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Sentencia AA-1459-21 — Registro 18035

Resumen

La Sala de lo Constitucional estima dictar procedente amparo interpuesto contra actuaciones de INHGEOMIN que declaró sin lugar por improcedente escrito de personamiento de Junta de Agua y Saneamiento de la Colonia La Cholomeña al no establecer el interés legítimo que persigue al personarse en las diligencias con relación al otorgamiento de licencia ambiental y del permiso de explotación de proyecto minero, La procedencia del recurso constituye un acto de protección judicial muy importante, quedando en evidencia que en el presente caso se pone en riesgo el derecho al medio ambiente sano y por ende los derechos al agua y a la salud, declarando la Sala Constitucional el agua como un bien social y cultural, tomando en cuenta el señalado principio, “derecho al más alto nivel posible de salud”, en cuanto a la legitimidad de licenciamiento y permiso de explotación, la ubicación y los estragos que provocaría el proyecto minero de mérito autorizado; proyecto a realizarse sobre la montaña de Botaderos o Parque Nacional Carlos Escaleras, en Sabá, Colón, Este alto tribunal, con el conocimiento proveído en estas diligencias, arriba a la convicción de que el proyecto minero Las Golondrinas podría ser una amenaza para el medio ambiente y las fuentes de agua vinculadas con poblaciones aledañas; Ordena a Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE) y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) la revisión y cancelación del permiso de explotación y registro minero correspondiente otorgado en favor de empresa minera, ordena al Estado por medio de las autoridades mencionadas la obligación ineludible de asegurar la existencia de medidas de protección suficientes e idóneas para garantizar el derecho a un ambiente sano. Si está dentro de la zona de amortiguamiento se debe denegar toda actividad minera. Mencionando que “La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos resalto que la presente sentencia dictada por la Sala Constitucional ”Reconoce la importancia que representa en el desarrollo jurisprudencial para la protección de los Derechos al Debido Proceso a la participación Ciudadana y medio ambiente sano, al Agua, a la salud y a otros Derechos relacionados de los habitantes del Municipio de Sabá”

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Hito

…"mediante la presente demanda de amparo se impugna la resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada por MIAMBIENTE para denegar el apersonamiento del abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán y negarle a intervenir en representación de la junta de agua y saneamiento de la colonia La Cholomeña en el proceso como tercero...el objeto impugnado se completa con la omisión de INHGEOMIN al no emitir en plazo razonable la resolución que corresponde al recurso interpuesto por el quejoso, con el propósito de ser parte en el expediente 469, ya que en auto de fecha 27 de enero 2020, declaró sin lugar el escrito de personamiento, sin ningún precepto legal pertinente que motive y sustente dicha decisión. Siendo impugnada esta última resolución el veintiocho de febrero de dos mil veinte. Para una mejor comprensión de los hechos denunciados, se establece que el ahora amparista presentó sendos escritos de personamiento, según poder otorgado por el señor Virgilio Domínguez Mejía, presidente de la Junta de agua y saneamiento de la Colonia La Cholomeña y del señor Elín Oved Acuña Mencías, alcalde municipal del municipio de Sabá, para ejercer actos de procuración y defensa de los derechos de sus representados..."..."Este alto tribunal de justicia, estima que tal como lo ha expuesto el garantista, INHGEOMIN violentó en perjuicio de sus poderdantes el derecho fundamental al debido proceso legal por vía del plazo razonable, en virtud de no resolver en un tiempo prudencial el recurso de reposición presentado en octubre de dos mil diecinueve; asimismo, se considera violentado el derecho de petición contenido en el artículo 80 constitucional, dado que dicha entidad estatal no dio respuesta a lo peticionado por el ahora amparista...este alto tribunal de justicia hace propios los argumentos esgrimidos por el amparista, quien, citando lo dispuesto por la Corte IDH en relación con dicho derecho, expone que para INHGEOMIN, el análisis de tercero con legitimación activa en el trámite administrativo correspondiente, carece de complejidad, por lo que debió dar pronta respuesta al recurso de reposición interpuesto, toda vez que el argumento mediante el cual se denegó el personamiento en prima facie, fue el siguiente: “el peticionario no establece el derecho subjetivo o interés legítimo que persigue para personarse en las presentes diligencias.” No obstante, se puede corroborar que, en el escrito de personamiento denegado, claramente se indican los derechos que se consideran violentados con el procedimiento en cuestión, además en el recurso de reposición se hacen los alegatos correspondientes en respuesta a la decisión denegatoria. En virtud de lo anteriormente expuesto, para la Sala de lo Constitucional el análisis requerido del objeto debatido no tiene complejidad que justifique que más de un año y medio después de interponerse el recurso de reposición, no se haya dado respuesta dentro del plazo legal o dentro de un plazo, al menos razonable...la Sala de lo Constitucional corrobora que, en el presente caso, no existe razón para que se impute el retraso al ahora garantista, dado que no existe actividad dilatoria de su parte, tomando en consideración de que su pretensión de participar en el trámite fue negada in limine o, de entrada.Al analizar la conducta de la autoridad denunciada, la Sala de lo Constitucional toma en consideración lo expuesto por el amparista, quien hace patente que INHGEOMIN desde un inicio ha mostrado renuencia a ser diligente, constando en autos que efectivamente, tal como lo hace ver en autos, transcurrió un lapso de casi tres meses desde la presentación del escrito de personamiento hasta su resolución. De lo anterior se colige la falta de diligencia de la autoridad administrativa denunciada, la que como ya se dejó expresado antes, ignoró las peticiones del amparista. Cabe resaltar que, siendo un asunto que involucra el medio ambiente y su protección como derecho fundamental, la afectación causada por la tardanza es grave, por cuanto los derechos que se relacionan directa e indirectamente con este, requieren de la más alta atención y rápida respuesta. Tomando en consideración todo lo anterior, es de recibo el motivo de amparo interpuesto en reclamo por la violación al derecho de plazo razonable.Con relación al derecho a acceder a la justicia, la Sala de lo Constitucional advierte, que su observancia no se refiere exclusivamente a satisfacer la exigencia de derechos e intereses mediante pretensiones judiciales, sino que comprende también la justicia que debe proveer la administración pública bajo el concepto más amplio posible. Es decir, el acceso a la justicia es una aspiración de todo ser humano en todos los campos de su existencia, y es deber del Estado satisfacerlo con todas sus instancias y dependencias, obligando a todos los servidores públicos a su realización material.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"mediante la presente demanda de amparo se impugna la resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada por MIAMBIENTE para denegar el apersonamiento del abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán y negarle a intervenir en representación de la junta de agua y saneamiento de la colonia La Cholomeña en el proceso como tercero...el objeto impugnado se completa con la omisión de INHGEOMIN al no emitir en plazo razonable la resolución que corresponde al recurso interpuesto por el quejoso, con el propósito de ser parte en el expediente 469, ya que en auto de fecha 27 de enero 2020, declaró sin lugar el escrito de personamiento, sin ningún precepto legal pertinente que motive y sustente dicha decisión. Siendo impugnada esta última resolución el veintiocho de febrero de dos mil veinte. Para una mejor comprensión de los hechos denunciados, se establece que el ahora amparista presentó sendos escritos de personamiento, según poder otorgado por el señor Virgilio Domínguez Mejía, presidente de la Junta de agua y saneamiento de la Colonia La Cholomeña y del señor Elín Oved Acuña Mencías, alcalde municipal del municipio de Sabá, para ejercer actos de procuración y defensa de los derechos de sus representados..."..."Este alto tribunal de justicia, estima que tal como lo ha expuesto el garantista, INHGEOMIN violentó en perjuicio de sus poderdantes el derecho fundamental al debido proceso legal por vía del plazo razonable, en virtud de no resolver en un tiempo prudencial el recurso de reposición presentado en octubre de dos mil diecinueve; asimismo, se considera violentado el derecho de petición contenido en el artículo 80 constitucional, dado que dicha entidad estatal no dio respuesta a lo peticionado por el ahora amparista...este alto tribunal de justicia hace propios los argumentos esgrimidos por el amparista, quien, citando lo dispuesto por la Corte IDH en relación con dicho derecho, expone que para INHGEOMIN, el análisis de tercero con legitimación activa en el trámite administrativo correspondiente, carece de complejidad, por lo que debió dar pronta respuesta al recurso de reposición interpuesto, toda vez que el argumento mediante el cual se denegó el personamiento en prima facie, fue el siguiente: “el peticionario no establece el derecho subjetivo o interés legítimo que persigue para personarse en las presentes diligencias.” No obstante, se puede corroborar que, en el escrito de personamiento denegado, claramente se indican los derechos que se consideran violentados con el procedimiento en cuestión, además en el recurso de reposición se hacen los alegatos correspondientes en respuesta a la decisión denegatoria. En virtud de lo anteriormente expuesto, para la Sala de lo Constitucional el análisis requerido del objeto debatido no tiene complejidad que justifique que más de un año y medio después de interponerse el recurso de reposición, no se haya dado respuesta dentro del plazo legal o dentro de un plazo, al menos razonable...la Sala de lo Constitucional corrobora que, en el presente caso, no existe razón para que se impute el retraso al ahora garantista, dado que no existe actividad dilatoria de su parte, tomando en consideración de que su pretensión de participar en el trámite fue negada in limine o, de entrada.Al analizar la conducta de la autoridad denunciada, la Sala de lo Constitucional toma en consideración lo expuesto por el amparista, quien hace patente que INHGEOMIN desde un inicio ha mostrado renuencia a ser diligente, constando en autos que efectivamente, tal como lo hace ver en autos, transcurrió un lapso de casi tres meses desde la presentación del escrito de personamiento hasta su resolución. De lo anterior se colige la falta de diligencia de la autoridad administrativa denunciada, la que como ya se dejó expresado antes, ignoró las peticiones del amparista. Cabe resaltar que, siendo un asunto que involucra el medio ambiente y su protección como derecho fundamental, la afectación causada por la tardanza es grave, por cuanto los derechos que se relacionan directa e indirectamente con este, requieren de la más alta atención y rápida respuesta. Tomando en consideración todo lo anterior, es de recibo el motivo de amparo interpuesto en reclamo por la violación al derecho de plazo razonable.Con relación al derecho a acceder a la justicia, la Sala de lo Constitucional advierte, que su observancia no se refiere exclusivamente a satisfacer la exigencia de derechos e intereses mediante pretensiones judiciales, sino que comprende también la justicia que debe proveer la administración pública bajo el concepto más amplio posible. Es decir, el acceso a la justicia es una aspiración de todo ser humano en todos los campos de su existencia, y es deber del Estado satisfacerlo con todas sus instancias y dependencias, obligando a todos los servidores públicos a su realización material.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"mediante la presente demanda de amparo se impugna la resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada por MIAMBIENTE para denegar el apersonamiento del abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán y negarle a intervenir en representación de la junta de agua y saneamiento de la colonia La Cholomeña en el proceso como tercero...el objeto impugnado se completa con la omisión de INHGEOMIN al no emitir en plazo razonable la resolución que corresponde al recurso interpuesto por el quejoso, con el propósito de ser parte en el expediente 469, ya que en auto de fecha 27 de enero 2020, declaró sin lugar el escrito de personamiento, sin ningún precepto legal pertinente que motive y sustente dicha decisión. Siendo impugnada esta última resolución el veintiocho de febrero de dos mil veinte. Para una mejor comprensión de los hechos denunciados, se establece que el ahora amparista presentó sendos escritos de personamiento, según poder otorgado por el señor Virgilio Domínguez Mejía, presidente de la Junta de agua y saneamiento de la Colonia La Cholomeña y del señor Elín Oved Acuña Mencías, alcalde municipal del municipio de Sabá, para ejercer actos de procuración y defensa de los derechos de sus representados..."..."Este alto tribunal de justicia, estima que tal como lo ha expuesto el garantista, INHGEOMIN violentó en perjuicio de sus poderdantes el derecho fundamental al debido proceso legal por vía del plazo razonable, en virtud de no resolver en un tiempo prudencial el recurso de reposición presentado en octubre de dos mil diecinueve; asimismo, se considera violentado el derecho de petición contenido en el artículo 80 constitucional, dado que dicha entidad estatal no dio respuesta a lo peticionado por el ahora amparista...este alto tribunal de justicia hace propios los argumentos esgrimidos por el amparista, quien, citando lo dispuesto por la Corte IDH en relación con dicho derecho, expone que para INHGEOMIN, el análisis de tercero con legitimación activa en el trámite administrativo correspondiente, carece de complejidad, por lo que debió dar pronta respuesta al recurso de reposición interpuesto, toda vez que el argumento mediante el cual se denegó el personamiento en prima facie, fue el siguiente: “el peticionario no establece el derecho subjetivo o interés legítimo que persigue para personarse en las presentes diligencias.” No obstante, se puede corroborar que, en el escrito de personamiento denegado, claramente se indican los derechos que se consideran violentados con el procedimiento en cuestión, además en el recurso de reposición se hacen los alegatos correspondientes en respuesta a la decisión denegatoria. En virtud de lo anteriormente expuesto, para la Sala de lo Constitucional el análisis requerido del objeto debatido no tiene complejidad que justifique que más de un año y medio después de interponerse el recurso de reposición, no se haya dado respuesta dentro del plazo legal o dentro de un plazo, al menos razonable...la Sala de lo Constitucional corrobora que, en el presente caso, no existe razón para que se impute el retraso al ahora garantista, dado que no existe actividad dilatoria de su parte, tomando en consideración de que su pretensión de participar en el trámite fue negada in limine o, de entrada.Al analizar la conducta de la autoridad denunciada, la Sala de lo Constitucional toma en consideración lo expuesto por el amparista, quien hace patente que INHGEOMIN desde un inicio ha mostrado renuencia a ser diligente, constando en autos que efectivamente, tal como lo hace ver en autos, transcurrió un lapso de casi tres meses desde la presentación del escrito de personamiento hasta su resolución. De lo anterior se colige la falta de diligencia de la autoridad administrativa denunciada, la que como ya se dejó expresado antes, ignoró las peticiones del amparista. Cabe resaltar que, siendo un asunto que involucra el medio ambiente y su protección como derecho fundamental, la afectación causada por la tardanza es grave, por cuanto los derechos que se relacionan directa e indirectamente con este, requieren de la más alta atención y rápida respuesta. Tomando en consideración todo lo anterior, es de recibo el motivo de amparo interpuesto en reclamo por la violación al derecho de plazo razonable.Con relación al derecho a acceder a la justicia, la Sala de lo Constitucional advierte, que su observancia no se refiere exclusivamente a satisfacer la exigencia de derechos e intereses mediante pretensiones judiciales, sino que comprende también la justicia que debe proveer la administración pública bajo el concepto más amplio posible. Es decir, el acceso a la justicia es una aspiración de todo ser humano en todos los campos de su existencia, y es deber del Estado satisfacerlo con todas sus instancias y dependencias, obligando a todos los servidores públicos a su realización material.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"mediante la presente demanda de amparo se impugna la resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada por MIAMBIENTE para denegar el apersonamiento del abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán y negarle a intervenir en representación de la junta de agua y saneamiento de la colonia La Cholomeña en el proceso como tercero...el objeto impugnado se completa con la omisión de INHGEOMIN al no emitir en plazo razonable la resolución que corresponde al recurso interpuesto por el quejoso, con el propósito de ser parte en el expediente 469, ya que en auto de fecha 27 de enero 2020, declaró sin lugar el escrito de personamiento, sin ningún precepto legal pertinente que motive y sustente dicha decisión. Siendo impugnada esta última resolución el veintiocho de febrero de dos mil veinte. Para una mejor comprensión de los hechos denunciados, se establece que el ahora amparista presentó sendos escritos de personamiento, según poder otorgado por el señor Virgilio Domínguez Mejía, presidente de la Junta de agua y saneamiento de la Colonia La Cholomeña y del señor Elín Oved Acuña Mencías, alcalde municipal del municipio de Sabá, para ejercer actos de procuración y defensa de los derechos de sus representados..."..."Este alto tribunal de justicia, estima que tal como lo ha expuesto el garantista, INHGEOMIN violentó en perjuicio de sus poderdantes el derecho fundamental al debido proceso legal por vía del plazo razonable, en virtud de no resolver en un tiempo prudencial el recurso de reposición presentado en octubre de dos mil diecinueve; asimismo, se considera violentado el derecho de petición contenido en el artículo 80 constitucional, dado que dicha entidad estatal no dio respuesta a lo peticionado por el ahora amparista...este alto tribunal de justicia hace propios los argumentos esgrimidos por el amparista, quien, citando lo dispuesto por la Corte IDH en relación con dicho derecho, expone que para INHGEOMIN, el análisis de tercero con legitimación activa en el trámite administrativo correspondiente, carece de complejidad, por lo que debió dar pronta respuesta al recurso de reposición interpuesto, toda vez que el argumento mediante el cual se denegó el personamiento en prima facie, fue el siguiente: “el peticionario no establece el derecho subjetivo o interés legítimo que persigue para personarse en las presentes diligencias.” No obstante, se puede corroborar que, en el escrito de personamiento denegado, claramente se indican los derechos que se consideran violentados con el procedimiento en cuestión, además en el recurso de reposición se hacen los alegatos correspondientes en respuesta a la decisión denegatoria. En virtud de lo anteriormente expuesto, para la Sala de lo Constitucional el análisis requerido del objeto debatido no tiene complejidad que justifique que más de un año y medio después de interponerse el recurso de reposición, no se haya dado respuesta dentro del plazo legal o dentro de un plazo, al menos razonable...la Sala de lo Constitucional corrobora que, en el presente caso, no existe razón para que se impute el retraso al ahora garantista, dado que no existe actividad dilatoria de su parte, tomando en consideración de que su pretensión de participar en el trámite fue negada in limine o, de entrada.Al analizar la conducta de la autoridad denunciada, la Sala de lo Constitucional toma en consideración lo expuesto por el amparista, quien hace patente que INHGEOMIN desde un inicio ha mostrado renuencia a ser diligente, constando en autos que efectivamente, tal como lo hace ver en autos, transcurrió un lapso de casi tres meses desde la presentación del escrito de personamiento hasta su resolución. De lo anterior se colige la falta de diligencia de la autoridad administrativa denunciada, la que como ya se dejó expresado antes, ignoró las peticiones del amparista. Cabe resaltar que, siendo un asunto que involucra el medio ambiente y su protección como derecho fundamental, la afectación causada por la tardanza es grave, por cuanto los derechos que se relacionan directa e indirectamente con este, requieren de la más alta atención y rápida respuesta. Tomando en consideración todo lo anterior, es de recibo el motivo de amparo interpuesto en reclamo por la violación al derecho de plazo razonable.Con relación al derecho a acceder a la justicia, la Sala de lo Constitucional advierte, que su observancia no se refiere exclusivamente a satisfacer la exigencia de derechos e intereses mediante pretensiones judiciales, sino que comprende también la justicia que debe proveer la administración pública bajo el concepto más amplio posible. Es decir, el acceso a la justicia es una aspiración de todo ser humano en todos los campos de su existencia, y es deber del Estado satisfacerlo con todas sus instancias y dependencias, obligando a todos los servidores públicos a su realización material.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"mediante la presente demanda de amparo se impugna la resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada por MIAMBIENTE para denegar el apersonamiento del abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán y negarle a intervenir en representación de la junta de agua y saneamiento de la colonia La Cholomeña en el proceso como tercero...el objeto impugnado se completa con la omisión de INHGEOMIN al no emitir en plazo razonable la resolución que corresponde al recurso interpuesto por el quejoso, con el propósito de ser parte en el expediente 469, ya que en auto de fecha 27 de enero 2020, declaró sin lugar el escrito de personamiento, sin ningún precepto legal pertinente que motive y sustente dicha decisión. Siendo impugnada esta última resolución el veintiocho de febrero de dos mil veinte. Para una mejor comprensión de los hechos denunciados, se establece que el ahora amparista presentó sendos escritos de personamiento, según poder otorgado por el señor Virgilio Domínguez Mejía, presidente de la Junta de agua y saneamiento de la Colonia La Cholomeña y del señor Elín Oved Acuña Mencías, alcalde municipal del municipio de Sabá, para ejercer actos de procuración y defensa de los derechos de sus representados..."..."Este alto tribunal de justicia, estima que tal como lo ha expuesto el garantista, INHGEOMIN violentó en perjuicio de sus poderdantes el derecho fundamental al debido proceso legal por vía del plazo razonable, en virtud de no resolver en un tiempo prudencial el recurso de reposición presentado en octubre de dos mil diecinueve; asimismo, se considera violentado el derecho de petición contenido en el artículo 80 constitucional, dado que dicha entidad estatal no dio respuesta a lo peticionado por el ahora amparista...este alto tribunal de justicia hace propios los argumentos esgrimidos por el amparista, quien, citando lo dispuesto por la Corte IDH en relación con dicho derecho, expone que para INHGEOMIN, el análisis de tercero con legitimación activa en el trámite administrativo correspondiente, carece de complejidad, por lo que debió dar pronta respuesta al recurso de reposición interpuesto, toda vez que el argumento mediante el cual se denegó el personamiento en prima facie, fue el siguiente: “el peticionario no establece el derecho subjetivo o interés legítimo que persigue para personarse en las presentes diligencias.” No obstante, se puede corroborar que, en el escrito de personamiento denegado, claramente se indican los derechos que se consideran violentados con el procedimiento en cuestión, además en el recurso de reposición se hacen los alegatos correspondientes en respuesta a la decisión denegatoria. En virtud de lo anteriormente expuesto, para la Sala de lo Constitucional el análisis requerido del objeto debatido no tiene complejidad que justifique que más de un año y medio después de interponerse el recurso de reposición, no se haya dado respuesta dentro del plazo legal o dentro de un plazo, al menos razonable...la Sala de lo Constitucional corrobora que, en el presente caso, no existe razón para que se impute el retraso al ahora garantista, dado que no existe actividad dilatoria de su parte, tomando en consideración de que su pretensión de participar en el trámite fue negada in limine o, de entrada.Al analizar la conducta de la autoridad denunciada, la Sala de lo Constitucional toma en consideración lo expuesto por el amparista, quien hace patente que INHGEOMIN desde un inicio ha mostrado renuencia a ser diligente, constando en autos que efectivamente, tal como lo hace ver en autos, transcurrió un lapso de casi tres meses desde la presentación del escrito de personamiento hasta su resolución. De lo anterior se colige la falta de diligencia de la autoridad administrativa denunciada, la que como ya se dejó expresado antes, ignoró las peticiones del amparista. Cabe resaltar que, siendo un asunto que involucra el medio ambiente y su protección como derecho fundamental, la afectación causada por la tardanza es grave, por cuanto los derechos que se relacionan directa e indirectamente con este, requieren de la más alta atención y rápida respuesta. Tomando en consideración todo lo anterior, es de recibo el motivo de amparo interpuesto en reclamo por la violación al derecho de plazo razonable.Con relación al derecho a acceder a la justicia, la Sala de lo Constitucional advierte, que su observancia no se refiere exclusivamente a satisfacer la exigencia de derechos e intereses mediante pretensiones judiciales, sino que comprende también la justicia que debe proveer la administración pública bajo el concepto más amplio posible. Es decir, el acceso a la justicia es una aspiración de todo ser humano en todos los campos de su existencia, y es deber del Estado satisfacerlo con todas sus instancias y dependencias, obligando a todos los servidores públicos a su realización material.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"mediante la presente demanda de amparo se impugna la resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada por MIAMBIENTE para denegar el apersonamiento del abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán y negarle a intervenir en representación de la junta de agua y saneamiento de la colonia La Cholomeña en el proceso como tercero...el objeto impugnado se completa con la omisión de INHGEOMIN al no emitir en plazo razonable la resolución que corresponde al recurso interpuesto por el quejoso, con el propósito de ser parte en el expediente 469, ya que en auto de fecha 27 de enero 2020, declaró sin lugar el escrito de personamiento, sin ningún precepto legal pertinente que motive y sustente dicha decisión. Siendo impugnada esta última resolución el veintiocho de febrero de dos mil veinte. Para una mejor comprensión de los hechos denunciados, se establece que el ahora amparista presentó sendos escritos de personamiento, según poder otorgado por el señor Virgilio Domínguez Mejía, presidente de la Junta de agua y saneamiento de la Colonia La Cholomeña y del señor Elín Oved Acuña Mencías, alcalde municipal del municipio de Sabá, para ejercer actos de procuración y defensa de los derechos de sus representados..."..."Este alto tribunal de justicia, estima que tal como lo ha expuesto el garantista, INHGEOMIN violentó en perjuicio de sus poderdantes el derecho fundamental al debido proceso legal por vía del plazo razonable, en virtud de no resolver en un tiempo prudencial el recurso de reposición presentado en octubre de dos mil diecinueve; asimismo, se considera violentado el derecho de petición contenido en el artículo 80 constitucional, dado que dicha entidad estatal no dio respuesta a lo peticionado por el ahora amparista...este alto tribunal de justicia hace propios los argumentos esgrimidos por el amparista, quien, citando lo dispuesto por la Corte IDH en relación con dicho derecho, expone que para INHGEOMIN, el análisis de tercero con legitimación activa en el trámite administrativo correspondiente, carece de complejidad, por lo que debió dar pronta respuesta al recurso de reposición interpuesto, toda vez que el argumento mediante el cual se denegó el personamiento en prima facie, fue el siguiente: “el peticionario no establece el derecho subjetivo o interés legítimo que persigue para personarse en las presentes diligencias.” No obstante, se puede corroborar que, en el escrito de personamiento denegado, claramente se indican los derechos que se consideran violentados con el procedimiento en cuestión, además en el recurso de reposición se hacen los alegatos correspondientes en respuesta a la decisión denegatoria. En virtud de lo anteriormente expuesto, para la Sala de lo Constitucional el análisis requerido del objeto debatido no tiene complejidad que justifique que más de un año y medio después de interponerse el recurso de reposición, no se haya dado respuesta dentro del plazo legal o dentro de un plazo, al menos razonable...la Sala de lo Constitucional corrobora que, en el presente caso, no existe razón para que se impute el retraso al ahora garantista, dado que no existe actividad dilatoria de su parte, tomando en consideración de que su pretensión de participar en el trámite fue negada in limine o, de entrada.Al analizar la conducta de la autoridad denunciada, la Sala de lo Constitucional toma en consideración lo expuesto por el amparista, quien hace patente que INHGEOMIN desde un inicio ha mostrado renuencia a ser diligente, constando en autos que efectivamente, tal como lo hace ver en autos, transcurrió un lapso de casi tres meses desde la presentación del escrito de personamiento hasta su resolución. De lo anterior se colige la falta de diligencia de la autoridad administrativa denunciada, la que como ya se dejó expresado antes, ignoró las peticiones del amparista. Cabe resaltar que, siendo un asunto que involucra el medio ambiente y su protección como derecho fundamental, la afectación causada por la tardanza es grave, por cuanto los derechos que se relacionan directa e indirectamente con este, requieren de la más alta atención y rápida respuesta. Tomando en consideración todo lo anterior, es de recibo el motivo de amparo interpuesto en reclamo por la violación al derecho de plazo razonable.Con relación al derecho a acceder a la justicia, la Sala de lo Constitucional advierte, que su observancia no se refiere exclusivamente a satisfacer la exigencia de derechos e intereses mediante pretensiones judiciales, sino que comprende también la justicia que debe proveer la administración pública bajo el concepto más amplio posible. Es decir, el acceso a la justicia es una aspiración de todo ser humano en todos los campos de su existencia, y es deber del Estado satisfacerlo con todas sus instancias y dependencias, obligando a todos los servidores públicos a su realización material.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"mediante la presente demanda de amparo se impugna la resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada por MIAMBIENTE para denegar el apersonamiento del abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán y negarle a intervenir en representación de la junta de agua y saneamiento de la colonia La Cholomeña en el proceso como tercero...el objeto impugnado se completa con la omisión de INHGEOMIN al no emitir en plazo razonable la resolución que corresponde al recurso interpuesto por el quejoso, con el propósito de ser parte en el expediente 469, ya que en auto de fecha 27 de enero 2020, declaró sin lugar el escrito de personamiento, sin ningún precepto legal pertinente que motive y sustente dicha decisión. Siendo impugnada esta última resolución el veintiocho de febrero de dos mil veinte. Para una mejor comprensión de los hechos denunciados, se establece que el ahora amparista presentó sendos escritos de personamiento, según poder otorgado por el señor Virgilio Domínguez Mejía, presidente de la Junta de agua y saneamiento de la Colonia La Cholomeña y del señor Elín Oved Acuña Mencías, alcalde municipal del municipio de Sabá, para ejercer actos de procuración y defensa de los derechos de sus representados..."..."Este alto tribunal de justicia, estima que tal como lo ha expuesto el garantista, INHGEOMIN violentó en perjuicio de sus poderdantes el derecho fundamental al debido proceso legal por vía del plazo razonable, en virtud de no resolver en un tiempo prudencial el recurso de reposición presentado en octubre de dos mil diecinueve; asimismo, se considera violentado el derecho de petición contenido en el artículo 80 constitucional, dado que dicha entidad estatal no dio respuesta a lo peticionado por el ahora amparista...este alto tribunal de justicia hace propios los argumentos esgrimidos por el amparista, quien, citando lo dispuesto por la Corte IDH en relación con dicho derecho, expone que para INHGEOMIN, el análisis de tercero con legitimación activa en el trámite administrativo correspondiente, carece de complejidad, por lo que debió dar pronta respuesta al recurso de reposición interpuesto, toda vez que el argumento mediante el cual se denegó el personamiento en prima facie, fue el siguiente: “el peticionario no establece el derecho subjetivo o interés legítimo que persigue para personarse en las presentes diligencias.” No obstante, se puede corroborar que, en el escrito de personamiento denegado, claramente se indican los derechos que se consideran violentados con el procedimiento en cuestión, además en el recurso de reposición se hacen los alegatos correspondientes en respuesta a la decisión denegatoria. En virtud de lo anteriormente expuesto, para la Sala de lo Constitucional el análisis requerido del objeto debatido no tiene complejidad que justifique que más de un año y medio después de interponerse el recurso de reposición, no se haya dado respuesta dentro del plazo legal o dentro de un plazo, al menos razonable...la Sala de lo Constitucional corrobora que, en el presente caso, no existe razón para que se impute el retraso al ahora garantista, dado que no existe actividad dilatoria de su parte, tomando en consideración de que su pretensión de participar en el trámite fue negada in limine o, de entrada.Al analizar la conducta de la autoridad denunciada, la Sala de lo Constitucional toma en consideración lo expuesto por el amparista, quien hace patente que INHGEOMIN desde un inicio ha mostrado renuencia a ser diligente, constando en autos que efectivamente, tal como lo hace ver en autos, transcurrió un lapso de casi tres meses desde la presentación del escrito de personamiento hasta su resolución. De lo anterior se colige la falta de diligencia de la autoridad administrativa denunciada, la que como ya se dejó expresado antes, ignoró las peticiones del amparista. Cabe resaltar que, siendo un asunto que involucra el medio ambiente y su protección como derecho fundamental, la afectación causada por la tardanza es grave, por cuanto los derechos que se relacionan directa e indirectamente con este, requieren de la más alta atención y rápida respuesta. Tomando en consideración todo lo anterior, es de recibo el motivo de amparo interpuesto en reclamo por la violación al derecho de plazo razonable.Con relación al derecho a acceder a la justicia, la Sala de lo Constitucional advierte, que su observancia no se refiere exclusivamente a satisfacer la exigencia de derechos e intereses mediante pretensiones judiciales, sino que comprende también la justicia que debe proveer la administración pública bajo el concepto más amplio posible. Es decir, el acceso a la justicia es una aspiración de todo ser humano en todos los campos de su existencia, y es deber del Estado satisfacerlo con todas sus instancias y dependencias, obligando a todos los servidores públicos a su realización material.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"mediante la presente demanda de amparo se impugna la resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada por MIAMBIENTE para denegar el apersonamiento del abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán y negarle a intervenir en representación de la junta de agua y saneamiento de la colonia La Cholomeña en el proceso como tercero...el objeto impugnado se completa con la omisión de INHGEOMIN al no emitir en plazo razonable la resolución que corresponde al recurso interpuesto por el quejoso, con el propósito de ser parte en el expediente 469, ya que en auto de fecha 27 de enero 2020, declaró sin lugar el escrito de personamiento, sin ningún precepto legal pertinente que motive y sustente dicha decisión. Siendo impugnada esta última resolución el veintiocho de febrero de dos mil veinte. Para una mejor comprensión de los hechos denunciados, se establece que el ahora amparista presentó sendos escritos de personamiento, según poder otorgado por el señor Virgilio Domínguez Mejía, presidente de la Junta de agua y saneamiento de la Colonia La Cholomeña y del señor Elín Oved Acuña Mencías, alcalde municipal del municipio de Sabá, para ejercer actos de procuración y defensa de los derechos de sus representados..."..."Este alto tribunal de justicia, estima que tal como lo ha expuesto el garantista, INHGEOMIN violentó en perjuicio de sus poderdantes el derecho fundamental al debido proceso legal por vía del plazo razonable, en virtud de no resolver en un tiempo prudencial el recurso de reposición presentado en octubre de dos mil diecinueve; asimismo, se considera violentado el derecho de petición contenido en el artículo 80 constitucional, dado que dicha entidad estatal no dio respuesta a lo peticionado por el ahora amparista...este alto tribunal de justicia hace propios los argumentos esgrimidos por el amparista, quien, citando lo dispuesto por la Corte IDH en relación con dicho derecho, expone que para INHGEOMIN, el análisis de tercero con legitimación activa en el trámite administrativo correspondiente, carece de complejidad, por lo que debió dar pronta respuesta al recurso de reposición interpuesto, toda vez que el argumento mediante el cual se denegó el personamiento en prima facie, fue el siguiente: “el peticionario no establece el derecho subjetivo o interés legítimo que persigue para personarse en las presentes diligencias.” No obstante, se puede corroborar que, en el escrito de personamiento denegado, claramente se indican los derechos que se consideran violentados con el procedimiento en cuestión, además en el recurso de reposición se hacen los alegatos correspondientes en respuesta a la decisión denegatoria. En virtud de lo anteriormente expuesto, para la Sala de lo Constitucional el análisis requerido del objeto debatido no tiene complejidad que justifique que más de un año y medio después de interponerse el recurso de reposición, no se haya dado respuesta dentro del plazo legal o dentro de un plazo, al menos razonable...la Sala de lo Constitucional corrobora que, en el presente caso, no existe razón para que se impute el retraso al ahora garantista, dado que no existe actividad dilatoria de su parte, tomando en consideración de que su pretensión de participar en el trámite fue negada in limine o, de entrada.Al analizar la conducta de la autoridad denunciada, la Sala de lo Constitucional toma en consideración lo expuesto por el amparista, quien hace patente que INHGEOMIN desde un inicio ha mostrado renuencia a ser diligente, constando en autos que efectivamente, tal como lo hace ver en autos, transcurrió un lapso de casi tres meses desde la presentación del escrito de personamiento hasta su resolución. De lo anterior se colige la falta de diligencia de la autoridad administrativa denunciada, la que como ya se dejó expresado antes, ignoró las peticiones del amparista. Cabe resaltar que, siendo un asunto que involucra el medio ambiente y su protección como derecho fundamental, la afectación causada por la tardanza es grave, por cuanto los derechos que se relacionan directa e indirectamente con este, requieren de la más alta atención y rápida respuesta. Tomando en consideración todo lo anterior, es de recibo el motivo de amparo interpuesto en reclamo por la violación al derecho de plazo razonable.Con relación al derecho a acceder a la justicia, la Sala de lo Constitucional advierte, que su observancia no se refiere exclusivamente a satisfacer la exigencia de derechos e intereses mediante pretensiones judiciales, sino que comprende también la justicia que debe proveer la administración pública bajo el concepto más amplio posible. Es decir, el acceso a la justicia es una aspiración de todo ser humano en todos los campos de su existencia, y es deber del Estado satisfacerlo con todas sus instancias y dependencias, obligando a todos los servidores públicos a su realización material.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"mediante la presente demanda de amparo se impugna la resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada por MIAMBIENTE para denegar el apersonamiento del abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán y negarle a intervenir en representación de la junta de agua y saneamiento de la colonia La Cholomeña en el proceso como tercero...el objeto impugnado se completa con la omisión de INHGEOMIN al no emitir en plazo razonable la resolución que corresponde al recurso interpuesto por el quejoso, con el propósito de ser parte en el expediente 469, ya que en auto de fecha 27 de enero 2020, declaró sin lugar el escrito de personamiento, sin ningún precepto legal pertinente que motive y sustente dicha decisión. Siendo impugnada esta última resolución el veintiocho de febrero de dos mil veinte. Para una mejor comprensión de los hechos denunciados, se establece que el ahora amparista presentó sendos escritos de personamiento, según poder otorgado por el señor Virgilio Domínguez Mejía, presidente de la Junta de agua y saneamiento de la Colonia La Cholomeña y del señor Elín Oved Acuña Mencías, alcalde municipal del municipio de Sabá, para ejercer actos de procuración y defensa de los derechos de sus representados..."..."Este alto tribunal de justicia, estima que tal como lo ha expuesto el garantista, INHGEOMIN violentó en perjuicio de sus poderdantes el derecho fundamental al debido proceso legal por vía del plazo razonable, en virtud de no resolver en un tiempo prudencial el recurso de reposición presentado en octubre de dos mil diecinueve; asimismo, se considera violentado el derecho de petición contenido en el artículo 80 constitucional, dado que dicha entidad estatal no dio respuesta a lo peticionado por el ahora amparista...este alto tribunal de justicia hace propios los argumentos esgrimidos por el amparista, quien, citando lo dispuesto por la Corte IDH en relación con dicho derecho, expone que para INHGEOMIN, el análisis de tercero con legitimación activa en el trámite administrativo correspondiente, carece de complejidad, por lo que debió dar pronta respuesta al recurso de reposición interpuesto, toda vez que el argumento mediante el cual se denegó el personamiento en prima facie, fue el siguiente: “el peticionario no establece el derecho subjetivo o interés legítimo que persigue para personarse en las presentes diligencias.” No obstante, se puede corroborar que, en el escrito de personamiento denegado, claramente se indican los derechos que se consideran violentados con el procedimiento en cuestión, además en el recurso de reposición se hacen los alegatos correspondientes en respuesta a la decisión denegatoria. En virtud de lo anteriormente expuesto, para la Sala de lo Constitucional el análisis requerido del objeto debatido no tiene complejidad que justifique que más de un año y medio después de interponerse el recurso de reposición, no se haya dado respuesta dentro del plazo legal o dentro de un plazo, al menos razonable...la Sala de lo Constitucional corrobora que, en el presente caso, no existe razón para que se impute el retraso al ahora garantista, dado que no existe actividad dilatoria de su parte, tomando en consideración de que su pretensión de participar en el trámite fue negada in limine o, de entrada.Al analizar la conducta de la autoridad denunciada, la Sala de lo Constitucional toma en consideración lo expuesto por el amparista, quien hace patente que INHGEOMIN desde un inicio ha mostrado renuencia a ser diligente, constando en autos que efectivamente, tal como lo hace ver en autos, transcurrió un lapso de casi tres meses desde la presentación del escrito de personamiento hasta su resolución. De lo anterior se colige la falta de diligencia de la autoridad administrativa denunciada, la que como ya se dejó expresado antes, ignoró las peticiones del amparista. Cabe resaltar que, siendo un asunto que involucra el medio ambiente y su protección como derecho fundamental, la afectación causada por la tardanza es grave, por cuanto los derechos que se relacionan directa e indirectamente con este, requieren de la más alta atención y rápida respuesta. Tomando en consideración todo lo anterior, es de recibo el motivo de amparo interpuesto en reclamo por la violación al derecho de plazo razonable.Con relación al derecho a acceder a la justicia, la Sala de lo Constitucional advierte, que su observancia no se refiere exclusivamente a satisfacer la exigencia de derechos e intereses mediante pretensiones judiciales, sino que comprende también la justicia que debe proveer la administración pública bajo el concepto más amplio posible. Es decir, el acceso a la justicia es una aspiración de todo ser humano en todos los campos de su existencia, y es deber del Estado satisfacerlo con todas sus instancias y dependencias, obligando a todos los servidores públicos a su realización material.

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Jerarquía: Reiterativa

…"mediante la presente demanda de amparo se impugna la resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada por MIAMBIENTE para denegar el apersonamiento del abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán y negarle a intervenir en representación de la junta de agua y saneamiento de la colonia La Cholomeña en el proceso como tercero...el objeto impugnado se completa con la omisión de INHGEOMIN al no emitir en plazo razonable la resolución que corresponde al recurso interpuesto por el quejoso, con el propósito de ser parte en el expediente 469, ya que en auto de fecha 27 de enero 2020, declaró sin lugar el escrito de personamiento, sin ningún precepto legal pertinente que motive y sustente dicha decisión. Siendo impugnada esta última resolución el veintiocho de febrero de dos mil veinte. Para una mejor comprensión de los hechos denunciados, se establece que el ahora amparista presentó sendos escritos de personamiento, según poder otorgado por el señor Virgilio Domínguez Mejía, presidente de la Junta de agua y saneamiento de la Colonia La Cholomeña y del señor Elín Oved Acuña Mencías, alcalde municipal del municipio de Sabá, para ejercer actos de procuración y defensa de los derechos de sus representados..."..."Este alto tribunal de justicia, estima que tal como lo ha expuesto el garantista, INHGEOMIN violentó en perjuicio de sus poderdantes el derecho fundamental al debido proceso legal por vía del plazo razonable, en virtud de no resolver en un tiempo prudencial el recurso de reposición presentado en octubre de dos mil diecinueve; asimismo, se considera violentado el derecho de petición contenido en el artículo 80 constitucional, dado que dicha entidad estatal no dio respuesta a lo peticionado por el ahora amparista...este alto tribunal de justicia hace propios los argumentos esgrimidos por el amparista, quien, citando lo dispuesto por la Corte IDH en relación con dicho derecho, expone que para INHGEOMIN, el análisis de tercero con legitimación activa en el trámite administrativo correspondiente, carece de complejidad, por lo que debió dar pronta respuesta al recurso de reposición interpuesto, toda vez que el argumento mediante el cual se denegó el personamiento en prima facie, fue el siguiente: “el peticionario no establece el derecho subjetivo o interés legítimo que persigue para personarse en las presentes diligencias.” No obstante, se puede corroborar que, en el escrito de personamiento denegado, claramente se indican los derechos que se consideran violentados con el procedimiento en cuestión, además en el recurso de reposición se hacen los alegatos correspondientes en respuesta a la decisión denegatoria. En virtud de lo anteriormente expuesto, para la Sala de lo Constitucional el análisis requerido del objeto debatido no tiene complejidad que justifique que más de un año y medio después de interponerse el recurso de reposición, no se haya dado respuesta dentro del plazo legal o dentro de un plazo, al menos razonable...la Sala de lo Constitucional corrobora que, en el presente caso, no existe razón para que se impute el retraso al ahora garantista, dado que no existe actividad dilatoria de su parte, tomando en consideración de que su pretensión de participar en el trámite fue negada in limine o, de entrada.Al analizar la conducta de la autoridad denunciada, la Sala de lo Constitucional toma en consideración lo expuesto por el amparista, quien hace patente que INHGEOMIN desde un inicio ha mostrado renuencia a ser diligente, constando en autos que efectivamente, tal como lo hace ver en autos, transcurrió un lapso de casi tres meses desde la presentación del escrito de personamiento hasta su resolución. De lo anterior se colige la falta de diligencia de la autoridad administrativa denunciada, la que como ya se dejó expresado antes, ignoró las peticiones del amparista. Cabe resaltar que, siendo un asunto que involucra el medio ambiente y su protección como derecho fundamental, la afectación causada por la tardanza es grave, por cuanto los derechos que se relacionan directa e indirectamente con este, requieren de la más alta atención y rápida respuesta. Tomando en consideración todo lo anterior, es de recibo el motivo de amparo interpuesto en reclamo por la violación al derecho de plazo razonable.Con relación al derecho a acceder a la justicia, la Sala de lo Constitucional advierte, que su observancia no se refiere exclusivamente a satisfacer la exigencia de derechos e intereses mediante pretensiones judiciales, sino que comprende también la justicia que debe proveer la administración pública bajo el concepto más amplio posible. Es decir, el acceso a la justicia es una aspiración de todo ser humano en todos los campos de su existencia, y es deber del Estado satisfacerlo con todas sus instancias y dependencias, obligando a todos los servidores públicos a su realización material.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"mediante la presente demanda de amparo se impugna la resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada por MIAMBIENTE para denegar el apersonamiento del abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán y negarle a intervenir en representación de la junta de agua y saneamiento de la colonia La Cholomeña en el proceso como tercero...el objeto impugnado se completa con la omisión de INHGEOMIN al no emitir en plazo razonable la resolución que corresponde al recurso interpuesto por el quejoso, con el propósito de ser parte en el expediente 469, ya que en auto de fecha 27 de enero 2020, declaró sin lugar el escrito de personamiento, sin ningún precepto legal pertinente que motive y sustente dicha decisión. Siendo impugnada esta última resolución el veintiocho de febrero de dos mil veinte. Para una mejor comprensión de los hechos denunciados, se establece que el ahora amparista presentó sendos escritos de personamiento, según poder otorgado por el señor Virgilio Domínguez Mejía, presidente de la Junta de agua y saneamiento de la Colonia La Cholomeña y del señor Elín Oved Acuña Mencías, alcalde municipal del municipio de Sabá, para ejercer actos de procuración y defensa de los derechos de sus representados..."..."Este alto tribunal de justicia, estima que tal como lo ha expuesto el garantista, INHGEOMIN violentó en perjuicio de sus poderdantes el derecho fundamental al debido proceso legal por vía del plazo razonable, en virtud de no resolver en un tiempo prudencial el recurso de reposición presentado en octubre de dos mil diecinueve; asimismo, se considera violentado el derecho de petición contenido en el artículo 80 constitucional, dado que dicha entidad estatal no dio respuesta a lo peticionado por el ahora amparista...este alto tribunal de justicia hace propios los argumentos esgrimidos por el amparista, quien, citando lo dispuesto por la Corte IDH en relación con dicho derecho, expone que para INHGEOMIN, el análisis de tercero con legitimación activa en el trámite administrativo correspondiente, carece de complejidad, por lo que debió dar pronta respuesta al recurso de reposición interpuesto, toda vez que el argumento mediante el cual se denegó el personamiento en prima facie, fue el siguiente: “el peticionario no establece el derecho subjetivo o interés legítimo que persigue para personarse en las presentes diligencias.” No obstante, se puede corroborar que, en el escrito de personamiento denegado, claramente se indican los derechos que se consideran violentados con el procedimiento en cuestión, además en el recurso de reposición se hacen los alegatos correspondientes en respuesta a la decisión denegatoria. En virtud de lo anteriormente expuesto, para la Sala de lo Constitucional el análisis requerido del objeto debatido no tiene complejidad que justifique que más de un año y medio después de interponerse el recurso de reposición, no se haya dado respuesta dentro del plazo legal o dentro de un plazo, al menos razonable...la Sala de lo Constitucional corrobora que, en el presente caso, no existe razón para que se impute el retraso al ahora garantista, dado que no existe actividad dilatoria de su parte, tomando en consideración de que su pretensión de participar en el trámite fue negada in limine o, de entrada.Al analizar la conducta de la autoridad denunciada, la Sala de lo Constitucional toma en consideración lo expuesto por el amparista, quien hace patente que INHGEOMIN desde un inicio ha mostrado renuencia a ser diligente, constando en autos que efectivamente, tal como lo hace ver en autos, transcurrió un lapso de casi tres meses desde la presentación del escrito de personamiento hasta su resolución. De lo anterior se colige la falta de diligencia de la autoridad administrativa denunciada, la que como ya se dejó expresado antes, ignoró las peticiones del amparista. Cabe resaltar que, siendo un asunto que involucra el medio ambiente y su protección como derecho fundamental, la afectación causada por la tardanza es grave, por cuanto los derechos que se relacionan directa e indirectamente con este, requieren de la más alta atención y rápida respuesta. Tomando en consideración todo lo anterior, es de recibo el motivo de amparo interpuesto en reclamo por la violación al derecho de plazo razonable.Con relación al derecho a acceder a la justicia, la Sala de lo Constitucional advierte, que su observancia no se refiere exclusivamente a satisfacer la exigencia de derechos e intereses mediante pretensiones judiciales, sino que comprende también la justicia que debe proveer la administración pública bajo el concepto más amplio posible. Es decir, el acceso a la justicia es una aspiración de todo ser humano en todos los campos de su existencia, y es deber del Estado satisfacerlo con todas sus instancias y dependencias, obligando a todos los servidores públicos a su realización material.

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Jerarquía: Reiterativa

…"mediante la presente demanda de amparo se impugna la resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada por MIAMBIENTE para denegar el apersonamiento del abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán y negarle a intervenir en representación de la junta de agua y saneamiento de la colonia La Cholomeña en el proceso como tercero...el objeto impugnado se completa con la omisión de INHGEOMIN al no emitir en plazo razonable la resolución que corresponde al recurso interpuesto por el quejoso, con el propósito de ser parte en el expediente 469, ya que en auto de fecha 27 de enero 2020, declaró sin lugar el escrito de personamiento, sin ningún precepto legal pertinente que motive y sustente dicha decisión. Siendo impugnada esta última resolución el veintiocho de febrero de dos mil veinte. Para una mejor comprensión de los hechos denunciados, se establece que el ahora amparista presentó sendos escritos de personamiento, según poder otorgado por el señor Virgilio Domínguez Mejía, presidente de la Junta de agua y saneamiento de la Colonia La Cholomeña y del señor Elín Oved Acuña Mencías, alcalde municipal del municipio de Sabá, para ejercer actos de procuración y defensa de los derechos de sus representados..."..."Este alto tribunal de justicia, estima que tal como lo ha expuesto el garantista, INHGEOMIN violentó en perjuicio de sus poderdantes el derecho fundamental al debido proceso legal por vía del plazo razonable, en virtud de no resolver en un tiempo prudencial el recurso de reposición presentado en octubre de dos mil diecinueve; asimismo, se considera violentado el derecho de petición contenido en el artículo 80 constitucional, dado que dicha entidad estatal no dio respuesta a lo peticionado por el ahora amparista...este alto tribunal de justicia hace propios los argumentos esgrimidos por el amparista, quien, citando lo dispuesto por la Corte IDH en relación con dicho derecho, expone que para INHGEOMIN, el análisis de tercero con legitimación activa en el trámite administrativo correspondiente, carece de complejidad, por lo que debió dar pronta respuesta al recurso de reposición interpuesto, toda vez que el argumento mediante el cual se denegó el personamiento en prima facie, fue el siguiente: “el peticionario no establece el derecho subjetivo o interés legítimo que persigue para personarse en las presentes diligencias.” No obstante, se puede corroborar que, en el escrito de personamiento denegado, claramente se indican los derechos que se consideran violentados con el procedimiento en cuestión, además en el recurso de reposición se hacen los alegatos correspondientes en respuesta a la decisión denegatoria. En virtud de lo anteriormente expuesto, para la Sala de lo Constitucional el análisis requerido del objeto debatido no tiene complejidad que justifique que más de un año y medio después de interponerse el recurso de reposición, no se haya dado respuesta dentro del plazo legal o dentro de un plazo, al menos razonable...la Sala de lo Constitucional corrobora que, en el presente caso, no existe razón para que se impute el retraso al ahora garantista, dado que no existe actividad dilatoria de su parte, tomando en consideración de que su pretensión de participar en el trámite fue negada in limine o, de entrada.Al analizar la conducta de la autoridad denunciada, la Sala de lo Constitucional toma en consideración lo expuesto por el amparista, quien hace patente que INHGEOMIN desde un inicio ha mostrado renuencia a ser diligente, constando en autos que efectivamente, tal como lo hace ver en autos, transcurrió un lapso de casi tres meses desde la presentación del escrito de personamiento hasta su resolución. De lo anterior se colige la falta de diligencia de la autoridad administrativa denunciada, la que como ya se dejó expresado antes, ignoró las peticiones del amparista. Cabe resaltar que, siendo un asunto que involucra el medio ambiente y su protección como derecho fundamental, la afectación causada por la tardanza es grave, por cuanto los derechos que se relacionan directa e indirectamente con este, requieren de la más alta atención y rápida respuesta. Tomando en consideración todo lo anterior, es de recibo el motivo de amparo interpuesto en reclamo por la violación al derecho de plazo razonable.Con relación al derecho a acceder a la justicia, la Sala de lo Constitucional advierte, que su observancia no se refiere exclusivamente a satisfacer la exigencia de derechos e intereses mediante pretensiones judiciales, sino que comprende también la justicia que debe proveer la administración pública bajo el concepto más amplio posible. Es decir, el acceso a la justicia es una aspiración de todo ser humano en todos los campos de su existencia, y es deber del Estado satisfacerlo con todas sus instancias y dependencias, obligando a todos los servidores públicos a su realización material.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"mediante la presente demanda de amparo se impugna la resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada por MIAMBIENTE para denegar el apersonamiento del abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán y negarle a intervenir en representación de la junta de agua y saneamiento de la colonia La Cholomeña en el proceso como tercero...el objeto impugnado se completa con la omisión de INHGEOMIN al no emitir en plazo razonable la resolución que corresponde al recurso interpuesto por el quejoso, con el propósito de ser parte en el expediente 469, ya que en auto de fecha 27 de enero 2020, declaró sin lugar el escrito de personamiento, sin ningún precepto legal pertinente que motive y sustente dicha decisión. Siendo impugnada esta última resolución el veintiocho de febrero de dos mil veinte. Para una mejor comprensión de los hechos denunciados, se establece que el ahora amparista presentó sendos escritos de personamiento, según poder otorgado por el señor Virgilio Domínguez Mejía, presidente de la Junta de agua y saneamiento de la Colonia La Cholomeña y del señor Elín Oved Acuña Mencías, alcalde municipal del municipio de Sabá, para ejercer actos de procuración y defensa de los derechos de sus representados..."..."Este alto tribunal de justicia, estima que tal como lo ha expuesto el garantista, INHGEOMIN violentó en perjuicio de sus poderdantes el derecho fundamental al debido proceso legal por vía del plazo razonable, en virtud de no resolver en un tiempo prudencial el recurso de reposición presentado en octubre de dos mil diecinueve; asimismo, se considera violentado el derecho de petición contenido en el artículo 80 constitucional, dado que dicha entidad estatal no dio respuesta a lo peticionado por el ahora amparista...este alto tribunal de justicia hace propios los argumentos esgrimidos por el amparista, quien, citando lo dispuesto por la Corte IDH en relación con dicho derecho, expone que para INHGEOMIN, el análisis de tercero con legitimación activa en el trámite administrativo correspondiente, carece de complejidad, por lo que debió dar pronta respuesta al recurso de reposición interpuesto, toda vez que el argumento mediante el cual se denegó el personamiento en prima facie, fue el siguiente: “el peticionario no establece el derecho subjetivo o interés legítimo que persigue para personarse en las presentes diligencias.” No obstante, se puede corroborar que, en el escrito de personamiento denegado, claramente se indican los derechos que se consideran violentados con el procedimiento en cuestión, además en el recurso de reposición se hacen los alegatos correspondientes en respuesta a la decisión denegatoria. En virtud de lo anteriormente expuesto, para la Sala de lo Constitucional el análisis requerido del objeto debatido no tiene complejidad que justifique que más de un año y medio después de interponerse el recurso de reposición, no se haya dado respuesta dentro del plazo legal o dentro de un plazo, al menos razonable...la Sala de lo Constitucional corrobora que, en el presente caso, no existe razón para que se impute el retraso al ahora garantista, dado que no existe actividad dilatoria de su parte, tomando en consideración de que su pretensión de participar en el trámite fue negada in limine o, de entrada.Al analizar la conducta de la autoridad denunciada, la Sala de lo Constitucional toma en consideración lo expuesto por el amparista, quien hace patente que INHGEOMIN desde un inicio ha mostrado renuencia a ser diligente, constando en autos que efectivamente, tal como lo hace ver en autos, transcurrió un lapso de casi tres meses desde la presentación del escrito de personamiento hasta su resolución. De lo anterior se colige la falta de diligencia de la autoridad administrativa denunciada, la que como ya se dejó expresado antes, ignoró las peticiones del amparista. Cabe resaltar que, siendo un asunto que involucra el medio ambiente y su protección como derecho fundamental, la afectación causada por la tardanza es grave, por cuanto los derechos que se relacionan directa e indirectamente con este, requieren de la más alta atención y rápida respuesta. Tomando en consideración todo lo anterior, es de recibo el motivo de amparo interpuesto en reclamo por la violación al derecho de plazo razonable.Con relación al derecho a acceder a la justicia, la Sala de lo Constitucional advierte, que su observancia no se refiere exclusivamente a satisfacer la exigencia de derechos e intereses mediante pretensiones judiciales, sino que comprende también la justicia que debe proveer la administración pública bajo el concepto más amplio posible. Es decir, el acceso a la justicia es una aspiración de todo ser humano en todos los campos de su existencia, y es deber del Estado satisfacerlo con todas sus instancias y dependencias, obligando a todos los servidores públicos a su realización material.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"mediante la presente demanda de amparo se impugna la resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada por MIAMBIENTE para denegar el apersonamiento del abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán y negarle a intervenir en representación de la junta de agua y saneamiento de la colonia La Cholomeña en el proceso como tercero...el objeto impugnado se completa con la omisión de INHGEOMIN al no emitir en plazo razonable la resolución que corresponde al recurso interpuesto por el quejoso, con el propósito de ser parte en el expediente 469, ya que en auto de fecha 27 de enero 2020, declaró sin lugar el escrito de personamiento, sin ningún precepto legal pertinente que motive y sustente dicha decisión. Siendo impugnada esta última resolución el veintiocho de febrero de dos mil veinte. Para una mejor comprensión de los hechos denunciados, se establece que el ahora amparista presentó sendos escritos de personamiento, según poder otorgado por el señor Virgilio Domínguez Mejía, presidente de la Junta de agua y saneamiento de la Colonia La Cholomeña y del señor Elín Oved Acuña Mencías, alcalde municipal del municipio de Sabá, para ejercer actos de procuración y defensa de los derechos de sus representados..."..."Este alto tribunal de justicia, estima que tal como lo ha expuesto el garantista, INHGEOMIN violentó en perjuicio de sus poderdantes el derecho fundamental al debido proceso legal por vía del plazo razonable, en virtud de no resolver en un tiempo prudencial el recurso de reposición presentado en octubre de dos mil diecinueve; asimismo, se considera violentado el derecho de petición contenido en el artículo 80 constitucional, dado que dicha entidad estatal no dio respuesta a lo peticionado por el ahora amparista...este alto tribunal de justicia hace propios los argumentos esgrimidos por el amparista, quien, citando lo dispuesto por la Corte IDH en relación con dicho derecho, expone que para INHGEOMIN, el análisis de tercero con legitimación activa en el trámite administrativo correspondiente, carece de complejidad, por lo que debió dar pronta respuesta al recurso de reposición interpuesto, toda vez que el argumento mediante el cual se denegó el personamiento en prima facie, fue el siguiente: “el peticionario no establece el derecho subjetivo o interés legítimo que persigue para personarse en las presentes diligencias.” No obstante, se puede corroborar que, en el escrito de personamiento denegado, claramente se indican los derechos que se consideran violentados con el procedimiento en cuestión, además en el recurso de reposición se hacen los alegatos correspondientes en respuesta a la decisión denegatoria. En virtud de lo anteriormente expuesto, para la Sala de lo Constitucional el análisis requerido del objeto debatido no tiene complejidad que justifique que más de un año y medio después de interponerse el recurso de reposición, no se haya dado respuesta dentro del plazo legal o dentro de un plazo, al menos razonable...la Sala de lo Constitucional corrobora que, en el presente caso, no existe razón para que se impute el retraso al ahora garantista, dado que no existe actividad dilatoria de su parte, tomando en consideración de que su pretensión de participar en el trámite fue negada in limine o, de entrada.Al analizar la conducta de la autoridad denunciada, la Sala de lo Constitucional toma en consideración lo expuesto por el amparista, quien hace patente que INHGEOMIN desde un inicio ha mostrado renuencia a ser diligente, constando en autos que efectivamente, tal como lo hace ver en autos, transcurrió un lapso de casi tres meses desde la presentación del escrito de personamiento hasta su resolución. De lo anterior se colige la falta de diligencia de la autoridad administrativa denunciada, la que como ya se dejó expresado antes, ignoró las peticiones del amparista. Cabe resaltar que, siendo un asunto que involucra el medio ambiente y su protección como derecho fundamental, la afectación causada por la tardanza es grave, por cuanto los derechos que se relacionan directa e indirectamente con este, requieren de la más alta atención y rápida respuesta. Tomando en consideración todo lo anterior, es de recibo el motivo de amparo interpuesto en reclamo por la violación al derecho de plazo razonable.Con relación al derecho a acceder a la justicia, la Sala de lo Constitucional advierte, que su observancia no se refiere exclusivamente a satisfacer la exigencia de derechos e intereses mediante pretensiones judiciales, sino que comprende también la justicia que debe proveer la administración pública bajo el concepto más amplio posible. Es decir, el acceso a la justicia es una aspiración de todo ser humano en todos los campos de su existencia, y es deber del Estado satisfacerlo con todas sus instancias y dependencias, obligando a todos los servidores públicos a su realización material.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"mediante la presente demanda de amparo se impugna la resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada por MIAMBIENTE para denegar el apersonamiento del abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán y negarle a intervenir en representación de la junta de agua y saneamiento de la colonia La Cholomeña en el proceso como tercero...el objeto impugnado se completa con la omisión de INHGEOMIN al no emitir en plazo razonable la resolución que corresponde al recurso interpuesto por el quejoso, con el propósito de ser parte en el expediente 469, ya que en auto de fecha 27 de enero 2020, declaró sin lugar el escrito de personamiento, sin ningún precepto legal pertinente que motive y sustente dicha decisión. Siendo impugnada esta última resolución el veintiocho de febrero de dos mil veinte. Para una mejor comprensión de los hechos denunciados, se establece que el ahora amparista presentó sendos escritos de personamiento, según poder otorgado por el señor Virgilio Domínguez Mejía, presidente de la Junta de agua y saneamiento de la Colonia La Cholomeña y del señor Elín Oved Acuña Mencías, alcalde municipal del municipio de Sabá, para ejercer actos de procuración y defensa de los derechos de sus representados..."..."Este alto tribunal de justicia, estima que tal como lo ha expuesto el garantista, INHGEOMIN violentó en perjuicio de sus poderdantes el derecho fundamental al debido proceso legal por vía del plazo razonable, en virtud de no resolver en un tiempo prudencial el recurso de reposición presentado en octubre de dos mil diecinueve; asimismo, se considera violentado el derecho de petición contenido en el artículo 80 constitucional, dado que dicha entidad estatal no dio respuesta a lo peticionado por el ahora amparista...este alto tribunal de justicia hace propios los argumentos esgrimidos por el amparista, quien, citando lo dispuesto por la Corte IDH en relación con dicho derecho, expone que para INHGEOMIN, el análisis de tercero con legitimación activa en el trámite administrativo correspondiente, carece de complejidad, por lo que debió dar pronta respuesta al recurso de reposición interpuesto, toda vez que el argumento mediante el cual se denegó el personamiento en prima facie, fue el siguiente: “el peticionario no establece el derecho subjetivo o interés legítimo que persigue para personarse en las presentes diligencias.” No obstante, se puede corroborar que, en el escrito de personamiento denegado, claramente se indican los derechos que se consideran violentados con el procedimiento en cuestión, además en el recurso de reposición se hacen los alegatos correspondientes en respuesta a la decisión denegatoria. En virtud de lo anteriormente expuesto, para la Sala de lo Constitucional el análisis requerido del objeto debatido no tiene complejidad que justifique que más de un año y medio después de interponerse el recurso de reposición, no se haya dado respuesta dentro del plazo legal o dentro de un plazo, al menos razonable...la Sala de lo Constitucional corrobora que, en el presente caso, no existe razón para que se impute el retraso al ahora garantista, dado que no existe actividad dilatoria de su parte, tomando en consideración de que su pretensión de participar en el trámite fue negada in limine o, de entrada.Al analizar la conducta de la autoridad denunciada, la Sala de lo Constitucional toma en consideración lo expuesto por el amparista, quien hace patente que INHGEOMIN desde un inicio ha mostrado renuencia a ser diligente, constando en autos que efectivamente, tal como lo hace ver en autos, transcurrió un lapso de casi tres meses desde la presentación del escrito de personamiento hasta su resolución. De lo anterior se colige la falta de diligencia de la autoridad administrativa denunciada, la que como ya se dejó expresado antes, ignoró las peticiones del amparista. Cabe resaltar que, siendo un asunto que involucra el medio ambiente y su protección como derecho fundamental, la afectación causada por la tardanza es grave, por cuanto los derechos que se relacionan directa e indirectamente con este, requieren de la más alta atención y rápida respuesta. Tomando en consideración todo lo anterior, es de recibo el motivo de amparo interpuesto en reclamo por la violación al derecho de plazo razonable.Con relación al derecho a acceder a la justicia, la Sala de lo Constitucional advierte, que su observancia no se refiere exclusivamente a satisfacer la exigencia de derechos e intereses mediante pretensiones judiciales, sino que comprende también la justicia que debe proveer la administración pública bajo el concepto más amplio posible. Es decir, el acceso a la justicia es una aspiración de todo ser humano en todos los campos de su existencia, y es deber del Estado satisfacerlo con todas sus instancias y dependencias, obligando a todos los servidores públicos a su realización material.

Legislación citada

Jerarquía: Hito

..".7.5.Decisión con relación a la violación de los derechos al agua y a la salud, La Sala de lo Constitucional, estima que procede amparar en virtud de todo lo expresado hasta el momento, quedando en evidencia que en el presente caso se pone en riesgo el derecho al medio ambiente sano y por ende los derechos al agua y a la salud.En ese sentido, se tienen por conculcados los artículos 145 constitucional, 10 del Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y 12 del PIDESC, citados todos por el amparista.De igual manera, esta Sala como lo hizo el amparista estima que lo expuesto por el Comité DESC, en su Observación general No. 15, es relevante para el examen del caso de marras, tomando en cuenta el señalado principio, “derecho al más alto nivel posible de salud”, entre otros elementos expuestos en el párrafo dos de dicho informe. Verbigracia: El vínculo que tiene el derecho al agua con un nivel de vida adecuado, con la salud, la vivienda (la falta de agua como causa de desplazamiento y migración) y una alimentación adecuada, por ende la dignidad humana.La Sala también estima de aplicación lo señalado por el amparista en relación con lo expresado por el Comité DESC en relación a que el derecho humano al agua, es disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico; y que el acceso al agua, es necesario para el ejercicio de muchos de los derechos reconocidos en el pacto, como por ejemplo: producir alimentos, procurarse medios de subsistencia (trabajo), realizar prácticas culturales (el derecho a participar en la vida cultural), etc. Ahora bien, este alto tribunal de justicia atiende lo expresado por el Comité DESC en cuanto a conceder prioridad al derecho de utilizar el agua para fines personales y domésticos, especialmente para evitar el hambre y las enfermedades. Ante el controvertido suscitado en relación con el proyecto minero en cuestión, sobre la afectación a las microcuencas de uso y abastecimiento de comunidades ya establecidas, es menester que estos elementos queden por entero dilucidados a un nivel aceptable de certeza, dado que es la vida y otros derechos fundamentales los que se encuentran de por medio, siendo por ello de gravedad que el proyecto se continúe habiendo una oposición de hecho y denuncias por parte de pobladores, debiéndose en consecuencia, prevenir daños irreversibles y graves a los derechos fundamentales de las poblaciones involucradas. Es relevante lo denunciado por el amparista contra MIAMBIENTE, en cuanto a ignorar que, en el EsEIA, presentado por la empresa minera no aparecen los datos hidrológicos de las tres fuentes superficiales de agua potencialmente afectadas por la concesión minera; asimismo que no exista un estudio de densidad de drenajes e hidráulica fluvial de las quebradas Regaderos, Pajuiles y Quebrada Seca, así como del estudio sobre el sistema de drenajes y mapeo del orden de las microcuencas y cauces permanentes y temporales en la zona que resultaría potencialmente impactadas por la concesión minera.También resulta inquietante que se haya ignorado por parte de las autoridades denunciadas, que el EsEIA presentado por la empresa minera, omite el porcentaje y cantidad de tierra que será removida por ser una concesión a cielo abierto, así como otros elementos señalados por el Bufete Estudios para la dignidad en el documento: Evaluación de impactos ambiental del proyecto minero Las Golondrinas, con enfoque en seguridad y derechos humanos, publicado el veintinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Siendo dicha omisión, una consecuencia de no haber permitido el personamiento de los representados por el impetrante en los procesos administrativos, por lo que MIAMBIENTE e INHGEOMIN deben atender y verificar los señalamientos y daños irreversibles a las fuentes de agua del municipio que ha sido denunciados en informes, estudios y en esta garantía constitucional. Otro elemento a considerar, es lo denunciado por el garantista sobre el hecho de que el EsEIA reduce el recurso hídrico a dos quebradas existentes en el área concesionada, omitiendo la presencia de múltiples cuerpos de agua (Regaderos Pajuiles 2, Chama de Oro, afluente de Rio Cuaca) cuya importancia es vital porque proporcionan, agua a diferentes comunidades y parte del sector urbano del municipio de Sabá. Por lo que resulta de vital importancia para la Sala de lo Constitucional la corrección de todas las falencias denunciadas y que son elementos necesarios para la higiene ambiental, con relación a asegurar, en un nivel aceptable de certeza, que el proyecto minero no es riesgoso para el derecho fundamental a la salud, y que no producirá los efectos negativos de agua insalubre y contaminada por sustancias tóxicas y microbios patógenos, que sean destructivos de los ecosistemas acuáticos, convirtiéndolos en hábitat para los vectores de enfermedades, dañinos para la vida y salud de las personas.También, debe quedar garantizado que el proyecto minero no afectará las libertades que giran en torno al derecho de acceder a un suministro de agua suficiente, para atender todas las necesidades humanas y vida silvestre, es decir, el poder ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como, sufrir cortes arbitrarios del suministro. Por medio de la presente sentencia, la Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución estima en relación con el artículo 145 constitucional que, debe garantizarse el acceso de agua a las futuras generaciones, siendo por tanto una obligación ineludible del Estado, resguardar y proteger dicho acceso. De igual manera y por igual razón, este alto tribunal declara el agua como un bien social y cultural. En virtud de lo anterior, este alto tribunal de justicia en total adhesión a lo señalado por el Comité DESC, exige el cumplimiento de la obligación de aplicar en cualquier circunstancia, los factores de disponibilidad, calidad y accesibilidad. Debiéndose entender por calidad del agua, que cumpla con lo necesario para garantizar su salubridad en el uso personal o doméstico, sin microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Debiendo tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico. Aspectos que el garantista reitera no fueron observados por las instancias gubernamentales denunciadas para otorgar las licencias ambientales y permisos de explotación minera.También, para este alto tribunal de justicia debe darse cumplimiento a lo expuesto por el Comité DESC en la Observación general No. 15. El derecho al agua, al hacer énfasis especial sobre la progresividad en la protección y garantía del derecho de acceso al agua, estableciendo la prohibición de la adopción de medidas regresivas con respecto al derecho al agua. Tal como lo indica el amparista, el derecho al agua (como sucede con todos los derechos fundamentales o humanos) impone a Honduras las obligaciones de respetar, proteger y garantizar [cumplir]. En ese sentido, la obligación de respeto referido propiamente al agua implica que el Estado se abstenga de realizar toda práctica o actividad que: niegue o restrinja el acceso al agua potable en condiciones de igualdad, de inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas consuetudinarios o tradicionales de distribución del agua, de reducir o contaminar ilícitamente el agua. Con relación a la obligación de proteger, el Estado debe impedir a particulares, grupos, empresas y otras entidades, así como quienes obren en su nombre, que menoscaben, de cualquier modo, el disfrute del derecho al agua. La obligación de garantizar, comprende por su parte, la prevención, o sea la adopción de las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias y electivas para impedir, por ejemplo, que falte por acción de cualquier persona e incluso el Estado, el acceso al agua potable en condiciones de igualdad o contaminen o exploten en forma no equitativa los recursos de agua, con inclusión de las fuentes naturales, los pozos y otros sistemas de distribución de agua; asimismo revertir toda acción que produzca la falta de acceso al agua, restituyendo su suministro en condiciones de calidad y cantidad; finalmente, la investigación de culpables para la deducción de responsabilidades Lo anterior, en complemento a lo que dispone el Comité DESC en la Observación general número 15 y citado por el amparista en su exposición, quien señala que la obligación de cumplir se entiende en la obligación de facilitar, promover y garantizar. Indica que la obligación de facilitar exige la adopción medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho. Promover corresponde a la adopción de medidas para difundir información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua. Y garantizar que es proveer agua de calidad a todas las personas, grupos o comunidades que no estén en condiciones, por razones ajenas a su voluntad de ejercer por si mismos ese derecho con los medios a su disposición.La Sala de lo Constitucional, de igual manera acoge como instrumento de obligatorio cumplimiento la Observación General 14 del Comité DESC, Sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de la salud, especialmente en referencia a la necesidad de velar por el suministro adecuado de agua limpia y potable, y la creación de condiciones sanitarias básicas, así como la prevención y reducción de la exposición de la población a sustancias nocivas, tales como radiaciones y sustancias químicas nocivas u otros factores ambientales perjudiciales que afectan directa o indirectamente a la salud de los seres humanos. A petición del quejoso, la Sala de lo Constitucional declara que es de aplicación al caso de mérito, lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento, con relación al derecho de preferencia de las municipalidades sobre las personas naturales o jurídicas públicas o privadas en cuanto al aprovechamiento del agua para consumo humano.7.6. Decisión con relación a la violación del principio de precaución o in dubio pro naturae. La Sala de lo Constitucional hizo mención del principio de precaución en la sentencia RI-1165-2014, al señalar lo siguiente:“Este alto tribunal estima que no se han previsto medios idóneos para asegurar que los métodos utilizados en el proceso de explotación aseguren las condiciones de salud y bienestar a la vida humana que garantiza la Constitución de la República, teniendo en consideración que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, estando todos en la obligación de respetarla y protegerla. Conforme a ello y a fin de proteger el medio ambiente en el que habita, los Estados deberán aplicar el criterio de precaución conforme a sus capacidades, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, así como la falta de certeza científica, debiendo utilizar la ciencia y la tecnología como contribución al desarrollo económico y social, para descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan al medio ambiente.” De igual manera en este caso en particular, dicho principio es de aplicación con la finalidad de proteger el medio ambiente ante la posibilidad o presunción de peligro de daño grave e irreversible, ante la falta de certeza científica absoluta de que el proyecto minero Las Golondrinas no causará la degradación del medio ambiente. Por lo que, la Sala de lo Constitucional tiene la obligación de prevenir que se conculque el derecho a un ambiente saludable, orillándole a que en tanto no exista certeza científica de que no habrá daños graves e irreversibles mantenga el amparo a favor de las poblaciones que podrían resultar afectadas con el proyecto minero. Este alto tribunal, con el conocimiento proveído en estas diligencias, arriba a la convicción de que el proyecto minero Las Golondrinas podría ser una amenaza para el medio ambiente y las fuentes de agua vinculadas con poblaciones aledañas, en tanto existen muchos elementos que necesitan aclararse a un nivel aceptable de certeza, razón de peso para que las autoridades involucradas, ahora denunciadas, permitieran la intervención de los poderdantes del amparista en el procedimiento administrativo a efecto de que tuvieran a mano toda la información existente y que se relaciona con el futuro de sus vidas y demás derechos y plantear sus consideraciones y oposiciones en caso de ser necesario; asimismo aportar y confrontar estudios técnicos, para finalmente evitar las inminentes violaciones a derechos humanos. La Sala de lo Constitucional, de acuerdo con las alegaciones del garantista y con la documentación que se adjunta; asimismo, en aplicación del principio de precaución en materia ambiental, accede a las pretensiones de la presente garantía constitucional de amparo..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 145 (Rango Constitucional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 20 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Hito

.."7.6. Decisión con relación a la violación del principio de precaución o in dubio pro naturae. La Sala de lo Constitucional hizo mención del principio de precaución en la sentencia RI-1165-2014, al señalar lo siguiente:“Este alto tribunal estima que no se han previsto medios idóneos para asegurar que los métodos utilizados en el proceso de explotación aseguren las condiciones de salud y bienestar a la vida humana que garantiza la Constitución de la República, teniendo en consideración que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, estando todos en la obligación de respetarla y protegerla. Conforme a ello y a fin de proteger el medio ambiente en el que habita, los Estados deberán aplicar el criterio de precaución conforme a sus capacidades, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, así como la falta de certeza científica, debiendo utilizar la ciencia y la tecnología como contribución al desarrollo económico y social, para descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan al medio ambiente.” De igual manera en este caso en particular, dicho principio es de aplicación con la finalidad de proteger el medio ambiente ante la posibilidad o presunción de peligro de daño grave e irreversible, ante la falta de certeza científica absoluta de que el proyecto minero Las Golondrinas no causará la degradación del medio ambiente. Por lo que, la Sala de lo Constitucional tiene la obligación de prevenir que se conculque el derecho a un ambiente saludable, orillándole a que en tanto no exista certeza científica de que no habrá daños graves e irreversibles mantenga el amparo a favor de las poblaciones que podrían resultar afectadas con el proyecto minero. Este alto tribunal, con el conocimiento proveído en estas diligencias, arriba a la convicción de que el proyecto minero Las Golondrinas podría ser una amenaza para el medio ambiente y las fuentes de agua vinculadas con poblaciones aledañas, en tanto existen muchos elementos que necesitan aclararse a un nivel aceptable de certeza, razón de peso para que las autoridades involucradas, ahora denunciadas, permitieran la intervención de los poderdantes del amparista en el procedimiento administrativo a efecto de que tuvieran a mano toda la información existente y que se relaciona con el futuro de sus vidas y demás derechos y plantear sus consideraciones y oposiciones en caso de ser necesario; asimismo aportar y confrontar estudios técnicos, para finalmente evitar las inminentes violaciones a derechos humanos. La Sala de lo Constitucional, de acuerdo con las alegaciones del garantista y con la documentación que se adjunta; asimismo, en aplicación del principio de precaución en materia ambiental, accede a las pretensiones de la presente garantía constitucional de amparo.."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 145 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de mayo de dos mil veinticuatro. VISTA: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán del BUFETE DE DERECHOS HUMANOS ESTUDIOS PARA LA DIGNIDAD a favor de la JUNTA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COLONIA LA CHOLOMEÑA, DE LA CIUDAD DE SABÁ, DEPARTAMENTO DE COLÓN, organización de habitantes residentes en el mencionado municipio, contra actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE de ahora en adelante MIAMBIENTE y contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS de ahora en adelante INHGEOMIN, con relación al proyecto minero denominado “Las Golondrinas” aprobado a la empresa mercantil “Canteras y Más S. de R.L.”, proyecto que se pretende realizar sobre la montaña de Botaderos o Parque Nacional Carlos Escaleras, ubicado en el municipio de Sabá, departamento de Colón. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los derechos al debido proceso legal, derecho a la participación política, derecho a un medio ambiente sano, derecho humano al agua, derecho a la salud y a la dignidad humana, consignados en los artículos 37, 59, 61, 80, 90,145, y 183 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES1. El abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán del BUFETE DE DERECHOS HUMANOS ESTUDIOS PARA LA DIGNIDAD, actuando como apoderado legal de la Junta de Agua y Saneamiento de la colonia la Cholomeña de la ciudad de Sabá, departamento de Colón, según Instrumento Público número 2103, compareció ante este alto tribunal de justicia en fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, interponiendo garantía constitucional de amparo contra la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE) y contra el Instituto Hondureño de Geología y Minas, (INHGEOMIN), con relación al proyecto minero denominado “Las Golondrinas”, ubicado en la montaña de Botaderos o Parque Nacional Carlos Escaleras, municipio de Sabá, departamento de Colón. Según el recurrente, MIAMBIENTE en fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte resolvió declarar inadmisible el recurso de reposición y por agotada la instancia administrativa en el expediente No. 2013-LA-101, concerniente a la licencia ambiental otorgada a favor de la empresa Canteras y Más de S. de R.L. para que desarrolle el proyecto minero denominado Las Golondrinas, mediante la resolución en referencia, determinó no tenerlos como parte en el proceso administrativo sobre licenciamiento ambiental y declaró sin lugar el apersonamiento al proceso; a pesar de haberse acreditado como parte interesada y con derecho legítimo para intervenir en el proceso como terceros. Contra (INHGEOMIN), reprocha la omisión de no dar cumplimiento a su deber de dar resolución dentro de un plazo razonable el recurso que interpuso el veintiocho de febrero de dos mil veinte, impugnando la denegatoria al escrito de personamiento. Al respecto, detalla que desde esa fecha al momento de la presente acción de amparo no ha dictado resolución. (Folios 1–31 de la presente garantía constitucional de amparo).2. En fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós, previo a la admisión de la presente garantía constitucional de amparo, se solicitó a sendas autoridades denunciadas, que rindan informe dentro del término de dos días hábiles, o remitan los antecedentes del caso; asimismo, en fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, visto el informe remitido por dichas autoridades, se admitió a trámite la presente garantía. (Folio 137 y de la presente garantía constitucional de amparo).3. El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la secretaría de la Sala de lo Constitucional recibió el informe remitido por el director del Instituto hondureño de geología y minas (INHGEOMIN), mediante el oficio INHGEOMIN SG—03-2022. (Folios 141-172 y de la presente garantía constitucional de amparo).4. Ese mismo día, de igual manera se recibió por la secretaría de la Sala de lo Constitucional el informe solicitado a la Secretaría de Estado en el despacho de recursos naturales, ambiente y minas, mediante el oficio DMA-0044-2022 y dando respuesta a la comunicación enviada por este alto tribunal de justicia. (Folios 174-177 de la presente garantía constitucional de amparo). 5. En fecha veinticinco de julio de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma la garantía constitucional de amparo, y en auto de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, ordenó dar vista de los autos al fiscal del despacho, a fin de que emita su dictamen sobre la presente garantía constitucional de amparo. (Folios 241 y 242 de la presente garantía constitucional de amparo).6. En fecha veinte de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su fiscal, la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJÍA MEJÍA, y por emitido su dictamen, siendo de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, por no existir las vulneraciones constitucionales invocadas por el amparista. (Folios 245 al 250 de la presente garantía constitucional de amparo).FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1.Sobre la garantía Constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 reformado de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. 2.Sobre la obligación del Estado de proveer protección judicial mediante un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Honduras. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de respetar, proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención americana sobre derechos humanos o CADH, en relación con el artículo 25 de la misma convención, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por Honduras. 3. Resumen sobre los alegatos del garantista, invocando los derechos que considera vulnerados. Previo a resumir el desarrollo de los motivos denunciados, este alto tribunal de justicia destaca que, en el petitum de la presente garantía de amparo, el impetrante solicita que los habitantes de Sabá, departamento de Colón, sean amparados en relación con los siguientes puntos:a) Se declare el Estado de Honduras, por medio de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE) y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), violentaron los derechos sobre los que se ha solicitado amparo a todos los y las habitantes del municipio de Sabá; b) Se ordene a INHGEOMIN la revisión y cancelación del permiso de explotación y registro minero correspondiente al expediente No. 469 otorgado en favor de la empresa minera Canteras y Más S. de R. L., para el desarrollo del proyecto Las Golondrinas; c) Se ordene a MIAMBIENTE la revisión y cancelación del licenciamiento ambiental contenido en el expediente administrativo No. 2013-LA-101, otorgado a la empresa minera Canteras y Más S. de R. L para el desarrollo del proyecto Las Golondrinas. Asimismo, de acuerdo a la exposición del impetrante, este alto tribunal de justicia observa que a la anterior petición, debe incluirse el otorgamiento de amparo para restituir el derecho a la participación activa que tiene la Junta de agua y saneamiento de la colonia La Cholomeña de la ciudad de Sabá, departamento de Colón, como entidad organizada de habitantes de dicho municipio, para efecto de personarse como parte activa de los procesos atinentes a la solicitud de concesión minera Las Golondrinas a efecto de hacer defensa de los derechos fundamentales de la comunidad.Establecida la petición concreta del impetrante, éste al formalizar la presente garantía constitucional de amparo denuncia que, la SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES (MIAMBIENTE), en fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, resolvió declarar inadmisible el recurso de reposición y dar por agotada la instancia administrativa en el expediente No. 2013-LA-101, concerniente a la licencia ambiental otorgada a favor de la empresa Canteras y Más de S.R.L. para que desarrolle el proyecto minero denominado Las Golondrinas. Explica el quejoso que, la autoridad denunciada MIAMBIENTE, determinó mediante la resolución en referencia, no tenerlos como parte en el proceso administrativo sobre licenciamiento ambiental y declaró sin lugar el apersonamiento al proceso, a pesar, señala el impetrante, de haberse acreditado como apoderado procesal de parte interesada con derecho legítimo para intervenir como terceros en el proceso; asimismo, explica lo acontecido con el Instituto hondureño de geología y minas (INHGEOMIN), a quien denuncia por la omisión en su deber de dictar resolución dentro de un plazo razonable, y así dar respuesta al recurso interpuesto el veintiocho de febrero de dos mil veinte contra la resolución que declaró sin lugar el escrito de personamiento, sin que desde esa fecha se dictara resolución, por lo que, el amparista solicitó pronta resolución. La impetrante estima que con el acto reclamado fueron violentados los derechos al debido proceso legal, a la participación política, a un medio ambiente sano, al agua, a la salud y a la dignidad humana consignados en los artículos 37, 59, 61, 80, 90, 145 y 183 de la Constitución de la República.En síntesis, el amparista basa su queja, argumentando que la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y ambiente (MIAMBIENTE) luego de otorgar la licencia ambiental a favor de la EMPRESA CANTERAS Y MÁS S.DE R.L. para que desarrolle el proyecto minero denominado LAS GOLONDRINAS mediante resolución número 2013-LA_101, decidió no tener a los miembros de la Junta de agua y saneamiento de la Colonia La Cholomeña de la ciudad de Sabá, departamento de Colón, o sea la comunidad afectada, como parte en el proceso administrativo sobre el licenciamiento ambiental, y declaró SIN LUGAR su personamiento en el proceso, a pesar de haberse acreditado como parte interesada y con derecho legítimo para intervenir en el proceso. El quejoso establece que las instituciones contra las que se dirige este amparo han violentado derechos constitucionales y convencionales, tanto por acción como por omisión. Ambas instituciones MIAMBIENTE e INHGEOMIN han irrespetado e inobservado las decisiones soberanas tomadas en asambleas de cabildo abierto, mediante las cuales los ciudadanos y ciudadanas de Sabá, Colón, rechazaron la instalación del proyecto minero Las Golondrinas sobre la montaña de Botaderos. A continuación, se resumen los argumentos expuestos por el impetrante para fundamentar la violación de los siguientes derechos fundamentales: 3.1. Violación del derecho al debido proceso legal por vía del plazo razonable, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Con relación al plazo razonable, señala que este derecho fundamental se violentó por parte de INHGEOMIN, al no resolver en un tiempo prudencial el recurso de reposición presentado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve para que: se le permitiera ser parte en el proceso administrativo, tener acceso al expediente, obtener copia de este y permitirle hacer un estudio exhaustivo para con ello presentar oposición al proyecto minero Las Golondrinas; resolviéndose dicho personamiento el veintisiete de enero de dos mil veinte. Posteriormente se impugnó dicha resolución con recurso de reposición, interpuesto el veintiocho de febrero de dos mil veinte, recurso que a la fecha de presentación del amparo no ha sido resuelto. El amparista establece entonces que, este amparo va dirigido no contra una acción de la mencionada institución del Estado, sino en contra de su omisión al deber de dictar una resolución dentro de un plazo razonable al recurso interpuesto.Manifiesta el amparista, que por su parte MIAMBIENTE, mediante la resolución de fecha once de noviembre de dos mil diecinueve expresamente señaló que su representada en el proceso administrativo, o sea la junta de agua de la comunidad afectada, no es dueña de la concesión y que consta en el expediente de mérito que la empresa Canteras y Más S. de R.L. es la dueña de la misma, hecho que no es controvertido, sin embargo al impugnar esa decisión a través de un recurso de reposición que establece la ley de procedimiento administrativo en su artículo 37 MIAMBIENTE resuelve que el recurso es improcedente debido a que las providencias no pueden ser objeto de recurso y que el escrito presentado no es un recurso de reposición, restringiendo el derecho a un recurso sencillo y efectivo para impugnar una resolución administrativa.Para el garantista, esta resolución de desconocer el recurso interpuesto y además abstenerse de conocer el fondo de lo manifestado en el recurso de reposición interpuesto el treinta de diciembre de dos mil diecinueve, violenta el artículo 25 de la CADH, que establece la obligación de que todo estado parte ponga a disposición un recurso sencillo y rápido o el acceso a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales, en este caso, entiéndase la entidad administrativa de MIAMBIENTE. El impetrante reclama que en vista de la progresiva e inminente consumación irreparable a la violación de los derechos, por una falta y debida resolución sobre el fondo de la petición, es imperativa la tutela judicial efectiva mediante la vía de amparo, debido a que las instituciones recurridas se han negado a observar elementos referentes al fondo del asunto, que son justamente la violación de derechos constitucionales y convencionales a partir de los permisos para operar, otorgados a la empresa minera Canteras y Más. S. de R.L.A criterio del quejoso este alto tribunal de justicia deviene en la obligación de hacer una interpretación amplia de los derechos de protección judicial, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva.3.2.Violación al debido proceso por quebrantamiento de normas secundarias. El impetrante, indica que el artículo 55 de la Ley de procedimiento administrativo faculta a terceros legítimos en el proceso, para que puedan comparecer como parte interesada, ya que el mismo establece que, se consideran parte interesada en el procedimiento, los titulares de derechos subjetivos o intereses legítimos que lo promuevan, y aquellos a quienes la resolución que hubiere de dictarse, pudiere afectar en sus derechos subjetivos o intereses legítimos, y se personen en el procedimiento administrativo espontáneamente o por citación del órgano competente para resolver cuando este advierta su existencia durante la sustanciación del procedimiento. En este sentido, señala el quejoso, este artículo considera como parte material en el proceso, no solamente a los administrados con relación directa en la gestión administrativa, sino que faculta a terceros titulares de derechos o intereses legítimos para que puedan comparecer como parte interesada; además faculta para ser parte, a los terceros cuyos derechos subjetivos, sean estos individuales o colectivos, puedan ser vulnerados, como ser derechos a la salud, medio ambiente sano, el agua y la vida. De manera que, afirma el quejoso, la inobservancia de este precepto y la negación a su poderdante de ser parte activa, directa y efectiva en el proceso, violenta consecuentemente los demás derechos de fondo.3.3.Violación al derecho a la participación política.Señala el impetrante que ambas instituciones recurridas han violentado durante todo el proceso administrativo de otorgamiento del licenciamiento ambiental y del permiso minero de explotación, el derecho que tienen los pobladores, agrupados en la junta de agua, a la participación política.Señala además, que esta violación es continua, y se materializa con la emisión de resoluciones dictadas en contra de las decisiones tomadas mediante el ejercicio de la participación política, particularmente, desconociendo la decisión soberana de rechazo al proyecto minero Las Golondrinas y de la declaratoria de territorio libre de minería a través de las asambleas de cabildo abierto. Expone que este derecho de participación política como tal, se encuentra reconocido expresamente en el artículo 37 constitucional, que establece como derechos del ciudadano el elegir y ser electo; así como optar a cargos públicos. Al respecto, el impetrante explica que este derecho comporta, tanto la capacidad ciudadana de participar mediante democracia representativa en la elección de autoridades públicas, mediante el ejercicio del sufragio, como también, el postularse para ser autoridades; pero también, comprende la participación directa como ciudadanía en la dirección de los asuntos públicos.La referida participación política directa, puede hacerse efectiva mediante mecanismos de participación, regulados por la ley como ser: el plebiscito, referéndum, iniciativa de ley ciudadana y cabildos abiertos.En relación con la convencionalidad, el demandante de amparo cita el artículo 23.1 de la CADH, que a la letra dispone:“Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.” Igualmente cita el artículo 25 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, que en su inciso b) concede el derecho a todos los ciudadanos, sin ninguna restricción o delimitación de participar directamente o mediante representación de los asuntos públicos.Teniendo en cuenta la normativa anteriormente citada, el quejoso reclama que las personas de la junta de agua y saneamiento que representa, están facultadas para reivindicar el derecho de participación política violentado por las instituciones denunciadas. A lo anterior, el censor agrega que, este caso en particular, la viabilidad ambiental del proyecto minero Las Golondrinas reviste un especial interés para sus poderdantes por los severos impactos ambientales y sociales que la construcción e implementación de este proyecto causa a la montaña de Botaderos, y a las fuentes de agua que abastecen el municipio de Sabá. Estos impactos negativos han sido reconocidos por el informe independiente denominado: Evaluación de impacto ambiental del proyecto minero Las Golondrinas con enfoque en seguridad y derechos humanos. En este sentido, apunta el impetrante, la socialización no es una categoría abstracta mediante la que MIAMBIENTE e INHGEOMIN y las empresas extractivas se pueden escudar para aparentar satisfacer el procedimiento legal a través de la mera formalidad de difundir algunas ideas sobre el proyecto, porque el objetivo último de la socialización, es garantizar que las voces como comunidades eventualmente impactadas por los proyectos, tengan decisión sobre los mismos. La impetrante cita la sentencia RI-0172-2006 de fecha cuatro de octubre de dos mil seis, dictada por la Sala de lo Constitucional, la cual en su considerando 18 define así la participación comunitaria:“(…) instrumento imprescindible para lograr la protección, conservación y uso racional de la riqueza natural del país y del medio ambiente.”Es importante señalar que MIAMBIENTE refiere que el proyecto Las Golondrinas fue socializado según oficio N. SG472-2017 de fecha uno de septiembre de dos mil diecisiete. Sobre dicho documento, el impetrante manifiesta que, con una simple lectura, es suficiente para deducir la violación del derecho a la participación política. El documento en comento señala que:“6. Asimismo el 23 de enero de 2015 se acredita documentación ante esta secretaría de estado, consistente en constancias de patronatos, listados de encuesta popular sobre el proyecto minero con nombres, números de identidad y firma de las personas encuestadas, más la constancia emitida por la secretaría municipal el 25 de agosto de 2013 en las instalaciones de la casa de La Cultura de este término municipal, donde se trató la socialización de la explotación de terrenos para proyectos mineros dentro de dicho municipio, acompañando fotocopia de la sesión de cabildo abierto No. 3, acta No.21-2013; todo lo cual fue recepcionado según lo estipula el procedimiento administrativo, ordenado por nuestra legislación, en el ámbito de competencia el cual no involucra rechazarla, ya que se corroboró que cumplía con los requisitos del caso. Correspondiéndole a otros entes la tarea de investigarla, en caso de que lo estimen pertinente.” (El resaltado pertenece al impetrante.Reclama que, tanto MIAMBIENTE como INHGEOMIN con pleno conocimiento de la efectiva participación de la ciudadanía en rechazo al desarrollo del proyecto minero Las Golondrinas, estuvieron en la obligación de garantizar y respetar la decisión tomada desde el 25 de agosto del 2013, en asamblea de cabildo abierto, la cual fue reafirmada mediante dos ejercicios de participación ciudadana más, realizados el 15 de diciembre de 2013 y el 2 de julio de 2017, por el contrario, no adoptaron ninguna acción tendiente a asegurar la tutela de este derecho, sino que se acomodaron únicamente a la ficción de la socialización, sin importar el resultado sobre la aprobación o desaprobación de la ejecución del proyecto, desconociendo las nociones del bien común y los intereses generales relacionados con el acceso al agua, la preservación del medio ambiente sano del municipio, y las máximas de la participación ciudadana. El impetrante señala que, la Sala de lo Constitucional ha dispuesto en su jurisprudencia, la importancia y trascendencia de la participación ciudadana en cuanto a materia ambiental, prescribiendo al respecto lo siguiente: “Conforme el bloque de convencionalidad, la mejor forma de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de las decisiones. Asimismo, se debe procurar la creación de mecanismos para facilitar la participación de organizaciones, grupos y particulares interesados en los procesos de adopción de decisiones.”De igual manera, cita la opinión consultiva OC-23/17, dictada por la Corte interamericana de Derechos Humanos, de ahora en adelante Corte IDH, quien dispuso lo siguiente:“En lo que se refiere al momento de la participación pública, el Estado debe garantizar oportunidades para la participación efectiva desde las primeras etapas de adopción de decisiones e informar el público sobre estas oportunidades de participación. Finalmente, los mecanismos de participación pública en materia ambiental son variados e incluyen, entre otros, audiencias públicas, la notificación y consultas, participación en procesos de formulación y aplicación de leyes, así como mecanismos de revisión judicial.” Como complemento a lo anterior, la Corte IDH estima que, para la protección del derecho al medio ambiente sano, los derechos de acceso a la información pública, participación política y acceso a la justicia, adquieren una condición de derecho procedimental, dado que: “(…) es por medio de la participación que las personas ejercen el control democrático de las gestiones estatales y así pueden cuestionar, indagar y considerar el cumplimiento de las funciones públicas. En ese sentido, la participación permite a las personas formar parte del proceso de toma de decisiones y que sus opiniones sean escuchadas. En particular, la participación pública facilita que las comunidades exijan responsabilidades de las autoridades públicas para la adopción de decisiones, y a la vez, mejora la eficiencia y credibilidad de los procesos gubernamentales. Como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, la participación pública requiere la aplicación de los principios de publicidad y transparencia, y, sobre todo, debe ser respaldado por el acceso a la información que permite el control social mediante una participación efectiva y responsable.”El garantista reprocha que MIAMBIENTE e INHGEOMIN, en el presente caso, tanto previo, como durante y después del otorgamiento de licenciatura ambiental y del permiso minero de explotación, incurrieron en una evidente violación a los derechos procedimentales de información y participación política, impidiendo a los ciudadanos y al mismo gobierno local, decidir sobre la administración de los recursos naturales del municipio, y ser parte en los correspondientes expedientes administrativos para señalar y denunciar estos extremos. Situación que impidió hacer uso de otras vías administrativas para asegurar la efectiva tutela ante el riesgo inminente de violación del derecho al agua, medio ambiente sano, salud y la misma vida.Al respecto, señala que la Corte IDH ha señalado:“estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y trasparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante.”Asimismo, el amparista manifiesta que la Sala de lo Constitucional se pronunció de igual forma, al disponer lo siguiente: “el bloque de convencionalidad relativa a la protección del medio ambiente, el cual propicia la participación de todos los ciudadanos que se puedan ver afectados directamente con los proyectos de desarrollo que pueden generar perjuicios en el medio ambiente y en la salud de los mismos.” El impetrante también hace acopio del Acuerdo de Escazú, calificándolo del instrumento convencional más avanzado en la Latinoamérica en temas de derechos ambientales, con relación a los derechos de acceso a la información y participación ciudadana. Señala que según el artículo 2 de este acuerdo, se garantiza el derecho de acceso, el cual debemos entender como el derecho que todos tenemos de acceder a la información ambiental, asimismo, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos igualmente ambientales.El garantista reconoce que el Convenio de Escazú no ha sido suscrito por Honduras, pero que se debe tener en cuenta que el bloque de convencionalidad que se desprende a partir del artículo 15 de la Constitución de la República, determina que:"Honduras hace suyos los principios y prácticas de derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universal.”Al respecto, expresa que la Sala de lo Constitucional en su jurisprudencia ha sido del criterio siguiente:“[que] teniendo nuestra Constitución como eje central a la persona humana, incorpora las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales de los derechos humanos, desarrollando la técnica constitucional denominada 'derechos implícitos", al señalar que los derechos que se encuentren expresamente declarados no implican la negación de otros. Es decir, la Constitución constituye el estatuto mínimo de protección al ser humano, por ende, no se agota en su texto, sino que trasciende a sí misma y se complementa con los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos; interactuando y auxiliándose mutuamente en el proceso de tutela de los derechos fundamentales.”Por lo que el garantista señala que la Sala debe hacer observancia de tratados como el Convenio de Escazú, que son altamente garantistas de derechos humanos, ya que aborda temáticas y dinámicas de acceso a derechos que en Honduras están sumamente postergados, y, que las ausencias de este tipo de políticas, incrementan la violencia en las comunidades afectadas, por parte de megaproyectos extractivos. El amparista sigue señalando que, el Convenio de Escazú en su artículo 7.1 establece que:“Cada Parte deberá asegurar el derecho de participación del público y, para ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional.” Para el amparista, lo anteriormente apuntado, es un elemento relevante, ya que la participación trasciende el hecho de la mera socialización, volviéndose más bien, en una condición de especial importancia en los procesos de toma de decisiones comunitarias a través de los mecanismos establecidos por el mismo ordenamiento jurídico. Seguidamente cita el artículo 7.2 del mismo Convenio Escazú, el cual amplía el alcance del derecho a la participación, enunciando que:“Cada Parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud.” Para el garantista, el artículo anterior debe ser aplicado por la Sala de lo Constitucional, ya que a través de éste concede a las víctimas el derecho de poder revisar y reexaminar las resoluciones o autorizaciones en materia ambiental que podrían configurar un impacto negativo en las comunidades. En este sentido, el municipio de Sabá realizó, posterior a la primera asamblea de cabildo abierto, dos ejercicios de participación ciudadana para reafirmar el rechazo al proyecto minero Las Golondrinas, y para que se respetara la decisión que declaraba al municipio “libre de minería”. Además, porque en este caso la naturaleza jurídica del cabildo abierto es de carácter vinculante para las instituciones recurridas. Asimismo, el garantista también transcribe el artículo 7.4 del Convenio de Escazú que a la sazón prescribe: “Cada Parte adoptará medidas para asegurar que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos. A tal electo, cada Parte proporcionará al público, de manera clara, oportuna y comprensible, la información necesaria para hacer efectivo su derecho a participar en el proceso de toma de decisiones.”Al respecto, el garantista reclama que no obstante lo anteriormente establecido, las instituciones denunciadas hicieron inobservancia de los elementos planteados sobre la inminente violación de los derechos de fondo, tanto en los cabildos abiertos como en otros momentos al pretender incorporarse al proceso a través de esta representación procesal.Ante esto, el amparista reitera que, la declaración de los habitantes de Sabá, en cuanto a mantener libre de explotación minera a su municipio, ha sido el producto de diferentes asambleas celebradas en cabildos abiertos, o sea, mediante mecanismos de consulta y de participación ciudadana contenidos en la Ley de municipalidades; y bajo observancia del artículo 102 de la Ley general del ambiente, el cual literalmente establece: “Los habitantes de las comunidades locales deben participar directamente en las acciones de defensa y preservación del ambiente y del uso racional de los recursos naturales del país. Es de interés público la participación de las organizaciones privadas de cualquier tipo en la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Estas organizaciones serán consultadas para la elaboración de los planes y medidas que se adopten en esta materia.”Por todo lo expuesto, el impetrante afirma que, las instituciones contra las que se dirige el amparo, han violentado el derecho a la participación política comunitaria de los y las habitantes del municipio de Sabá, representados en este caso por la junta de agua La Cholomeña y la Corporación Municipal. Asimismo, concluye que, el hecho de no permitir ser parte de los expedientes administrativos y bloquear la participación efectiva como tercero legitimado, sólo es un agravio más que suma al cúmulo de irregularidades en el otorgamiento de este proyecto minero, un verdadero atentado a la democracia que se configura al desconocer el ejercicio de participación política en el que se decidió el destino de los recursos naturales del municipio.3.4.Violación al derecho al medio ambiente sano.La garantista cita el artículo 145 de la Constitución de la Republica, que establece: “El Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas”, igualmente violenta el protocolo adicional de la CADH en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que en su artículo 11 establece:“Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con los servicios públicos básicos. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.”Igualmente, este derecho es reconocido en el Pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales, que en su artículo 12, numeral 2, inciso b, dispone que entre las medidas que deberán adoptar los estados partes, se encuentra el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente.El amparista establece, que el proyecto Las Golondrinas se encuentra dentro los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras, en el área de amortiguamiento; asimismo, que la empresa Canteras y Más, presenta datos erróneos según el estudio de evaluación de impacto ambiental con respecto a la ubicación real de la concesión minera Las golondrinas, que el documento presentado para obtener permiso de la explotación, muestra dos polígonos diferentes.Concluye que corresponde al Estado de Honduras a través de MIAMBIENTE e INHGEOMIN previo a otorgar licenciamiento ambiental y permisos de explotación, cerciorarse de que existen medidas de protección suficientes para garantizar el derecho a un ambiente sano, y no adelantar negligente y arbitrariamente las gestiones de licenciamiento y permisos mineros. Sumado a lo anterior, en la asamblea de cabildo abierto realizada el 25 de agosto de 2013, la empresa Canteras y Más S. de R.L. e INHGEOMIN participaron en la celebración del mismo; sin embargo, no hicieron mención de los graves impactos negativos, y severos daños ambientales que con el desarrollo del proyecto perjudican a todo el municipio de Sabá. Por lo que estima que el derecho al ambiente sano también ha sido violentado con el rechazo del personamiento presentado en el proceso por los ahora afectados o víctimas, con el fin de tener acceso al contenido íntegro de los expedientes y decisiones administrativas. Ellos solicitaron ser parte en el proceso para conocer los impactos y la totalidad del proyecto, pero esa pretensión les fue negada.Este derecho lo reclama citando la opinión consultiva dictada por la Corte IDH OC—23/17, mediante el cual se reconoce el derecho a un medio ambiente sano como derecho fundamental, incluido entre los derechos económicos, sociales y culturales, contenidos en el artículo 26 de la CADH, asimismo establece que el desarrollo económico no exime a los estados de cumplir con sus obligaciones en materia ambiental, o garantizar los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción. No siendo suficiente el contar con un marco normativo de protección, sino que es necesario cumplirlo para garantizar los derechos a tener un medio ambiente sano, al agua, entre otros.La garantista denuncia que la concesión minera Las Golondrinas ha sido otorgada en la zona de amortiguamiento de la montaña de Botaderos, la cual mediante el decreto legislativo 127-2012, fue renombrado en 2017, como Parque Nacional Carlos Escaleras. Además denuncia que el desarrollo de dicho proyecto en esta ubicación, impactará en la fauna y vida silvestre del municipio, causando un grave daño al equilibrio ecológico de la zona. Lo anterior, lo sustenta con el informe independiente realizado con el estudio de impacto ambiental practicado en relación con el proyecto Las Golondrinas. En dicho estudio se determina que se ha identificado la biota de la zona pretendida en concesión con al menos 143 especies vivientes en el área de influencia del proyecto minero, de las cuales 91 se corresponden con especies de plantas, 10 especies de reptiles, 25 especies de aves y 17 especies de mamíferos. Del total de estas especies, 17 están registradas en CITES: 3 en la categoría I (en peligro de extinción), 8 en la categoría II (especies amenazadas) y 8 especies en la categoría III (especies en observación permanente). El quejoso explica que el estudio pondera los impactos positivos y negativos que tendría el desarrollo del proyecto minero en la zona. De los ocho campos que el estudio ha evaluado, en cuanto al impacto potencial de cada una de las actividades a realizarse en la explotación del yacimiento mineral de Las Golondrinas, solamente en el campo cultural lo positivo supera lo negativo, manteniendo una correlación de 6 a 1. En los restantes campos de acción, los impactos positivos son superados enormemente por los impactos negativos que generará el proyecto.Manifiesta que la potencial influencia de la concesión minera a cielo abierto del proyecto Las Golondrinas sobre el suelo del municipio de Sabá, provocará un total de 156 impactos negativos, frente a apenas 5 supuestos impactos positivos; en cuanto a la biodiversidad, se contabilizan 147 impactos negativos, frente a apenas 7 impactos positivos, sobre el agua se contabilizan 122 impactos negativos y 3 impactos positivos. La desproporción en cuanto al daño que causará este proyecto minero en la zona, pone en un riesgo inminente al medioambiente; pero también, y consecuentemente, la salud y la vida de los y las habitantes del municipio de Sabá. La concesión minera Las Golondrinas, concluye el impetrante, objetivamente será de devastación ambiental para el municipio de Sabá y el Parque Nacional Carlos Escaleras, debido a las repercusiones negativas que afectan principalmente los bienes naturales de los suelos, biodiversidad y agua, determinantes estratégicos para la sobrevivencia de las comunidades de la zona de impacto. El impetrante hace referencia a los señalado por la Constitución, cuando manda que “la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado”, por lo que debe cuestionarse el grado de vulnerabilidad a que se estaría sometiendo los bienes naturales como el agua, y otros bienes de importancia alimentaria para las poblaciones rurales. Enfatiza en que es posible que se violente el derecho humano de acceso al agua, en cantidad y calidad para las poblaciones del municipio de Sabá. Al mismo tiempo en que se incurre en la vulneración del derecho a la alimentación y nutrición adecuada, provocado por el deterioro y destrucción de bienes estratégicos como los suelos, bienes hídricos y la biodiversidad en general.Un estudio de georreferenciación realizado en la zona de del proyecto, establece los linderos de la concesión minera Las Golondrinas, y su ubicación dentro del parque nacional Carlos Escaleras, señala que para ello se utilizaron las coordenadas encontradas en el documento de EsEIA presentado por la empresa Canteras y Más a MIAMBIENTE, en el cual aducen mostrar la ubicación exacta de la concesión. Sin embargo, en la revisión del documento se encontraron diferentes irregularidades con respecto a la ubicación del área concesionada. En primer lugar, el EsEIA en la página número 50 del tomo 1 muestra en una hoja cartográfica el polígono original donde se ubica la concesión minera Las Golondrinas, sin embargo, el mismo documento en el tomo 3 contiene en apartado denominado "Plan de Manejo Paviles donde muestra otro polígono muy distinto al original. Denuncia que en la investigación se georreferenciaron dos ubicaciones encontradas en el documento, esto, con el objetivo de exponer ciertas irregularidades y confirmar que el EsEIA presentado por Canteras y Más, carece de rigidez técnica. Los datos obtenidos mostraron que ambos polígonos no coinciden, en cuanto a su posición geográfica, por ello, se sospecha que mucha de la información presentada ha sido distorsionada con la intención de favorecerse a sí mismos.Se puede concluir, expresa el amparista, que el proyecto Las Golondrinas se encuentra en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Carlos Escaleras. La empresa Canteras y Más presenta datos erróneos en su EsElA con respecto a la ubicación real de la concesión minera Las Golondrinas, su documento presentado para obtener permiso de exploración muestra dos polígonos diferentes.Señala además que, según la tabla de categorización ambiental, el proyecto minero es de categoría 4, por ser considerado de alto impacto o riesgo ambiental. Sin embargo, reprocha el amparista, aun conociendo la magnitud que implica el desarrollo de este proyecto y la contaminación al medio ambiente, fue autorizado y dado en concesión sobre la zona de amortiguamiento del parque nacional Carlos Escaleras.Por todo ello se afirma que la violación al derecho al ambiente sano se materializó con el otorgamiento de licenciamiento ambiental por parte de MIAMBIENTE y del permiso de explotación por parte de INHGEOMIN, prescindiendo de la presentación de estudios de impacto ambiental confiables para la población de Sabá y el Estado de Honduras. El amparista recalca que las instituciones denunciadas con la presente garantía de amparo, han actuado de la misma forma en que se procedió en torno a la socialización del proyecto, es decir, cumplir con un mero requisito administrativo para el otorgamiento de los permisos y así poder operar, sin considerar los graves impactos negativos y daños severos que tendría para la montaña de Botaderos perjudicando a los y las habitantes del municipio de Sabá.En su Informe Ecuador, la Comisión interamericana de derechos humanos o CIDH estableció que: “cuando el derecho a la vida, a la salud y a vivir en un ambiente sano ya esté protegido por la ley, la Convención exige la efectiva aplicación y cumplimiento de la ley. En este caso, a pesar de que Ecuador había incluido un marco garantista en el que se había establecido que las empresas debían preparar un estudio ambiental y un programa de mitigación ambiental, así como obtener una autorización para iniciar obras, las leyes no hablan producido los resultados esperados, en tanto las actividades de explotación petrolera estaban contaminando el medio ambiente y las comunidades estaban en riesgo. Si bien la compañía privada era la que estaba generando estos daños, el Estado podía ser considerado responsable por cuanto su obligación es: “cerciorarse de que existen medidas de protección para que no ocurran incidentes de contaminación ambiental que amenacen la vida de los habitantes de los sectores en desarrollo.”3.5. El derecho al agua y derecho a la salud,Para el amparista, los derechos al agua y a la salud se encuentran en el artículo 145 de la Constitución de la República, el cual enuncia:“Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad. El Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas. En consecuencia, declarase el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano. Cuyo aprovechamiento y uso será equitativo preferentemente para consumo humano. Asimismo, se garantiza a la preservación de las fuentes de agua a fin que éstas no pongan en riesgo la vida y salud pública…”La impetrante cita también como fundamento jurídico al derecho a la salud, el artículo 10 del Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como "Protocolo de San Salvador, el cual establece:“Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.”Este derecho también se encuentra tutelado en el artículo 12 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, en adelante PIDESC, el cual prescribe:“los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.”En su exposición, el garantista establece que para realizar un abordaje integral y en conjunto de los derechos en comento parte de la premisa que hace el Comité de Naciones Unidas para los derechos económicos sociales y culturales, en adelante Comité DESC, en su Observación general No. 15, el cual expresa:“El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia. Además, el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995). El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud (párrafo 1 del artículo 12) y al derecho a una vivienda y una alimentación adecuadas (párrafo 1 del artículo 11). Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta internacional de derechos humanos, en primer lugar, el derecho a la vida y a la dignidad humana.” (El resaltado es del garantista). El Comité DESC establece que el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica. El quejoso indica que el Comité DESC también prescribe una amplia tutela de derechos con relación al acceso al agua, ya que este recurso se considera necesario para diversas finalidades, aparte de los usos personales y domésticos, y para el ejercicio de muchos de los derechos reconocidos en el pacto. “Por ejemplo, el agua es necesaria para producir alimentos (el derecho a una alimentación adecuada) y para asegurar la higiene ambiental (el derecho a la salud). El agua es fundamental para procurarse medios de subsistencia (el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo) y para disfrutar de determinadas prácticas culturales (el derecho a participar en la vida cultural). Sin embargo, en la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho de utilizarla para fines personales y domésticos. También debe darse prioridad a los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, así como para cumplir las obligaciones fundamentales que entraña cada uno de los derechos del Pacto.” El amparista reitera que la Observación 15 del Comité DESC, prescribe la preferencia para uso humano o doméstico del agua. Posteriormente, indica que la instalación del proyecto minero Las Golondrinas en su EsEIA, presentado por la empresa Canteras y Más S. de R. L., establece que el área de manejo no se encuentran microcuencas legalmente declaradas para abastecimiento de agua de comunidades rurales o proyectos hidroeléctricos, tampoco microcuencas con servicio de abastecimiento a comunidades rurales. Además, menciona que los drenajes antes mencionados en el área de influencia del proyecto no identifican ningún retiro, uso o aprovechamiento de estas aguas por el proyecto, ni por un tercero o pobladores. En general establece que, "no se registran datos de salida de las aguas para uso humano.” Sin embargo, la quebrada Pajuiles abastece de agua a la población del municipio de Sabá y la aldea de Lomitas en el municipio de Olanchito. La quebrada Regaderos abastece de agua a un sector de la población de la ciudad de Sabá y a la comunidad de Regaderos que consta de unas 90 casas. Ambas fuentes de agua se encuentran en la zona de impacto del proyecto minero Las Golondrinas. La empresa Canteras y Más prevé utilizar al menos una cantidad promedio de 30,000 galones de agua por día, y la fuente a utilizar es la quebrada Regaderos. Al no presentar un "balance de aguas superficiales” en el área de influencia del proyecto, la empresa no identifica ningún retiro, uso o aprovechamiento de estas aguas por el proyecto ni pobladores.El demandante de amparo denuncia que las instancias recurridas, especialmente MIAMBIENTE, ha dejado de observar que en el EsEIA, presentado por la empresa minera, no aparecen los datos hidrológicos de las tres fuentes superficiales de agua potencialmente afectadas por la concesión minera. El informe demuestra que la empresa Canteras y Más S. de R. L. no presentó un estudio de densidad de drenajes e hidráulica fluvial de las quebradas Regaderos, Pajuiles y Quebrada Seca. De igual manera, adolece de un estudio sobre el sistema de drenajes y mapeo del orden de las microcuencas y cauces permanentes y temporales en la zona que resultaría potencialmente impactadas por la concesión minera.Indica que, frente a estas omisiones por parte de las instituciones recurridas, el Comité DESC también se ha pronunciado sobre la higiene ambiental en el sentido siguiente:“Como aspecto del derecho a la salud amparado por el apartado b) del párrafo 2 del artículo 12 del Pacto, entraña la adopción de medidas no discriminatorias para evitar los riesgos para la salud que representa el agua insalubre y contaminada por sustancias tóxicas. Por ejemplo, los Estados Partes deben garantizar que los recursos hídricos naturales estén a resguardo de la contaminación por sustancias nocivas y microbios patógenos. Analógicamente, los Estados Partes deben supervisar y combatir las situaciones en que los ecosistemas acuáticos sirvan de hábitat para los vectores de enfermedades que puedan plantear un riesgo para el hábitat humano.” El garantista afirma que el derecho al agua, conlleva tanto libertades como derechos, Al respecto menciona que el Comité DESC establece que las libertades giran en torno al derecho a:“a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como, por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar el derecho al agua.” El quejoso estima lo anterior de gran importancia dado que en Sabá existen varias juntas de agua y saneamiento que cuentan con sus respectivos proyectos de agua, y como se ha establecido supra, el desarrollo de este proyecto minero impactaría sobre las fuentes de abastecimiento de agua, lo que configuraría una violación al derecho humano al agua y consecuentemente a la salud de los y las habitantes de Sabá. Señala también que para el Comité DESC es importante resguardar y proteger el acceso de agua a las futuras generaciones y la correlación con otros derechos fundamentales, en este sentido el Comité expresa: “Los elementos el derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12 [Pacto]. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.”El garantista entonces, señala que el proyecto minero Las Golondrinas es una amenaza que de forma inminente extinguirá las fuentes de abastecimiento de agua en el municipio.Denuncia en ese sentido, que el EsEIA presentado por la empresa minera, omite el porcentaje y cantidad de tierra que será removida, a lo que agrega que en virtud de ser una concesión a cielo abierto es esperable que termine en los cauces de los ríos, agravado por los factores de erosión hídrica y eólica, todo lo cual proyecta peligros sustanciales. El informe también ha determinado elementos inobservados, tanto por MIAMBIENTE e INHGEOMIN y que son daños irreversibles a las fuentes de agua del municipio, así: “Sin los datos de la observación anterior, resulta imposible cuantificar el impacto de esta erosión provocada sobre los caudales transportados por las quebradas ya mencionadas, de las cuales se abastecen varias comunidades y la ciudad misma de Sabá. La suerte que corran estas fuentes superficiales de aguas corrientes e la que correrán las comunidades que se abastecen de las mismas y las emplean en sus labores agrícolas.” “El EsEIA de la concesión minera "Las Golondrinas" no presenta datos sobre la hidráulica fluvial actual de las quebradas Regaderos, Pajuiles y Quebrada Seca, imposibilitando, por lo tanto, que se pueda proyectar el comportamiento de tales fuentes hídricas cuando se vean forzadas a recibir enormes cantidades de suelos que por causas naturales no previstas responsablemente puedan ser desprendidos y arrastrados hacia los cauces: ¿equilibrio? ¿agradación/sedimentación? ¿degradación/erosión? Si la empresa Canteras y Más no incluyó estos datos en el EsEIA de la concesión minera "Las Golondrinas", deja en evidencia la poca importancia que asigna a la seguridad de las personas que habitan la zona de impacto.” Aunado a lo anterior, detalla el quejoso, el Comité DESC exige ciertas condiciones para considerar un acceso adecuado al agua. Es de obligación, aplicar los siguientes factores en cualquier circunstancia: La disponibilidad, la calidad y la accesibilidad. Señala que, en el caso concreto, se hará especial énfasis en la calidad, la cual determina que el agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico. Aspectos que el garantista reitera no fueron observados por las instancias gubernamentales denunciadas para otorgar las licencias ambientales y permisos de explotación minera. También, para el garantista debe tomarse en cuenta lo expuesto por Comité DESC, quien hace especial énfasis sobre la progresividad en la protección y garantía del derecho de acceso al agua; incluso, establece la prohibición de la adopción de medidas regresivas con respecto al derecho al agua. En este sentido, establece la necesidad de los Estados avancen en diferentes ámbitos, para garantizar este derecho y consecuentemente los demás derechos del PIDESC, incluyendo especialmente el derecho a la salud. Al respecto señala:“(…) el deber constante y continuo en virtud del Pacto de avanzar con la mayor rapidez y electividad posibles hacia la plena realización del derecho al agua. La realización de ese derecho debe ser viable y practicable, ya que todos los Estados Partes ejercen control sobre una amplia gama de recursos, incluidos el agua, la tecnología, los recursos financieros y la asistencia internacional, como ocurre con todos los demás derechos enunciados en el Pacto.” El garantista en referencia lo antes citado, señala que aquí el Comité DESC, no solamente abarca disposiciones normativas de no regresión de los derechos, sino también el hecho de no menoscabarlos, restringirlos, disminuirlos o limitarlos con resoluciones, órdenes o sentencias dictadas por el Estado de Honduras. De manera que, las resoluciones contra las que se dirige la presente acción de amparo, y aquellas que otorgan los permisos para desarrollar el proyecto minero, violentan la normativa convencional, en perjuicio de los y las habitantes del municipio de Sabá, en relación con los dos derechos en cuestión.También indica, que al igual que todos los derechos humanos, el derecho al agua impone a los Estados: las obligaciones de respetar, proteger y cumplir. La obligación de respetar implica que los Estados se abstengan de interferir directa e indirectamente en el ejercicio del derecho al agua. Comprende, entre otras cosas, el abstenerse de toda práctica o actividad que deniegue o restrinja el acceso al agua potable en condiciones de igualdad, de inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas consuetudinarios o tradicionales de distribución del agua, de reducir o contaminar ilícitamente el agua. La obligación de proteger exige que los Estados impidan a terceros que menoscaben en modo alguna el disfrute del derecho al agua. Por terceros se entiende particulares, grupos, empresas y otras entidades, así como quienes obren en su nombre. La obligación de cumplir comprende entre otras cosas, la adopción de las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias y electivas para impedir, por ejemplo, que terceros denieguen el acceso al agua potable en condiciones de igualdad y contaminen o exploten en forma no equitativa los recursos de agua, con inclusión de las fuentes naturales, los pozos y otros sistemas de distribución de agua.En su exposición, el garantista señala que la obligación de cumplir se puede subdividir en obligación de facilitar, promover y garantizar. La obligación de facilitar exige que los Estados adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho.La obligación de promover impone al Estado Parte la adopción de medidas para que se difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua. Los Estados también tienen la obligación de hacer efectivo (garantizar) el derecho en los casos en que los particulares o los grupos no estén en condiciones, por razones ajenas a su voluntad de ejercer por si mismos ese derecho con los medios a su disposición. El garantista también hace referencia a la Observación general 14 del Comité DESC, Sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de la salud, que en su párrafo 15 establece:“La necesidad de velar por el suministro adecuado de agua limpia potable y la creación de condiciones sanitarias básicas, la prevención y reducción de la exposición de la población a sustancias nocivas tales como radiaciones y sustancias químicas nocivas u otros factores ambientales perjudiciales que afectan directa o indirectamente a la salud de los seres humanos.”El garantista posteriormente aclara que el recurso hídrico existente en el área concesionada, no se reduce a dos quebradas como menciona el EsEIA, sino que, sobresale la presencia de múltiples cuerpos de agua (Regaderos Pajuiles 2, Chama de Oro, afluente de Rio Cuaca) que presentan condiciones muy estables, y todos los cuales son de gran importancia ya que proporcionan, agua a diferentes comunidades y parte del sector urbano del municipio de Sabá. El quejoso llama la atención a este alto tribunal, señalando que para los efectos de la presente acción de amparo, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley marco del sector agua y saneamiento, el cual establece que las municipalidades gozarán del derecho de preferencia sobre personas naturales o jurídicas públicas privadas para el aprovechamiento del agua para consumo humano; pero que con los permisos de concesión minera, otorgados para la puesta en marcha del Proyecto Las Golondrinas, se tendrá como resultado previsible la contaminación y degradación de las principales fuentes de abastecimiento de agua del municipio. Afectando el equilibrio de nacimientos de fuentes hídricas, y de las microcuencas mencionadas supra, de las cuales se abastece el casco urbano de Sabá y las demás comunidades del municipio. Finalmente, concluye el quejoso, es oportuno destacar que los derechos que pueden verse mayormente afectados por los megaproyectos extractivos, prima facie, son el medio ambiente sano y el agua y consecuentemente en cascada, vulneran los derechos a la salud y la integridad personal, a lo que se suman los derechos vulnerados por la violencia generada por las empresas extractivas en las comunidades a partir de la imposición de este tipo de proyectos. Para que los derechos relacionados al bienestar del individuo se consideren garantizados, se requiere que existan precondiciones mínimas en su entorno, para gozar y hacer efectivo los otros derechos reconocidos constitucional y convencionalmente. El compareciente y demandante de amparo manifiesta que, en el presente caso, la violación de derechos se ha configurado incluso antes de que la empresa Canteras y Más S. de R. L. comience a operar en la zona, y que el desarrollo del proyecto Las Golondrinas sólo agravaría y agudizaría aún más, la ya consumada violación de derechos.3.6.Principio de precaución o in dubio pro naturae. El amparista denuncia que la violación de derechos ejecutadas en este caso por MIAMBIENTE e INHGEOMIN, debe entenderse también bajo el principio in dubio pro naturae o principio de precaución. Este principio fue adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y desarrollo de 1992, o Declaración de Río, que en su artículo 15 enuncia: “Con el fin de proteger el medio ambiente los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.”En ese sentido, el quejoso señala que el principio precautorio exige un comportamiento activo por parte del Estado para prevenir daños al ambiente cuando no exista certeza científica sobre las posibles causas a consecuencias de la fuente del daño. En este sentido, agrega, los habitantes del municipio de Sabá ante las amenazas sobre su medio ambiente y fuentes de agua que comporta el proyecto minero Las Golondrinas, procuraron intervenir en el procedimiento administrativo para conocer y plantear sus consideraciones, confrontar estudios técnicos, evitar las inminentes violaciones a derechos humanos y advertir al Estado de Honduras a través de las instituciones contra las que se dirige el amparo, debido que es su deber evitar que las violaciones de derechos se produzcan.La aplicación del principio de precaución es un elemento central e imprescindible para evitar que se consuma la violación del derecho al medio ambiente sano, derecho al agua, derecho a la salud por los inminentes daños graves e irreversibles que ocasionará la actividad minera autorizada a la empresa Canteras y Más de S. de R.L.En ese sentido, cita a la CADH, entidad que ha establecido que el principio de prevención de daños ambientales hace parte del derecho consuetudinario, y a su vez que los Estados tienen la obligación de prevenir la vulneración de derechos fundamentales. Para la Corte IDH:“… cualquier daño al medio ambiente que pueda conllevar una violación de los derechos a la vida o a la integridad personal, (…) debe ser considerado como un daño significativo.” En virtud de lo anterior, para el amparista, los estados están obligados a tomar las medidas para prevenir los mismos; y, en el caso particular bajo estudio, señala que se estima que el proyecto minero en reproche, impacte en todo el municipio de Sabá, lo que implica que afecte aproximadamente a más de 30,000 personas.Finalmente, el garantista citando a la Sala de lo Constitucional en su sentencia RI-0172-2006 de fecha cuatro de octubre de dos mil seis, declara lo siguiente: “En este contexto, la destrucción acelerada de los recursos naturales y la degradación del ambiente amenaza el futuro de la nación, ocasionando problemas económicos y sociales que afectan la calidad de vida de la población, y que es deber del Estado propiciar un estilo de desarrollo que, a través de la utilización adecuada de los recursos naturales y del ambiente, promueva la satisfacción de las necesidades básicas de la población presente, sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan sus propias necesidades. Por lo que la importancia y la trascendencia de la problemática ambiental requiere de una organización y estructura administrativa que responde en forma coherente armónica e integral a nuestra situación ambiental. Siempre haciendo referencia sentencias de inconstitucionalidad dictada por la Sala de lo Constitucional, mediante la cual derogó varios artículos de la Ley de minería anterior, el garantista señala que dicha resolución judicial desarrolló elementos sobre el principio precautorio relevantes al presente caso. “En tal sentido que es imperante reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insustentables y fomentar políticas públicas encaminadas a conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la tierra. El artículo 27 que se acusa de inconstitucional, señala que en la ejecución de actividades de explotación y de beneficio se aplicarán tecnologías adecuadas y vigentes al momento de aprobación del proyecto. Este alto tribunal estima que no se han previsto medios idóneos para asegurar que los métodos utilizados en el proceso de explotación aseguren las condiciones de salud y bienestar de la vida humana que garantiza la Constitución de la República, teniendo en consideración que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, estando todos en la obligación de respetarla y protegerla. Conforme a ello y a fin de proteger el medio ambiente en el que habita, los Estados deberán aplicar el criterio de precaución conforme a sus capacidades, cuando haya peligro de daño grave o irreversible. así como la falta de certeza científica, debiendo utilizar la ciencia y tecnología como contribución al desarrollo económico y social, para descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan al medio ambiente.” Las mismas consideraciones ha tenido esta Sala de lo Constitucional para con la Ley de Minería vigente, y las valoraciones sobre los procesos de explotación de los recursos minerales en la actualidad, siguen siendo los mismos, y se configuran en el caso concreto. Sumado a esto, existe prueba ofertada a la presente acción de amparo, en la que se acredita que no se cuenta con certeza científica en cuanto a los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa Canteras y Más S. de R. L. Además, se acredita, que el otorgamiento de permisos en ambas instancias denunciadas, contiene irregularidades, tanto de orden procedimental como sustancial, que violentan los derechos constitucionales y convencionales enunciados. 4. Resumen del informe remitido por El Instituto hondureño de geología y minas, INHGEOMIN. Con su informe INHGEOMIN establece que en el tomo IV del expediente administrativo número 469 de la zona denominada Las Golondrinas, a folios del 943 al 945 se encuentra agregado el escrito presentado en fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve por el abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán en su condición de apoderado legal de la Corporación municipal de Sabá, departamento de Colón y de la Junta administradora de agua y saneamiento de la colonia La Cholomeña, mediante el cual se persona en dicho expediente administrativo. El personamiento en cuestión fue resuelto por INHGEOMIN mediante la providencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veinte, admitiendo los escritos presentados en fechas treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, dieciséis de enero del dos mil veinte y veinticuatro de enero del dos mil veinte de la siguiente manera: Escrito presentado en fecha treinta y uno de octubre del año dos mi diecinueve: “Admítase el escrito presentado en fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve por el abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán en su condición de apoderado legal de la Corporación municipal de Sabá, departamento de Colón y de la Junta administradora de agua y saneamiento de la Colonia la Cholomeña y en cuanto a la solicitado se resuelve SIN LUGAR POR IMPROCEDENTE ya que el peticionario no establece el derecho subjetivo o interés legítimo que persigue para personarse en las presentes diligencias, aunado a lo expresado anteriormente, la Ley general de minería ya establece el término de oposición para que cualquier persona natural o jurídica que se considere afectada, pueda oponerse a una solicitud de concesión minera, situación que no aconteció en el presente caso; aparte de lo expresado anteriormente, la Ley de transparencia y acceso a la información pública, permite que cualquier persona interesada pueda solicitar por esa vía la información que requiera, teniendo la institución el plazo máximo de diez días para brindar la información solicitada, téngase por delegado el poder con que actuaba el abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán a favor de los abogados Lestter José Castro Ramírez, Andrea Nicole Salinas Cardona y Ronis Rodil Velásquez Florentino, quienes deben aceptar el poder a ellos delegados, sólo para efectos de notificación de la presente providencia y de poder hacer uso del recurso que la ley les concede, en caso de así considerarlo…” Escrito presentado en fecha dieciséis de enero del año dos mil veinte. “Admítase el escrito presentado en fecha dieciséis de enero del año dos mil veinte por la abogada Krista Karina Rubí en su condición de apoderada legal de la sociedad mercantil Canteras y Más S. de R.L., junto con la fotocopia del recibo de pago No.13137 por concepto de inspección de campo del año 2019 y de canon territorial de los años 2019 y 2020 , cuyo original se encuentra en el expediente de pieza separada de la presente zona y continúese a lo ordenado en la providencia de fecha doce de abril del año dos mil diecinueve (folio 938 del tomo IV).” Escrito presentado en fecha veinticuatro de enero del año dos mil veinte. “Admítase el escrito presentado en fecha veinticuatro de enero del dos mil veinte por el abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán en su condición de apoderado legal de la Corporación municipal de Sabá, departamento de Colón y de la Junta Administradora de agua y saneamiento de la Colonia la Cholomeña, agréguese a sus antecedentes y de conformidad a lo solicitado, el mismo ya fue resuelto en el escrito presentado en fecha treinta y uno de octubre del año do mil diecinueve de la presente providencia, en el expediente administrativo de la zona denominada LAS GOLONDRINAS, registrada en expediente administrativo N.469, habiéndose notificado personalmente entendido con la misma el abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán en fecha catorce de febrero del año 2020. … 3) Que en fecha veintiocho de febrero del año dos mil veinte los abogados VÍCTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN y LESTTER JOSÉ CASTRO RAMÍREZ presentan impugnación sobre la providencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veinte, correspondiente a la zona denominada LAS GOLONDRINAS, registrada en expediente administrativo N.469. 4) Que obra a folios 966 al 968 del tomo IV del expediente administrativo N.469 de la zona denominada LAS GOLONDRINAS. DICTAMEN AL-241-2020 emitido por la unidad de asesoría legal en fecha dieciocho de diciembre del año dos mil veinte, por medio del cual dictamina que ES IMPROCEDENTE el escrito presentado en fecha veintiocho de febrero del año dos mil veinte por los abogados VÍCTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN y LESTTER JOSÉ CASTRO RAMÍREZ de impugnación sobre la providencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veinte, en virtud de: A) que dicha providencia fue emitida apegada a derecho y siguiendo el procedimiento legal establecido. B) Analizando a profundidad dicha impugnación se puede observar que no es procedente debido a que el plazo ya prescribió; tal y como lo establece el artículo 66 inciso g de la Ley general de minería, Sí dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación se presentare oposición, siendo la misma de carácter incidental, se tramitará en pieza separada, conforme al procedimiento administrativo correspondiente. No presentándose oposición o resuelta esta, la autoridad minera procederá a resolver la solicitud de concesión minera, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días. C) En cuanto a lo manifestado por los abogados antes mencionados con relación a que se extiendo copia íntegra del expediente de mérito, dicha solicitud se puede hacer a través de la unidad de trasparencia de INHGEOMIN, en la cual se resolverá en el término de diez días, declarándose con o sin lugar la petición, en casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo. En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberán indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma, artículo 21 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública. 5) Que obra a folios 977 al 981 del tomo IV del expediente administrativo N.469 de la zona denominada LAS GOLONDRINAS, resolución No. 33/2021 de fecha cinco de febrero del año dos mil veintiuno, por medio de la cual se DECLARA SIN LUGAR POR IMPROCEDENTE, la impugnación interpuesta en fecha veintiocho de febrero del año dos mil veinte por los abogados VÍCTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN y LESTER JOSÉ CASTRO RAMÍREZ, en su condición de apoderados legales de la Corporación municipal de Sabá y la Junta de agua y saneamiento de la Colonia la Cholomeña, contra la providencia de fecha veintisiete de enero del dos mil veinte, en virtud de lo siguiente: a) Que la providencia recurrida (impugnada) fue emitida apegada a derecho y siguiendo el procedimiento legal establecido; b) Que los recurrentes no establecen el derecho subjetivo o interés legítimo que persigue para personarse en las presentes diligencias; c) Aunado a lo expresado anteriormente, la Ley general de minería ya establece el término de oposición para que cualquier persona natural o jurídica que se considere afectada, pueda oponerse a una solicitud de concesión minera, situación que no aconteció en el presente caso; d) No es procedente que se esté aceptando personamientos de personas naturales o jurídicas en un expediente administrativo del cual el Estado de Honduras ya otorgó un derecho minero, porque se estaría violentado el debido proceso que se siguió para el otorgamiento del mismo, para eso está el término de oposición anteriormente relacionado y en todo caso, hay otra instancias si se considera que se ha violentado el debido proceso en las presentes diligencias; e) Asimismo, la autoridad minera debe respetar y cumplir con lo establecido en el CAPÍTULO I DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS específicamente lo establecido en el artículo 53 inciso h) de la Ley general de minería que establece: “Los titulares de concesiones, gozan entre otros los derechos siguientes: Gozar de confidencialidad en lo atinente a la información técnica y estados financieros que suministren a la autoridad minera, exceptuando los requerimientos de autoridad competente y los pagos de impuestos, tasas y contribuciones al Estado, incluyendo los municipios y otras que se deriven de los requerimientos de la iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas”; f) En cuanto a lo manifestado por los abogados antes mencionados con relación a que se extienda copia íntegra del expediente de mérito, dicha solicitud se puede hacer a través de la unidad de transparencia del INHGEOMIN, en la cual se resolverá en el término de diez (10) días, declarándose con o sin lugar la petición. En casos debidamente justificados, dicho plazo podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo. En caso de denegatoria de la información solicitada, se deberán indicar por escrito al solicitante los fundamentos de la misma de conformidad a lo establecido el artículo 21 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, por lo que no se les está violentando ningún derecho a los peticionarios, ya que tienen las instancias legales correspondientes para ejercer el derecho de petición que realizan, dejándose claramente establecido en el RESUELVE SEGUNDO de la referida resolución, que la misma es susceptible de recurso de reposición que deberá interponerse dentro de los diez (10) siguientes a la notificación. 6. Que la resolución No. 33/2021 de fecha cinco de febrero del año dos mil veintiuno, a la fecha no ha sido notificado por la institución, por la suspensión de los plazos administrativos que afectaran al interesado, decretada por el gobierno de la república por motivos de la pandemia de covid, pudiéndose notificar personalmente de la misma el abogado VÍCTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN para que pueda hacer uso del recurso de reposición correspondiente y así agotar la vía administrativa. 7. En razón de lo anterior, para agotar la vía administrativa el abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán debe notificarse de la resolución número 33/2021 de fecha cinco de febrero del año dos mil veintiuno y en caso de considerarlo, interponer recurso de reposición contra la misma ya que la nueva resolución que se emita contra el recurso de reposición que se podría interponer, agotaría la vía administrativa, quedando expedite la acción judicial correspondiente. 8. Se remite fotocopia Autenticada de la documentación que respalda lo anteriormente expuesto. (folios 141 al 167).”5. Resumen del informe remitido por la Secretaría de Estado en el despacho de energía, recursos naturales y minas.La Secretaría de Estado en el despacho de energía, recursos naturales y minas, emitió informe donde estableció que el diecinueve de abril del año dos mil trece, se presentó solicitud de licencia ambiental, la cual fue admitida el mismo día y registrada bajo número de expediente 2013-LA-00101. Posteriormente el diecisiete de diciembre de dos mil quince se otorgó la licencia ambiental número 011-2015 con vigencia hasta el mes de noviembre del año dos mil veinte a favor de la sociedad mercantil Canteras y Más S. de R.L., titular del proyecto concesión minera no metálica “LAS GOLONDRINAS”, ubicado en el municipio de Sabá, departamento de Colón. Dicha licencia fue declarada con lugar mediante resolución No. 0786-2015 dictada el cinco de agosto de dos mil quince y notificada personalmente a la abogada Krista Karina Rubí Rodríguez, en su condición de apoderada legal de la sociedad mercantil Canteras y Más S. de R.L.El uno de noviembre de dos mil diecinueve se presentó el escrito que literalmente dice: “PERSONAMIENTO: SE DELEGA PODER PARA REPRESENTACIÓN CONJUNTA, SE SOLICITA COPIA ÍNTEGRA DEL EXPEDIENTE. SE ACOMPAÑA DOCUMENTO. TRÁMITE, presentado por el abogado VÍCTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN, actuando en su condición de apoderado legal de la Corporación municipal del municipio de Sabá, departamento de Colón y también como apoderado legal de la Junta administradora de agua y saneamiento de la Colonia Cholomeña del municipio de Sabá, departamento de Colón, acto que contiene la petición siguiente: 1. Admitir el presente escrito junto con los documentos que acompaño. 2. Tenerme como personado en el expediente de mérito como apoderado legal de la Corporación municipal de Sabá, departamento de Colón y de la Junta administradora de agua y saneamiento de la Colonia Cholomeña. 3. Tener por delegado el poder a mí conferido, con todas las facultades en los abogados LESTTER JOSÉ CASTRO RAMÍREZ, ANDREA NICOLE SALINAS CARDONA y RONIS RODIL VÁSQUEZ FLORENTINO, para realizar representación conjunta o de manera separada en el expediente de mérito. 4. Finalmente solicito se me extienda copia fotostática del expediente de mérito.” El once de noviembre del año dos mil diecinueve se emitió providencia, declarando sin lugar a lo solicitado por el apoderado legal compareciente, en vista de que no acreditó con documentación legal, que la alcaldía municipal de Sabá es la dueña del proyecto LAS GOLONDRINAS, o instrumento de traspaso de la sociedad mercantil Canteras y Mas S. de R. L. a favor de la alcaldía municipal de Sabá; de igual manera, se le aclara al compareciente de que consta en el expediente de mérito que la sociedad mercantil Canteras y Más S. de R.L. es la propietaria del proyecto LAS GOLONDRINAS. En relación a entregar copias íntegras del expediente de mérito se le indica que las puede solicitar a través de la unidad de transparencia, género y participación ciudadana. Se fundamenta lo resuelto en los artículos 80 de la Constitución de la República, 24, 25, 45, 46, 48, 55, 56,58 de la Ley de procedimiento administrativo. Indica quien informa que consta a folio 2067 de las diligencias de mérito, constancia donde se procedió a notificar mediante correo electrónico al abogado VÍCTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN en su condición de apoderado legal de la alcaldía municipal de Sabá, departamento de Colón, la providencia de fecha uno de noviembre de dos mil diecinueve, señalándole que es el amparo, el recurso para obtener la subsanación de los actos reclamados. En fecha treinta de diciembre de dos mil diecinueve se interpuso reposición. En fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, la secretaría general emitió providencia resolviendo que lo presentado por el apoderado legal de la alcaldía municipal de Sabá, departamento de Colón, el treinta de diciembre de dos mil diecinueve, no es un recurso de reposición, ya que no invoca ninguna resolución en específico y que solamente hace una manifestación contra la providencia del once de noviembre de dos mil diecinueve, en consecuencia se manda que para continuar con el trámite de ley correspondiente, el apoderado legal de la alcaldía municipal de Sabá, se esté a lo establecido en la providencia de fecha once de diciembre de dos mil diecinueve. El cinco de noviembre de dos mil veintiuno se notificó personalmente el abogado VÍCTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN del auto de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte. 6. Resumen del dictamen emitido por el Ministerio Público. La fiscal Claudia Mejía Mejía fue del parecer porque no se otorgue la presente garantía de amparo, señalando que, del examen de la resolución impetrada, el amparista recurre actuaciones de MIAMBIENTE E INHGEOMIN, argumentando que la decisión de declarar improcedente su escrito de personamiento y el escrito de pronto despacho, son actos que violentan derechos y garantías constitucionales. La fiscal señala que consta en el caso sub judice que las resoluciones dictadas el veintisiete de enero, el trece de marzo y el dictamen AL-241-2020 de fecha dieciocho de diciembre, todas de dos mil veinte, asimismo, el cinco de enero, el cuatro de febrero, la resolución No. 33/2021 del cinco de febrero del año dos mil veintiuno, los cuales corren agregadas al expediente de mérito. De igual manera, la fiscal señala que si bien es cierto el interés legítimo con el que actúa el censor, es un título habilitador para intervenir en el procedimiento administrativo, es preciso apuntar que ya no es oportuno el momento procesal para que el ahora compareciente, se persone en representación de la corporación municipal de Sabá, departamento de Colón y de la Junta administradora de agua y saneamiento de la Colonia Cholomeña, y pretenda hacer valer los derechos y el interés de sus poderdantes en el trámite administrativo Es decir, el momento de oposición al proyecto, es extemporáneo e improcedente, en virtud de que la licencia ambiental ya fue otorgada de conformidad a la resolución N.786-2015 de fecha cinco de agosto de 2015. Lo anterior conforme a lo que señala el artículo 55 de la Ley de procedimiento administrativo, que a la letra dispone:“Se consideran parte interesada en el procedimiento, los titulares de derechos subjetivos o intereses legítimos que lo promuevan y aquellos a quienes pudiere afectar en sus derechos subjetivos, intereses legítimos la resolución que hubiera de dictarse y se personen en el procedimiento administrativo espontáneamente, o por citación del órgano competente para resolver, cuando se advierta su existencia durante la sustancia del procedimiento.” Por lo que, en análisis del artículo anteriormente citado, el Ministerio Público estima que no existen las vulneraciones constitucionales invocadas por el amparista. 7. Examen practicado por esta sala, a efecto de determinar la existencia de los derechos invocados por el amparista. La Sala de lo Constitucional, previo al examen correspondiente, tiene claro que la petición del amparista tiene como objeto que se declare con lugar la garantía constitucional de amparo que ha interpuesto con la finalidad de que este alto tribunal de justicia proceda a pronunciarse respecto de las pretensiones siguientes: a) Declarar que la Secretaria de Estado en los despachos de recursos naturales y ambiente (MIAMBIENTE) y el Instituto hondureño de geología y minas (INHGEOMIN) han conculcado derechos fundamentales a los y las habitantes del municipio de Sabá representados por la corporación municipal y la Junta de agua y saneamiento de la colonia La Cholomeña. Los derechos fundamentales citados como violentados son: Derecho al debido proceso legal por vía del plazo razonable, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y principio de legalidad o quebrantamiento de normas secundarias; derecho a la participación política; a un medio ambiente sano; derecho al agua y a la salud; y, al principio precautorio o in dubio pro naturae; b) ordenar a INHGEOMIN la revisión y cancelación del permiso de explotación y registro minero correspondiente al expediente No. 469 otorgado en favor de la empresa minera Canteras y Más S. de R. L., para el desarrollo del proyecto Las Golondrinas; c) ordenar a MIAMBIENTE la revisión y cancelación del licenciamiento ambiental contenido en el expediente administrativo No. 2013-LA-101, otorgado a la empresa minera Canteras y Más S. de R. L para el desarrollo del proyecto Las Golondrinas; y d) tener por personados en los procesos administrativos relativos al proyecto minero denominado Las Golondrinas aprobado a la empresa mercantil “Canteras y Más S. de R.L. a los ahora peticionarios de amparo, es decir a la alcaldía municipal de Sabá y a la Junta de agua y saneamiento de la colonia La Cholomeña de ese municipio en el departamento de Colón. El objeto impugnado mediante la presente demanda de amparo se impugna la resolución de fecha veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada por MIAMBIENTE para denegar el apersonamiento del abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán y negarle a intervenir en representación de la junta de agua y saneamiento de la colonia La Cholomeña en el proceso como tercero. Entidad que reclama tener derechos legítimos en el expediente administrativo número 2013-LA-101 concerniente a la licencia ambiental otorgada a favor de la empresa Canteras y Más S. de R.L., para el desarrollo del proyecto minero denominado Las Golondrinas; asimismo, el objeto impugnado se completa con la omisión de INHGEOMIN al no emitir en plazo razonable la resolución que corresponde al recurso interpuesto por el quejoso, con el propósito de ser parte en el expediente 469, ya que en auto de fecha 27 de enero 2020, declaró sin lugar el escrito de personamiento, sin ningún precepto legal pertinente que motive y sustente dicha decisión. Siendo impugnada esta última resolución el veintiocho de febrero de dos mil veinte. Para una mejor comprensión de los hechos denunciados, se establece que el ahora amparista presentó sendos escritos de personamiento, según poder otorgado por el señor Virgilio Domínguez Mejía, presidente de la Junta de agua y saneamiento de la Colonia La Cholomeña y del señor Elín Oved Acuña Mencías, alcalde municipal del municipio de Sabá, para ejercer actos de procuración y defensa de los derechos de sus representados. Asimismo, se toma en consideración que el mandato otorgado al ahora amparista, fue para comparecer a las instituciones en mención, en virtud de los permisos concedidos a favor de la empresa Canteras y Más S. de R.L., y así conocer desde la perspectiva técnica legal, los expedientes correspondientes para plantear a futuro, formal y fundada oposición.El compareciente, al formalizar la presente garantía constitucional de amparo explica, que los escritos de personamiento fueron presentados ante INHGEOMIN, y MIAMBIENTE, para solicitar, previo a presentar oposición al proyecto minero, entre otros puntos, la entrega de copias íntegras de los expedientes administrativos; sin embargo, ambas entidades denunciadas, denegaron todo lo solicitado por el ahora amparista, inclusive el personamiento, contraviniendo además de normas constitucionales y convencionales, lo dispuesto en el oficio N.SG472-2017 de MIAMBIENTE, con clara deslealtad a la justicia.Por otra parte, para el amparista las instituciones MIAMBIENTE e INHGEOMIN, han irrespetado e inobservado las decisiones soberanas tomadas en asambleas de cabildo abierto, mediante las cuales los ciudadanos y ciudadanas de Sabá, Colón, rechazan la instalación del proyecto minero Las Golondrinas sobre la montaña de Botaderos. Asimismo, denuncia que este comportamiento institucional, configura la violación de los derechos al debido proceso legal, participación política, medio ambiente sano, al agua y a la salud, como también al principio precautorio. Este alto tribunal de justicia, como preámbulo necesario le resulta imperioso afirmar que, las instituciones del Estado deben sujetarse a los principios generales del derecho, y de esta manera, los órganos encargados de su aplicación tienen el deber ineludible de actuar con absoluta sumisión y respeto a las garantías y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la legislación. En virtud de lo cual, este alto tribunal de justicia pasa a dar respuesta a cada uno de los reproches que hace el amparista y los correspondientes argumentos que los sustentan.7.1.Decisión con relación a la violación del derecho al debido proceso legal por vía del plazo razonable, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Este alto tribunal de justicia, estima que tal como lo ha expuesto el garantista, INHGEOMIN violentó en perjuicio de sus poderdantes el derecho fundamental al debido proceso legal por vía del plazo razonable, en virtud de no resolver en un tiempo prudencial el recurso de reposición presentado en octubre de dos mil diecinueve; asimismo, se considera violentado el derecho de petición contenido en el artículo 80 constitucional, dado que dicha entidad estatal no dio respuesta a lo peticionado por el ahora amparista. Volviendo al derecho de plazo razonable, este alto tribunal de justicia hace propios los argumentos esgrimidos por el amparista, quien, citando lo dispuesto por la Corte IDH en relación con dicho derecho, expone que para INHGEOMIN, el análisis de tercero con legitimación activa en el trámite administrativo correspondiente, carece de complejidad, por lo que debió dar pronta respuesta al recurso de reposición interpuesto, toda vez que el argumento mediante el cual se denegó el personamiento en prima facie, fue el siguiente: “el peticionario no establece el derecho subjetivo o interés legítimo que persigue para personarse en las presentes diligencias.” No obstante, se puede corroborar que, en el escrito de personamiento denegado, claramente se indican los derechos que se consideran violentados con el procedimiento en cuestión, además en el recurso de reposición se hacen los alegatos correspondientes en respuesta a la decisión denegatoria. En virtud de lo anteriormente expuesto, para la Sala de lo Constitucional el análisis requerido del objeto debatido no tiene complejidad que justifique que más de un año y medio después de interponerse el recurso de reposición, no se haya dado respuesta dentro del plazo legal o dentro de un plazo, al menos razonable. Con relación a la actividad del interesado, la Sala de lo Constitucional corrobora que, en el presente caso, no existe razón para que se impute el retraso al ahora garantista, dado que no existe actividad dilatoria de su parte, tomando en consideración de que su pretensión de participar en el trámite fue negada in limine o, de entrada.Al analizar la conducta de la autoridad denunciada, la Sala de lo Constitucional toma en consideración lo expuesto por el amparista, quien hace patente que INHGEOMIN desde un inicio ha mostrado renuencia a ser diligente, constando en autos que efectivamente, tal como lo hace ver en autos, transcurrió un lapso de casi tres meses desde la presentación del escrito de personamiento hasta su resolución. Se toma también en consideración que la pandemia del covid 19 no pudo ser óbice para resolver dicho escrito, puesto que consta en las diligencias, que hubo actividad en la institución y en el expediente con las solicitudes presentadas por el ahora garantista con la finalidad de que se le diera pronta respuesta al recurso interpuesto.Lo señalado por el informe emitido por INHGEOMIN no satisface al cumplimiento del derecho al plazo razonable, estableció que la reposición fue resuelta mediante resolución 33/2021, tomando en consideración el dictamen AL-241-2020, puesto que dicha decisión no fue puesta en conocimiento a la parte recurrente en tiempo y forma, pese a los infructuosos intentos de éste de obtener respuesta.De lo anterior se colige la falta de diligencia de la autoridad administrativa denunciada, la que como ya se dejó expresado antes, ignoró las peticiones del amparista. Cabe resaltar que, siendo un asunto que involucra el medio ambiente y su protección como derecho fundamental, la afectación causada por la tardanza es grave, por cuanto los derechos que se relacionan directa e indirectamente con este, requieren de la más alta atención y rápida respuesta. Tomando en consideración todo lo anterior, es de recibo el motivo de amparo interpuesto en reclamo por la violación al derecho de plazo razonable.Con relación al derecho a acceder a la justicia, la Sala de lo Constitucional advierte, que su observancia no se refiere exclusivamente a satisfacer la exigencia de derechos e intereses mediante pretensiones judiciales, sino que comprende también la justicia que debe proveer la administración pública bajo el concepto más amplio posible. Es decir, el acceso a la justicia es una aspiración de todo ser humano en todos los campos de su existencia, y es deber del Estado satisfacerlo con todas sus instancias y dependencias, obligando a todos los servidores públicos a su realización material.Lo expuesto, se encuentra claramente establecido en el artículo 1 constitucional que a la letra dispone:“Artículo 1. Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.”Por lo que se estima de recibo la petición de amparo en relación con la violación al acceso a la justicia, por cuanto, las autoridades administrativas que han sido denunciadas mediante este proceso de mérito, efectivamente han conculcado el derecho en mención, debido a que con sus decisiones y omisiones han restringido el derecho que tienen los habitantes de Sabá, departamento de Colón a ser oídos y a ser proveídos en sus reclamos de justicia. Ahora bien, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, es de aclarar que no es de recibo el reproche de violación a este derecho, en virtud de que los órganos jurisdiccionales no han tenido participación en los hechos denunciados por el amparista, como tampoco ha correspondido hacerlo. Ahora bien, no atender por parte de este alto tribunal de justicia lo reclamado por el amparista en la garantía constitucional que ha interpuesta, sería violentar el derecho a la protección judicial contenida en el artículo 25 de la CADH, que literalmente dispone:“Artículo 25. Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y, c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”7.2.Decisión con relación a la violación del derecho al debido proceso legal por vía del quebrantamiento de normas secundarias.En primer término, la Sala de lo Constitucional tiene a bien tomar en cuenta que el impetrante, cita como violentado el artículo 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el cual faculta a sus poderdantes (pobladores de Sabá), como terceros legítimos en el proceso, a comparecer como parte interesada en defensa de sus derechos subjetivos e intereses legítimos, debido a que toda resolución que se dicte en relación con el proyecto minero puede afectarlos.Cabe señalar que la normativa citada como conculcada, faculta al tercero, titular de derechos subjetivos o intereses legítimos para que proceda a apersonarse motu proprio en el procedimiento administrativo; en este caso, los pobladores del municipio de Sabá (y cualquier otro que se sienta perjudicado) para actuar con toda legitimidad en su propio beneficio, especialmente en defensa de sus derechos fundamentales.Por otra parte, las relaciones inter partes resultantes de los procedimientos administrativos, relativos a temas ambientales, permanecen en el tiempo en tanto exista el proyecto o explotación concedida, siendo el monitoreo y la vigilancia un tema abierto a cualquier evento futuro. De manera, que el personamiento de terceros afectados por daños al medio ambiente, debido a la naturaleza sensible que les caracteriza, no pueden ser limitados.La sentencia RI-0176-2006 de fecha cuatro de octubre de dos mil seis, dictada por la Sala de lo Constitucional, ha señalado que derechos invocados a un medio ambiente saludable y al desarrollo sostenible, son de interés de la humanidad por entero, y de cada ser humano, en virtud de que la relación entre ser humano y medio ambiente resulta de una interacción inevitable, en la cual la calidad de vida dependerá en gran medida del bienestar del entorno natural. Con dicha sentencia, este alto tribunal de justicia declaró que la responsabilidad de cada persona para la conservación y defensa del medio ambiente, así como lograr la obtención de su explotación racional y equilibrada, se manifiesta en dos grandes principios complementarios entre sí: el “interés común de la humanidad” y la “equidad intergeneracional”. Señaló que ambos principios, se traducen en realidad, en un compromiso de cada ser humano a preservar un ambiente saludable actual y futuro que garantice la vida digna de todos; asimismo a obtener el máximo rendimiento de los recursos naturales con el mínimo impacto al mismo y sin producir su agotamiento prematuro (desarrollo sostenible). Por lo que la legitimación deviene del interés difuso que tiene cada solicitante, el cual está vinculado con la propia supervivencia y el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales… Todo lo anteriormente expresado por la Sala de lo Constitucional, es una declaración de derecho colectivo que involucra a toda aquella persona que se sienta afectado en sus derechos fundamentales por la explotación minera. Por lo que la Sala estima que, en defensa de estos derechos, cualquier persona, sin distinción alguna, se encuentra legitimada y por ende comprometida, no sólo para comparecer ante los órganos jurisdiccionales competentes, sino también en los procedimientos administrativos que atañen al tema. Finaliza la Sala, señalando al respecto lo siguiente: “En virtud de todo lo expuesto es necesario entonces el reconocimiento de un jus standi apropiado para que toda persona natural en forma individual u organizada tengan acceso a la tutela judicial en defensa de los derechos que conciernen a la colectividad hondureña, derecho que se expresa en términos de legitimación como un interés difuso que no es abstracto sino real y concreto.”En virtud de lo anterior es inevitable que este alto tribunal de justicia ampare a quienes reclaman su derecho de personarse en defensa de sus derechos a un medio ambiente sano, acceso al agua, a la vida y demás derechos reclamados en esta garantía constitucional.7.3. Decisión con relación a la violación del derecho a la participación política. La Sala de lo Constitucional estima que las instituciones denunciadas han violentado en perjuicio de los ciudadanos representados por el amparista, el derecho a la participación política, particularmente, desconociendo la decisión de rechazo al proyecto minero Las Golondrinas y de la declaratoria de territorio libre de minería a través de las asambleas de cabildo abierto. Se señala, además, que, esta violación es continua, y se materializa con la emisión (y omisión) de las resoluciones dictadas en referendos municipales, ignorando las decisiones tomadas mediante el ejercicio de la participación ciudadana activa. El derecho a la participación política se extiende hoy día, más allá de lo reconocido expresamente en el artículo 37 constitucional, que establece como derechos del ciudadano el elegir y ser electo, puesto que cada vez son más y mejores las comunicaciones virtuales y físicas, que permiten la participación de la gente en los asuntos de interés nacional.Hoy día, las personas se hacen oír opinando y participando de las decisiones de sus autoridades, desconocer este fenómeno es una arbitrariedad que atenta contra el real estado de la democracia misma, pues el diálogo político entre gobernados y gobernantes es ahora posible, permanente y determinante.Todavía más, cuando nuestra legislación contiene mecanismos de participación ciudadana vinculante para las autoridades; mecanismos que han ido ampliando el rol del sufragio, pues ya no es sólo para elegir a cargos públicos, sino que se configura como un mecanismo de consulta y decisión, dispuesto para la democracia participativa en formas de plebiscito, referendo, iniciativa de ley ciudadana y cabildos abiertos.Este alto tribunal de justicia en comento a la cita que hace el amparista del artículo 23.1 de la CADH, estima a bien referirse a lo que dicha norma establece en cuanto al derecho político que tiene toda persona a: “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.” Lo primero es, que dicho derecho es amplio, abierto e incluye ser protagonista de los asuntos públicos, resaltando esta Sala, lo siguiente: a) el participar de forma directa; y b) dirigir los asuntos públicos. Todo lo anterior, tal como bien lo expresa el amparista se complementa con lo que dispone el inciso b) del artículo 25 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, en el sentido de que el derecho de todos los ciudadanos en mención, debe garantizarse sin ninguna restricción o delimitación. Por lo que, para este alto tribunal de justicia, debe estimarse conculcado el derecho de participación política que ostentan las personas del municipio de Sabá, en el departamento de Colón, por parte de las instituciones denunciadas. Lo anterior toma mayor relevancia, cuando existen documentadas razones para cuestionar la viabilidad ambiental del proyecto minero Las Golondrinas, por estimar los representados del amparista que dicho proyecto puede tener un impacto negativo y severo en la montaña de Botaderos, y en las fuentes de agua que abastecen el municipio de Sabá. Para este alto tribunal de justicia resulta imperioso que sea tomado en cuenta por las autoridades, el informe independiente denominado: Evaluación de impacto ambiental del proyecto minero Las Golondrinas con enfoque en seguridad y derechos humanos y cuantas observaciones se puedan hacer a futuro con relación a garantizar un medio ambiente sano y un desarrollo sustentable. En ese sentido, este alto tribunal de justicia estima procedente adherirse a lo apuntado por el impetrante, en cuanto refiere que la socialización no es una mera formalidad, sino que supone garantizar la participación activa de la población, es decir acceso a toda la información y la posibilidad de opinar, ilustrar, oponerse, es decir, ser parte activa de la decisión, y después de ésta, el seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos y denuncia o reclamo.De manera que para la Sala resulta de interés especial lo señalado por MIAMBIENTE en su oficio N. SG472-2017 de fecha uno de septiembre de dos mil diecisiete, según el cual, el proyecto Las Golondrinas fue socializado, dejando en claro la existencia de constancias de patronatos, listados de encuesta popular sobre el proyecto minero con nombres, números de identidad y firma de las personas encuestadas, así como la constancia fechada el veinticinco de agosto de dos mil trece y emitida por la secretaría municipal mediante la cual se establece que el proyecto fue socializado en el término municipal de Sabá; no obstante, este alto tribunal de justicia observa que contradictoriamente no se le ha permitido a los vecinos de dicha localidad organizados en la Junta de agua y saneamiento de la colonia La Cholomeña, a participar del procedimiento.La denegatoria a dicha junta, toma un matiz de arbitrariedad debido a que las autoridades denunciadas MIAMBIENTE e INHGEOMIN omitieron para su decisión, el rechazo al desarrollo del proyecto minero Las Golondrinas por parte de la ciudadanía mediante asamblea de cabildo abierto. Dicha decisión fue tomada desde el veinticinco de agosto de dos mil trece, reafirmada mediante dos ejercicios más de participación ciudadana, realizados el quince de diciembre de dos mil trece y el dos de julio de dos mil diecisiete.Ambas entidades denunciadas debieron conducirse en función de prestar mayor atención a los mecanismos de consulta popular, y no rechazar los personamientos de quienes representan a un sector legitimado por la defensa de sus derechos fundamentales. La socialización de un proyecto con impacto ambiental no es un asunto de trámite formal, sino un espacio abierto de discusión y diálogo constante que permita la participación ciudadana activa en su más amplio concepto. Los grandes temas como el bien común, los intereses generales de la comunidad o de la nación, el acceso al agua, la preservación del medio ambiente sano y de la vida silvestre, la democracia participativa, el desarrollo sostenible, etc., deben mantenerse en diálogo permanente entre los sectores involucrados y las autoridades deben ser más receptivas, por cuanto su principal deber es respetar y proteger la inviolabilidad de la dignidad humana. Efectivamente, tal como lo ha citado el impetrante, la Sala de lo Constitucional dispuso en el considerando 20 de la sentencia RI-1165-2014 de fecha veintiséis de junio de dos mil diecisiete que, de acuerdo a los compromisos asumidos convencionalmente, nuestro país se encuentra en la obligación de tratar las cuestiones ambientales con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de las decisiones. Asimismo, se debe procurar la creación de mecanismos para facilitar la participación de organizaciones, grupos y particulares interesados en los procesos de adopción de decisiones.Por otra parte, este alto tribunal de justicia no puede soslayar la cita que hace el impetrante del párrafo 232 de la opinión consultiva OC-23/17, dictada por la Corte interamericana de Derechos Humanos, en referencia a que Honduras como estado parte de la CADH, debe garantizar la participación efectiva brindando oportunidades a la población desde las primeras etapas de adopción de decisiones, e informarle al público sobre estas oportunidades de participación. Asimismo, en el párrafo 64 que, para la protección del derecho al medio ambiente sano, los derechos de acceso a la información pública, participación política y acceso a la justicia, adquieren una condición de derecho procedimental.La Sala de lo Constitucional adopta lo expresado por la Corte IDH, en cuanto a que la participación es el medio para que las personas ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, pudiendo así: cuestionar, indagar y considerar el cumplimiento de las funciones públicas. En ese sentido, la participación permite a las personas, no sólo que sus opiniones sean escuchadas, sino formar parte del proceso de toma de decisiones. En particular, dice la Corte IDH: “la participación pública facilita que las comunidades exijan responsabilidades de las autoridades públicas para la adopción de decisiones, y a la vez, mejora la eficiencia y credibilidad de los procesos gubernamentales.” De igual forma que la Corte IDH tiene como elementos fundamentales de la participación ciudadana, los principios de publicidad y transparencia, respaldados por el acceso a la información pública, la Sala de lo Constitucional también lo hace; por lo que las actuaciones de las autoridades denunciadas son merecedoras de reproche y las personas a quienes se les negó su derecho de participación ciudadana, merecedoras de amparo constitucional. Efectivamente, tal como fue denunciado por el impetrante, MIAMBIENTE e INHGEOMIN incurrieron en evidentes violaciones a los derechos procedimentales de información y participación política, e impidieron a los ciudadanos, y al mismo gobierno local, decidir sobre la administración de los recursos naturales del municipio, o sea, les impidieron a ser parte de los procesos administrativos. Con ello, les impidieron informarse y en su caso denunciar, tanto previo, como durante y después del otorgamiento de licenciatura ambiental y del permiso minero de explotación, violaciones a sus derechos al agua, medio ambiente sano, salud y vida. Las autoridades denunciadas entonces, deben siempre velar por la protección del medio ambiente, y para ello reconoce de necesidad absoluta que se garantice la participación de todas las personas que se puedan ver afectados directa e indirectamente con los proyectos de desarrollo que pueden generar perjuicios en el medio ambiente y en la salud de los mismos.Aunque Honduras sea el único país de Centroamérica que no es suscriptor del Acuerdo de Escazú, la Sala de lo Constitucional hace suyos las consideraciones vertidas por el impetrante en cuanto a tomar lecciones de dicho instrumento convencional para adoptar las mejores prácticas de conservación y defensa de los derechos ambientales. Es importante resaltar que los postulados de dicho acuerdo, no se oponen en nada a la normativa legal, constitucional y convencional de derechos humanos, o sea de nuestro derecho interno de obligatorio cumplimiento; por el contrario, este alto tribunal de justicia, observa que las normas de dicho acuerdo, potencian y dan fuerza a dicho derecho interno para que nuestro Estado cumpla con más eficacia las obligaciones asumidas con sus habitantes y otros estados.De manera que, aunque el Acuerdo de Escazú carece de fuerza vinculatoria, la Sala no le encuentra obstáculo para que sirva de medio interpretativo; y en ese sentido, adoptar algunas medidas contenidas en dicho instrumento en función de la proteccion del medio ambiental, esto, en virtud de lo que dispone la cláusula de derechos implícitos contenida en el artículo 63 constitucional. En específico merece mención el artículo 2 del acuerdo citado por el amparista, en cuanto a la necesidad de que se reconozcan y garanticen los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y acceso a la justicia en asuntos igualmente ambientales.Igualmente se acoge y comparte lo expresado por el impetrante, en cuanto al reclamo de que la población hondureña, requiere justicia ambiental integral, y la necesidad de que el Estado proteja el derecho de acceso a la participación ciudadana, para evitar violaciones de derechos humanos en perjuicio de comunidades o colectivos históricamente vulnerabilizados.Todo lo anteriormente expresado por este alto tribunal de justicia se encuentra en armonía con los artículos 7.1, 7.2, 7.4 del Acuerdo de Escazú, los cuales establecen la necesidad de la participación ciudadana para la toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos, actividades y autorizaciones ambientales, sea abierta e inclusiva.Con relación al presente asunto, la Sala de lo Constitucional, reconoce el derecho que tiene toda persona de poder revisar y reexaminar, tanto administrativamente como judicialmente, las resoluciones o autorizaciones en materia ambiental que configuren un impacto negativo en las comunidades o su persona. Así mismo, en el caso de marras toma nota que, el municipio de Sabá realizó varias asambleas de cabildo abierto, mediante los cuales fue rechazado el proyecto minero Las Golondrinas, tomando la población la decisión de declarar el municipio “libre de minería”. Dichos instrumentos de consulta, vinculantes para las autoridades, deben ser tomadas en cuenta para las decisiones que se tomen en dicha comunidad, pues son manifestaciones de voluntad popular en favor del medio ambiente sano.La naturaleza vinculante de dicha voluntad, está legitimada constitucionalmente y convencionalmente, además tiene obligatoriedad legal conforme lo dispuesto por la Ley de municipalidades y el artículo 102 de la Ley general del ambiente, el cual faculta y a la vez obliga a los habitantes de las comunidades locales a participar directamente en las acciones de defensa y preservación del ambiente, y al uso racional de los recursos naturales del país. Dicha norma declara de interés público la participación de las organizaciones privadas de cualquier tipo en la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, asimismo les otorga a dichas organizaciones, facultades consultivas para la elaboración de los planes y medidas que se adopten en materia ambiental.La Sala de lo Constitucional de acuerdo a todo lo señalado es del criterio que las instituciones denunciadas violentaron el derecho a la participación política comunitaria de las personas beneficiarias de la presente garantía, habitantes del municipio de Sabá, pertenecientes a la junta de agua La Cholomeña y la Corporación municipal, negándoles ser parte de los procesos administrativos y su derecho como tercero legitimado. 7.4.Decisión con relación a la violación del derecho al medio ambiente sano.El artículo 145 de la Constitución de la Republica impone al Estado la obligación de conservar el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas, el cual se relaciona con el protocolo de San Salvador, adicional de la CADH en materia de derechos económicos, sociales y culturales, específicamente en su artículo 11, que declara el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano y a contar con los servicios públicos básicos; asimismo, Honduras por su medio se obligó a promover la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.Tal como lo cita el impetrante, el derecho en mención es reconocido de igual forma por el Pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales, en el numeral 2, inciso b del artículo 12.Es de importancia meridiana para este caso, tomar en cuenta que el impetrante cuestiona la ubicación del proyecto Las Golondrinas de acuerdo con lo señalado por la empresa Canteras y Más, en el estudio de evaluación de impacto ambiental, el impetrante asegura que la ubicación real de la concesión minera Las golondrinas, es distinta a la expuesta por el documento presentado por la empresa, para obtener el permiso de la explotación. De acuerdo a lo expresado por el amparista el proyecto se encuentra dentro los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras, en el área de amortiguamiento. De manera que, de ser corroborada la denuncia haría insostenible todo proyecto minero que se pretenda llevar a cabo en dicha zona.De acuerdo con el artículo 4 del decreto 127-2012, la zona de amortiguamiento, constituye la zona que rodea la zona núcleo, y la define inter alia como el área destinada a mantener el equilibrio para mitigar el impacto de las actividades humanas en la zona núcleo. Señala que actúa como una barrera a las influencias externas. Esta zona de amortiguamiento, indica el decreto, contendrá el resto de ecosistemas presentes en el parque y en ella podrán realizarse actividades productivas que aseguren la sostenibilidad de los recursos de acuerdo a lo establecido en las normas de uso del parque, las qué deberán elaborarse de manera participativa y serán aprobadas por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF).La posición del amparista en cuanto a la ubicación del proyecto minero dentro de la zona amortiguamiento se ve reforzada por los dictámenes DECM/12-217 y DCM/13-131 emitidos por la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería, Departamento de Catastro Minero y los informes MG-029-13 y MG-039-13 elaborados por el ingeniero Billy Zapata en su condición de jefe del departamento de Minas y geología. La Sala de lo Constitucional estima que dictar amparo en este caso, constituye un acto de protección judicial muy importante, en virtud de lo establecido en el decreto de creación del parque nacional, que literalmente expresa:“CONSIDERANDO: Que el Sistema nacional de áreas protegidas de Honduras SINAPH, está conformado por áreas protegidas declaradas y propuestas, siendo una de ellas la Montaña de Botaderos, la que es considerada como prioritaria dentro del sistema, por lo que es de gran importancia, la protección de los ecosistemas que contiene, con el fin de garantizar la conservación de los mismos y contribuir con ello al desarrollo sostenible de las comunidades. CONSIDERANDO: Que la Montaña de Botaderos, como parte del sistema montañoso central del país, contiene ecosistemas importantes en la continuidad y conectividad del Corredor Biológico Mesoamericano. ·CONSIDERANDO: Que la Montaña de Botaderos contiene muestras representativas de restos arqueológicos prehispánicos. CONSIDERANDO: Que en base a las justificaciones que anteceden y de acuerdo a los resultados del diagnóstico biofísico y socioeconómico, y sus características especiales, es procedente declararla como área natural protegida, con la categoría de parque nacional.”Por lo que el Estado de Honduras por medio de MIAMBIENTE e INHGEOMIN debe cerciorarse, previo a otorgar licenciamiento ambiental y permisos de explotación, de que dicho proyecto se encuentra fuera del área de amortiguamiento señalado. Asimismo, de corroborarse que la información proveída por la empresa minera sobre el área donde localiza sus actividades es correcta, o sea que no se encuentra dentro del parque nacional, el Estado por medio de las autoridades mencionadas tiene la obligación ineludible de asegurar la existencia de medidas de protección suficientes e idóneas para garantizar el derecho a un ambiente sano. Dichas medidas idóneas deben ser eficaces y suficientes para evitar o reducir al máximo el impacto negativo y los severos daños ambientales provocados por la actividad minera. Consecuentemente, es deber de la Sala de lo Constitucional otorgar amparo para evitar que se cometan violaciones al derecho humano de un medio ambiente sano. Es por ello que, resulta de importancia vital que las personas que se encuentran bajo el impacto del proyecto y otras en su defensa, tengan acceso al proceso de licenciamiento y otorgamiento de permisos, al contenido íntegro de los expedientes y la participación activa en las decisiones administrativas. Para esta decisión también ha sido de valor probatorio la documentación acompañada a las diligencias, como por ejemplo: El informe independiente presentado por el Bufete estudios para la dignidad, denominado Evaluación de impacto ambiental del proyecto minero Las Golondrinas, con enfoque en seguridad y derechos humanos, mediante el cual se refuerza la importancia de mantener saludable el sector de la montaña Botaderos, establecida en el decreto legislativo de creación del parque nacional, determinando dicho estudio, la diversidad y cantidad significativa de especies vivientes, que serían negativamente afectadas por el proyecto minero. El estudio arriba relacionado es bastante explícito y completo en cuanto a describir las afectaciones al medio ambiente sano de la zona, y los efectos negativos en las poblaciones que dependen de ésta. Todo lo cual, son elementos que este alto tribunal de justicia no puede soslayar. En resumen, los elementos cuestionados por el impetrante, en cuanto a ubicación dentro del parque nacional y los estragos que provocaría el proyecto minero, son suficiente causa para que la participación ciudadana sea tomada en cuenta para la toma de decisiones en el presente caso; asimismo, la necesidad de aclarar satisfactoriamente estos elementos de oposición, hasta adquirir un grado aceptable de certeza al momento de la toma de decisiones por parte de las autoridades.En este sentido, la Sala de lo Constitucional hace suyos los argumentos expresados por el impetrante en relación con este motivo de amparo y que se han resumido ut supra en esta sentencia.7.5.Decisión con relación a la violación de los derechos al agua y a la salud, La Sala de lo Constitucional, estima que procede amparar en virtud de todo lo expresado hasta el momento, quedando en evidencia que en el presente caso se pone en riesgo el derecho al medio ambiente sano y por ende los derechos al agua y a la salud.En ese sentido, se tienen por conculcados los artículos 145 constitucional, 10 del Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y 12 del PIDESC, citados todos por el amparista.De igual manera, esta Sala como lo hizo el amparista estima que lo expuesto por el Comité DESC, en su Observación general No. 15, es relevante para el examen del caso de marras, tomando en cuenta el señalado principio, “derecho al más alto nivel posible de salud”, entre otros elementos expuestos en el párrafo dos de dicho informe. Verbigracia: El vínculo que tiene el derecho al agua con un nivel de vida adecuado, con la salud, la vivienda (la falta de agua como causa de desplazamiento y migración) y una alimentación adecuada, por ende la dignidad humana.La Sala también estima de aplicación lo señalado por el amparista en relación con lo expresado por el Comité DESC en relación a que el derecho humano al agua, es disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico; y que el acceso al agua, es necesario para el ejercicio de muchos de los derechos reconocidos en el pacto, como por ejemplo: producir alimentos, procurarse medios de subsistencia (trabajo), realizar prácticas culturales (el derecho a participar en la vida cultural), etc. Ahora bien, este alto tribunal de justicia atiende lo expresado por el Comité DESC en cuanto a conceder prioridad al derecho de utilizar el agua para fines personales y domésticos, especialmente para evitar el hambre y las enfermedades. Ante el controvertido suscitado en relación con el proyecto minero en cuestión, sobre la afectación a las microcuencas de uso y abastecimiento de comunidades ya establecidas, es menester que estos elementos queden por entero dilucidados a un nivel aceptable de certeza, dado que es la vida y otros derechos fundamentales los que se encuentran de por medio, siendo por ello de gravedad que el proyecto se continúe habiendo una oposición de hecho y denuncias por parte de pobladores, debiéndose en consecuencia, prevenir daños irreversibles y graves a los derechos fundamentales de las poblaciones involucradas. Es relevante lo denunciado por el amparista contra MIAMBIENTE, en cuanto a ignorar que, en el EsEIA, presentado por la empresa minera no aparecen los datos hidrológicos de las tres fuentes superficiales de agua potencialmente afectadas por la concesión minera; asimismo que no exista un estudio de densidad de drenajes e hidráulica fluvial de las quebradas Regaderos, Pajuiles y Quebrada Seca, así como del estudio sobre el sistema de drenajes y mapeo del orden de las microcuencas y cauces permanentes y temporales en la zona que resultaría potencialmente impactadas por la concesión minera.También resulta inquietante que se haya ignorado por parte de las autoridades denunciadas, que el EsEIA presentado por la empresa minera, omite el porcentaje y cantidad de tierra que será removida por ser una concesión a cielo abierto, así como otros elementos señalados por el Bufete Estudios para la dignidad en el documento: Evaluación de impactos ambiental del proyecto minero Las Golondrinas, con enfoque en seguridad y derechos humanos, publicado el veintinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Siendo dicha omisión, una consecuencia de no haber permitido el personamiento de los representados por el impetrante en los procesos administrativos, por lo que MIAMBIENTE e INHGEOMIN deben atender y verificar los señalamientos y daños irreversibles a las fuentes de agua del municipio que ha sido denunciados en informes, estudios y en esta garantía constitucional. Otro elemento a considerar, es lo denunciado por el garantista sobre el hecho de que el EsEIA reduce el recurso hídrico a dos quebradas existentes en el área concesionada, omitiendo la presencia de múltiples cuerpos de agua (Regaderos Pajuiles 2, Chama de Oro, afluente de Rio Cuaca) cuya importancia es vital porque proporcionan, agua a diferentes comunidades y parte del sector urbano del municipio de Sabá. Por lo que resulta de vital importancia para la Sala de lo Constitucional la corrección de todas las falencias denunciadas y que son elementos necesarios para la higiene ambiental, con relación a asegurar, en un nivel aceptable de certeza, que el proyecto minero no es riesgoso para el derecho fundamental a la salud, y que no producirá los efectos negativos de agua insalubre y contaminada por sustancias tóxicas y microbios patógenos, que sean destructivos de los ecosistemas acuáticos, convirtiéndolos en hábitat para los vectores de enfermedades, dañinos para la vida y salud de las personas.También, debe quedar garantizado que el proyecto minero no afectará las libertades que giran en torno al derecho de acceder a un suministro de agua suficiente, para atender todas las necesidades humanas y vida silvestre, es decir, el poder ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como, sufrir cortes arbitrarios del suministro. Por medio de la presente sentencia, la Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución estima en relación con el artículo 145 constitucional que, debe garantizarse el acceso de agua a las futuras generaciones, siendo por tanto una obligación ineludible del Estado, resguardar y proteger dicho acceso. De igual manera y por igual razón, este alto tribunal declara el agua como un bien social y cultural. En virtud de lo anterior, este alto tribunal de justicia en total adhesión a lo señalado por el Comité DESC, exige el cumplimiento de la obligación de aplicar en cualquier circunstancia, los factores de disponibilidad, calidad y accesibilidad. Debiéndose entender por calidad del agua, que cumpla con lo necesario para garantizar su salubridad en el uso personal o doméstico, sin microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Debiendo tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico. Aspectos que el garantista reitera no fueron observados por las instancias gubernamentales denunciadas para otorgar las licencias ambientales y permisos de explotación minera.También, para este alto tribunal de justicia debe darse cumplimiento a lo expuesto por el Comité DESC en la Observación general No. 15. El derecho al agua, al hacer énfasis especial sobre la progresividad en la protección y garantía del derecho de acceso al agua, estableciendo la prohibición de la adopción de medidas regresivas con respecto al derecho al agua. Tal como lo indica el amparista, el derecho al agua (como sucede con todos los derechos fundamentales o humanos) impone a Honduras las obligaciones de respetar, proteger y garantizar [cumplir]. En ese sentido, la obligación de respeto referido propiamente al agua implica que el Estado se abstenga de realizar toda práctica o actividad que: niegue o restrinja el acceso al agua potable en condiciones de igualdad, de inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas consuetudinarios o tradicionales de distribución del agua, de reducir o contaminar ilícitamente el agua. Con relación a la obligación de proteger, el Estado debe impedir a particulares, grupos, empresas y otras entidades, así como quienes obren en su nombre, que menoscaben, de cualquier modo, el disfrute del derecho al agua. La obligación de garantizar, comprende por su parte, la prevención, o sea la adopción de las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias y electivas para impedir, por ejemplo, que falte por acción de cualquier persona e incluso el Estado, el acceso al agua potable en condiciones de igualdad o contaminen o exploten en forma no equitativa los recursos de agua, con inclusión de las fuentes naturales, los pozos y otros sistemas de distribución de agua; asimismo revertir toda acción que produzca la falta de acceso al agua, restituyendo su suministro en condiciones de calidad y cantidad; finalmente, la investigación de culpables para la deducción de responsabilidades Lo anterior, en complemento a lo que dispone el Comité DESC en la Observación general número 15 y citado por el amparista en su exposición, quien señala que la obligación de cumplir se entiende en la obligación de facilitar, promover y garantizar. Indica que la obligación de facilitar exige la adopción medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho. Promover corresponde a la adopción de medidas para difundir información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de las fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua. Y garantizar que es proveer agua de calidad a todas las personas, grupos o comunidades que no estén en condiciones, por razones ajenas a su voluntad de ejercer por si mismos ese derecho con los medios a su disposición.La Sala de lo Constitucional, de igual manera acoge como instrumento de obligatorio cumplimiento la Observación General 14 del Comité DESC, Sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de la salud, especialmente en referencia a la necesidad de velar por el suministro adecuado de agua limpia y potable, y la creación de condiciones sanitarias básicas, así como la prevención y reducción de la exposición de la población a sustancias nocivas, tales como radiaciones y sustancias químicas nocivas u otros factores ambientales perjudiciales que afectan directa o indirectamente a la salud de los seres humanos. A petición del quejoso, la Sala de lo Constitucional declara que es de aplicación al caso de mérito, lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento, con relación al derecho de preferencia de las municipalidades sobre las personas naturales o jurídicas públicas o privadas en cuanto al aprovechamiento del agua para consumo humano.7.6. Decisión con relación a la violación del principio de precaución o in dubio pro naturae. La Sala de lo Constitucional hizo mención del principio de precaución en la sentencia RI-1165-2014, al señalar lo siguiente:“Este alto tribunal estima que no se han previsto medios idóneos para asegurar que los métodos utilizados en el proceso de explotación aseguren las condiciones de salud y bienestar a la vida humana que garantiza la Constitución de la República, teniendo en consideración que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, estando todos en la obligación de respetarla y protegerla. Conforme a ello y a fin de proteger el medio ambiente en el que habita, los Estados deberán aplicar el criterio de precaución conforme a sus capacidades, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, así como la falta de certeza científica, debiendo utilizar la ciencia y la tecnología como contribución al desarrollo económico y social, para descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan al medio ambiente.” De igual manera en este caso en particular, dicho principio es de aplicación con la finalidad de proteger el medio ambiente ante la posibilidad o presunción de peligro de daño grave e irreversible, ante la falta de certeza científica absoluta de que el proyecto minero Las Golondrinas no causará la degradación del medio ambiente. Por lo que, la Sala de lo Constitucional tiene la obligación de prevenir que se conculque el derecho a un ambiente saludable, orillándole a que en tanto no exista certeza científica de que no habrá daños graves e irreversibles mantenga el amparo a favor de las poblaciones que podrían resultar afectadas con el proyecto minero. Este alto tribunal, con el conocimiento proveído en estas diligencias, arriba a la convicción de que el proyecto minero Las Golondrinas podría ser una amenaza para el medio ambiente y las fuentes de agua vinculadas con poblaciones aledañas, en tanto existen muchos elementos que necesitan aclararse a un nivel aceptable de certeza, razón de peso para que las autoridades involucradas, ahora denunciadas, permitieran la intervención de los poderdantes del amparista en el procedimiento administrativo a efecto de que tuvieran a mano toda la información existente y que se relaciona con el futuro de sus vidas y demás derechos y plantear sus consideraciones y oposiciones en caso de ser necesario; asimismo aportar y confrontar estudios técnicos, para finalmente evitar las inminentes violaciones a derechos humanos. La Sala de lo Constitucional, de acuerdo con las alegaciones del garantista y con la documentación que se adjunta; asimismo, en aplicación del principio de precaución en materia ambiental, accede a las pretensiones de la presente garantía constitucional de amparo. PARTE RESOLUTIVA O FALLO. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, actuando como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, procede a la aplicación de los artículos: 1, 59, 63, 64, 65, 80, 82, 90 párrafo primero, 145, 172, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 reformado, 321 y 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración universal de los derechos humanos; 6.1, 14.1 y 25 a. y b. del Pacto internacional de derechos civiles y políticos; 12, 11.1, 12.1, 12.2 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales; 1, 11, 13, 18,23, 24, y 28 de la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre; 1, 2, 4.1, 5.1, 8.1, 21.1, 23.1 25, 29 de la Convención americana sobre derechos humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de organización y atribuciones de los tribunales; 37 y 55 de la Ley de procedimiento administrativo; decreto legislativo número 93-2016; decreto legislativo número 127-2012; 1, 2, 5 reformado, 6, 10, 35, 36, 37, 63, 64, 70, 74, 75, 7778, 79, 80, 83, 102, 103, 105, 106 y 107 de la Ley general del ambiente; artículo 4 de la Ley marco del sector agua y saneamiento; 1, 2, 3 numeral 2, 7, 8, 9 numeral 3, 41, 45, 48, 63 último párrafo y 120 de la Ley sobre justicia constitucional: FALLA: Salvo al derecho a la tutela judicial efectiva, del cual se deniega su violación, se OTORGA respecto de los demás derechos reclamados, la garantía de amparo interpuesta por el abogado Víctor Antonio Fernández Guzmán del Bufete de Derechos Humanos, Estudios para la Dignidad a favor de la JUNTA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COLONIA LA CHOLOMEÑA, DE LA CIUDAD DE SABÁ, DEPARTAMENTO DE COLÓN, organización de habitantes residentes en el mencionado municipio, contra actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MIAMBIENTE) y contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN), con relación al proyecto minero denominado “Las Golondrinas” aprobado a la empresa mercantil “Canteras y Más S. de R.L.”, proyecto a realizar dentro de la zona de amortiguamiento de la montaña de Botaderos o Parque Nacional Carlos Escaleras, ubicado en el municipio de Sabá, departamento de Colón. En consecuencia: 1. Declara que la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE) y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), han conculcado en perjuicio de los y las habitantes del municipio de Sabá, representados por la Corporación Municipal y la Junta de Agua y Saneamiento de la Colonia La Cholomeña, los derechos fundamentales al debido proceso legal por vía del plazo razonable, acceso a la justicia, y principio de legalidad o quebrantamiento de normas secundarias; derecho a la participación política; al principio precautorio o in dubio pro naturae. 2. Declara que la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE) y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), en virtud de conculcar el derecho al medio ambiente sano, de igual manera, con sus decisiones y omisiones ponen en riesgo inminente, derechos humanos de los y las habitantes del municipio de Sabá representados por la Corporación Municipal y la Junta de Agua y Saneamiento de la Colonia La Cholomeña, como ser: a un medio ambiente sano; derecho al agua y a la salud; y, con ellos, otros derechos relacionados con estos, como ser: derecho a la alimentación y la nutrición adecuada, a la vivienda (la falta de agua como causa de desplazamiento y migración), a producir alimentos, procurarse medios de subsistencia (trabajo), realizar prácticas culturales (el derecho a participar en la vida cultural). 3. Declara que la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE) y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), en virtud de conculcar el derecho a la participación ciudadana activa y a ser parte legitimada en los procesos administrativos de mérito, ponen en riesgo inminente, derechos humanos de los y las habitantes del municipio de Sabá representados por la Corporación Municipal y la Junta de Agua y Saneamiento de la Colonia La Cholomeña, como ser: acceso a la información, exigir ser parte de las decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos al proyecto minero y las actividades que se realicen en afectación del medio ambiente y derechos fundamentales conexos; asimismo, denunciar, opinar, ilustrar, oponerse, o sea ser parte activa de los procesos de adjudicación, licenciamiento o concesión de proyectos que afecten el medio ambiente; como también a dar seguimiento, vigilar, reclamar o denunciar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones impuestas o asumidas por la empresa minera y otros sujetos en general. Por lo que este alto tribunal de justicia: 1. Declara conforme el artículo 4 de la Ley marco del Sector Agua y Saneamiento, que las municipalidades ostentan un derecho de preferencia sobre las personas naturales o jurídicas públicas o privadas en cuanto al aprovechamiento del agua para consumo humano. 2. Declara el agua como un bien social y cultural. Finalmente, la Sala de lo Constitucional, de acuerdo con el principio de precaución o in dubio pro naturae, dispone: 1. Ordena a INHGEOMIN la revisión y cancelación del permiso de explotación y registro minero correspondiente al expediente No. 469 otorgado en favor de la empresa minera Canteras y Más S. de R. L., para el desarrollo del proyecto Las Golondrinas. 2. Ordena a MIAMBIENTE la revisión y cancelación del licenciamiento ambiental contenido en el expediente administrativo No. 2013-LA-101, otorgado a la empresa minera Canteras y Más S. de R. L., para el desarrollo del proyecto Las Golondrinas. 3. Ordena, a efecto de restituir el derecho a la participación activa que la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE) y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), accedan de manera inmediata al personamiento de los peticionarios de amparo en los procesos administrativos relativos al proyecto minero denominado Las Golondrinas aprobado a la empresa mercantil “Canteras y Más S. de R.L.; asimismo, permitir el acceso en cualquier tiempo a toda persona natural o jurídica que pudiera verse afectado en sus derechos ambientales, a la salud, acceso al agua o cualquiera de los derechos relacionados con estos, para efecto de personarse como parte activa de los procesos atinentes a la solicitud de concesión minera Las Golondrinas y hacer defensa de los derechos fundamentales de la comunidad. 4. Ordena a efecto de restituir el derecho a la participación activa que la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE) y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), acceda a que toda persona con interés legítimo de conformidad a lo señalado por esta sentencia tenga el derecho de opinar, ilustrar, oponerse, es decir, ser parte activa de la decisión, y después de ésta, el seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos para denunciar o reclamar. 5. Ordena a MIAMBIENTE e INHGEOMIN verificar a nivel de certeza la ubicación del área concesionada al proyecto minero Las Golondrinas. Deben cerciorarse, previo a otorgar licenciamiento ambiental y permisos de explotación, de que dicho proyecto se encuentra fuera del área de amortiguamiento señalado. Si no se encuentra dentro del parque nacional, el Estado por medio de las autoridades mencionadas tiene la obligación ineludible de asegurar la existencia de medidas de protección suficientes e idóneas para garantizar el derecho a un ambiente sano. Si está dentro, denegar toda actividad minera. 6. Ordena a MIAMBIENTE e INHGEOMIN verificar a nivel cercano de certeza que la suficiencia de la densidad de drenajes e hidráulica fluvial de las quebradas Regaderos, Pajuiles y Quebrada Seca, así como del sistema de drenajes y mapeo del orden de las microcuencas y cauces permanentes y temporales en las zonas potencialmente impactadas por la concesión minera, de forma que no haya daños ambientales. 7. Ordena a MIAMBIENTE e INHGEOMIN verificar el porcentaje, cantidad y destino de la tierra que será removida, tomando en cuenta que es una explotación a cielo abierto. 8. Ordena a MIAMBIENTE e INHGEOMIN verificar a nivel cercano a la certeza, si además de las dos quebradas que menciona el EsEIA, el proyecto minero compromete o afecta otras fuentes de agua, por ejemplo, los cuerpos de agua: Regaderos, Pajuiles 2, Chama de Oro, afluente de Rio Cuaca, etc. 9. Ordena a MIAMBIENTE e INHGEOMIN valorar toda la información presente y futura que amplíe la presentada por los interesados en el proyecto, por ejemplo, el informe independiente denominado: Evaluación de impacto ambiental del proyecto minero Las Golondrinas con enfoque en seguridad y derechos humanos; así como considerar todas las observaciones presentadas a futuro con relación a garantizar un medio ambiente sano y un desarrollo sustentable. 10. Ordena a MIAMBIENTE e INHGEOMIN corregir todas las falencias, omisiones e imprecisiones denunciadas y que son elementos necesarios para la higiene ambiental, con relación a asegurar, en nivel de certeza, que el proyecto minero no es riesgoso para el derecho fundamental a la salud humana y vida silvestre, y que no producirá los efectos negativos de agua insalubre y contaminada por sustancias tóxicas y microbios patógenos, que sean destructivos de los ecosistemas acuáticos, convirtiéndolos en hábitat para los vectores de enfermedades, dañinos para la vida y salud de las personas. Y MANDA: Que se notifique al impetrante, se certifique este fallo al peticionario y a las entidades recurridas para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Redactó la Magistrada DUBÓN VILLEDA DE FLORES LANZA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha seis de mayo de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-1459-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL