aún cuando se tienen expeditos los recursos administrativos que le franquea la ley contra decisiones administrativas que le rechacen su petitorio en vía administrativa, lo que legitimaría iniciar la vía judicial ante los Tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Y siendo que no obra en los antecedentes estudiados que se haya impugnado tal decisión administrativa como requisito previo a comparecer ante la justicia constitucional, se vuelve inadmisible de pleno derecho la presente acción, resultando procedente para este Alto tribunal de Justicia Constitucional sobreseer la presente demanda de amparo.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 Numeral 8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. – Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Pablo Emilio Reyes Theodore, exponiendo el peticionario que recurre a favor de los señores Ana Carolina Rivera Zuniga, Jairo Osmin Matamoros Romero, Lesly Melissa Torres Valladares, Dennis Mauricio Molina Lupiac, Alex Reinaldo Baquis Corea, Luis Miguel Colindres Mejía, Maribel Janeth Izaguirre Valladares y Otros, contra el Acuerdo No. SAR-014-2023 emitido por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) en fecha diez de enero dos mil veintitrés, consistente en la derogación del artículo 34 del Régimen de la Carrera de Empleados y funcionarios del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y sus reformas contenido en el acuerdo 003-2017 emitido por el director ejecutivo Marlon David Ochoa Martínez. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de sus representados, el derecho consagrado en el artículo 128 de la Constitución de la República. 1) Que en fecha veinte DE marzo de dos mil veintitrés, compareció ante esta Sala, el Abogado Pablo Emilio Reyes Theodore, exponiendo el peticionario que recurre a favor de los señores Ana Carolina Rivera Zuniga, Jairo Osmin Matamoros Romero, Lesly Melissa Torres Valladares, Dennis Mauricio Molina Lupiac, Alex Reinaldo Baquis Corea, Luis Miguel Colindres Mejía, Maribel Janeth Izaguirre Valladares y Otros, contra el Acuerdo No. SAR-014-2023 emitido por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) en fecha diez de enero dos mil veintitrés, consistente en la derogación del artículo 34 del Régimen de la Carrera de Empleados y Funcionarios del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y sus reformas contenido en el acuerdo 003-2017 emitido por el director ejecutivo Marlon David Ochoa Martínez, tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. 2) Que en fecha dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este alto Tribunal, admitió sin suspensión del acto reclamado el recurso de amparo interpuesto por el Abogado Pablo Emilio Reyes Theodore, a favor de los señores Ana Carolina Rivera Zuniga, Jairo Osmin Matamoros Romero, Lesly Melissa Torres Valladares, Dennis Mauricio Molina Lupiac, Alex Reinaldo Baquis Corea, Luis Miguel Colindres Mejía, Maribel Janeth Izaguirre Valladares y Otros, asimismo, dispuso librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del término de dos (2) días hábiles remita los antecedentes del caso. 3) En fecha veintidós de junio de dos mil veintitrés, esta sala tuvo por recibido el informe remitido por la autoridad recurrida. 4) Que en fecha veintiséis de julio de dos mil veintitrés, Remitidos y estudiados que fueron los antecedentes, concédase vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalice su petición por escrito. 5) En fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por admitido el escrito presentado por el Abogado Pablo Emilio Reyes Theodore, teniéndose por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenándose dar vista de los antecedentes al fiscal por el término de cuarenta y ocho horas (48) para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 81 del recurso de mérito) 6) Esta Sala, en fecha siete de noviembre de dos mil veintitrés, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Que de la interposición del recurso se desprende que el Amparista acude a esta instancia aduciendo la violación a las garantías constitucionales contenidas en los artículo 59, 80, 82, 90, 128 y 321 de la Constitución de la República; 26 y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículo 1 de la Convención Sobre la Protección del Salario 1949 y artículo 1 del Convenio sobre Igualdad de Remuneración 1951; por considerar que la derogación del artículo 34 del Régimen de la Carrera de Empleados y Funcionarios del Servicio de Administración de Rentas (SAR), es una evidente violación a los derechos y garantías laborales de todos los Empleados y Funcionarios del Servicio de Administración de Rentas (SAR). En base a ello refiere el recurrente que el ACUERDO N.º SAR-003-2017, contentivo del Régimen de la Carrera de Empleados y Funcionarios del Servicio de Administración de Rentas (SAR), establecía en el Capítulo X, referente a las REMUNERACIONES, que los servidores o funcionarios además de recibir su salario, podrán gozar de beneficios competitivos como mecanismo de estímulo tomando en cuenta el grado de responsabilidad exigida y la complejidad del cargo, y específicamente en el artículo 34 derogado refería "El SAR podrá otorgar a sus servidores y funcionarios hasta un máximo de un salario ordinario en concepto de bono por cumplimiento de metas de recaudación. Los términos, condiciones y forma de otorgar el bono lo determinaran la máxima autoridad de la Institución y estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de la misma"; constituyendo esto para sus representados un derecho adquirido y una violación directa al derecho que legalmente les asiste y negándole así el derecho de defensa. Sobre el particular, esta representación fiscal aprecia que no consta en autos que el recurrente haya impugnado el NSAR-014-2023, alegando las supuestas infracciones y agotado la vía jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, por ser estos de carácter particular y general de la Administración Pública, ya que de conformidad con el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con relación al 13 y 30 de la referida ley, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública; de lo cual se colige que en atención a la literalidad de estas norma, más allá de la interposición del recurso extraordinario de amparo como acontece en el caso examinado, debía acudir a esta instancia interponiendo las acciones legales en la vía Contencioso Administrativo, tal como lo prescribe el literal ch) del Artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, como jurisdicción competente de conocer de todas las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general, de la administración pública sujetos al derecho administrativo, en consecuencia, se aprecia que en la presente causa concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el en el artículo 46 numeral (8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por tener expeditos recursos o acciones legales en la vía contencioso administrativo. III.- OPINIÓN: Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE SOBRESEAN las presentes diligencias, en virtud de concurrir la que causal de inadmisibilidad prevista en la Ley Sobre Justicia Constitucional, antes relacionada.” CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que, del estudio y análisis de los documentos que conforman la interposición de la acción de amparo y sus antecedentes, en fecha 21 de septiembre del 2023 el recurrente abogado Pablo Emilio Reyes Theodore quien actúa a favor de los señores Ana Carolina Rivera Zuniga, Jairo Osmin Matamoros Romero y otros en la formalización de la misma, expone que el acto contra el cual reclama es el Acuerdo Número SAR-544-2022 de fecha 30 de diciembre del 2022 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 18 de enero del 2023 mediante el cual se acuerda derogar el artículo 34 del Régimen de la Carrera de Empleados y Funcionarios del Servicio d Administración de Rentas (SAR) y sus reformas contenido en el Acuerdo 003-2017 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 18 de marzo del 2017. Que el articulo 34 derogado textualmente expresaba “El SAR podrá otorgar a sus servidores y funcionarios hasta un máximo de un salario ordinario en concepto de bono por cumplimiento de metas de recaudación. Los términos, condiciones y forma de otorgar el bono lo determinarán la máxima autoridad de la institución y estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de la misma”. CONSIDERANDO (3): Que, el recurrente en acción de amparo a favor de sus representados estima que el Acuerdo No Acuerdo Número SAR-544-2022 de fecha 30 de diciembre del 2022 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 18 de enero del 2023, emitido por el director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas (SAR), vulnera las garantías constitucionales contenidas en los artículos 59, 80, 82, 128 y 321 de la Constitución de la República, 26 y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos, articulo 1 de la Convención Sobre Protección del Salario de 1949 y artículo 1 del Convenio de Sobre Igualdad de Remuneración de 1951, por considerar que la derogación del artículo 34 del Régimen de la Carrera de Empleados y Funcionarios del Servicio de Administración de Rentas (SAR), evidencia violación a los derechos y garantías laborales de los empleados y funcionarios de la SAR, pues en el Acuerdo No. SAR 003-2017, contentivo del Régimen de la Carrera establecía en el Capítulo X, referente a remuneraciones, que los servidores o funcionarios además de recibir su salario, podrán gozar de beneficios competitivos como mecanismo de estímulo tomando en cuenta el grado de responsabilidad exigida y la complejidad del cargo y específicamente en el artículo 34 derogado se constituía para sus representados en un derecho legalmente adquirido y una violación que legalmente les asiste y negándose así el derecho de defensa. CONSIDERANDO (4): Que revisados de manera exhaustiva los antecedentes que conforman el reclamo ante esta Sala de lo Constitucional y específicamente el Acuerdo No.544-2022 de fecha 30 de diciembre del 2022 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 18 de enero del 2023, emitido por el director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas (SAR), observa esta Sala de lo Constitucional que la parte quejosa no impugnó el acto hoy en reclamo ante la vía jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo al tratarse de un acto de carácter particular y general de la Administración Pública, tal como lo establece el artículo 1 de dicha ley en relación al 13 y 30 del mismo cuerpo legal; por tanto, previo a la interposición de este recurso extraordinario debió acudir tal como lo prescribe el articulo 3 literal ch) de la citada Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso por estar sujeto dicho acto al derecho administrativo, es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la administración pública, es decir, no ha concluido el procedimiento en la vía señalada para concurrir ante esta Sala de lo Constitucional, tal como lo prescribe el articulo 1 y 2 de la citada ley. CONSIDERANDO (5): Que, el Artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional señala sobre la procedencia de la acción de amparo, procede contra las resoluciones, actos y hecho de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. Sin embargo, el mismo texto legal establece en su artículo 46 sobre la inadmisibilidad de la acción. Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad”.CONSIDERANDO (6): Que del estudio y análisis del acto administrativo pronunciado, se deduce la falta de cumplimiento por parte del recurrente al principio de definitividad al que debe prestar atención previo a la interposición de un recurso extraordinario de amparo, más aún cuando se tienen expeditos los recursos administrativos que le franquea la ley contra decisiones administrativas que le rechacen su petitorio en vía administrativa, lo que legitimaría iniciar la vía judicial ante los Tribunales de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Y siendo que no obra en los antecedentes estudiados que se haya impugnado tal decisión administrativa como requisito previo a comparecer ante la justicia constitucional, se vuelve inadmisible de pleno derecho la presente acción, resultando procedente para este Alto tribunal de Justicia Constitucional sobreseer la presente demanda de amparo, POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por unanimidad de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 46.8, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: Sobreseyendo la Acción de Amparo interpuesta por el abogado Pablo Emilio Reyes Theodore en favor de los señores Ana Carolina Rivera Zuniga, Jairo Osmin Matamoros Romero y Otros contra el Acuerdo Número SAR-544-2022 de fecha 30 de diciembre del 2022 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 18 de enero del 2023 emitido por el Director Ejecutivo de la del Servicio de Admiración de Rentas(SAR) mediante el cual se deroga el artículo 34 contenido en el Acuerdo SAR-003-2017 y que alega el recurrente como un derecho adquirido en favor de sus representados, Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado Wagner Vallecillo Paredes.-NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0343-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL