Sentencia AA-273-21 — Registro 18280
Resumen
En consulta las diligencias que contienen la sentencia que Sobreseyó el Recurso de Amparo contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con relación a la “demanda para que se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo de carácter particular emitido por la Corte Suprema de Justicia a través del Consejo de la Carrera Judicial y por consiguiente se declare la nulidad del acto administrativo que se impugna…”. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los Artículos 64, 82 y 183 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “Para contrarrestar la pretensión relacionada, el Procurador Judicial en Representación del Estado de Honduras, el trece (13) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, presentando en tiempo y forma escrito de defensas previas, como remedio judicial para intentar corregir la admisibilidad de la demanda interpuesta, sin embargo, el catorce (14) de enero de dos mil veinte (2020), dicho juzgado resolvió desestimar las Defensas Previas, por considerar que la demanda incoada sí reúne todos los requisitos de admisibilidad establecidos en el Artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, consecuentemente se ordena continuar con el trámite correspondiente y entrar al fondo el juicio. CONSIDERANDO SEIS (6): El derecho al debido proceso, como desarrollo del principio de legalidad y como pilar primordial del ejercicio de las funciones públicas, es un derecho fundamental que tiene por objeto la preservación y efectiva realización de la justicia material. Este derecho, ha sido ampliamente reconocido como un límite al ejercicio, in genere, de los poderes públicos; esto, pues tal y como lo preceptúa la Constitución Política, debe ser respetado indistintamente, tanto en las actuaciones administrativas, como en las de carácter jurisdiccional. Para garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva, los Estados se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del del debido proceso legal (art. 8.1 de la Convención), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mimos Estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos, a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (art. 1 de la Convención). En ese sentido, se considera por esta Sala que, para realizar la obligación de interponer los recursos internos en observancia del debido proceso legal, el peticionario esta obligación de observar también los recursos disponibles en el sistema judicial, hacer sus reclamaciones de conformidad con la ley aplicable al caso concreto, porque sería un contrasentido que para salvaguardar un derecho denunciado como vulnerado se deje de lado el debido proceso y en particular las reglas de competencia que tiene circunscritas cada órgano jurisdiccional. CONSIDERANDO SIETE (7): Tomando en cuenta lo anterior, la Sala determina que la habilitación judicial por la vía de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo resulta contraria al debido proceso, en razón de que se soslaya que la única posibilidad que tenía la parte para transitar por las sendas procedimentales permitidas por el sistema jurídico vigente era la de presentar una acción de constitucionalidad de amparo contra la decisión del Consejo de la Carrera Judicial que decidió su cancelación. Renunciar a ese camino jurídico franqueado, provocó que la parte utilizara una alternativa procedimental inadecuada. La competencia es un asunto que está ligado al debido proceso, ya que el Artículo 90 de la Constitución de la República estima que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. En consecuencia, es preciso reiterar que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no tiene posibilidad procesal para actuar como juez natural competente para conocer de la cancelación confirmada por el Consejo de la Carrera Judicial contra el servidor Edgardo Alceste Menardi Marconi como Juez de Letras Penal de la Jurisdicción de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, puesto que la única competencia que posee la jurisdicción de lo contencioso administrativo para entrar a conocer asuntos laborales relacionados a la Ley de la Carrera Judicial, es cuando se suscita según el Artículo 3 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo, el cual establece que será competente para conocer: “La ejecución de las resoluciones que se adopten en la aplicación de la Ley de la Carrera Judicial y que tengan por objeto reintegros o el pago de indemnizaciones”. Lo que significa que aquellas resoluciones que reconozcan derechos para el impugnante ante el Consejo de la Carrera Judicial, y que no se ejecuten por la autoridad administrativa correspondiente, podrán ser demandadas su ejecución de dar y hacer ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siendo esta la correcta interpretación sobre el alcance y significado de dicho literal. Sin embargo, no tiene competencia para conocer sobre aspectos que vayan más allá de los franqueados por la propia Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues la que facultaba esta jurisdicción era la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial la cual fue abrogada y por tanto es inaplicable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que, en virtud de los razonamientos antes señalados, el estudio y análisis de los antecedentes, se ha detectado una clara vulneración al derecho de defensa procesal, como consecuencia la vulneración al debido proceso adjetivo, llevado a cabo por el Juez A-quo, debiendo otorgarse la acción de amparo para preservar los derechos conculcados y sobre todo para no desnaturalizar la esencia misma del procedimiento garantista. En consecuencia, es procedente revocar la sentencia venida en consulta y otorgar la garantía de amparo interpuesta.”
Legislación citada
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 43 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. En Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de junio del año dos mil veinticuatro. VISTO: En consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que Sobreseyó el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Clarissa Cruz Colindres, a favor del Poder Judicial, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha catorce (14) de enero de dos mil veinte (2020), con relación a la “DEMANDA PARA QUE SE DECLARE NO SER CONFORME A DERECHO UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR EMITIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA A TRAVÉS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL Y POR CONSIGUIENTE SE DECLARE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE IMPUGNA…”, promovida por el Servidor Judicial, Abogado Edgardo Alceste Menardi Marconi, a favor de sí mismo, contra el Estado de Honduras a través del Poder Judicial. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han vulnerado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los Artículos 64, 82 y 183 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1. El trece (13) de febrero del año dos mil doce (2012), el servidor judicial Edgardo Alceste Menardi, presentó ante la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, nota de renuncia exponiendo el motivo por el cual renunciaba al Poder Judicial y que a partir de la fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil doce (2012), se daba por renunciado irrevocablemente. (Folio 20 del tomo I de la pieza del A-quo). 2. No obstante lo anterior, el veintisiete (27) de enero del dos mil doce (2012), es decir, quince (15) días antes de la presentación de la Nota de Renuncia, la Presidencia del Poder Judicial emitió Acuerdo de Cancelación al Servidor Judicial Edgardo Alceste Menardi, acto administrativo que se identifica como Acuerdo de Cancelación 137 y fue notificado mediante oficio No. 397-SCSJ-2012 del siete (7) de febrero de dos mil doce (2012), mediante el cual se destituye al Servidor Judicial del cargo de Juez de Letras de lo Penal de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. Este procedimiento fue registrado bajo el número 087-CCJ-2017. (Folios 21-22 del tomo I de la pieza del A-quo). 3. El cinco (5) marzo del dos mil doce (2012), el Servidor Judicial cancelado impugnó el acuerdo de despido No. 137 ante el Consejo de la Carrera Judicial, bajo el número 087-CCJ-2017 y este fue declarado Sin Lugar mediante resolución de fecha veintiocho (28) de junio del dos mil dieciocho (2018). El pleno del Consejo de la Carrera Judicial, una vez realizada toda la investigación respectiva por parte de la Inspectoría de Tribunales y la Administración de Personal y de la Carrera Judicial del Poder Judicial, resolvió frente a la impugnación declarar “PRIMERO: SIN LUGAR el reclamo presentado por el Servidor Judicial Abogado EDGARDO ALCESTE MENARDI MARCONI impugnando el acuerdo de su Despido número 137 de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil doce (2012). SEGUNDO: CONFIRMAR la sanción de DESTITUCIÓN impuesta al ABOGADO EDGARDO ALCESTE MENARDI MARCONI como Juez de Letras Penal de la Jurisdicción de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, sin responsabilidad Institucional. TERCERO: A la presente RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA de conformidad con el Artículo 31 del Reglamento Interno del Consejo de La Carrera Judicial no le procede recurso alguno. Y MANDA 1) Que se notifique personalmente la presente resolución a las partes, y de no ser posible que la Secretaría del Consejo lo haga a través de la Tabla de Avisos. 2) Que una vez firme esta resolución se libre atento oficio con la Certificación de estilo a la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial y a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, para los efectos legales correspondientes, y se proceda al archivo de las presentes diligencias.” La resolución fue notificada el diez (10) de agosto del dos mil dieciocho (2018). (Folios 169-171 del tomo I Y Folios 332-336 del tomo II de la pieza del A-quo). 4. En fecha (23) veintitrés de agosto del año dos mil dieciocho (2018), el Servidor Judicial cancelado a través de su Representante Procesal, interpone ante el Consejo de la Carrera Judicial, recurso de reposición contra la Resolución Definitiva dictada por el Consejo de la Carrera Judicial, el que fue declarado Sin Lugar el diecisiete (17) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). En el CONSIDERANDO (2) de esta se establece que según el artículo 31 párrafo segundo del Reglamento Interno del Consejo de la Carrera Judicial: “Contra las Resoluciones Definitivas que emita el Consejo, no cabrá recurso alguno, ordinario ni extraordinario.”. (Folios 341-351 del tomo II de la pieza del A-quo), resolución que fue notificada el treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018) (f. 123 f. 132 Tomo I). 5. El diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), el Servidor Judicial cancelado, acudió a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, específicamente ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, y presentó a favor de SÍ MISMO, Demanda en expediente 0501-2018-00034-LAO, la que condensa en su suma lo siguiente "SE PROMUEVE DEMANDA PARA QUE SE DECLARE NO SER CONFORME A DERECHO UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR EMITIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA A TRAVÉS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL Y POR CONSIGUIENTE SE DECLARE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE IMPUGNA Y DEL ACUERDO DE DESTITUCIÓN NÚMERO 137, POR CONCURRIR INFRACCIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y HABERSE DICTADO PRESCINDIENDO TOTAL Y ABSOLUTAMENTE DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO CON EVIDENTE EXCESO DE PODER.", contra el Estado de Honduras a través del Poder Judicial. (Folios 360-369 del tomo II de la pieza del A-quo). 6) El trece (13) de noviembre del dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Procurador Judicial en Representación del Estado de Honduras, presenta escrito en donde “SE ALEGAN EN TIEMPO Y FORMA DEFENSAS PREVIAS…” y argumenta algunas causas de inadmisibilidad de la demanda presentada por el demandante, “PRIMERO: QUE TUVIERE POR OBJETO ACTOS NO SUCEPTIBLES DE IMPUGNACIÓN MEDIANTE LA ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA” artículo 80 numeral c), relacionado con el 31 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y Artículo 26 del Reglamento Interno del Consejo de la Carrera Judicial. “SEGUNDO: QUE LA DEMANDA SE HUBIERE PRESENTADO FUERA DE LOS PLAZO RESPECTIVOS” con fundamento en los artículos 46 y 111 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. “TERCERO: QUE EL ESCRITO DE DEMANDA ADOLECIERE DE DEFECTOS FORMALES QUE IMPIDAN VERTER PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.”, Articulo 80 numeral e) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso (Folios 2-5 del expediente del Defensas Previas). 7) El catorce (14) de enero de dos mil veinte (2020), el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, resolvió desestimar las defensas previas promovidas, mediante auto de fecha catorce (14) de enero de dos mil veinte (2020), que literalmente dice: “…entonces efectivamente se puede concluir que no existe una causa de inadmisibilidad en esta demanda, si se trata de una acto susceptible de impugnación pues no nos encontramos ante un acto firme o consentido, sí ha sido interpuesta la demanda dentro del plazo estipulado, pues previo a interponer la demanda se dio cumplimiento a lo exigido en el Artículo 26 del reglamento interno del Consejo de la Carrera Judicial, y no existe un defecto que impida verter pronunciamiento sobre el fondo del asunto por lo ya indicado, que es el principio de formalismos moderado que rige esta rama del derecho y el principio de alternabilidad establecido en el Artículo 129 de la Carta Magna; entonces tomando en cuenta todo lo anterior se resuelve DESESTIMAR las Defensas Previas promovidas por el Abogado Javier Esaú Reyes en su condición de Procurador Judicial de la Procuraduría General de la República, por considerar que la demanda incoada sí reúne todos los requisitos de admisibilidad establecidos en el Artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, consecuentemente se ordena continuar con el trámite correspondiente y entrar al fondo el juicio en las fechas señaladas, le hago saber a la parte demandada que el Artículo 64 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es claro al indicar que contra la resolución que desestime las defensas previas no procederá recurso alguno.” Y llevándose a cabo audiencia de proceso abreviado en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés a los cuatro (4) días de febrero de dos mil veinte (2020) (Folios 13-20 vuelto del expediente de Defensas Previas). 7) Consecuentemente, el dieciséis (16) de marzo de dos mil veinte (2020), compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la Apoderada Legal Abogada del Poder Judicial, Abogada Clarissa Cruz Colindres, interponiendo recurso de amparo a favor del PODER JUDICIAL, contra la resolución referida en el numeral que precede, que desestima las defensas previas, decisión que, a criterio de la recurrente, es violatorio de lo dispuesto en los Artículos 64, 82 y 183 de la Constitución de la República. (Folios 1-9 de la pieza del A-quem). 8) La referida Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, dictó sentencia por mayoría de votos, en virtud de haber disentido la Magistrada Ibeth Albertina Benítez Erazo, en fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual falló: “SOBRESEER LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesta por la Abogada CLARISSA CRUZ COLINDRES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS a través del Poder Judicial de Honduras por actuaciones del Consejo de la Carrera Judicial, por haberse apreciado una causa de inadmisibilidad dentro del trámite.” (Folios 50-54 de la pieza del Ad-quem). 9) En fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTACIÓN CONSIDERANDO UNO (1): Que el control difuso de la Constitucionalidad que rige nuestro sistema judicial permite que los Tribunales de Justicia, conozcan de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5; en consecuencia, los órganos jurisdiccionales devienen obligados a conocer y tramitar los recursos de amparo que se presenten, a los efectos de garantía de la Tutela Judicial Efectiva. CONSIDERANDO DOS (2): La amparista argumenta en la relación de hechos de la acción de amparo, lo que considera el perjuicio que ocasiona la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, del catorce (14) de enero de dos mil veinte (2020), y estima que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, los que establecen: Artículo 82: "El derecho de defensa es inviolable..."; Artículo 90: "Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.". CONSIDERANDO TRES (3): La Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dictó sentencia de amparo por mayoría de votos, en virtud de haber disentido la Magistrada Ibeth Albertina Benítez Erazo, el veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual falló: “SOBRESEER LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesta por la Abogada CLARISSA CRUZ COLINDRES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS a través del Poder Judicial de Honduras por actuaciones del Consejo de la Carrera Judicial, por haberse apreciado una causa de inadmisibilidad dentro del trámite”. Sentencia que viene a consulta a esta Sala, razón suficiente para proceder al análisis de esta y de la documentación relacionada descrita en los antecedentes de este fallo. CONSIDERANDO CUATRO (4): La Sala observa que el origen de esta causa concreta es el Acuerdo de Cancelación al Servidor Judicial Edgardo Alceste Menardi Marconi, número 137 del veintisiete (27) de enero de dos mil doce (2012), emitido por la Presidencia del Poder Judicial, mismo que fue impugnado por el afectado ante el Consejo de la Carrera Judicial del Poder Judicial, quien resolvió declarar Sin Lugar la acción presentada mediante resolución de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018), por lo que la legislación aplicable para encontrar un cauce de solución al asunto en particular es la Ley de la Carrera Judicial y el Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial. Esta norma secundaria y reglamentaria determinan los presupuestos que regulan las relaciones laborales entre el Poder Judicial y los servidores que presten sus servicios a éste. El Reglamento expresa en su artículo 23 que “La función esencial del Consejo de la Carrera Judicial, será la de auxiliar a la Corte Suprema de Justicia en lo referente a la política de administración de personal y resolver, en su respectiva instancia, los conflictos que se presenten como resultado de la aplicación de la Ley de la Carrera Judicial y sus Reglamentos.”. En este caso, el Acuerdo de Cancelación fue impugnado y su sustanciación y resolución corresponde al Consejo de la Carrera Judicial, por lo tanto, también le es aplicable el Reglamento Interno del Consejo de la Carrera Judicial. A parte de estas normas, es de aclarar que de ninguna forma le es aplicable la Ley del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, puesto que el acto fue emitido por el Consejo de la Carrera Judicial, y no por el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, y ello lo releva en el ámbito de sus atribuciones y competencias. CONSIDERANDO CINCO (5): Aclarado lo anterior, de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento Interno del Consejo de la Carrera Judicial: "El Servidor Judicial afectado por una medida disciplinaria, por un despido o por un traslado deberá presentar ante el Consejo de la Carrera Judicial, por escrito, por si o por medio de apoderado su reclamación dentro del término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de la medida disciplinaria o del despido". Conforme a la documentación revisada y de acuerdo con el orden cronológico de los hechos, el servidor judicial cancelado procedió a hacer uso de dicha reclamación de la siguiente manera: i. En fecha siete (7) de febrero de dos mil doce (2012) (f. 21 Tomo I), se emitió acuerdo de cancelación sin responsabilidad institucional al Abogado Edgardo Alceste Menardi Marconi, en su condición de Juez de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; ii. La reclamación de dicho acuerdo de cancelación se realizó por el afectado ante el Consejo de la Carrera Judicial, en fecha cinco (5) marzo del dos mil doce (2012), contenida sus actuaciones bajo el expediente número 087-CCJ-2017; iii. La impugnación fue declarada Sin Lugar por el Consejo de la Carrera Judicial en fecha veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018), la misma establece entre otros extremos en una de sus partes resolutivas: “TERCERO: A la presente RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA de conformidad con el Artículo 31 del Reglamento Interno del Consejo de La Carrera Judicial no le procede recurso alguno. Y MANDA 1) Que se notifique personalmente la presente resolución a las partes, y de no ser posible que la Secretaría del Consejo lo haga a través de la Tabla de Avisos.”. iv. En fecha (23) veintitrés de agosto de año dos mil dieciocho (2018), el Abogado Edgardo Alceste Menardi Marconi, interpuso recurso de reposición contra la resolución definitiva dictada por el Consejo de la Carrera Judicial, el que fue declarado Sin Lugar mediante resolución de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), y que fue notificada en fecha treinta y uno (31) de octubre del dos mil dieciocho (2018) (f. 123 Tomo I). Así las cosas, la Sala observa que la sentencia de amparo venida en consulta dictada por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, erróneamente no considera la lesión al debido proceso -argüido como infringido por la amparista (f. 8 de la pieza de amparo de la Corte de Apelaciones)- aún cuando el reglamento interno del Consejo de la Carrera Judicial establece que la resolución emitida por el Consejo de la Carrera Judicial es de carácter irrecurrible, y siendo ya jurisprudencia de esta Sala de lo Constitucional que es la llamada a conocer, sustanciar y resolver vía acción extraordinaria de amparo las resoluciones que dicte el Consejo de la Carrera Judicial y que el afectado por dicha resolución considere conculque sus derechos fundamentales o garantías constitucionales. En ese sentido, según el artículo 48 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo deberá presentarse dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquélla en que este haya tenido conocimiento de la acción u omisión que, a su juicio, le perjudica o pueda perjudicarle. Siendo este el plazo otorgado por la ley para que interponga su acción, siendo una causal de inadmisibilidad el vencimiento de este plazo sin incoar su acción constitucional. La Sala es la instancia correspondiente para recurrir vía extraordinaria en caso de que se considere afectada la parte, sin embargo, el Servidor Judicial cancelado, quien fue notificado el (31) de octubre del dos mil dieciocho (2018), no incoó su acción constitucional en el plazo de los dos (2) meses que le otorga la Ley Sobre Justicia Constitucional, y lo que hizo fue comparecer ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a interponer la “DEMANDA PARA QUE SE DECLARE NO SER CONFORME A DERECHO UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR EMITIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA A TRAVÉS DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL Y POR CONSIGUIENTE SE DECLARE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE IMPUGNA Y DEL ACUERDO DE DESTITUCIÓN NÚMERO 137, POR CONCURRIR INFRACCIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y HABERSE DICTADO PRESCINDIENDO TOTAL Y ABSOLUTAMENTE DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO CON EVIDENTE EXCESO DE PODER.", en contra el Estado de Honduras a través del Poder Judicial, no siendo este juzgado el competente para conocer del asunto. Para contrarrestar la pretensión relacionada, el Procurador Judicial en Representación del Estado de Honduras, el trece (13) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, presentando en tiempo y forma escrito de defensas previas, como remedio judicial para intentar corregir la admisibilidad de la demanda interpuesta, sin embargo, el catorce (14) de enero de dos mil veinte (2020), dicho juzgado resolvió desestimar las Defensas Previas, por considerar que la demanda incoada sí reúne todos los requisitos de admisibilidad establecidos en el Artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, consecuentemente se ordena continuar con el trámite correspondiente y entrar al fondo el juicio. CONSIDERANDO SEIS (6): El derecho al debido proceso, como desarrollo del principio de legalidad y como pilar primordial del ejercicio de las funciones públicas, es un derecho fundamental que tiene por objeto la preservación y efectiva realización de la justicia material. Este derecho, ha sido ampliamente reconocido como un límite al ejercicio, in genere, de los poderes públicos; esto, pues tal y como lo preceptúa la Constitución Política, debe ser respetado indistintamente, tanto en las actuaciones administrativas, como en las de carácter jurisdiccional. Para garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva, los Estados se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del del debido proceso legal (art. 8.1 de la Convención), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mimos Estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos, a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (art. 1 de la Convención). En ese sentido, se considera por esta Sala que, para realizar la obligación de interponer los recursos internos en observancia del debido proceso legal, el peticionario esta obligación de observar también los recursos disponibles en el sistema judicial, hacer sus reclamaciones de conformidad con la ley aplicable al caso concreto, porque sería un contrasentido que para salvaguardar un derecho denunciado como vulnerado se deje de lado el debido proceso y en particular las reglas de competencia que tiene circunscritas cada órgano jurisdiccional. CONSIDERANDO SIETE (7): Tomando en cuenta lo anterior, la Sala determina que la habilitación judicial por la vía de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo resulta contraria al debido proceso, en razón de que se soslaya que la única posibilidad que tenía la parte para transitar por las sendas procedimentales permitidas por el sistema jurídico vigente era la de presentar una acción de constitucionalidad de amparo contra la decisión del Consejo de la Carrera Judicial que decidió su cancelación. Renunciar a ese camino jurídico franqueado, provocó que la parte utilizara una alternativa procedimental inadecuada. La competencia es un asunto que está ligado al debido proceso, ya que el Artículo 90 de la Constitución de la República estima que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. En consecuencia, es preciso reiterar que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no tiene posibilidad procesal para actuar como juez natural competente para conocer de la cancelación confirmada por el Consejo de la Carrera Judicial contra el servidor Edgardo Alceste Menardi Marconi como Juez de Letras Penal de la Jurisdicción de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, puesto que la única competencia que posee la jurisdicción de lo contencioso administrativo para entrar a conocer asuntos laborales relacionados a la Ley de la Carrera Judicial, es cuando se suscita según el Artículo 3 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo, el cual establece que será competente para conocer: “La ejecución de las resoluciones que se adopten en la aplicación de la Ley de la Carrera Judicial y que tengan por objeto reintegros o el pago de indemnizaciones”. Lo que significa que aquellas resoluciones que reconozcan derechos para el impugnante ante el Consejo de la Carrera Judicial, y que no se ejecuten por la autoridad administrativa correspondiente, podrán ser demandadas su ejecución de dar y hacer ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siendo esta la correcta interpretación sobre el alcance y significado de dicho literal. Sin embargo, no tiene competencia para conocer sobre aspectos que vayan más allá de los franqueados por la propia Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues la que facultaba esta jurisdicción era la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial la cual fue abrogada y por tanto es inaplicable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que, en virtud de los razonamientos antes señalados, el estudio y análisis de los antecedentes, se ha detectado una clara vulneración al derecho de defensa procesal, como consecuencia la vulneración al debido proceso adjetivo, llevado a cabo por el Juez A-quo, debiendo otorgarse la acción de amparo para preservar los derechos conculcados y sobre todo para no desnaturalizar la esencia misma del procedimiento garantista. En consecuencia, es procedente revocar la sentencia venida en consulta y otorgar la garantía de amparo interpuesta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los Artículos 8 numeral 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 18 y 24 en 1a Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 64, 80, 82, 90 párrafo primero, 183, 303 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 numeral 2), 4, 10 numeral 2) letra a), 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72 y 73 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 31 literal a), 46, 48, 63 literal a), 64, 65, 66, 80 literal a) y e) de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3, 4, 6 y 8 de la Ley de la Carrera Judicial; 1, 3, 7, 26, 31 y 51 del Reglamento Interno de la Ley de la Carrera Judicial; FALLA: Primero: Revocar la sentencia venida en Consulta dictada en fecha veinticinco (14) de enero de dos mil veinte (2020), por la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Segundo: Otorgar la acción de amparo interpuesta por la Abogada Clarissa Cruz Colindres, en su condición de representante procesal del Estado de Honduras a través del Poder Judicial de Honduras, por actuaciones del Consejo de la Carreja Judicial, en virtud de que la tramitación judicial en la vía de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo resulta contraria a Derecho vigente, al no ser un acto susceptible de impugnación ante esa jurisdicción y por estar firme el mismo. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada DUBÓN VILLEDA DE FLORES LANZA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES.PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. - SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de septiembre del dos mil veinticuatro, certificación del falo de fecha cinco de junio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0273-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL