Sentencia AA-138-21 — Registro 16315
Resumen
Acto recurrido de negar la entrega de documentación relacionada con la acreditación como bachiller en ciencias y humanidades, y certificación de calificaciones, en perjuicio de impetrantes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que las pretensiones expuestas por el Recurrente, abogado MAURICIO JOSE CANTOR ROSALES, en el presente recurso no son de recibo, ya que el acto reclamado en amparo lo constituye un acto o hecho no escrito realizado por la institución educativa Evangélica Virginia SAPP en virtud de la negativa de entregar documentación esencial que acredita al menor A como bachiller en ciencias y humanidades y la entrega de certificación de notas del menor B, y luego del informe de la denuncia hecha a la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán en fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte dictada, esta Sala aprecia que el recurrente no interpuso recurso alguno ante la instancia correspondiente, que en este caso sería la Secretaria de Educación para agotar el procedimiento administrativo; razones por la se estima sobreseer el recurso de amparo impetrado, en virtud de haber apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que se ha logrado constatar que el acto reclamado en amparo no reúne los requisitos de definitividad que dé lugar a su procedencia..." ..." Que al no haber hecho uso el recurrente de los recursos correspondientes dentro del término legal contra el acto reclamado en amparo, de conformidad a lo establecido taxativamente por el artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se ha logrado constatar que el acto reclamado en amparo no cumplió el procedimiento que se sigue como establece la ley; en consecuencia, procede sobreseer la acción de mérito..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. VISTO: Para dictar sentencia del recurso de amparo interpuesto por el Abogado MAURICIO JOSE CANTOR ROSALES, quien manifiesta que: “… recurre a favor de los menores JESE EMMANUEL y ANGEL JOSUE, AMBOS DE APELLIDOS, BANEGAS CALDERON, por medio de su representante legal (padre) el señor OSCAR YOVANNI BANEGAS VALLE contra actuaciones de la INSTITUCION EDUCATIVA EVANGELICA “VIRGINIA SAPP”, para que se restituya el goce del derecho a la educación, en virtud, de que dicha institución en fechas veinte (20) de agosto y catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020), negó entregar la documentación esencial que acredita al menor JESE EMMANUEL BANEGAS CALDERON como bachiller en ciencias y humanidades, asimismo, se negó la entrega de certificación de notas del menor ANGEL JOSUE BANEGAS CALDERON. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho (08) de febrero de dos mil veintiuno (2021) el Abogado MAURICIO JOSE CANTOR ROSALES quien actúa a favor de los menores JESE EMMANUEL y ANGEL JOSUE, AMBOS DE APELLIDOS, BANEGAS CALDERON, por medio de su representante legal (padre) el señor OSCAR YOVANNI BANEGAS VALLE contra actuaciones de la INSTITUCION EDUCATIVA EVANGELICA “VIRGINIA SAPP”, contra actos de particulares en los términos del artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional para que se restituya el goce del derecho a la educación. (Folios 01–17 del presente Recurso) 2) Que en fecha tres (03) de marzo de dos mil veintiuno (2021), se admitió el presente recurso de amparo, solicitando a la autoridad recurrida que rinda informe dentro del término de un (01) día hábil o remitan los antecedentes del caso. (Folio 19 del presente Recurso) 3) Que en fecha catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021), la Sala tiene por recibido el informe solicitado al INSTITUTO EVANGELICO VIRGINIA SAPP, en el cual se establece: (SIC): “Hago referencia que la Señora Rina Guadalupe Calderón madre de Jese Emmanuel Banegas Calderón en 11mo grado y de Ángel Josué Banegas Calderón en 0no grado, los matriculó en el año 2019 en nuestra institución. Al momento de la matricula la Señora Calderón firmo un documento de compromiso entre la institución y su persona. Parte de lo que se establece en dicho documento es el compromiso que ella contrae en el fiel cumplimiento con todos sus deberes financieros pagando colegiaturas el 30 de cada mes, el que no se realizó en ningún mes del año. La institución muy benevolente y teniendo presente su visión soslayo esta situación y a los jóvenes se les brindo servicios educativos durante nueve meses. Por tal situación la Señora Rina firmo dos letras de cambio, una con fecha de 20 de octubre de 2019 por un valor de L 38, 064.00 y otra con fecha del 26 de noviembre de este mismo año por un valor de L 41, 048.00 de los cuales no han hecho efectivo ninguno de ellos a la fecha. En ningún momento dicha madre ha presentado a la institución para presentar en forma escrita un plan de pago y tampoco tenemos las causas del no cumplimiento de dichas obligaciones. La institución permanece anuente a la comunicación y acuerdos que puedan establecer ambas partes.” (Folio 22 de la presente Recurso) 4) Que en fecha diecisiete (17) de mayo de dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el Recurso de Amparo de mérito, y ordeno dar vista de los autos al Fiscal del Despacho, a fin de que emita su dictamen sobre el presente Recurso. (Folio 32 del presente Recurso) 5) Que en fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintiuno (2021), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, en virtud de no existir la vulneración del derecho constitucional invocado por el amparista”; pues acorde línea jurisprudencial emanada de esta Sala de lo Constitucional,[1] no se puede inferir que exista en materia educativa privada “una delegación” por parte del Estado, más aún, existiendo en forma autónoma un derecho constitucional reconocido a los particulares para: “… fundar centros educativos dentro del respeto a la Constitución y la ley”.[2] Se ha reservado al Estado la atribución de autorizar, organizar, dirigir y supervisar la educación en todos los niveles del sistema educativo formal, por medio de la Secretaría de Educación; por lo cual las instituciones privadas que prestan servicios de educación, no pueden ser sometidas al control o garantía jurisdiccional correspondiente, sin previamente agotar la vía administrativa; en el presente caso, ante la Secretaría de Educación. (Folios 34–37 y 39 del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que, en interposición y formalización del presente recurso, pone en conocimiento de la jurisdicción constitucional, el Letrado solicitante de amparo, que los menores JESE EMMANUEL y ANGEL JOSUE, AMBOS DE APELLIDOS, BANEGAS CALDERON, quienes son representados legalmente por su padre, el señor OSCAR YOVANNI BANEGAS VALLE; han sido objeto de actuaciones lesivas a sus derechos constitucionales y convencionales en materia de la niñez y adolescencia, por parte de la INSTITUCION EDUCATIVA EVANGELICA “VIRGINIA SAPP”; en virtud, de que a ésta se le ha delegado y autorizado la función de prestar un servicio público como es la Educación; obligándose a respetar la normativa constitucional en la esfera de ejercicio de sus actividades y funciones se ha negado injustificadamente a entregar documentación esencial para el pleno ejercicio del derecho a la educación de los menores agraviados; sustanciando su denuncia en el sentido que, en fechas veinte (20) de agosto y catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020), la referida institución privada se negó injustificadamente a entregar la documentación esencial que acredita al menor JESE EMMANUEL BANEGAS CALDERON como Bachiller en Ciencias y Humanidades; denegándole, asimismo, la entrega de certificación de notas al menor ANGEL JOSUE BANEGAS CALDERON, para efectos de traslado de la Institución hacia otro centro de estudio; documentos indispensables, en ambos casos, para la continuación de su formación académica en los respectivos centros de educación superior y media, respectivamente. CONSIDERANDO (4): Que, continúa manifestando el recurrente, que en procuración de resolver el caso que entraña la vulneración de los derechos fundamentales de los educandos agraviados, se invoca jurisprudencia constitucional y convencional que vislumbra el alcance de los mismos. Para el caso, lo establecido en el artículo 151 de la Constitución de la República, con relación al artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; por los cuales se reconoce el derecho de toda persona a la educación, sin restricciones, ni discriminación de ninguna naturaleza; atendiendo a los propósitos y objetivos establecidos en la Observación General Número 13, emitida por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas: Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad; con relación al estándar de accesibilidad material, para todo lo cual deberán tomarse en cuenta los intereses superiores de los alumnos. CONSIDERANDO (5): Que, finaliza manifestando el recurrente, Abogado MAURICIO JOSÉ CANTOR ROSALES, que la situación puesta de manifiesto ante la Sala de lo Constitucional resulta lesiva para los derechos de sus representados, los menores JESE EMMANUEL y ANGEL JOSUE, ambos de apellidos, BANEGAS CALDERON, pues se trata de una situación inconstitucional que amerita la intervención de la honorable Corte, asegurando el restablecimiento de los derechos educativos conculcados a sus representados por la INSTITUCION EDUCATIVA EVANGELICA “VIRGINIA SAPP”; por todo lo cual, comparece ante la Sala invocando los derechos contenidos en los artículos 17, 59, 80, 82, 90, 151, 303 y 321 de la Constitución de la República; artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículos 2, 8.1, 9 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y; 2, 10, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 64 y 65 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; a efecto se les restituya a cabalidad el goce del derecho a la educación, así conculcado y se le permita a los menores agraviados continuar normalmente con sus estudios superiores y de educación media. CONSIDERANDO (6): Que el Ministerio Público a través de su agente fiscal Sussy Coello en su dictamen fiscal expone que, siguiendo la línea jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional, encuentra que el criterio de este Alto Tribunal ha sido que respecto de las instituciones privadas que presten servicios de educación, sus actos no se puede inferir que existe en materia educativa privada "una delegación" por parte del Estado y que la misma es un presupuesto indispensable en que se funda la iniciativa privada en materia educativa, por ello seria soslayar innecesariamente el derecho constitucional de los particulares contenido en el articulo 166. No obstante, la Constitución en forma explicita reserva al Estado la atribución de autorizar, organizar, dirigir y supervisar la educación en todos los niveles del sistema educativo formal; por medio de la Secretaría de Educación; por lo que respecto de las instituciones privadas que presten servicios de educación, sus actos no podrán ser sometidos al control correspondiente a través de la jurisdicción ordinaria O Constitucional sin que previamente se agote la vía administrativa. Por lo que se estima que el amparista debió agotar el procedimiento administrativo en la instancia correspondiente. CONSIDERANDO (7): Que las pretensiones expuestas por el Recurrente, abogado MAURICIO JOSE CANTOR ROSALES, en el presente recurso no son de recibo, ya que el acto reclamado en amparo lo constituye un acto o hecho no escrito realizado por la institución educativa Evangélica Virginia SAPP en virtud de la negativa de entregar documentación esencial que acredita al menor JESE EMMANUEL BANEGAS CALDERON como bachiller en ciencias y humanidades y la entrega de certificación de notas del menor ANGEL JOSUE BANEGAS CALDERON, y luego del informe de la denuncia hecha a la Direccion Departamental de Educación de Francisco Morazán en fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte dictada, esta Sala aprecia que el recurrente no interpuso recurso alguno ante la instancia correspondiente, que en este caso sería la Secretaria de Educación para agotar el procedimiento administrativo; razones por la se estima sobreseer el recurso de amparo impetrado, en virtud de haber apreciado la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que se ha logrado constatar que el acto reclamado en amparo no reúne los requisitos de definitividad que dé lugar a su procedencia. CONSIDERANDO (8): Que al no haber hecho uso el recurrente de los recursos correspondientes dentro del término legal contra el acto reclamado en amparo, de conformidad a lo establecido taxativamente por el artículo 46 numeral 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se ha logrado constatar que el acto reclamado en amparo no cumplió el procedimiento que se sigue como establece la ley; en consecuencia, procede sobreseer la acción de mérito. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 41, 44, 46, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado MAURICIO JOSE CANTOR ROSALES a favor de los menores JESE EMMANUEL y ANGEL JOSUE, AMBOS DE APELLIDOS, BANEGAS CALDERON, por medio de su representante legal (padre) el señor OSCAR YOVANNI BANEGAS VALLE contra actuaciones de la INSTITUCION EDUCATIVA EVANGELICA "VIRGINIA SAPP", por haber consentido el acto reclamado en amparo, al no haber hecho uso de los recursos o acciones legales correspondientes dentro del término establecido para tal efecto; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-138-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver sentencia de amparo número AC 0488=13 del dieciocho de marzo de dos mil catorce.
[2] Ver artículo 166 de la Constitución de la República.