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Sentencia AA-292-19 — Registro 11380

Resumen

Resolución impugnada relacionada a acuerdo que establece medidas impuestas a recurrente y otros miembros de la institución policial referente a que aparecen en publicaciones de diarios nacionales e internacionales(Heraldo y New York Time) que mientras estos estén suspendidos, no podrán ejercer actos relacionados con la política partidista, ni obstruir funciones que le sean propias a los miembros y autoridades de la carrera policial, ni girar ninguna instrucción al respecto, posteriormente autoridad recurrida emitió otro Acuerdo donde se acordó revocar parcialmente el Acuerdo Número 0973-2016 antes mencionado y cancelar por reestructuración a impetrante, tomando en consideración Comunicado, emitido por la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(7): Que, de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que la acción constitucional de Amparo, es dirigida contra del Acuerdo no. 1691-2016, de fecha quince (15) de julio de dos mil dieciséis (2016), que revocó parcialmente el Acuerdo no. 973-2016, dictada por la misma Secretaría, en fecha veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016); con la que se procede a cancelar por reestructuración de la Policía Nacional, el nombramiento del Sub-comisario de policía JUAN FRANCISCO SOSA. Es decir que mediante Acuerdo No. 1691-2016 de fecha 15 de julio del 2016, se acordó: a) Revocar parcialmente el Acuerdo Número 0973-2016 de fecha 20 de abril del 2016 y b) Cancelar por reestructuración al Sub Comisario de Policía JUAN FRANCISCO SOSA, tomando en consideración el Comunicado No. 17 de fecha 15 de julio del 2016, emitido por la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, mismo que fue notificado en legal y debida forma al ex miembro policial JUAN FRANCISCO SOSA, en fecha veintidós de julio de dos mil dieciséis.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso.- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”- CONSIDERANDO OCHO (8): Que queda debidamente definido que las resoluciones recurridas vía amparo son un acto de la administración pública; y, cuando estos generen inconformidad a las partes por sus efectos lesivos, tienen expeditas las acciones y recursos contemplados en la ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; no obstante, siendo esta la naturaleza de la resolución, el recurrente omitió canalizar la solución de su conflicto o controversia a través de los recursos y acciones previstas para ese efecto en los cuerpos legales, provocando que el caso concreto en estudio encuadre en una causa de inadmisibilidad del amparo, que se configura en el Artículo 46 numerales 1, 6) y 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; más cuando se expresan criterios personales de desacuerdo o disconformidad con los actos reclamados, los que no consta hayan sido recurridos en la vía ordinaria o si ya se encuentran en el conocimiento de la jurisdicción; por lo que se consideran consentidos ordinaria, en donde se deberá definir su validez. Por lo anteriormente expuesto es procedente el SOBRESEIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS del Recurso de Amparo de mérito.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, al revisar los actos contra la cual se reclama, no aprecia aún conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado, solo existiendo una narración de hechos que no corresponden a esta Sala juzgar. Estando expedita la jurisdicción correspondiente para impugnar el acto; además que se alegaron violaciones de mera legalidad"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “Corte Suprema De Justicia.- Sala De Lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de febrero de dos mil veinte.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN FRANCISCO SOSA, a favor de SI MISMO, contra actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, relacionadas con la emisión del Acuerdo no. 1691-2016, de fecha quince (15) de julio de dos mil dieciséis (2016), que revocó parcialmente el Acuerdo no. 973-2016, dictada por la misma Secretaría, en fecha veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016); con la que se procede a cancelar por reestructuración de la Policía Nacional, el nombramiento del Sub-comisario de policía JUAN FRANCISCO SOSA. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en su perjuicio, los derechos consignados en los Artículos: 82, 89 y 90 de la Constitución de la República; 8, 11, 14, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8, 10, 11.1 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.- ANTECEDENTES.- 1) Que el Abogado JUAN FRANCISCO SOSA, compareció ante este Tribunal en fecha veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019), interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMO, contra la actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, relacionadas, según el recurrente, con la emisión del Acuerdo no. 1691-2016, de fecha quince (15) de julio de dos mil dieciséis (2016), que revocó parcialmente el Acuerdo no. 973-2016, dictada por la misma Secretaría, en fecha veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016); con la que se procede a cancelar por reestructuración de la Policía Nacional, el nombramiento del Sub-comisario de policía JUAN FRANCISCO SOSA; por considerar que la misma es violatoria de los derechos, dispuestos en los Artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República; 8, 11, 14, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8, 10, 11.1 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. (Folios 1–24 del presente Recurso)- 2) Que en fecha veintitrés (23) de abril de dos mil diecinueve (2019), de admitió el presente Recurso de Amparo, solicitando a la autoridad recurrida que rinda el respectivo informe, o remita sus antecedentes, dentro del término de dos (2) días hábiles, remitan los antecedentes del caso. (Folio 25 del presente Recurso)- 3) Que en fecha doce (12) de junio de dos mil diecinueve (2019), la Sala tiene por recibido el informe solicitado a la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, en el cual se establece “1. Que efectivamente se emitió el Acuerdo Número 0973-2016 de fecha 20 de abril del 2016, mediante el cual se suspende dentro de la organización y estructura de la Policía Nacional con goce de sueldo, a miembros policiales que aparecen en la publicaciones del Diario El Heraldo del 18 de abril del 2016, así como en el Diario Estadunidense The New York Time, encontrándose entre ellos el Sub Comisario de Policía JUAN FRANCISCO SOSA, quien fue notificado en legal y debida forma. 2. Dentro del referido Acuerdo se establece que mientras están suspendidos, no podrán ejercer actos relacionados con la política partidista, ni obstruir funciones que le sean propias a los miembros y autoridades de la carrera policial, ni girar ninguna instrucción al respecto. 3. Que mediante Acuerdo No. 1691-2016 de fecha 15 de julio del 2016, se acordó: a) Revocar parcialmente el Acuerdo Número 0973-2016 de fecha 20 de abril del 2016 y b) Cancelar por reestructuración al Sub Comisario de Policía JUAN FRANCISCO SOSA, tomando en consideración el Comunicado No. 17 de fecha 15 de julio del 2016, emitido por la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, mismo que fue notificado en legal y debida forma al ex miembro policial JUAN FRANCISCO SOSA. 4. …”. Asimismo, se declara SIN LUGAR la solicitud de suspensión del acto reclamado. (Folios 28–60 del presente Recurso)- 4) Que en fecha veintinueve (29) de julio de dos mil diecinueve (2019), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el Recurso de Amparo de mérito, y ordeno dar vista de los autos al Fiscal del Despacho, a fin de que emita su dictamen sobre el presente Recurso. (Folio 74 del presente Recurso)- 5) Que en fecha dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que se debe rechazar de plano y SOBRESEER LAS DILIGENCIAS con los correspondientes efectos legales, pues en el expediente consta la causa de inadmisibilidad antes descrita.” (Folios 77–84 del presente Recurso)- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado JUAN FRANCISCO SOSA, a favor de SI MISMO, se dirige contra actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, relacionadas con la emisión del Acuerdo no. 1691-2016, de fecha quince (15) de julio de dos mil dieciséis (2016), que revocó parcialmente el Acuerdo no. 973-2016, dictada por la misma Secretaría, en fecha veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016); con la que se procede a cancelar por reestructuración de la Policía Nacional, el nombramiento del Sub-comisario de policía JUAN FRANCISCO SOSA.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente aduce, en sus escritos de interposición y de formalización del Recurso de Amparo, que el concepto de la violación que se ha cometido radica principalmente a su derecho de defensa, a su presunción de inocencia; el debido proceso, al no dársele la oportunidad de poder interponer la demanda en lo contencioso administrativo. Se le están violentando todas las garantías constitucionales y dejándolo en total indefensión y un eminente estado de peligro y vulnerabilidad.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que se debe rechazar de plano y SOBRESEER LAS DILIGENCIAS con los correspondientes efectos legales, pues en el expediente consta la causa de inadmisibilidad antes descrita.” Siendo que, el ahora amparista tenía expedita las acciones legales ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a efecto de impugnar dicho acuerdo de cancelación; y, poder así hacer efectivo los derechos que considera infringidos.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos de la Administración Pública están en la obligación de motivar sus resoluciones administrativas y en el caso de la Policía Nacional de Honduras, que como lo establece su Ley Orgánica, está integrada a la Administración Pública y dirigida por el Presidente de la República, quien ejerce su coordinación y administración por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, conforme lo establece los Artículos del 22 al 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; y la motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, como ya se dijo los hechos antecedentes y fundamentos de derecho.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que, de la revisión de la foliada de mérito, encontramos, que la acción constitucional de Amparo, es dirigida contra del Acuerdo no. 1691-2016, de fecha quince (15) de julio de dos mil dieciséis (2016), que revocó parcialmente el Acuerdo no. 973-2016, dictada por la misma Secretaría, en fecha veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016); con la que se procede a cancelar por reestructuración de la Policía Nacional, el nombramiento del Sub-comisario de policía JUAN FRANCISCO SOSA. Es decir que mediante Acuerdo No. 1691-2016 de fecha 15 de julio del 2016, se acordó: a) Revocar parcialmente el Acuerdo Número 0973-2016 de fecha 20 de abril del 2016 y b) Cancelar por reestructuración al Sub Comisario de Policía JUAN FRANCISCO SOSA, tomando en consideración el Comunicado No. 17 de fecha 15 de julio del 2016, emitido por la Comisión Especial para el proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional, mismo que fue notificado en legal y debida forma al ex miembro policial JUAN FRANCISCO SOSA, en fecha veintidós de julio de dos mil dieciséis.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2) Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 3) Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consentidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspondientes; 4) Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el Artículo 48; 5) Contra los actos consumados de modo irreparable; 6) Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 7) En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal; 8) Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; y, 9) Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso.- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”- CONSIDERANDO OCHO (8): Que queda debidamente definido que las resoluciones recurridas vía amparo son un acto de la administración pública; y, cuando estos generen inconformidad a las partes por sus efectos lesivos, tienen expeditas las acciones y recursos contemplados en la ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; no obstante, siendo esta la naturaleza de la resolución, el recurrente omitió canalizar la solución de su conflicto o controversia a través de los recursos y acciones previstas para ese efecto en los cuerpos legales, provocando que el caso concreto en estudio encuadre en una causa de inadmisibilidad del amparo, que se configura en el Artículo 46 numerales 1, 6) y 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; más cuando se expresan criterios personales de desacuerdo o disconformidad con los actos reclamados, los que no consta hayan sido recurridos en la vía ordinaria o si ya se encuentran en el conocimiento de la jurisdicción; por lo que se consideran consentidos ordinaria, en donde se deberá definir su validez. Por lo anteriormente expuesto es procedente el SOBRESEIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS del Recurso de Amparo de mérito.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a las personas, en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, al revisar los actos contra la cual se reclama, no aprecia aún conculcación a derecho fundamental alguno, ni para la parte recurrente, ni para algún tercero que fuera afectado, solo existiendo una narración de hechos que no corresponden a esta Sala juzgar. Estando expedita la jurisdicción correspondiente para impugnar el acto; además que se alegaron violaciones de mera legalidad.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD de votos, oído el parecer del Fiscal, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 64, 90, párrafo primero, 129, 183 numeral 2, 303, 304, 313 No. 5 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5 y 137 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 63 y 119 de la Ley sobre justicia constitucional, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, FALLA: SOBRESEYENDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ZELAYA. - NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA, MAGISTRADA PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de noviembre de dos mil veinte.- VISTA: Para resolver la solicitud de aclaración de la sentencia, dictada por este Alto Tribunal; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha cinco de febrero de dos mil veinte, que resuelve sobreseer dentro del trámite el Recurso de Amparo interpuesto, contra actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, relacionadas con la emisión del Acuerdo no. 1691-2016, de fecha quince (15) de julio de dos mil dieciséis (2016), que revocó parcialmente el Acuerdo no. 973-2016, dictada por la misma Secretaría, en fecha veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016); con la que se procede a cancelar por reestructuración de la Policía Nacional, el nombramiento del Sub-comisario de policía JUAN FRANCISCO SOSA.- CONSIDERANDO UNO (1): Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que el Abogado JUAN FRANCISCO SOSA, actuando en su condición antes referida, en veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019), compareció ante este Tribunal reclamando amparo a su favor. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, dictó sentencia en fecha cinco de febrero de dos mil veinte, mediante la cual fallo denegando el recurso de amparo de mérito.- CONSIDERANDO DOS (2): Que el recurrente, Abogado JUAN FRANCISCO SOSA, en fecha dieciséis de noviembre de dos mil veinte, solicita se proceda a brindar la correspondiente aclaración de la sentencia supra indicada, específicamente el “CONSIDERANDO NUEVE (9), para verificar si le están dando expedita la vía de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, para impugnar el Acuerdo No.1691-2016 de fecha 15 de julio de 2016.- CONSIDERANDO TRES(3): Que esta Sala de lo Constitucional estima que es claro el “CONSIDERANDO NUEVE (9)” cuando señala de manera resumida, el fundamento del porque esta Sala delo Constitucional procede al sobreseimiento del Amparo solicitado. Ya que como lo señala el “CONSIDERANDO OCHO (8)” acto del cual se solicitó amparo “… son un acto de la administración pública; y, cuando estos generen inconformidad a las partes por sus efectos lesivos, tienen expeditas las acciones y recursos contemplados en la ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; no obstante, siendo esta la naturaleza de la resolución, el recurrente omitió canalizar la solución de su conflicto o controversia a través de los recursos y acciones previstas para ese efecto en los cuerpos legales, provocando que el caso concreto en estudio encuadre en una causa de inadmisibilidad del amparo.” Por lo tanto, no se esta otorgando una vía para impugnar los actos referidos.- POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2 y 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE 1) Admitir el escrito de aclaración de sentencia presentado por Abogado JUAN FRANCISCO SOSA. 2) Tener por aclarada la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha cinco de febrero de dos mil veinte, que resuelve sobreseer dentro del trámite el Recurso de Amparo interpuesto, contra actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, relacionadas con la emisión del Acuerdo no. 1691-2016, de fecha quince (15) de julio de dos mil dieciséis (2016), que revocó parcialmente el Acuerdo no. 973-2016, dictada por la misma Secretaría, en fecha veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016); con la que se procede a cancelar por reestructuración de la Policía Nacional, el nombramiento del Sub-comisario de policía JUAN FRANCISCO SOSA. Y MANDA: Que una vez notificada la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. -NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Y a solicitud del abogado JUAN FRANCISCO SOSA, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), certificación de la Sentencia de fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veinte (2020) y la Resolución de fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020) respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Administrativo, registrado en este Tribunal bajo el número 0292-2019.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL