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Sentencia AA-1444-23 — Registro 18829

Resumen

Mediante la cual se resolvió rechazar de plano la acción de amparo interpuesta a favor del Estado de Honduras, con relación a cuestión incidental de defensas previas declaradas sin lugar ,considerando la Sala Constitucional revocar resolución recurrida y otorgar el amparo en consulta, debiendo el A-quo admitir el recurso de amparo interpuesto y que se lleve a cabo el procedimiento establecido

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

(7): En el presente caso se recurre vía amparo, de una resolución que declara sin lugar la cuestión incidental de defensas previas interpuesta en la demanda promovida por el Luis Edgardo Llanos Flores, contra el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, para que se declare la nulidad del acto administrativo, consistente en un acuerdo de cancelación, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Esta Sala observa que la motivación de la resolución que inadmite en puertas el recurso de amparo interpuesto, se basa en que “… de los hechos que motivan la presente acción de amparo se deduce que la resolución que dice le causa lesión al impetrante, fue dictada dentro de un procedimiento, en el cual no se irrespetó el Derecho al Debido Proceso ni demás garantías judiciales que le asisten a las partes en litigio en el Proceso de Defensas Previas…”. Lo marcado es nuestro. Se debe manifestar que, la determinación de la inexistencia de violación a derechos fundamentales, es producto de una revisión y un análisis profundo de la exposición del concepto de la violación expuesta por el recurrente. La Corte de Apelaciones le señala al recurrente que “el impetrante de amparo deberá construir todo un fundamento jurídico de los derechos fundamentales que se consideren violentados, extremo que no acontece de autos y que por tal razón hace inadmisible la acción”; no obstante, esta exigencia de la Corte de Apelaciones se hará únicamente una vez admitido el recurso de amparo y en el escrito de formalización del mismo, ello, por disposición legal contenida en el artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Requiere la Corte de Apelaciones que, “para presentar este tipo de acción, se debe de llenar ciertos presupuestos legales, al tenor de lo establecido en la Ley sobre Justicia Constitucional”, al respecto se señala que este requerimiento es impreciso y la frase “ciertos presupuestos” es abstracta, lo que contraviene la claridad, precisión y exhaustividad ordenado en el artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y 206 numeral uno que manda el Código Procesal Civil, sobre la motivación de las sentencias, es este caso la resolución de inadmisión del recurso de amparo, pues al igual que una sentencia definitiva, pondría fin al recurso. Si la decisión es inadmitir la acción, la Alzada está en la obligación de mencionar cuales con los requisitos que exige para admitir la acción de amparo, y aplicar lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que manda a conceder un plazo de tres días hábiles para corregir la demanda, máxime si el escrito de interposición cumplió con los requisitos exigidos en el artículo 49 de la ley especial. Es por estas razones que dicha inadmisión en puertas violenta el derecho de acción, el derecho de defensa al no permitirle al Estado ser oído y al inaplicar la norma –artículo 50 L.S.J.C y 206 numeral uno que manda el Código Procesal Civil- y además por no tener por observados por parte de la Procuraduría General de la República como recurrente, los requisitos de admisibilidad y con todo ello el derecho a un debido proceso, siendo procedente revocar la resolución recurrida y en segundo lugar otorgar el amparo venido en consulta, debiendo el A-quo admitir el recurso de amparo interpuesto y que se lleve a cabo el procedimiento establecido.

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

(7): En el presente caso se recurre vía amparo, de una resolución que declara sin lugar la cuestión incidental de defensas previas interpuesta en la demanda promovida por el Luis Edgardo Llanos Flores, contra el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, para que se declare la nulidad del acto administrativo, consistente en un acuerdo de cancelación, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Esta Sala observa que la motivación de la resolución que inadmite en puertas el recurso de amparo interpuesto, se basa en que “… de los hechos que motivan la presente acción de amparo se deduce que la resolución que dice le causa lesión al impetrante, fue dictada dentro de un procedimiento, en el cual no se irrespetó el Derecho al Debido Proceso ni demás garantías judiciales que le asisten a las partes en litigio en el Proceso de Defensas Previas…”. Lo marcado es nuestro. Se debe manifestar que, la determinación de la inexistencia de violación a derechos fundamentales, es producto de una revisión y un análisis profundo de la exposición del concepto de la violación expuesta por el recurrente. La Corte de Apelaciones le señala al recurrente que “el impetrante de amparo deberá construir todo un fundamento jurídico de los derechos fundamentales que se consideren violentados, extremo que no acontece de autos y que por tal razón hace inadmisible la acción”; no obstante, esta exigencia de la Corte de Apelaciones se hará únicamente una vez admitido el recurso de amparo y en el escrito de formalización del mismo, ello, por disposición legal contenida en el artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Requiere la Corte de Apelaciones que, “para presentar este tipo de acción, se debe de llenar ciertos presupuestos legales, al tenor de lo establecido en la Ley sobre Justicia Constitucional”, al respecto se señala que este requerimiento es impreciso y la frase “ciertos presupuestos” es abstracta, lo que contraviene la claridad, precisión y exhaustividad ordenado en el artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y 206 numeral uno que manda el Código Procesal Civil, sobre la motivación de las sentencias, es este caso la resolución de inadmisión del recurso de amparo, pues al igual que una sentencia definitiva, pondría fin al recurso. Si la decisión es inadmitir la acción, la Alzada está en la obligación de mencionar cuales con los requisitos que exige para admitir la acción de amparo, y aplicar lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que manda a conceder un plazo de tres días hábiles para corregir la demanda, máxime si el escrito de interposición cumplió con los requisitos exigidos en el artículo 49 de la ley especial. Es por estas razones que dicha inadmisión en puertas violenta el derecho de acción, el derecho de defensa al no permitirle al Estado ser oído y al inaplicar la norma –artículo 50 L.S.J.C y 206 numeral uno que manda el Código Procesal Civil- y además por no tener por observados por parte de la Procuraduría General de la República como recurrente, los requisitos de admisibilidad y con todo ello el derecho a un debido proceso, siendo procedente revocar la resolución recurrida y en segundo lugar otorgar el amparo venido en consulta, debiendo el A-quo admitir el recurso de amparo interpuesto y que se lleve a cabo el procedimiento establecido.

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, mediante la que rechazó de plano el recurso de amparo interpuesto por la Abogada Gabriela Virginia Gómez Maradiaga, a favor del Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, contra la resolución de fecha veintiuno de junio de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, que declaro sin lugar la cuestión incidental de defensas previas interpuesta en la demanda promovida por el Luis Edgardo Llanos Flores, contra el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, para que se declare la nulidad de un acto administrativo consistente en su cancelación. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 25, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, la Abogada Gabriela Virginia Gómez Maradiaga, interponiendo recurso de amparo a favor del Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, contra la resolución de fecha veintiuno de junio de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, que declaró sin lugar la cuestión incidental de defensas previas interpuesta en la demanda promovida por el Luis Edgardo Llanos Flores, contra el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-5 del antecedente) 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dictó sentencia en fecha veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, mediante la cual resolvió: “…PRIMERO: RECHAZAR DE PLANO LA ACCIÓN DE AMPARO INTERPUESTA POR la abogada GABRIELA VIRGINIA GOMEZ MARADIAGA a favor del Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, por existir causa de inadmisibilidad en el escrito de interposición del presente recurso al alegar violaciones de mera legalidad.- SEGUNDO: REMÍTASE las diligencias en CONSULTA OBLIGATORIA de la presente resolución ante la SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Artículos 46 numeral 1 y párrafo final, Y 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 3 letra b de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. NOTIFIQUESE.” (Folios 23-25 del antecedente) 3) Que en fecha tres de noviembre de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que el caso que se conoce en consulta es la resolución de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, que rechazó de plano el recurso de amparo interpuesto por la Abogada Gabriela Virginia Gómez Maradiaga, a favor del Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, contra la resolución de fecha veintiuno de junio de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la cuestión incidental de defensas previas interpuesta en la demanda promovida por el Luis Edgardo Llanos Flores, contra el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. CONSIDERANDO (3): Que entre los fundamentos que sirvieron de base a la Corte sentenciadora, para emitir su fallo, se encuentra en el numeral tercero de la resolución venida en consulta: “…Que analizados que han sido los hechos y alegato, que motivan la presente acción de amparo y su subsanación, se observa que los mismos constituyen alegaciones de índole estrictamente de instancia procesal ordinaria, alegatos esgrimidos por el impetrante constituyen alegatos de mera legalidad, y de la revisión de los hechos que motivan la presente acción de amparo se deduce que la resolución que dice le causa lesión al impetrante, fue dictada dentro de un procedimiento, en el cual no se irrespetó el Derecho al Debido Proceso ni demás garantías judiciales que le asisten a las partes en litigio en el Proceso de Defensas Previas, Revisar el fondo de la resolución de defensas previas, es decir los alegatos que motivaron la interposición de dicho incidente, la procedencia o no de éstas, es llevar a cabo un reexamen más de la resolución de defensas previas, como así lo pretende la impetrante y se deriva de los alegatos que motivan la acción de amparo, convierte a la acción de amparo y el Juez Constitucional en un recurso ordinario más, en una instancia ordinaria más. La apreciación y valoración de los hechos que motivaron la incidencia de defensas previas y la resolución del Juzgado de Primera Instancia con respecto al incidente incoado, no están referidas en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho del Debido Proceso ni de defensa, toda vez que son asuntos propios de la jurisdicción ordinaria que no compete revisar a la justicia constitucional (son de orden infra constitucional). CUARTO: Que conforme a lo establecido en el artículo 64 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, si bien el auto que resuelve desestimar las defensas previas es irrecurrible (no cabe recurso alguno), no significa que forzosamente debe de interponerse la acción de amparo, pues para presentar este tipo de acción, se debe de llenar ciertos presupuestos legales, al tenor de lo establecido en la Ley sobre Justicia Constitucional. Debe recordarse que el Juez Constitucional, que conoce del recurso extraordinario de amparo, no representa una instancia ordinaria más, que ha de conocer el fondo del asunto, y menos cuando éste ya ha sido debatido por las partes y ha existido un pronunciamiento judicial, siendo el quehacer fundamental del Juez Constitucional garantizar el respeto y cumplimiento de los Derechos y Garantías reconocidos por la Constitución de la República y tratados internacionales. Se aprecia de los motivos de la presente acción de amparo que estos redundan en los mismos fundamentos que utilizaron en primera instancia al momento de alegar las defensas previas, además el impetrante de amparo deberá construir todo un fundamento jurídico de los derechos fundamentales que se consideren violentados, extremo que no acontece de autos y que por tal razón hace inadmisible la acción…” CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se aprecia que ha venido en consulta, no una sentencia como manda el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, sino que un auto de inadmisión del recurso de amparo interpuesto, sobre el cual se manifiesta lo siguiente: La Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 49 establece nueve requisitos que debe contener el escrito de interposición de la acción de amparo para ser admitido, este análisis debe hacerse en conjunto con lo dispuesto en el artículo 46 de la misma ley, en el cual establece nueve supuestos de inadmisibilidad. El párrafo último del artículo 46 señala dos situaciones distintas en las cuales se declara inadmisible la demanda, unas de ellas es en puertas, y es el caso del numeral 4 referente a la no interposición de la acción de amparo dentro de los dos meses que manda el artículo 48, es decir que con una operación matemática basta para determinar si se cumple o no el requisito de inadmisibilidad de dos meses que es el plazo para promover la acción de amparo, contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución del recurso de reposición. También se podrá inadmitir in limine, entre otros, cuando del escrito de interposición de la demanda, se deduce con certeza que la resolución recurrida en amparo directo es susceptible del recurso de apelación, lo anterior ejemplifica el supuesto contenido en los numerales tres y ocho del artículo 46 de la ley especial en comento, los otros supuesto del artículo 46 supra, aplican que una vez admitido el recurso y analizados los antecedentes enviados o el informe en su caso, y una vez constando los autos la causal de inadmisibilidad, es procedente el sobreseimiento de las diligencias de amparo. CONSIDERANDO (5): Que la Sala de lo Constitucional observa, que el concepto de la violación expuesto por el recurrente en su escrito de interposición del recurso de amparo, consiste en estimar vulnerado el derecho a la defensa y consecuentemente el derecho al debido proceso, por haber determinado el A-quo, declarar las defensas previas interpuestas por la Procuraduría General de la República, y siendo que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo manda que la resolución que deniegue las defensas previas no es sujeta de recursos, cabe contra ella la interposición del recurso de amparo para garantizar así el derecho a la defensa y el debido proceso. CONSIDERANDO (6): Que el Artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.” CONSIDERANDO (7): En el presente caso se recurre vía amparo, de una resolución que declara sin lugar la cuestión incidental de defensas previas interpuesta en la demanda promovida por el Luis Edgardo Llanos Flores, contra el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, para que se declare la nulidad del acto administrativo, consistente en un acuerdo de cancelación, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Esta Sala observa que la motivación de la resolución que inadmite en puertas el recurso de amparo interpuesto, se basa en que “… de los hechos que motivan la presente acción de amparo se deduce que la resolución que dice le causa lesión al impetrante, fue dictada dentro de un procedimiento, en el cual no se irrespetó el Derecho al Debido Proceso ni demás garantías judiciales que le asisten a las partes en litigio en el Proceso de Defensas Previas…”. Lo marcado es nuestro. Se debe manifestar que, la determinación de la inexistencia de violación a derechos fundamentales, es producto de una revisión y un análisis profundo de la exposición del concepto de la violación expuesta por el recurrente. La Corte de Apelaciones le señala al recurrente que “el impetrante de amparo deberá construir todo un fundamento jurídico de los derechos fundamentales que se consideren violentados, extremo que no acontece de autos y que por tal razón hace inadmisible la acción”; no obstante, esta exigencia de la Corte de Apelaciones se hará únicamente una vez admitido el recurso de amparo y en el escrito de formalización del mismo, ello, por disposición legal contenida en el artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Requiere la Corte de Apelaciones que, “para presentar este tipo de acción, se debe de llenar ciertos presupuestos legales, al tenor de lo establecido en la Ley sobre Justicia Constitucional”, al respecto se señala que este requerimiento es impreciso y la frase “ciertos presupuestos” es abstracta, lo que contraviene la claridad, precisión y exhaustividad ordenado en el artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y 206 numeral uno que manda el Código Procesal Civil, sobre la motivación de las sentencias, es este caso la resolución de inadmisión del recurso de amparo, pues al igual que una sentencia definitiva, pondría fin al recurso. Si la decisión es inadmitir la acción, la Alzada está en la obligación de mencionar cuales con los requisitos que exige para admitir la acción de amparo, y aplicar lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que manda a conceder un plazo de tres días hábiles para corregir la demanda, máxime si el escrito de interposición cumplió con los requisitos exigidos en el artículo 49 de la ley especial. Es por estas razones que dicha inadmisión en puertas violenta el derecho de acción, el derecho de defensa al no permitirle al Estado ser oído y al inaplicar la norma –artículo 50 L.S.J.C y 206 numeral uno que manda el Código Procesal Civil- y además por no tener por observados por parte de la Procuraduría General de la República como recurrente, los requisitos de admisibilidad y con todo ello el derecho a un debido proceso, siendo procedente revocar la resolución recurrida y en segundo lugar otorgar el amparo venido en consulta, debiendo el A-quo admitir el recurso de amparo interpuesto y que se lleve a cabo el procedimiento establecido. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 8, 303, 305, 308, 310, 316, 317 y 361 del Código Procesal Penal, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 46, 49, 50 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 206 numeral uno que manda el Código Procesal Civil, FALLA: 1) REVOCANDO la resolución de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, mediante la cual se resolvió rechazar de plano la acción de amparo interpuesta por la Abogada Gabriela Virginia Gómez Maradiaga, a favor del Estado de Honduras, mediante la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad, con relación a la cuestión incidental de defensas previas interpuesta en la demanda promovida por el Luis Edgardo Llanos Flores, contra el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. 2) Que se admita la acción de amparo interpuesta y se siga el procedimiento ya establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado VALLECILLO PAREDES. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de marzo del dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha veintiocho de agosto del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1444-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL