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Sentencia AA-1478-22 — Registro 18822

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que resolvió el reclamo administrativo No. 223/2021, que dispone archivar sin más trámite el archivo de las diligencias Se alega violación al debido proceso por una notificación hecha, según argumentos de la recurrente, al margen del procedimiento legalmente establecido y, violación al derecho de defensa por no permitirse recurrir de la resolución dictada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “RAZONAMIENTO DE LA SALA I. Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II. En el asunto que nos ocupa, se presentan dos cuestionamientos concretos: violación al debido proceso por una notificación hecha, según argumentos de la recurrente, al margen del procedimiento legalmente establecido y, violación al derecho de defensa por no permitirse recurrir de la resolución dictada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. III. En el tema de notificaciones procesales, la Sala ha dicho que el supuesto esencial de toda notificación es, en general, la existencia previa de la resolución que debe ser notificada y su objeto es dar a conocer esta resolución a las partes o a terceros en su caso, que sería la función esencial de la notificación…. IX. Con respecto a la alegación de que se ha violentado el derecho de defensa al no permitir la interposición de recurso contra la decisión de la CNBS, es importante acotar que la Sala ha establecido previamente que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes de efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones. X. En este respecto, como ya lo ha dicho esta Sala en anteriores decisiones, uno de los principios rectores del régimen jurídico de los recursos lo es el principio de taxatividad, el cual comporta que la admisión de todo recurso está condicionada a que se encuentre taxativa o expresamente previsto en la ley. XI. Es el caso que, en el procedimiento de mérito, la resolución que se impugna fue denotada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros como una providencia, estableciendo que contra la misma no cabía recurso alguno, entendiéndolo así la apoderada de la empresa afectada, razón por la que, asume esta Sala, no se intentó recurso contra dicha providencia. Al momento de informar a esta Sala sobre el reclamo de la impetrante con respecto al ejercicio de los recursos de ley, la autoridad recurrida señaló lo siguiente:“…la referida providencia no fue objeto de recurso alguno, puesto que la misma dispuso que no era susceptible de recurso en virtud que la investigación realizada, contenida en la Opinión Técnica emitida por el Departamento de Atención de Reclamos de la Gerencia de Protección al Usuario Financiero, concluyó que no reunía las características de un reclamo financiero, lo que impide a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros conocer del mismo al no estar facultada para ello…”.De lo anterior se colige que, según la CNBS, el hecho de considerar que el reclamo presentado por la Abogada Arita no reunía las características de un reclamo financiero implicaba que la resolución era irrecurrible, ello a pesar de que con esta decisión se ponía fin al procedimiento iniciado. Al respecto, el Artículo 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo dispone que:“ Las providencias serán susceptibles de impugnación solamente cuando imposibiliten la continuación del procedimiento o causen indefensión”. Como se puede apreciar, es la propia ley la que establece la posibilidad de impugnar de una providencia dictada en un procedimiento administrativo cuando se imposibilite—como en este caso—la continuación del procedimiento, de ahí que podemos determinar que la información proporcionada por la entidad reguladora en la resolución GPUAL-PV-712/2022 fue errónea en cuanto a que contra la misma no cabía recurso, pues conforme a ley, esta providencia si era susceptible de impugnación. Debemos resaltar el escaso razonamiento que sobre este punto ofreció la CNBS en el informe que como autoridad recurrida presentó a esta Sala, observándose una notable falta de fundamentación jurídica en respuesta a la alegación de la recurrente sobre la posibilidad de impugnar la resolución GPUAL-PV-712/2022.XII.Podría discutirse que ha sido la propia recurrente quien, teniendo el derecho de impugnar de tal providencia, optara por no hacerlo o que debió acogerse a la regulación procesal que le otorgaba el derecho de recurrir. De sus argumentos la quejosa pareciera entender que el derecho al recurso le fue violentado por no dársele copia de integra de la resolución, por cuanto manifestó que en la notificación electrónica sólo se hizo una “breve referencia” de la misma, arguyendo que no se le envió “como insumo” una copia del dictamen u opinión legal que sirvió de base a la decisión de la CNBS.Esta Sala advierte que la notificación electrónica que corre agregada al expediente administrativo no contiene una “breve referencia” de la resolución de mérito, como de manera inexacta lo alude la Abogada Karla García Arita, pues esta contiene, como ya dijimos, una transcripción íntegra de la resolución y si bien no se incluye el dictamen u opinión del departamento legal de la CNBS, la ley no impone a la autoridad administrativa la obligación de adjuntar o de enviar copia de las opiniones legales a los interesados, por lo que estos argumentos resultan manifiestamente infundados.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “ XIII. Ahora bien, debemos resaltar que la Sala ha asentido con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto que el derecho a recurrir es “una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal” y en este sentido, como ya se dijo, la Sala ha declarado en previas decisiones que habrá una situación de indefensión cuando se limita o impida el ejercicio legítimo del derecho a los recursos. Aquí, es importante aclarar que en toda legislación habrá resoluciones que no admitan recurso, pues es perfectamente válida la regulación de los mismos por parte del legislador, de ahí que la ley pueda establecer límites legales para determinados procedimientos. Así, debemos entender que el derecho a recurrir no está contemplado ni debe entenderse como un derecho ilimitado, indefinido o inconmensurable, y, en este sentido, sabemos que habrá resoluciones que de conformidad con la ley sean inimpugnables, pero cuando se niega o impide la posibilidad real de impugnación por razones no fundadas en ley sobreviene una eminente infracción a este derecho, como la Sala lo ha señalado en varios precedentes. XIV. En este caso, siendo que la recurrente alegó la imposibilidad de recurrir y no hizo uso de ningún recurso aún y cuando conforme a ley, le asistía el derecho de hacerlo, debemos discernir si el hecho que la CNBS consignara en su resolución que contra la misma no cabía ningún recurso, puede considerarse como una limitación o un impedimento arbitrario de ejercer el derecho a los recursos. En el procedimiento administrativo objeto de examen la CNBS ha consignado información errónea en su providencia en cuanto a la instrucción de los recursos admisibles, pues como ya vimos, la providencia que emitió admitía ser impugnada, conforme lo establece el Artículo 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Aquí, la Sala comparte el criterio del Tribunal Constitucional español, cuando se ha pronunciado sobre esta temática refiriendo que si en una resolución se hubieren ofrecido indicaciones equivocadas sobre los recursos utilizables o se hubiese declarado firme expresamente una resolución y por tanto inimpugnable, el interesado, aún asistido por letrado, podría entender que tales indicaciones son ciertas por el hecho de ser manifestadas por la autoridad, induciendo en error al afectado. Igual acontece en el presente caso, pues ciertamente que el hecho que la CNBS dijera que la resolución no admitía recurso pudo ser determinante para que la parte agraviada no lo presentase, y esta Sala concuerda en que los errores imputables a los órganos judiciales—o en este caso a una autoridad administrativa—no pueden causar perjuicio a las partes o producir efectos negativos en la esfera del ciudadano. XV. Como se dijo ya, el derecho a recurrir del fallo—o de una resolución cuando la ley lo permita—es una garantía que debe ser respetada en el marco del proceso legal, siendo que por su medio se procura salvaguardar el derecho de defensa. Ciertamente, como ya se dijo, habrá una situación de indefensión cuando se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos cuando estos estén previstos en ley, lo cual ha acontecido en el caso objeto de examen, desde el momento en el que la CNBS consignó información equivocada en su resolución, al afirmar que contra la misma no cabía recurso alguno contrario a lo estipulado por la ley, induciendo en error a la impetrante, limitándole indebidamente la posibilidad de hacer uso de los recursos contra la decisión de la autoridad reguladora. XVI. Siendo así, de todo lo anteriormente relacionado se colige que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros al consignar que la providencia GPUAL-PV-712/2022 no era susceptible de recurso, cuando por ley sí lo era, ha causado una situación de indefensión en perjuicio de la empresa DACOTRANS CENTROAMÉRICA en el procedimiento que inició ante la Gerencia de Protección al Usuario Financiero, lo cual ha suscitado una afectación del derecho al recurso que asiste a la recurrente, como parte del derecho de defensa, por lo que esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada. Como consecuencia de ello, la referida autoridad reguladora, en tutela del derecho de defensa, deberá dictar una nueva providencia consignando en la misma la información que corresponde conforme a ley acerca de los recursos que asisten a la parte que se considera afectada con su emisión. XVII. El otorgamiento de la garantía de amparo en este caso deberá ser parcial, por cuanto si bien se ha advertido una violación al derecho de defensa, no se observó la violación al debido proceso alegada por la quejosa en torno a la notificación que se le hizo de la providencia ya referida, como ya quedó dicho y explicado en la presente sentencia.”

Legislación citada

  • Ley de Procedimiento Administrativo, art. 8.1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la Abogada Karla Patricia García Arita, a favor de la sociedad mercantil Dacotrans de Centroamérica S. de R. L., contra la resolución dictada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en fecha dos de agosto de dos mil veintidós y su respectiva notificación, que resolvió un reclamo administrativo No. 223/2021, presentado por la sociedad mercantil Dacotrans de Centroamérica S. de R.L., contra la sociedad mercantil Banco América Central Honduras S.A. Considerando la recurrente que, con el acto reclamado en amparo, se le ha violentado a su representada los derechos consagrados en los artículos 64, 82, 88 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1.En fecha catorce de octubre de dos mil veintidós, compareció ante esta Sala, la Abogada Karla Patricia García Arita, interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil Dacotrans de Centroamérica S. de R.L, contra la resolución dictada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en fecha dos de agosto de dos mil veintidós y su respectiva notificación, la cual resolvió un reclamo administrativo No. 223/2021, presentado por la sociedad mercantil Dacotrans de Centroamérica S. de R.L., contra la sociedad mercantil Banco América Central Honduras S.A. Considerando la recurrente que, con el acto reclamado en amparo, se le ha violentado a su representada los derechos consagrados en los artículos 64, 82, 88 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-5 del amparo de mérito).2.Esta Sala, en fecha veinticinco de enero de dos mil veintitrés, tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenando librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de dos (2) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 41 del recurso de mérito).3.La Sala tuvo por recibidos los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, que contienen la resolución No. GPUAL-PV-712/2022 de fecha dos de agosto de dos mil veintidós, objeto del presente recurso, emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), la que literalmente dice: “…COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS. Gerencia de Protección al Usuario Financiero. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de agosto de dos mil veintidós.- De oficio, vista la opinión GPUIF-DT-148/2022, emitida por el Departamento de Atención de Reclamos del Usuario Financiero, sobre el reclamo promovido por Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad DACOTRANS DE CENTROAMÉRICA, S. de R. L. contra la Sociedad BANCO DE AMÉRICA CENTRAL HONDURAS, S.A.; identificado como expediente No.223/2021; con fundamento en el Articulo 3 numeral 9 de las Normas para el Fortalecimiento de la Transparencia, la Cultura Financiera y Atención al Usuario Financiero en las Instituciones Supervisadas, que en su parte conducente establece: "Reclamo: Sin que tenga carácter limitativo, se considera susceptible de reclamo cualquier hecho en que un Usuario Financiero se vea afectado, ya sea por incumplimiento de los términos del contrato suscrito con la institución supervisada....". y en virtud que la referida opinión concluye que "...el reclamo presentado no reúne las características de un reclamo financiero, según lo establecido en la Resolución GE No. 1768/12-11-2012, contentiva de las Normas para el Fortalecimiento de la Transparencia, la Cultura Financiera, y Atención al Usuario Financiero de las Instituciones Financieras, sin perjuicio de las acciones que el usuario considere pertinentes ante los órganos jurisdiccionales." por lo expuesto, esta Comisión Nacional de Bancos y Seguros no está facultada para conocer sobre el mismo.- Archívense sin más trámite las presentes diligencias, haciéndose la observación que contra la presente providencia no cabe recurso alguno.- Artículos 80 de la Constitución de la República; 23, 24, 25, 26, 27, 72, 87, 88 y 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 3 numeral 9 de las Normas para el Fortalecimiento de la Transparencia, la Cultura Financiera y Atención al Usuario Financiero en las Instituciones Supervisadas 6 y 13 numerales 1), 4) y 15) de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.- NOTIFÍQUESE.” (Folio 189 del antecedente).4.Remitidos que fueron los antecedentes, en fecha veinte de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó continuar con el procedimiento de ley correspondiente, concediéndose la vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalizara su petición por escrito. (Folio 48 del recurso de mérito)5.En fecha doce de abril de dos mil veintitrés, se admitió el escrito presentado por la Abogada Karla Patricia García Arita, teniéndose por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenándose dar vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho (48) horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 56 del recurso de mérito)6.Esta Sala, en fecha nueve de octubre de dos mil veintitrés, tuvo por evacuado y por emitido el dictamen de la Fiscal, Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Del estudio de las diligencias esta Representación Fiscal aprecia que si bien es cierto, la Opinión Técnica GPUIF-ME-148/2022 emitida por el Departamento de Atención de Reclamos al Usuario Financiero de la CNBS se detalla cómo se efectuaron las transacciones en línea objeto de reclamo, y que sirvió de fundamento para la emisión de la providencia de fecha dos (2) de agosto del 2022, no menos cierto es, que una opinión técnica no revista la condiciones legales de una resolución que emita un órgano de la administración pública que resuelva un reclamo administrativo y dispone archivar sin más trámite el archivo de las diligencias de mérito, pues todo acto final que ponga fin al trámite administrativo debe cumplir con una serie de requisitos para su imposición y cuenta con garantías procesales, como ser el deber de motivarla y justificarla probatoria y jurídicamente, ya que éste contiene la voluntad de la Administración Pública que declarará si la petición del particular es acogida o no, y tiene el atributo de producir efectos jurídicos que alcanzan directamente a los particulares; contrario a lo acontecido en el caso de autos, pues basta su lectura para apreciar la nula motivación al respecto, ya que se limitó a copiar un extracto de la precitada opinión, sin hacer un correcto razonamiento para emitir una resolución legítima y eficaz, al carecer de ciertos caracteres formales que resulta imprescindibles para la defensa de los administrados, causando con ello una vulneración a la legalidad de los mismos y el respeto de los derechos de los particulares, y a su vez, se les vulnera el derecho de controvertir la resolución, gracias a los recursos y la posibilidad de contar con una segunda instancia u otras acciones que le franquea la ley. Al tenor de lo expuesto, es que se estime que la resolución impugnada, violenta el debido proceso consagrado en el artículo 90 constitucional, al contravenir lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que impone la obligatoriedad de la motivación, entendiéndose por ésta la expresión sucinta de los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y el derecho aplicable, sin que este auto resolutivo pueda ser sustituido por aquellos actos que sean manifestación de opiniones o de conocimiento técnico. Siguiendo este orden de ideas, existe basta jurisprudencia de la honorable Sala de Constitucional, en cuanto señala que todos los actos del procedimiento, sean definitivos o instrumentales, tiene efectos legales únicamente si se manifiesta con apego a las formas y formalidades previstas en la ley. Exigencia que sirve para evitar arbitrariedades y garantizar los derechos a los particulares; condiciones que evidentemente no fueron tomadas en cuenta en el caso de marras. Asimismo, advierte este máximo Tribunal, que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos, por ende, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. IV. CONCLUSIÓN. Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por constar en el expediente examinado la vulneración a los artículos constitucionales denunciados por la Amparista, de acuerdo a las motivaciones que preceden.” (Folios 59-64 del recurso).DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 1.La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.2.La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional.De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso.3. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.4.En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.5. A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.d de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer y resolver el recurso de amparo por violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por funcionarios con autoridad en toda la República, que es el caso de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.OBJETO DEL RECURSO El acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de amparo lo constituye la resolución GPUAL-PV-712/2022 de fecha dos de agosto de dos mil veintidós, identificada como una providencia y pronunciada por la Gerencia de Protección al Usuario Financiero de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que decidiera desestimar el reclamo administrativo 223/2021, presentado por la sociedad mercantil denominada DACOTRANS DE CENTROAMÉRICA, S. de R. L.La recurrente también censura la notificación de la precitada resolución, la que se hizo vía electrónica en fecha 19 de agosto de 2022.PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA .1.Con la resolución denunciada, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros decidió sobre el reclamo que fue promovido por la mencionada recurrente contra la sociedad BANCO DE AMÉRICA CENTRAL (BAC). Según se aprecia, el reclamo estaba encaminado a la restitución de una cantidad de dinero que fue transferida a un tercero por medio de la aplicación de banca en línea del referido banco, transferencia que fue realizada por la administradora de la sociedad DACOTRANS DE CENTROAMÉRICA, alegándose que la referida administradora fue víctima de un fraude. No obstante, según el parecer de la entidad reguladora, el reclamo no reunía los requisitos para ser considerado como un reclamo financiero, entendiéndose que—según la normativa atinente al caso—se supone susceptible de reclamo cualquier hecho en que un usuario financiero se vea afectado, ya sea por incumplimiento de los términos del contrato suscrito con la institución supervisada, por cobros en exceso de lo pactado o por servicios pactados o aceptados o cuando haya existido vulneración de sus derechos.2. Se advierte que previo a emitir su pronunciamiento, la autoridad recurrida consideró la opinión del Departamento de Atención de Reclamos del Usuario Financiero, el cual concluyó inter alia que la administradora de la sociedad afectada fue víctima de una posible estafa, no teniendo la Comisión Nacional de Bancos y Seguros atribuciones para resolver tales asuntos, entendiendo que la afectada proporcionó información personal que se comprometió no divulgar, ello de acuerdo con el formulario “F-BAC-SOLICITUD EMPRESARIAL DE CUENTA INTERNET Y SERVICIOS ELECTRÓNICOS” suscrito entre BAC y su cliente, que dice:“…El Cliente se compromete a no divulgar sus contraseñas o claves, siendo el único responsable por el uso indebido de su tarjeta, su número secreto y cualquier otro servicio electrónico…”Puede inferirse de lo resuelto por la Comisión que, si la Administradora de la sociedad afectada proporcionó esta información fue bajo su responsabilidad y que, si bien se entiende que fue bajo engaño y víctima de un posible fraude, este no procede ser resuelto bajo las regulaciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.3.Con respecto a la notificación electrónica, la Comisión explicó en el informe presentado ante esta Sala que la misma cumple con los requisitos y formalidades de ley. 4.Con relación a la imposibilidad de recurrir, la autoridad denunciada efectivamente estableció que contra la providencia GPUAL-PV-712/2022 no cabía recurso alguno.SOBRE LAS ALEGACIONES DE LA RECURRENTE 1.La recurrente cuestionó la notificación de la resolución que se hizo de manera electrónica, señalando que no se cumplió con lo preceptuado por el Artículo 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo porque no se le hizo entrega de copia íntegra de la resolución que le fue dada a conocer por parte de la autoridad recurrida, lo cual consideró que se constituye como una violación al derecho a un debido proceso legal.2. Para la quejosa la decisión de la entidad reguladora también vulneró su derecho de defensa, al vedársele del derecho de recurrir de la resolución censurada.RAZONAMIENTO DE LA SALA I.Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II.En el asunto que nos ocupa, se presentan dos cuestionamientos concretos: violación al debido proceso por una notificación hecha, según argumentos de la recurrente, al margen del procedimiento legalmente establecido y, violación al derecho de defensa por no permitirse recurrir de la resolución dictada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. III. En el tema de notificaciones procesales, la Sala ha dicho que el supuesto esencial de toda notificación es, en general, la existencia previa de la resolución que debe ser notificada y su objeto es dar a conocer esta resolución a las partes o a terceros en su caso, que sería la función esencial de la notificación. IV.Hemos manifestado que la notificación es formalmente considerada como un acto procesal, para algunos tratadistas inclusive, un acto material de jurisdicción. De cualquier manera, si es entendida como un acto procesal de comunicación, en su realización, debe necesariamente intervenir, por un lado, un ministro de fe como sujeto activo encargado de efectuarla, y por el otro (de manera evidente), un sujeto pasivo, que es la persona que desempeña el papel de parte o de tercero, en su caso, a quien deba hacerse la notificación.Estos requisitos, al igual que los de forma (lugar, el tiempo y el método), se hacen imperiosos para asegurar que la notificación produzca un efectivo y real conocimiento, es decir que, por medio de estas y otras exigencias, se asegura que la notificación cumpla con su objeto. Consecuentemente, la falta de cumplimiento de los requisitos generales de las notificaciones—salvo los casos exceptuados por la ley—conllevan evidentemente a su invalidez e inefectividad. V.En el caso que nos ocupa, el cuestionamiento de la recurrente con respecto a la notificación que se le hizo vía electrónica es básicamente que no se le entregó copia íntegra de la resolución notificada, como lo establece y exige el Artículo 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo. VI. Examinadas las actuaciones, esta Sala puede concluir fácilmente que la razón no le asiste a la impetrante en este respecto, pues la norma que cita la propia quejosa enuncia que la notificación personal o electrónica se practicará mediante envío o entrega de copia íntegra del acto de que se trate, siendo evidente que si la notificación es personal se hará entrega de la copia íntegra de la resolución y si es electrónica será mediante envío de la misma resolución por esa misma vía. VII.A folio 000189 del expediente administrativo de la CNBS, consta la resolución GPUAL-PV-712/2022, que desestimó y ordenó el archivo de las diligencias relacionadas con el reclamo presentado por la impetrante.A folios 000190-191 corre agregada la notificación electrónica de la providencia, y a folios 000192 y 00193 consta el envío de la notificación contentiva de la resolución antes referida al correo electrónico de la Abogada Karla García Arita, apoderada de la sociedad DACOTRANS DE CENTROAMÉRICA, S. DE R. L., la cual fue realizada por el Oficial de la Secretaría General de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, pudiendo observarse que en la notificación electrónica se reproduce de manera íntegra la resolución cuestionada. VIII. Siendo así, esta Sala no advierte que la notificación que se hiciera a la Abogada Karla García Arita se efectuara al margen de la ley como lo afirma en su escrito de interposición, a contrariu sensu, se observa que la autoridad recurrida ha seguido los lineamientos y las formalidades exigidas por la legislación procesal de la materia para notificar a la interesada en el presente caso, enviándosele vía electrónica la resolución dictada por parte del funcionario encargado. IX. Con respecto a la alegación de que se ha violentado el derecho de defensa al no permitir la interposición de recurso contra la decisión de la CNBS, es importante acotar que la Sala ha establecido previamente que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes de efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones. X.En este respecto, como ya lo ha dicho esta Sala en anteriores decisiones, uno de los principios rectores del régimen jurídico de los recursos lo es el principio de taxatividad, el cual comporta que la admisión de todo recurso está condicionada a que se encuentre taxativa o expresamente previsto en la ley. XI. Es el caso que, en el procedimiento de mérito, la resolución que se impugna fue denotada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros como una providencia, estableciendo que contra la misma no cabía recurso alguno, entendiéndolo así la apoderada de la empresa afectada, razón por la que, asume esta Sala, no se intentó recurso contra dicha providencia. Al momento de informar a esta Sala sobre el reclamo de la impetrante con respecto al ejercicio de los recursos de ley, la autoridad recurrida señaló lo siguiente:“…la referida providencia no fue objeto de recurso alguno, puesto que la misma dispuso que no era susceptible de recurso en virtud que la investigación realizada, contenida en la Opinión Técnica emitida por el Departamento de Atención de Reclamos de la Gerencia de Protección al Usuario Financiero, concluyó que no reunía las características de un reclamo financiero, lo que impide a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros conocer del mismo al no estar facultada para ello…”.De lo anterior se colige que, según la CNBS, el hecho de considerar que el reclamo presentado por la Abogada Arita no reunía las características de un reclamo financiero implicaba que la resolución era irrecurrible, ello a pesar de que con esta decisión se ponía fin al procedimiento iniciado.Al respecto, el Artículo 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo dispone que:“Las providencias serán susceptibles de impugnación solamente cuando imposibiliten la continuación del procedimiento o causen indefensión”.Como se puede apreciar, es la propia ley la que establece la posibilidad de impugnar de una providencia dictada en un procedimiento administrativo cuando se imposibilite—como en este caso—la continuación del procedimiento, de ahí que podemos determinar que la información proporcionada por la entidad reguladora en la resolución GPUAL-PV-712/2022 fue errónea en cuanto a que contra la misma no cabía recurso, pues conforme a ley, esta providencia si era susceptible de impugnación.Debemos resaltar el escaso razonamiento que sobre este punto ofreció la CNBS en el informe que como autoridad recurrida presentó a esta Sala, observándose una notable falta de fundamentación jurídica en respuesta a la alegación de la recurrente sobre la posibilidad de impugnar la resolución GPUAL-PV-712/2022.XII.Podría discutirse que ha sido la propia recurrente quien, teniendo el derecho de impugnar de tal providencia, optara por no hacerlo o que debió acogerse a la regulación procesal que le otorgaba el derecho de recurrir. De sus argumentos la quejosa pareciera entender que el derecho al recurso le fue violentado por no dársele copia de integra de la resolución, por cuanto manifestó que en la notificación electrónica sólo se hizo una “breve referencia” de la misma, arguyendo que no se le envió “como insumo” una copia del dictamen u opinión legal que sirvió de base a la decisión de la CNBS.Esta Sala advierte que la notificación electrónica que corre agregada al expediente administrativo no contiene una “breve referencia” de la resolución de mérito, como de manera inexacta lo alude la Abogada Karla García Arita, pues esta contiene, como ya dijimos, una transcripción íntegra de la resolución y si bien no se incluye el dictamen u opinión del departamento legal de la CNBS, la ley no impone a la autoridad administrativa la obligación de adjuntar o de enviar copia de las opiniones legales a los interesados, por lo que estos argumentos resultan manifiestamente infundados. XIII. Ahora bien, debemos resaltar que la Sala ha asentido con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto que el derecho a recurrir es “una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal” y en este sentido, como ya se dijo, la Sala ha declarado en previas decisiones que habrá una situación de indefensión cuando se limita o impida el ejercicio legítimo del derecho a los recursos. Aquí, es importante aclarar que en toda legislación habrá resoluciones que no admitan recurso, pues es perfectamente válida la regulación de los mismos por parte del legislador, de ahí que la ley pueda establecer límites legales para determinados procedimientos. Así, debemos entender que el derecho a recurrir no está contemplado ni debe entenderse como un derecho ilimitado, indefinido o inconmensurable, y, en este sentido, sabemos que habrá resoluciones que de conformidad con la ley sean inimpugnables, pero cuando se niega o impide la posibilidad real de impugnación por razones no fundadas en ley sobreviene una eminente infracción a este derecho, como la Sala lo ha señalado en varios precedentes. XIV. En este caso, siendo que la recurrente alegó la imposibilidad de recurrir y no hizo uso de ningún recurso aún y cuando conforme a ley, le asistía el derecho de hacerlo, debemos discernir si el hecho que la CNBS consignara en su resolución que contra la misma no cabía ningún recurso, puede considerarse como una limitación o un impedimento arbitrario de ejercer el derecho a los recursos.En el procedimiento administrativo objeto de examen la CNBS ha consignado información errónea en su providencia en cuanto a la instrucción de los recursos admisibles, pues como ya vimos, la providencia que emitió admitía ser impugnada, conforme lo establece el Artículo 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo.Aquí, la Sala comparte el criterio del Tribunal Constitucional español, cuando se ha pronunciado sobre esta temática refiriendo que si en una resolución se hubieren ofrecido indicaciones equivocadas sobre los recursos utilizables o se hubiese declarado firme expresamente una resolución y por tanto inimpugnable, el interesado, aún asistido por letrado, podría entender que tales indicaciones son ciertas por el hecho de ser manifestadas por la autoridad, induciendo en error al afectado.Igual acontece en el presente caso, pues ciertamente que el hecho que la CNBS dijera que la resolución no admitía recurso pudo ser determinante para que la parte agraviada no lo presentase, y esta Sala concuerda en que los errores imputables a los órganos judiciales—o en este caso a una autoridad administrativa—no pueden causar perjuicio a las partes o producir efectos negativos en la esfera del ciudadano.XV. Como se dijo ya, el derecho a recurrir del fallo—o de una resolución cuando la ley lo permita—es una garantía que debe ser respetada en el marco del proceso legal, siendo que por su medio se procura salvaguardar el derecho de defensa. Ciertamente, como ya se dijo, habrá una situación de indefensión cuando se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos cuando estos estén previstos en ley, lo cual ha acontecido en el caso objeto de examen, desde el momento en el que la CNBS consignó información equivocada en su resolución, al afirmar que contra la misma no cabía recurso alguno contrario a lo estipulado por la ley, induciendo en error a la impetrante, limitándole indebidamente la posibilidad de hacer uso de los recursos contra la decisión de la autoridad reguladora. XVI.Siendo así, de todo lo anteriormente relacionado se colige que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros al consignar que la providencia GPUAL-PV-712/2022 no era susceptible de recurso, cuando por ley sí lo era, ha causado una situación de indefensión en perjuicio de la empresa DACOTRANS CENTROAMÉRICA en el procedimiento que inició ante la Gerencia de Protección al Usuario Financiero, lo cual ha suscitado una afectación del derecho al recurso que asiste a la recurrente, como parte del derecho de defensa, por lo que esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada. Como consecuencia de ello, la referida autoridad reguladora, en tutela del derecho de defensa, deberá dictar una nueva providencia consignando en la misma la información que corresponde conforme a ley acerca de los recursos que asisten a la parte que se considera afectada con su emisión. XVII. El otorgamiento de la garantía de amparo en este caso deberá ser parcial, por cuanto si bien se ha advertido una violación al derecho de defensa, no se observó la violación al debido proceso alegada por la quejosa en torno a la notificación que se le hizo de la providencia ya referida, como ya quedó dicho y explicado en la presente sentencia. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A: PRIMERO: OTORGANDO PARCIALMENTE la acción de amparo promovida por la Abogada Karla Patricia García Arita, a favor de la sociedad mercantil Dacotrans de Centroamérica S. de R. L., contra la providencia GPUAL-PV-712/2022 dictada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en fecha dos de agosto de dos mil veintidós que resolvió el reclamo administrativo No. 223/2021, ÚNICAMENTE en lo que se refiere a la limitación del derecho de defensa provocado por la autoridad recurrida al consignar erróneamente que la providencia GPUAL-PV-712/2022 no era susceptible de recurso, causándose una situación de indefensión en perjuicio de la empresa DACOTRANS CENTROAMÉRICA en el procedimiento que inició ante la Gerencia de Protección al Usuario Financiero, por lo que la autoridad reguladora, en tutela del derecho de defensa, deberá dictar una nueva providencia estableciendo en la misma la información que corresponde conforme a ley acerca de los recursos que asisten a la parte que se considere afectada con su emisión; SEGUNDO: Se desestima el recurso de amparo en todo lo demás, por cuanto no se observó la violación al debido proceso alegada por la quejosa en torno a la notificación que se le hizo de la providencia ya referida; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada DUBÓN VILLEDA DE FLORES LANZA. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha once de septiembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-1478-2022

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL