Sentencia AA-135-24 — Registro 18449
Resumen
Resolución que deniega solicitud de exoneración del pago del impuesto sobre la renta, aportación solidaria, impuesto al activo neto, impuesto de ganancia de capital y todos aquellos impuestos conexos a la renta por diez años, este tribunal ha revisado el criterio del órgano recurrido que se circunscribe precisamente a este, es decir que de acuerdo a la autoridad recurrida se está aplicando de forma retroactiva las disposiciones del Código Tributario
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que de la revisión de la foliada se desprende que el recurrente la Empresa Hidrocentrales Eléctricas de Honduras S.A. DE C.V., a través de su representante procesal el Abogado José Edgardo Ramos Fino, interpuso esta garantía de amparo en fecha seis (6) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), en contra de la resolución administrativa emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas numero ISR-E2021001333. Dentro de las alegaciones del derecho Constitucional el recurrente alega básicamente violación al debido proceso, al derecho de defensa y de legalidad con que debe de estar revestida esta resolución que impugna. Una vez revisados los antecedentes este Tribunal Constitucional ha verificado el acto impugnado que lo constituye la resolución antes citada, de ella se desprende la siguiente circunstancia: Que antes de emitir la decisión la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas solicito un dictamen técnico a la Dirección General de Política Tributaria, en ese sentido dicha Dirección en su conclusión de dictamen resuelve sobre todo en su numeral TERCERO, que no es procedente que la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras autorice resolución de exoneración del impuesto sobre la renta de años anteriores a la fecha de publicación del Código Tributario, porque se estaría infringiendo la Constitución de la República en cuanto a la irretroactividad de la norma, ese dictamen fue recogido por la autoridad recurrida en su parte resolutiva SEGUNDA, en donde literalmente dice que se deniega la solicitud de exoneración del pago de impuestos sobre la renta, activo neto, aportación solidaria, para el/los periodo(s) fiscal(es) 2020 a favor de la sociedad mercantil HIDROCENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V., en vista que para criterio del órgano recurrido la Ley no tiene efecto retroactivo. CONSIDERANDO SIETE (7): Es decir que de acuerdo con dicho órgano se está aplicando de manera retroactiva el Código Tributario Contenido en el Decreto Legislativo 170-2016 para despachar una solicitud de exoneración presentada en fecha seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2021), pidiendo exoneración del impuesto sobre la renta y los impuestos conexos como lo son el activo neto, aportación solidaria, impuesto de ganancia de capital, para el/los periodo(s) fiscal(es) 2020, este tribunal ha revisado el criterio del órgano recurrido que se circunscribe precisamente a este, es decir que de acuerdo a la autoridad recurrida se está aplicando de forma retroactiva las disposiciones del Código Tributario contenida en el Decreto 170-2016, para periodos fiscales anteriores a su fecha, lo cual es un desacierto por lo siguiente: De la simple lectura del Código Tributario contenido en el Decreto 170-2016 queda claro que este en el artículo 215 señala que la vigencia es a partir del uno (01) de enero de dos mil diecisiete (2017), es decir de forma general que todos aquellas acciones a partir de esa fecha, incluso la petición de exoneración que nos atiende debe ser tramitada bajo el amparo del Código Tributario contenido en el referido decreto 170-2016. Esta Sala reitera que en el presente caso de autos la solicitud de exoneración fue presentada el seis (6) de mayo del año dos mil veintiuno (2021) cuando ya se encontraba vigente el Código Tributario contenido en el Decreto 170-2016 y lo hace el recurrente en un período fiscal también comprendido dentro de la vigencia del Código Tributario, es decir del periodo fiscal del año dos mil veinte (2020), que por ser un periodo del impuesto sobre la renta abarca del primero de enero al 31 de diciembre de dicho año. CONSIDERANDO OCHO (8): Por lo dicho tanto la fecha de presentación de exoneración como el periodo fiscal del cual se pide la exoneración se encuentra comprendido dentro de la vigencia del decreto legislativo 170-2016, en ese sentido el Código Tributario es claro cuando regula el tema de la exención y de la exoneración a partir del artículo número 16, señalando sobre todo en el artículo 21 que esta tramitación de exoneración, devoluciones y notas de crédito se llevara a cabo ante la Secretaria de Finanzas, a través del órgano especial conocido como Dirección General de Franquicias Aduaneras, por esa razón el peticionario al haber acudido a la Secretaria de Finanzas pidiendo la exoneración lo hace precisamente al amparo de esa normativa, es decir, no se aplica retroactivamente ninguna disposición legal, pues se reitera, que tanto el periodo fiscal como la fecha de presentación de la petición está dentro del ámbito de vigencia del Código Tributario. Si el órgano recurrido (Secretaria de Finanzas) en algún momento hubiese entendido que la Dirección de Franquicias Aduaneras como órgano dependiente de la referida Secretaria, no era competente para conocer de esta petición, sino que era propiamente Finanzas, lo que tenía que hacer la Dirección era remitir el expediente al órgano competente tal y como lo señala la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 7 y no rechazarlo bajo el argumento que es retroactivo a la Ley, en este caso es evidente que no lo es. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que de igual manera del estudio de la causa se observa que el peticionario también argumenta sobre el plazo para resolver el Recurso de Reposición, en ese sentido de acuerdo con el artículo 175.2 del Código Tributario, el órgano recurrido contaba únicamente con veinte (20) días para su despacho, no constando que este plazo se haya cumplido, vulnerando inclusive el derecho de petición contenido en el artículo 80 de la Constitución de la República que garantiza a todos los ciudadanos para que puedan presentar peticiones y que sean resueltas dentro del plazo que establece la Ley, circunstancia que tampoco se ha observado en ese sentido, sumado al hecho que de la revisión del expediente consta que la petición original de exoneración fue con respecto a los periodos fiscales 2018, 2020, 2021 y 2022, y que solo se resolvió con respecto al año 2020, agregando una vulneración al derecho de petición y debido proceso.- Por todo lo dicho, lo procedente es otorgar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el Artículo 25 “Protección Judicial” de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, establece: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido interpretado que a pesar de que el Artículo 25 mencione el recurso judicial, no solo los recurso judiciales en sentido estricto son los aludidos por el presente Artículo. En efecto, al igual que, si bien el Artículo 8 de la Convención se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino a cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar derechos fundamentales. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte. CONSIDERANDO TRECE (13): Que es importante se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración. El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se dé continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular. Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general.
Legislación citada
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 7 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Tributario, art. 175 (Jerarquía Ordinaria)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Procedimiento Administrativo, art. 7 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Tributario, art. 175 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
Que de la revisión de la foliada se desprende que el recurrente la Empresa Hidrocentrales Eléctricas de Honduras S.A. DE C.V., a través de su representante procesal el Abogado José Edgardo Ramos Fino, interpuso esta garantía de amparo en fecha seis (6) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), en contra de la resolución administrativa emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas numero ISR-E2021001333. Dentro de las alegaciones del derecho Constitucional el recurrente alega básicamente violación al debido proceso, al derecho de defensa y de legalidad con que debe de estar revestida esta resolución que impugna. Una vez revisados los antecedentes este Tribunal Constitucional ha verificado el acto impugnado que lo constituye la resolución antes citada, de ella se desprende la siguiente circunstancia: Que antes de emitir la decisión la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas solicito un dictamen técnico a la Dirección General de Política Tributaria, en ese sentido dicha Dirección en su conclusión de dictamen resuelve sobre todo en su numeral TERCERO, que no es procedente que la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras autorice resolución de exoneración del impuesto sobre la renta de años anteriores a la fecha de publicación del Código Tributario, porque se estaría infringiendo la Constitución de la República en cuanto a la irretroactividad de la norma, ese dictamen fue recogido por la autoridad recurrida en su parte resolutiva SEGUNDA, en donde literalmente dice que se deniega la solicitud de exoneración del pago de impuestos sobre la renta, activo neto, aportación solidaria, para el/los periodo(s) fiscal(es) 2020 a favor de la sociedad mercantil HIDROCENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V., en vista que para criterio del órgano recurrido la Ley no tiene efecto retroactivo. CONSIDERANDO SIETE (7): Es decir que de acuerdo con dicho órgano se está aplicando de manera retroactiva el Código Tributario Contenido en el Decreto Legislativo 170-2016 para despachar una solicitud de exoneración presentada en fecha seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2021), pidiendo exoneración del impuesto sobre la renta y los impuestos conexos como lo son el activo neto, aportación solidaria, impuesto de ganancia de capital, para el/los periodo(s) fiscal(es) 2020, este tribunal ha revisado el criterio del órgano recurrido que se circunscribe precisamente a este, es decir que de acuerdo a la autoridad recurrida se está aplicando de forma retroactiva las disposiciones del Código Tributario contenida en el Decreto 170-2016, para periodos fiscales anteriores a su fecha, lo cual es un desacierto por lo siguiente: De la simple lectura del Código Tributario contenido en el Decreto 170-2016 queda claro que este en el artículo 215 señala que la vigencia es a partir del uno (01) de enero de dos mil diecisiete (2017), es decir de forma general que todos aquellas acciones a partir de esa fecha, incluso la petición de exoneración que nos atiende debe ser tramitada bajo el amparo del Código Tributario contenido en el referido decreto 170-2016. Esta Sala reitera que en el presente caso de autos la solicitud de exoneración fue presentada el seis (6) de mayo del año dos mil veintiuno (2021) cuando ya se encontraba vigente el Código Tributario contenido en el Decreto 170-2016 y lo hace el recurrente en un período fiscal también comprendido dentro de la vigencia del Código Tributario, es decir del periodo fiscal del año dos mil veinte (2020), que por ser un periodo del impuesto sobre la renta abarca del primero de enero al 31 de diciembre de dicho año. CONSIDERANDO OCHO (8): Por lo dicho tanto la fecha de presentación de exoneración como el periodo fiscal del cual se pide la exoneración se encuentra comprendido dentro de la vigencia del decreto legislativo 170-2016, en ese sentido el Código Tributario es claro cuando regula el tema de la exención y de la exoneración a partir del artículo número 16, señalando sobre todo en el artículo 21 que esta tramitación de exoneración, devoluciones y notas de crédito se llevara a cabo ante la Secretaria de Finanzas, a través del órgano especial conocido como Dirección General de Franquicias Aduaneras, por esa razón el peticionario al haber acudido a la Secretaria de Finanzas pidiendo la exoneración lo hace precisamente al amparo de esa normativa, es decir, no se aplica retroactivamente ninguna disposición legal, pues se reitera, que tanto el periodo fiscal como la fecha de presentación de la petición está dentro del ámbito de vigencia del Código Tributario. Si el órgano recurrido (Secretaria de Finanzas) en algún momento hubiese entendido que la Dirección de Franquicias Aduaneras como órgano dependiente de la referida Secretaria, no era competente para conocer de esta petición, sino que era propiamente Finanzas, lo que tenía que hacer la Dirección era remitir el expediente al órgano competente tal y como lo señala la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 7 y no rechazarlo bajo el argumento que es retroactivo a la Ley, en este caso es evidente que no lo es. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que de igual manera del estudio de la causa se observa que el peticionario también argumenta sobre el plazo para resolver el Recurso de Reposición, en ese sentido de acuerdo con el artículo 175.2 del Código Tributario, el órgano recurrido contaba únicamente con veinte (20) días para su despacho, no constando que este plazo se haya cumplido, vulnerando inclusive el derecho de petición contenido en el artículo 80 de la Constitución de la República que garantiza a todos los ciudadanos para que puedan presentar peticiones y que sean resueltas dentro del plazo que establece la Ley, circunstancia que tampoco se ha observado en ese sentido, sumado al hecho que de la revisión del expediente consta que la petición original de exoneración fue con respecto a los periodos fiscales 2018, 2020, 2021 y 2022, y que solo se resolvió con respecto al año 2020, agregando una vulneración al derecho de petición y debido proceso.- Por todo lo dicho, lo procedente es otorgar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el Artículo 25 “Protección Judicial” de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, establece: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido interpretado que a pesar de que el Artículo 25 mencione el recurso judicial, no solo los recurso judiciales en sentido estricto son los aludidos por el presente Artículo. En efecto, al igual que, si bien el Artículo 8 de la Convención se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino a cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar derechos fundamentales. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte. CONSIDERANDO TRECE (13): Que es importante se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración. El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se dé continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular. Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general.
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: del fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Cinco de diciembre de dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por el Abogado JOSE EDGARDO RAMOS FINO a favor de la Sociedad Mercantil HIDROCENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V., contra la resolución No.ISR-E2021001333 dictada por la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS A TRAVES DE LA DIRECCION DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERA, en fecha veinte de mayo de dos mil veintidós, con relación a la solicitud de exoneración del pago del impuesto sobre la renta, aportación solidaria, impuesto al activo neto, impuesto de ganancia de capital y todos aquellos impuestos conexos a la renta por diez años, promovida por la Sociedad Mercantil HIDROCENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. Considerando el recurrente que, con el acto reclamado en amparo, se le han violentado a su representada los derechos consagrados en los artículos 1, 64, 90, 314, 321, 323, 331, 351 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1).- Que en fecha seis de febrero de dos mil veinticuatro, el Abogado JOSE EDGARDO RAMOS FINO, interpuso recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil HIDROCENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V., contra la resolución No. ISR-E2021001333, emitida por la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DIRECCION DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós, que trata de una serie de actos concatenados e indivisibles revestidos de arbitrariedad y uso excesivo de poder. (Folios 1-9 del amparo de mérito). 2).- Esta Sala, en fecha quince de mayo de dos mil veinticuatro, tuvo por admitido el recurso, con suspensión provisional del acto reclamado el amparo de mérito, bajo la responsabilidad del recurrente, ordenado librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de dos (2) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 34 y 35 del recurso de mérito). 3).- Esta sala tuvo por recibidos los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, que contienen la resolución No. ISR-E2021001333, objeto del presente recurso, de fecha veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro, emitida por la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DIRECCION DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, desprendiéndose de su parte resolutiva lo siguiente: (Sic) “…RESUELVE PRIMERO: Declarar SIN LUGAR lo solicitado por el/la Abogado(a) JACOBO MEJIA OLIVERA quien actúa en su condición antes indicada .- SEGUNDO: DENEGAR la EXONERACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO, APORTACIÓN SOLIDARIA, IMPUESTO DE GANANCIA DE CAPITAL Y TODOS AQUELLOS IMPUESTOS CONEXOS A LA RENTA para el/los periodo(s) fiscal(es) 2020 a favor de la Sociedad Mercantil HIDROCENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S. 05019006049750 en virtud que A DE C. V con RTN No la Ley no tiene efecto retroactivo, exceptuando en materia penal tal como lo establece el Artículo 96 de la Constitución de la Republica de Honduras, así mismo el Articulo 13 numeral 5 del Código Tributario indica que "Las normas tributarias o aduaneras no tienen efecto retroactivo; y el Articulo No 7 de la Ley General de la Administración Pública manifiesta que los actos de la Administración Pública deberán ajustarse a lo estipulado en la Constitución de la República. TERCERO: La presente resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que el peticionario podrá presentar el Recurso de Reposición dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la notificación del presente acto. - Y MANDA: EXTIÉNDASE CERTIFICACIÓN AL INTERESADO, Y REMÍTASE COPIA AL SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) Y AL ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FRANQUÍCIAS ADUANERAS. NOTIFIQUESE.". (Folios 128-132 del antecedente). 4).- Que en fecha catorce de junio del dos mil veinticuatro, remitidos y estudiados que fueron los antecedentes, se ordenó continuar con el procedimiento de ley correspondiente, concediéndose la vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalice su petición por escrito. (Folio 47 del recurso de mérito). 5).- En fecha veintitrés de julio del dos mil veinticuatro, Admítase el escrito que antecede presentado por el Abogado JOSE EDGARDO RAMOS FINO, téngase por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, asimismo, en consecuencia, que la Secretaría de este Tribunal ponga las presentes diligencias a la vista del Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas para que emita su respectivo dictamen. (Folio 60 del recurso de mérito). 6).- Esta Sala, en fecha diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…IV.- OPINIÓN: El Ministerio Público en vista de lo expuesto, opina que SE SOBRESEAN LAS DILIGENCIAS al tener el recurrente expeditos recursos o acciones legales en virtud de no encontrarse firme la resolución recurrida” (Folios 99-101 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado José Edgardo Ramos Fino, a favor de la sociedad mercantil Hidrocentrales Eléctricas de Honduras S.A. DE C.V., contra la Resolución ISR-E2021001333 dictada por la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas a través de la Dirección de Control de Franquicias Aduanera, de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós, con relación a la solicitud de exoneración del pago del impuesto sobre la renta, aportación solidaria, impuesto al activo neto, impuesto de ganancia de capital y todos aquellos impuestos conexos a la renta por diez años. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente aduce en su escrito de interposición del Recurso de Amparo, que se le ha violentado el Debido Proceso, en vista que la autoridad ha desconocido al justiciable el derecho a un proceso justo cuyo procedimiento tenga rango de ley y satisfacer una tutela administrativa efectiva. Todo ello le ha sido vedado a mi representada en la actividad arbitraria de la autoridad recurrida cuyo control se ha traído a sede constitucional. De igual manera establece que se le violento El derecho de defensa, el cual argumenta a base a dos (2) parámetros: a).- El tiempo excesivo de falta de pronunciamiento de la administración, respecto a los derechos-peticiones del administrado, en este caso el termino de siete (7) meses en el que la administración financiera no se ha pronunciado sobre el recurso de reposición de mi representada; incluso considerándose su silencio como denegación tacita; b).- La negación de la administración Financiera al derecho de postulación procesal de mi representada en el proceso que nos ocupa, pues esta situación se violenta, cuando se presentó desde el 02 de enero del presente año (2024) un escrito en el que se instituye representación procesal; y a la fecha, igualmente que el recurso de reposición no ha sido resuelto, ¡un simple escrito de mero trámite¡ (Acompaña acta notarial). Asimismo refiere que se le violento el principio y garantía de legalidad financiera, el cual señala que se encuentra en el artículo 351 de nuestra carta política, consideremos dos (2) cosas: a).- No confundirlo con el principio de legalidad del derecho administrativo contemplado en el artículo 321 de nuestra constitución; pero en el caso de nuestro agravio lo relacionaremos, b).- No debemos limitarlo al relativismo de reserva de Ley, en el sentido, que los tributos solo se establecerán a través de la Ley de parte de nuestro legislador, sino que igualmente su concepto y vigencia debe de extenderse al control y estabilización de las obligaciones y derechos del obligado Tributario a través de la Ley. Estamos expresando que para fundamento de nuestro agravio y en relación al presente principio, a la sociedad recurrente se le impuso la sanción que constituye el objeto de amparo al margen de un procedimiento contenido en Ley. También argumenta como vulnerado la violación de declaración fundamental, correlativamente, derechos que garantiza la Constitución de la República de Honduras, al señalar que las declaraciones Constitucionales contenidas en el título III, capítulo I de la Constitución de la República de Honduras, son disposiciones de rango superior normativo. Se definen como el reconocimiento fundamental de los derechos humanos y que encuentran referencia en la declaración universal de estos, en cuanto su concreción positivizada y de sus correspondientes garantías. Para efectos de la acción de amparo que intentamos, se denuncia en perjuicio de mi representada la violación de la declaración fundamental que reconoce el artículo 64 de la Constitución de la República de Honduras. CONSIDERANDO CINCO (5): Que esta Sala, mediante auto de fecha diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), ha tenido por evacuada la vista concedida al fiscal del despacho y por emitido en tiempo y forma su dictamen, en el cual dicho representante del Ministerio Público es del parecer que se sobresean las presentes diligencias, por tener el recurrente expeditos recursos y acciones legales, en virtud de no encontrarse firme la resolución recurrida. CONSIDERANDO SEIS (6): Que de la revisión de la foliada se desprende que el recurrente la Empresa Hidrocentrales Eléctricas de Honduras S.A. DE C.V., a través de su representante procesal el Abogado José Edgardo Ramos Fino, interpuso esta garantía de amparo en fecha seis (6) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), en contra de la resolución administrativa emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas numero ISR-E2021001333. Dentro de las alegaciones del derecho Constitucional el recurrente alega básicamente violación al debido proceso, al derecho de defensa y de legalidad con que debe de estar revestida esta resolución que impugna. Una vez revisados los antecedentes este Tribunal Constitucional ha verificado el acto impugnado que lo constituye la resolución antes citada, de ella se desprende la siguiente circunstancia: Que antes de emitir la decisión la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas solicito un dictamen técnico a la Dirección General de Política Tributaria, en ese sentido dicha Dirección en su conclusión de dictamen resuelve sobre todo en su numeral TERCERO, que no es procedente que la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras autorice resolución de exoneración del impuesto sobre la renta de años anteriores a la fecha de publicación del Código Tributario, porque se estaría infringiendo la Constitución de la República en cuanto a la irretroactividad de la norma, ese dictamen fue recogido por la autoridad recurrida en su parte resolutiva SEGUNDA, en donde literalmente dice que se deniega la solicitud de exoneración del pago de impuestos sobre la renta, activo neto, aportación solidaria, para el/los periodo(s) fiscal(es) 2020 a favor de la sociedad mercantil HIDROCENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V., en vista que para criterio del órgano recurrido la Ley no tiene efecto retroactivo. CONSIDERANDO SIETE (7): Es decir que de acuerdo con dicho órgano se está aplicando de manera retroactiva el Código Tributario Contenido en el Decreto Legislativo 170-2016 para despachar una solicitud de exoneración presentada en fecha seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2021), pidiendo exoneración del impuesto sobre la renta y los impuestos conexos como lo son el activo neto, aportación solidaria, impuesto de ganancia de capital, para el/los periodo(s) fiscal(es) 2020, este tribunal ha revisado el criterio del órgano recurrido que se circunscribe precisamente a este, es decir que de acuerdo a la autoridad recurrida se está aplicando de forma retroactiva las disposiciones del Código Tributario contenida en el Decreto 170-2016, para periodos fiscales anteriores a su fecha, lo cual es un desacierto por lo siguiente: De la simple lectura del Código Tributario contenido en el Decreto 170-2016 queda claro que este en el artículo 215 señala que la vigencia es a partir del uno (01) de enero de dos mil diecisiete (2017), es decir de forma general que todos aquellas acciones a partir de esa fecha, incluso la petición de exoneración que nos atiende debe ser tramitada bajo el amparo del Código Tributario contenido en el referido decreto 170-2016. Esta Sala reitera que en el presente caso de autos la solicitud de exoneración fue presentada el seis (6) de mayo del año dos mil veintiuno (2021) cuando ya se encontraba vigente el Código Tributario contenido en el Decreto 170-2016 y lo hace el recurrente en un período fiscal también comprendido dentro de la vigencia del Código Tributario, es decir del periodo fiscal del año dos mil veinte (2020), que por ser un periodo del impuesto sobre la renta abarca del primero de enero al 31 de diciembre de dicho año. CONSIDERANDO OCHO (8): Por lo dicho tanto la fecha de presentación de exoneración como el periodo fiscal del cual se pide la exoneración se encuentra comprendido dentro de la vigencia del decreto legislativo 170-2016, en ese sentido el Código Tributario es claro cuando regula el tema de la exención y de la exoneración a partir del artículo número 16, señalando sobre todo en el artículo 21 que esta tramitación de exoneración, devoluciones y notas de crédito se llevara a cabo ante la Secretaria de Finanzas, a través del órgano especial conocido como Dirección General de Franquicias Aduaneras, por esa razón el peticionario al haber acudido a la Secretaria de Finanzas pidiendo la exoneración lo hace precisamente al amparo de esa normativa, es decir, no se aplica retroactivamente ninguna disposición legal, pues se reitera, que tanto el periodo fiscal como la fecha de presentación de la petición está dentro del ámbito de vigencia del Código Tributario. Si el órgano recurrido (Secretaria de Finanzas) en algún momento hubiese entendido que la Dirección de Franquicias Aduaneras como órgano dependiente de la referida Secretaria, no era competente para conocer de esta petición, sino que era propiamente Finanzas, lo que tenía que hacer la Dirección era remitir el expediente al órgano competente tal y como lo señala la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 7 y no rechazarlo bajo el argumento que es retroactivo a la Ley, en este caso es evidente que no lo es. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que de igual manera del estudio de la causa se observa que el peticionario también argumenta sobre el plazo para resolver el Recurso de Reposición, en ese sentido de acuerdo con el artículo 175.2 del Código Tributario, el órgano recurrido contaba únicamente con veinte (20) días para su despacho, no constando que este plazo se haya cumplido, vulnerando inclusive el derecho de petición contenido en el artículo 80 de la Constitución de la República que garantiza a todos los ciudadanos para que puedan presentar peticiones y que sean resueltas dentro del plazo que establece la Ley, circunstancia que tampoco se ha observado en ese sentido, sumado al hecho que de la revisión del expediente consta que la petición original de exoneración fue con respecto a los periodos fiscales 2018, 2020, 2021 y 2022, y que solo se resolvió con respecto al año 2020, agregando una vulneración al derecho de petición y debido proceso.- Por todo lo dicho, lo procedente es otorgar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que el Artículo 25 “Protección Judicial” de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, establece: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido interpretado que a pesar de que el Artículo 25 mencione el recurso judicial, no solo los recurso judiciales en sentido estricto son los aludidos por el presente Artículo. En efecto, al igual que, si bien el Artículo 8 de la Convención se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino a cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar derechos fundamentales. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte. CONSIDERANDO TRECE (13): Que es importante se respete el procedimiento requerido para la aplicación del acto administrativo, permitiendo un equilibrio en las relaciones que se establecen entre la administración y los particulares, en aras de garantizar decisiones de conformidad con el ordenamiento jurídico por parte de la administración. El debido proceso debe velar por un procedimiento en el que se dé continuamente el derecho de defensa y de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa. De esta forma, el debido proceso en materia administrativa busca en su realización obtener una actuación administrativa justa sin lesionar a determinado particular. Se busca también un equilibrio permanente en las relaciones surgidas del proceso y procedimiento administrativo, frente al derecho substancial y a los derechos fundamentales de las personas y la comunidad en general. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 90, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 y 319 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 172, 173, 174, 175 y 215 del Código Tributario Decreto 170-2016; 1 y 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo; FALLA: PRIMERO Otorgar la acción de Amparo interpuesta por el Abogado José Edgardo Ramos Fino a favor de la Sociedad Mercantil HIDROCENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. de C.V.; SEGUNDO: Se ordena que la conducta a observar por parte de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, es el otorgamiento de la exoneración peticionada por parte de la Sociedad Mercantil Hidrocentrales Eléctricas de Honduras S.A. de C.V. y que al efecto se le extienda la respectiva resolución de exoneración del impuesto sobre la renta, aportación solidaria, impuesto al activo neto, impuesto de ganancia de capital y todos aquellos impuestos conexos a la renta por 10 años para los periodos fiscales 2018, 2020, 2021 y 2022, debiendo de emitir dicha resolución una vez se reciba la orden de ejecución de esta sentencia. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes; Redacto el Magistrado Wagner Vallecillo Paredes. - NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIENTE SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de diciembre del dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha cinco de diciembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0135-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL