Sentencia AA-1361-22 — Registro 18821
Resumen
Resolución SO-228 2022 declaró parcialmente con lugar recurso de reposición contra Resolución SO-341-2021, la cual declaró con lugar parcialmente la solicitud de clasificación de información pública como reservada presentada por recurrente y declaró con lugar parcialmente por un plazo de diez años cierta información; entre otras resoluciones; El Instituto consideró que la información consistente en el presupuesto ejecutado del ingreso y egresos de divisas, entre otros aspectos, es considerada información pública, pues no es suficiente que se afirme que existe un riesgo de perjuicio, sino que debe proporcionar razones específicas y sustanciales que respalden sus afirmaciones
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"se aprecia que el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ha emitido sus decisiones con base en las actuaciones incorporadas durante el trámite y ha fundado las mismas conforme con los lineamientos legales, siendo sus resoluciones, incluyendo la que se ha denunciado ante esta Sala por la recurrente, consecuentes con el procedimiento y las formalidades de ley, desprendiéndose de la resolución impugnada por esta vía, las consideraciones que sirvieron de base para arribar a su decisión, las que esta Sala aprecia como razonables y debidamente motivadas..."..."Este Alto Tribunal observa también que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, no observándose quebrantamiento al derecho a un debido proceso legal, por cuanto el mismo ha sido materializado acorde con las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."la Sala tampoco advierte vulneración alguna al principio de legalidad, pues si entendemos que el mismo comporta la sujeción de todos los órganos estatales al derecho y que todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe partir y fundarse de manera irrestricta en una norma legal, y que ésta a su vez, debe ser conforme a las disposiciones de fondo y forma consignadas en la Constitución de la República, no se advierte que el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA haya vulnerado este principio, puesto que ha oficiado y gestionado el procedimiento de ley de acuerdo con sus facultades legales, asegurando el pleno ejercicio de sus derechos a la hoy recurrente, la que ha tenido acceso al procedimiento y a los recursos, acciones y medios de defensa sin restricción ni limitación alguna..."..."esta Sala puede concluir que en el caso de mérito no se precisa de la protección constitucional que concede la garantía de amparo, en tanto que esta Sala lo considera como un asunto de estricto derecho originado de una inconformidad de la representante del Banco Central de Honduras con lo resuelto, lo cual contraviene el propósito mismo del recurso de amparo.."..."se observa que en el procedimiento instado no ha surgido arbitrariedad ni desafuero en el proceder de la autoridad recurrida, con el que se hayan menoscabado derechos fundamentales, apreciándose que ésta se limitó a aplicar la normativa vigente en la materia para resolver la petición que le fue presentada, emitiendo su resolución en forma razonada y apoyada de la debida motivación, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece, como ya queda dicho..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes..."..."esta Sala no advierte vulneración a la garantía a un debido proceso legal ni a los demás derechos invocados por la recurrente, por cuanto en la tramitación del procedimiento ante el Instituto recurrido se han respetado las formalidades establecidas en la ley, como ya queda dicho, estando la decisión resultante enmarcada dentro del ordenamiento jurídico vigente, por lo que este Alto Tribunal es del criterio porque la acción de amparo que se conoce debe denegarse y así debe declararse..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 20 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 21 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 48 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SAGRA PAMELA CACERES CANO, a favor del BANCO CENTRAL DE HONDURAS, contra la Resolución SO-228 2022, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), en fecha uno de junio del año dos mil veintidós, que declaró parcialmente con lugar, un recurso de reposición, presentada contra la Resolución SO-341-2021, de fecha ocho de septiembre de dos mil veintiuno, con relación a la solicitud de clasificación de información pública como reservada presentada por el BANCO CENTRAL DE HONDURAS. Manifiesta la Recurrente que con la resolución impetrada se consideran violentados derechos constitucionales fundamentales consagrados en los artículos 90, 321 y 324 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES.1.Que en fecha tres de diciembre de dos mil veinte, el Licenciado WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ, actuando en su condición de Presidente del BANCO CENTRAL DE HONDURAS, presentó ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, solicitud para la Renovación y Ampliación de la Información Declarada como Reservada en el Acuerdo No. 01/2011, del tres de enero de dos mil once, por un período adicional de diez años. (Folios 01 al 06 de los antecedentes).2.Que, seguido el trámite, el Instituto de Acceso a la Información Pública, mediante Resolución SO-341 2021, dictada en fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), RESOLVIÓ: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE la solicitud de CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA COMO RESERVADA, presentada por el MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ, en su condición de PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH). SEGUNDO: Se DECLARA CON LUGAR PARCIALMENTE por un plazo de diez años la información referente a: c) El detalle de información por empresa proveniente de las declaraciones sobre exportaciones autorizadas e ingresos de divisas incluyendo la repatriación de divisas de zonas libres. d) La información sobre la deuda externa privada del sector financiero detallado por empresa e instituciones del sector privado. e): El detalle por Institución Financiera sobre encaje: posición del encaje y encaje adicional, en moneda Nacional y Extranjera, Balances e Inversiones. l) Los estados de cuenta, certificación de saldos y transacciones efectuadas por el BCH a cargo de sus cuentahabientes y en los sistemas BCH-TR y CCGOB: CON LUGAR, a excepción de la aplicación para las Instituciones gubernamentales, ya que en estas, la Contaduría General de la República, publica un consolidado de los Estados de Financieros, artículo 104 numeral 5 de la Ley Orgánica del Presupuesto, debiendo el BCH proteger siempre los datos los datos personales confidenciales contenidos en los expedientes de las cuentas. Artículos 13 numerales 5, 8 y 18 de la LTAIP. m) Los depósitos judiciales derivados de embargos decretados por las autoridades judiciales competentes registrados en cuentas del Banco Central de Honduras, en cuanto a este literal m) CON LUGAR LA CLASIFICACIÓN, DEBIENDO DE OTORGARSE y no renovarse lo que corresponde a aquella información que pueda generarse como estadística. r) Los criterios del BCH para evaluar riesgos de crédito de los bancos en el exterior, incluyendo el cálculo de rentabilidad de las reservas y los tramos de inversión. s) Los informes de los reportes de riesgos y gestión de las reservas internacionales. t) Los reportes del sistema financiero nacional sobre el cumplimiento al reglamento para el manejo de cuentas de depósito en moneda extranjera; u) La información del cliente inversionista que participan en las subastas públicas de valores gubernamentales de las instituciones del Gobierno, a excepción de la información consistente en (servicio de la deuda del gobierno, bonos de la Secretaría de Finanzas) que es información considerada como pública. y) los registros de las imágenes de los cheques pagados por el sistema financiero a cargo de los cuentahabientes el BCH en moneda nacional y extranjera y su afectación contable a través de la Cámara de Compensación Electrónica de Cheques a que sea microfilmados… TERCERO: Declarar SIN LUGAR lo referente a: a) La información de indicadores y los datos de las personas naturales y jurídicas sobre ingresos y egresos de divisas registrados en el sistema de Balanza Cambiara (BALCAM). SIN LUGAR, No se otorga por ser dato personal confidencial declarado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 3 numeral 7, b) El detalle de montos adjudicados y rechazados a personas naturales y jurídicas que participan en la subasta de divisas del BCH, así como el detalle individual de los montos negociados por los agentes cambiarios en el mercado intercambiario de divisas (MID) y los datos preliminares y oficiales a detalle por cada agente cambiario de compra y venta de divisas registradas. SIN LUGAR, no se otorga por ser dato personal confidencial declarado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública artículo 3 numeral 7; f) Los informes y cuadros adjuntos al flujo de caja de la Tesorería General de la República, contentivos de las operaciones de las cuentas de depósitos y otras cuentas del Gobierno Central. SIN LUGAR, porque es información generada por la Secretaría de Finanzas y, esta institución obligada es la encargada de definir la información a publicar; g) La información detallada de los movimientos de las cuentas, posiciones de flujo, saldos e inversiones del BCH con bancos del exterior (moneda extranjera), que incluyen operaciones del Gobierno Central y agentes cambiarios privados. SIN LUGAR, por no tener una justificación válida para otorgar dicha reserva, ya que no basta con que la autoridad pública simplemente afirme que existe un riesgo de perjuicio; sino que debe proporcionar razones específicas y sustanciales que respalden sus afirmaciones; h) La información relacionada con el movimiento diario por cuenta de encaje correspondiente a los bancos y sociedades financieras; SIN LUGAR, por estar incluido en el inciso l); i) La información de los cuentahabientes del BCH relativas a las afectaciones contables derivadas de la administración de los valores gubernamentales en las cuentas de la Tesorería General de la República. SIN LUGAR, por no tener una justificación válida para otorgar dicha reserva, ya que no basta con que la autoridad pública simplemente afirme que existe un riesgo de perjuicio; sino que debe proporcionar razones específicas y sustanciales que respalden sus afirmaciones; j) Los estados de cuentas por cliente del registro de valores del Sistema de Anotación en Cuenta. SIN LUGAR, por ser un dato personal confidencial ya reservado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; k) Los expedientes de las cuentas aperturadas por las instituciones gubernamentales. Sin Lugar este punto, debiendo el Banco Central de Honduras proteger siempre los datos personales, confidenciales contenidos en los expedientes de las cuentas, de acuerdo y de conformidad a lo que determina el artículo 13 numerales 5 y 8 y, 18 de LTAIP, y del sistema financiero, con lugar información de las personas autorizadas, sus firmas y sellos registrados; n) Los documentos e información que, por razón de sus funciones de fiscalización o consultoría, la auditoría interna llegare a generar y conocer en cualquiera de las dependencias del BCH; SIN LUGAR, en virtud de que TSC publicará el informe definitivo, a excepción de que sea un informe preliminar no aprobado por el TSC. Artículo 13 numeral 15 de la LTAIP; o) Los datos confidenciales contenidos en los dictámenes y resoluciones de carácter particular que contienen información relacionada con las instituciones del sistema financiero, empresas privadas o personas naturales. SIN LUGAR, por ser un dato personal confidencial de acceso restringido establecido en la LTAIP; p) El informe confidencial del Sistema de Indicadores de Alerta Temprana (SIAT) con el propósito de identificar de manera anticipada las instituciones cuyos indicadores reflejen un deterioro en sus condiciones de liquidez, incluyendo los informes que se realizan sobre el comportamiento individual del sistema financiero supervisado y no supervisado; SIN LUGAR por tener ya el carácter de CONFIDENCIAL. Artículo 16 numeral 1 y 3; q) El presupuesto proyectado y ejecutado del ingreso y egreso de divisas. SIN LUGAR, por no tener una justificación válida para otorgar dicha reserva, ya que no basta con que la autoridad pública simplemente afirme que existe riesgo de perjuicio; sino que debe proporcionar razones específicas y sustanciales que respalden sus afirmaciones; v) La información del cliente Inversionista proveniente de la administración de valores gubernamentales de las instituciones del Gobierno (servicio de la deuda del Gobierno, bonos de la Secretaría de Finanzas) SIN LUGAR, por ser un dato personal confidencial de acceso restringido establecido en la LTAIP y, porque es información generada por la Secretaría de Finanzas, institución obligada y encargada de definir la información a publicar; w) La información del Cliente de la Cartera Crediticia recibida en dación en pago de las liquidaciones de las instituciones del sistema financiero administradas en fideicomiso por otras instituciones financieras; SIN LUGAR, ya que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo clasifica como Dato Personal Confidencial; x) Los datos personales o información confidencial de personas, asimismo la información que particulares entreguen a la institución; SIN LUGAR, ya que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo clasifica como Dato Personal Confidencial; z) El movimiento, límites de tenencia y existencia de especies monetarias y fiscales, oro, plata, valores en custodia, medallas y monedas conmemorativas en poder de las bóvedas y de los cajeros del BCH; SIN LUGAR, por no tener una justificación válida para otorgar dicha reserva, ya que no basta con que la autoridad pública simplemente afirme que existe riesgo de perjuicio; sino que debe proporcionar razones específicas y sustanciales que respalden sus afirmaciones; ee) Los procedimientos y especificaciones técnicas sobre las medidas de seguridad de las especies fiscales denominadas timbres de contratación y timbres consulares, como la materia prima del papel sellado, la emisión y distribución de especies fiscales y judiciales, como actas de especies fiscales y judiciales y facturas de emisión del papel sellado. SIN LUGAR, por ser información originada y propiedad de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas y Corte Suprema de Justicia; hh) El registro de firmas autorizadas de funcionarios y empleados del BCH, mismo que incluye catálogo de firmas; SIN LUGAR, ya que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo clasifica como Dato Personal Confidencial; zz) La documentación técnica y estados financieros de las empresas oferentes en los procesos de licitación y concurso; SIN LUGAR, por ser información pública según lo establece el artículo 13 numeral 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,; aaa) Los datos personales confidenciales e información confidencial contenida en los expedientes de los Proveedores registrados en el BCH. SIN LUGAR por ser un dato personal confidencial de acceso restringido de conformidad a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. CUARTO: Se instruye al MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ, en su condición de PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH), proceder a emitir el Acuerdo de Clasificación de Información como reservada de conformidad a los puntos otorgados en la presente Resolución, tal como lo establece el Artículo 18 párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. QUINTO: Se instruye al MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ, en su condición de PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH), adoptar todas las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado conforme a lo dispuesto en el 25 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA el cual establece que los datos personales serán protegidos siempre y artículo 41 numeral 6 del REGLAMENTO DE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, por ser responsable de los datos personales confidenciales que se encuentren bajo su custodia. SEXTO: Los Tribunales de la República, el Ministerio Público y, el Tribunal Superior de Cuentas, deben tener acceso a todo tipo de información, incluso sobre la información confidencial y/o reservada, en tal sentido, también se determina y aclara, de conformidad a las leyes, que toda aquella información y/o documentación generada de parte del BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH) que tenga algún tipo de relación en la investigación sobre violaciones graves de derechos humanos o violaciones serias del derecho internacional humanitario, incluidos los crímenes de derecho internacional, y violaciones sistemáticas o generalizadas de los derechos a la libertad y seguridad personales, una vez entren al proceso de investigación por parte de los entes encargados que realizan esta labor o enjuiciamiento en Juzgado o Tribunal competente nacional y/o internacional, si así lo consideran dichos poderes estatales, organismos u órganos, serán desclasificados inmediatamente a solicitud u orden jurisdiccional.” (Folios 75 al 93 de la pieza de antecedentes).3.Que en fecha veintiséis (26) de noviembre de dos mil veintiuno, (2021), la Abogada SAGRA PAMELA CACERES CANO, actuando en su condición de apoderada legal del BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH), compareció ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), presentando recurso de reposición contra la Resolución No. SO-341-2021, relacionada en el numeral anterior. (Folios 156 al 163 de la pieza de antecedentes).4.Que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), mediante la Resolución No. SO-228-2021, de fecha uno (01) de junio de dos mil veintidós (2022), en la cual resolvió: “…PRIMERO: Se DECLARA CON LUGAR PARCIALMENTE, el RECURSO DE REPOSICIÓN, por un plazo de diez (10) años, en cuanto al literal q) “El presupuesto proyectado y ejecutado del ingreso y egresos de divisas.” CON LUGAR PARCIALMENTE, la reserva Específicamente en el contenido del literal “el presupuesto proyectado de ingresos y egreso de divisas”, por haber riesgo suficiente para declarar dicha reserva; en cuanto a la información consistente en el presupuesto ejecutado del ingreso y egresos de divisas, ya que dicha información es considerada INFORMACIÓN PÚBLICA, ya que no bastará con que la autoridad pública simplemente afirme que existe un riesgo de perjuicio; sino que debe proporcionar razones específicas y sustanciales que respalden sus afirmaciones. d) en ningún caso se considerará un argumento concluyente la mera afirmación de que la divulgación causaría un riesgo para la seguridad nacional, en virtud de no existir riesgo probado ni fundamentación jurídica suficiente relacionada con la petición. En cuanto al literal z) consistente en “el movimiento, límites de tenencia y existencia de especies monetarias y fiscales, oro, plata, valores en custodia, medallas y monedas conmemorativas en poder de las bóvedas y de los cajeros del BCH” CON LUGAR PARCIALMENTE, la reserva de información única y exclusivamente en cuanto a la información consistente en el movimiento, entendiéndose el desplazamiento físico de los bienes en mención, rutas que se utilizan para movilizar y demás relacionados al movimiento físico de los bienes, y los límites de tenencia; en cuanto a la información consistente y específicamente en la “existencia de especies monetarias y fiscales, oro, plata, valores en custodia, medallas y monedas conmemorativas”, dicha información se considera INFORMACIÓN PÚBLICA, ya que no bastará con que la autoridad pública simplemente afirme que existe un riesgo de perjuicio; sino que debe proporcionar razones específicas y sustanciales que respalden sus afirmaciones. d) en ningún caso se considerará un argumento concluyente la mera afirmación de que la divulgación causaría un riesgo para la seguridad nacional, en virtud de no existir riesgo probado ni fundamentación jurídica suficiente relacionada con la petición. En cuanto al literal y) “y.1) Los registros de las imágenes de pagos electrónicos de los cheques pagados y cobrados en moneda nacional y extranjera y su afectación contable a través de la Cámara de Compensación Electrónica de Cheques o que sea microfilmados. y.2) Los registros de pagos electrónicos procesados por el sistema de Cámara de Compensación de Transacciones Electrónicas de Pago (ACH-PRONTO) y Sistema Banco Central de Honduras en Tiempo Real en moneda nacional y extranjera” CON LUGAR, aludiendo que en el literal y.2) única y exclusivamente se da la reserva de información generada en TIEMPO REAL de realizarse la transacción electrónica de pago. En cuanto al literal vv) consistente en “El manual de claves de comunicación” CON LUGAR en virtud de existir un riesgo en las políticas monetarias y financieras del país. En cuanto al literal zz) “La documentación técnica y estados financieros de las empresas oferentes en los procesos de licitación y concursos.”, SIN LUGAR, ya que la Ley de Contratación del Estado ya determina el tiempo en la que dicha información se considera confidencial; una vez aperturada la oferta dicha información debe ser pública y debe ser difundida de oficio. SEGUNDO: SIN LUGAR g) “La información detallada de los movimientos de las cuentas, posiciones de flujos, saldos e inversiones del BCH con bancos del exterior (moneda extranjera), que incluyen operaciones del Gobierno Central y agentes cambiarios privados.” Sin lugar, ya que no bastará con que la autoridad pública simplemente afirme que existe un riesgo de perjuicio; sino que debe proporcionar razones específicas y sustanciales que respalden sus afirmaciones. d) en ningún caso se considerará un argumento concluyente la mera afirmación de que la divulgación causaría un riesgo para la seguridad nacional, y en virtud de no presentar prueba, ni encontrar justificación jurídica suficiente para declarar como reservada dicha información. En cuanto al literal i) “La información de los cuentahabientes del BCH relativas a las afectaciones contables derivadas de la administración de valores gubernamentales en las cuentas de la Tesorería General de la República.” SIN LUGAR en virtud que la información personal de los cuentahabientes es privada ya que así lo dice la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 24 y 25; en cuanto a la información con respecto a las afectaciones contables derivadas de la administración de valores gubernamentales en las cuentas de la Tesorería General de la República, deberá ser información pública ya que la misma se refiere a valores gubernamentales, considerándose éstos fondos públicos y por ende es considerada información pública. ya que no bastará con que la autoridad pública simplemente afirme que existe un riesgo de perjuicio; sino que debe proporcionar razones específicas y sustanciales que respalden sus afirmaciones. d) en ningún caso se considerará un argumento concluyente la mera afirmación de que la divulgación causaría un riesgo para la seguridad nacional, TERCERO: Se instruye a la abogada SAGRARIA PAMELA CACERES CANO, en su condición de APODERADA LEGAL DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH), proceder a emitir el Acuerdo de Clasificación de Información como reservada de conformidad a los puntos otorgados en la presente resolución, tal como lo establece el Artículo 18 párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. …” (Folios 170 al 187 de la pieza de antecedentes).5.Que en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), la Abogada SAGRA PAMELA CÁCERES CANO, actuando en su condición de Apoderada Legal del BANCO CENTRAL DE HONDURAS, (BCH), compareció ante la Secretaría de la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, interponiendo Recurso de Amparo, contra la Resolución SO-228 2022, dictada en fecha uno (01) de junio del año dos mil veintidós (2022), por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), la cual declaró parcialmente Con Lugar un Recurso de Reposición contra la Resolución SO-341-2021 de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la citada institución, que resolvió la solicitud de clasificación de información pública como reservada, presentada por el BANCO CENTRAL DE HONDURAS. (Folios del 1 al 13 de la pieza de amparo).6.Que en fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de Amparo, ordenándose dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emitiera su dictamen. (Folio 119 de la pieza de los antecedentes).7.Que en fecha ocho (8) de junio del año dos mil veintitrés (2023), se tuvo por evacuada la vista concedida a la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJÍA MEJÍA, en su condición de Fiscal del Despacho, y por emitido su dictamen, en el cual fue del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, por no existir vulneraciones constitucionales alegadas por el recurrente. - (Folio 122 al 133 de la pieza de amparo).DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 1.La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. II. La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional.De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. III. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. IV. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. V.A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, siendo esta Sala competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, órgano desconcentrado de la Administración Pública con autoridad en toda la República.OBJETO DEL RECURSO Y ALEGACIONES DE LA ACCIONANTE VI. El acto reclamado por vía de la acción constitucional de amparo lo constituye la precitada resolución SO-228-2022 de fecha 1 de junio de 2022 que fuera dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), mediante la cual declaró HA LUGAR en forma parcial, un recurso de reposición que interpusiera la hoy reclamante, pronunciándose sobre la procedencia e improcedencia de una solicitud de clasificación de información diversa que fue elevada al conocimiento del referido instituto por parte del Presidente del banco Central de Honduras. VII.La decisión de la autoridad recurrida se denuncia de ser violatoria a garantías y derechos constitucionales en perjuicio del Banco Central de Honduras, al afirmar la impetrante que la resolución SO-228-2022 transgrede el derecho a un debido proceso legal y al principio de legalidad, reconocidos por la Constitución de la República. Para fundar sus argumentos, la recurrente señaló inter alia lo siguiente:“…el Instituto de Acceso a la Información Pública al emitir la resolución No. SO-228-2022 antes indicada, obvió completamente los argumentos planteados por mi representado mediante el recurso de Reposición interpuesto, en el cual se expuso ampliamente, con fundamento en criterios técnicos y legales, las justificaciones por las cuales es procedente la clasificación de la información pública que debe ser declarada como reservada, enumerada en los literales g), i), q) z),y) y zz) de la solicitud planteada, ya que el daño que podría producirse es mayor que el interés público de conocer la misma; en razón que su divulgación pondría en riesgo o perjudicaría la estabilidad económica, financiera o monetaria del país o la gobernabilidad; lo cual a todas luces representa una violación al derecho constitucional de debido proceso…”.VIII. La quejosa además sostuvo que el Instituto de Acceso a la Información Pública no valoró los argumentos que se le presentaron por parte del Banco central de Honduras para justificar la petición de reserva de la información, estimando falta de motivación en la cuestionada resolución. RAZONAMIENTO DE LA SALA I. Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II.Como hemos relacionado ya, la reclamante afirma que la decisión del Instituto de Acceso a la Información, establecida en la resolución 228-2022 es violatoria de los derechos a un debido proceso legal y al principio de legalidad en perjuicio del Banco Central de Honduras. III. Esta Sala ha sostenido en forma reiterada, que el derecho a un debido proceso legal comporta que en todo proceso deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan, lo cual implica el aseguramiento de esas garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio o trámite de que se trate.IV. Como lo ha entendido esta Sala y así ha sido también establecido en la jurisprudencia interamericana en torno a la interpretación de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el debido proceso atañe a cualquier autoridad pública, sea ésta administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones decida sobre derechos y obligaciones de las personas.En este caso, la garantía a un debido proceso atañe ciertamente a los procedimientos que se instruyen ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, entidad del Estado responsable de promover y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública, así como de regular y supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas en cuanto a la protección, clasificación y custodia de la información pública, de acuerdo con la Ley. V. Esta Sala ha coincidido en que el acceso a la información pública, tal y como como se establece en las convenciones y leyes nacionales, representa un derecho fundamental para toda persona que desee buscar y recibir información y datos que se manejen por parte del Estado. Así, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos reconoce, en su artículo 13 el Derecho de la Libertad de Pensamiento y de Expresión, el cual comprende:“…la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección…”.VI. La Convención a su vez dispone que el ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a)el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas En forma recíproca, el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos—que se anticipó a la Convención—reconoce a su vez el derecho de toda persona a recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.De manera similar el pacto establece condicionantes a este derecho, al disponer lo siguiente: “…El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas…”.Podemos apreciar entonces que, convencionalmente, hay analogía en cuanto a las razones especificas por las que, en determinadas circunstancias, el derecho de libre acceso a la información puede ser restringido por los Estados, las que están claramente determinadas en los textos convencionales. VII. La Sala concuerda que en que el derecho de libre acceso a la información pública es de trascendental importancia para el sistema democrático y la buena gobernanza de un país porque permite a los ciudadanos participar en los asuntos políticos y monitorear las acciones del Estado, transparentando la gestión pública. La Sala también está de acuerdo en que el libre ejercicio del derecho de acceso a la información pública fortalece la participación ciudadana, las políticas públicas, la gestión pública y por ende la gobernabilidad democrática. VIII. Este fundamental derecho sin duda refuerza la legitimidad del sistema democrático porque involucra a los ciudadanos en los procesos de deliberación, gestión y evaluación de las políticas públicas. De ahí que la limitación o reserva de la información pública únicamente deberá ser considerada siguiendo las excepciones y los lineamientos convencionales que ya hemos citado. IX. Teniendo en consideración estos extremos, se aprecia que la decisión del Instituto ha ido acorde tanto con lo dispuesto en la ley de Acceso a la Información Pública, como de las convenciones internacionales que hemos citado, resultando infundada la insistencia de los representantes del Banco Central de Honduras en pretender clasificar información que de manera reiterada el Instituto de Acceso a la Información Pública—cuya función tiene que ver precisamente con la determinación oficial sobre estos aspectos—ha establecido como de carácter público, fijándose con claridad en cada resolución las razones por las que no ha procedido la clasificación o reserva de dicha información.El Instituto ha indicado inclusive cómo disposiciones de la legislación secundaria regulan la obtención de alguna información en el caso de ser requerida por los particulares. X.Así entonces, se aprecia que el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ha emitido sus decisiones con base en las actuaciones incorporadas durante el trámite y ha fundado las mismas conforme con los lineamientos legales, siendo sus resoluciones, incluyendo la que se ha denunciado ante esta Sala por la recurrente, consecuentes con el procedimiento y las formalidades de ley, desprendiéndose de la resolución impugnada por esta vía, las consideraciones que sirvieron de base para arribar a su decisión, las que esta Sala aprecia como razonables y debidamente motivadas. XI. Este Alto Tribunal observa también que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, no observándose quebrantamiento al derecho a un debido proceso legal, por cuanto el mismo ha sido materializado acorde con las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. XII.Por otro lado, la Sala tampoco advierte vulneración alguna al principio de legalidad, pues si entendemos que el mismo comporta la sujeción de todos los órganos estatales al derecho y que todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe partir y fundarse de manera irrestricta en una norma legal, y que ésta a su vez, debe ser conforme a las disposiciones de fondo y forma consignadas en la Constitución de la República, no se advierte que el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA haya vulnerado este principio, puesto que ha oficiado y gestionado el procedimiento de ley de acuerdo con sus facultades legales, asegurando el pleno ejercicio de sus derechos a la hoy recurrente, la que ha tenido acceso al procedimiento y a los recursos, acciones y medios de defensa sin restricción ni limitación alguna. XIII.De todo lo anterior, esta Sala puede concluir que en el caso de mérito no se precisa de la protección constitucional que concede la garantía de amparo, en tanto que esta Sala lo considera como un asunto de estricto derecho originado de una inconformidad de la representante del Banco Central de Honduras con lo resuelto, lo cual contraviene el propósito mismo del recurso de amparo. XIV. Adicionalmente, se observa que en el procedimiento instado no ha surgido arbitrariedad ni desafuero en el proceder de la autoridad recurrida, con el que se hayan menoscabado derechos fundamentales, apreciándose que ésta se limitó a aplicar la normativa vigente en la materia para resolver la petición que le fue presentada, emitiendo su resolución en forma razonada y apoyada de la debida motivación, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías que la Ley establece, como ya queda dicho. XV. Como lo hemos declarado en previas decisiones, el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. XVI.En virtud de todo lo anteriormente relacionado y luego de un análisis de los antecedentes, actuaciones y preceptos normativos aplicables al caso objeto de estudio, esta Sala no advierte vulneración a la garantía a un debido proceso legal ni a los demás derechos invocados por la recurrente, por cuanto en la tramitación del procedimiento ante el Instituto recurrido se han respetado las formalidades establecidas en la ley, como ya queda dicho, estando la decisión resultante enmarcada dentro del ordenamiento jurídico vigente, por lo que este Alto Tribunal es del criterio porque la acción de amparo que se conoce debe denegarse y así debe declararse.PARTE RESOLUTIVA XVII.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A ÚNICO: DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por la Abogada SAGRA PAMELA CÁCERES CANO, a favor del BANCO CENTRAL DE HONDURAS, contra la Resolución SO-228 2022, dictada por el INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP), en fecha uno de junio del año dos mil veintidós, de la que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFÍQUESE WAGNER VALLECILLO PAREDES .PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veintinueve de julio de dos mil veinticuatro. PARA RESOLVER el recurso de reposición interpuesto por la Abogada SAGRA PAMELA CÁCERES CANO, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha seis de mayo de dos mil veinticuatro, en el recurso de amparo interpuesto a favor del BANCO CENTRA DE HONDURAS (BCH), contra actuaciones del INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP).CONSIDERANDO: Que esta Sala observa que en la sentencia contra la cual se recurre, se han pronunciado en forma motivada las razones por las que se consideró la denegatoria de la acción constitucional de amparo intentada por la recurrente.CONSIDERANDO: Que se aprecia que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho y no se advierte que de la resolución emitida o de las reiteradas alegaciones de la impetrante puedan establecerse razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que se dé cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada por esta Sala y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES .PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de octubre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha seis de mayo de dos mil veinticuatro, Y resolución de fecha veintinueve de julio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-1361-2022
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL