Sentencia AA-1342-23 — Registro 18872
Resumen
en relación a la “demanda vía procedimiento ordinario para que se declare la nulidad de un acto administrativo de carácter particular interpuesto contra el Estado de Honduras, representado por la Procuradora General; inadmisibilidad de prueba con fundamento en el secreto bancario que establece el articulo 15 de la Ley La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, sosteniendo la Sala Constitucional como bien manifiesta en las presentes diligencias La Juez de instancia erróneamente inadmite la prueba propuesta por la parte demandante consistente en la exhibición de documentos propuestos por esta representación y denegados por secreto bancario y economía procesal en la Audiencia Preliminar, violentando con esto el principio del derecho a la defensa constitucionalmente garantizado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
(8): Sobre la Sentencia que se conoce en Consulta. Que se conoce en consulta la sentencia de fecha trece (13) de septiembre del dos mil veintitrés (2023), emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a nivel nacional, que FALLA: PRIMERO: OTORGAR LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO interpuesta por el abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL en su condición de representante procesal del demandante señor GUSTAVO ANTONIO RAUDALES RUCH… con relación a demanda vía proceso ordinario para que se declare la nulidad de un acto administrativo emitido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).” Y que en su análisis jurídico manifiesta lo siguiente: “QUINTO (5): … Este TRIBUNAL Constitucional es del criterio que la Juez como garante de los derechos constitucionales esta en la obligación de admitir la prueba propuesta para obtener una mayor visión sometido a su conocimiento en consonancia con el debido proceso., SEXTO (6): Que en ese orden de ideas, analizada la decisión emitida por el A-quo y los argumentos vertidos por el impetrante, este Tribunal Constitucional arriba a la conclusión que la acción de amparo interpuesta afecta a la defensa y el debido proceso del impetrante, pues la Juez de instancia devenía obligada como directora del proceso, garantizar dichos derechos constitucionales. ANALISIS JURIDICO CONSIDERANDO NUEVE (9): Análisis jurídico de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este alto Tribunal de justicia observa que el acto que se recurre mediante la presente garantía constitucional de amparo es la resolución de fecha veinte (20) de mes de junio del año dos mil veintitrés (2023) en la cual la Juez de primera instancia declara la inadmisibidad de una prueba con fundamento en el secreto bancario que establece el articulo 15 de la Ley La Comisión Nacional de Bancos y Seguros. CONSIDERANDO DIEZ (10): Tomando en consideración que la presente garantía constitucional de amparo se fundamenta en que la resolución recurrida violenta el derecho al Debido Proceso y el derecho a la Defensa contenidos en la Constitución de la República de Honduras, sucesivamente, Artículo 82: “El derecho a la defensa es inviolable, los habitantes de la Republica de Honduras tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”… Artículo 90: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…” El impetrante en la acción constitucional planteada muestra su inconformidad con la decisión adoptada por el A-quo, quien resuelve “Teniendo a la vista lo que son los informes que esta Juzgadora necesitaba tener esclarecimiento, por el principio de economía procesal para no venir a atrasar el expediente, que corre ya desde el 2021, por lo tanto resuelvo el medio de prueba de la parte demandante sobre lo que es el libramiento de oficio, esta juzgadora según el artículo 237 del Código Procesal Civil considera es inútil e impertinente ya que tiene a la vista lo que es el informe de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en vista que me he pronunciado y quedando bajo acta que no queda admitido lo que es el libramiento…”.CONSIDERANDO ONCE (11): Del examen efectuado a la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Conociendo la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, esta Sala de lo Constitucional considera que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, pues como bien manifiesta en las presentes diligencias La Juez de instancia erróneamente inadmite la prueba propuesta por la parte demandante consistente en la exhibición de documentos propuestos por esta representación y denegados por secreto bancario y economía procesal en la Audiencia Preliminar, violentando con esto el principio del derecho a la defensa constitucionalmente garantizado.CONSIDERANDO DOCE (12): En ese sentido, para la Sala de lo Constitucional, el carácter protector de la garantía de amparo, frente al ejercicio del poder público, se concreta en el deber de la judicatura de respetar las formalidades, derechos y garantías previstas en las leyes. En la sentencia que se Consulta; los argumentos del garantista que sustentan la acción constitucional de amparo interpuesta se refieren a fundamentar que el A-Quo no admite una prueba fundamental para la sustanciación del proceso en igualdad de condiciones para ambas partes, vulnerando con esto el derecho constitucional de la Defensa y el Debido Proceso
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 321 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
- Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales -LOAT-, art. 78 atribucion 5 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha trece de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado Carlos Alfonso Fortín Lardizábal, a favor del señor Gustavo Antonio Raudales Rush, contra la resolución de fecha veinte de junio de dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda ordinaria promovida por el señor Gustavo Antonio Raudales Rush, contra el Estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82 y 100 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES 1)En fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Gary Geovanny Ávila Morales, en su condición de Apoderado Legal del señor Gustavo Antonio Raudales Rush, interponiendo “DEMANDA VÍA PROCEDIMIENTO ORDINARIO PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE CARÁCTER PARTICULAR…”, contra el Estado de Honduras, representado por la Procuradora General, la Abogada Lidia Estela Cardona Padilla, relacionado según el peticionario a que se declare la nulidad de la resolución SBO No. 604/07-12-2020 emitida en fecha 7 de diciembre de 2020, por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). (Folios 1-18 del expediente del A-quo)2)En fecha veinte de junio de dos mil veintitrés, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en la celebración de la audiencia preliminar, resolvió: “…Habiendo escuchado lo que son ambas posturas tanto de la parte demandante como la parte demandada, y teniendo a la vista lo que son los informes que esta juzgadora necesitaba tener esclarecimiento por el principio de economía procesal para no venir atrasar el expediente, que corre ya del año 2021, por lo tanto resuelvo, el medio de prueba de la parte demandante sobre lo que es el libramiento de oficio, esta juzgadora según el artículo 237 del Código Procesal Civil, considera es inútil e impertinente ya que tiene a la vista lo que es el informe de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en vista que me he pronunciado y quedando bajo acta que no queda admitido lo que es el libramiento…” (Folios 160-164 vuelto del expediente del A-quo) 3)En fecha veinte de julio de dos mil veintitrés, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, el Abogado Carlos Alfonso Fortín lardizábal, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Gustavo Antonio Raudales Rush, contra la resolución de fecha veinte de junio de dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda ordinaria promovida por el señor Gustavo Antonio Raudales Rush, contra el Estado de Honduras, tal como se ha dejado relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-13 del antecedente).4)Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dictó sentencia en fecha trece de septiembre de dos mil veintitrés, mediante la cual falló: “…PRIMERO: OTORGAR LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO, interpuesto por el Abogado CARLOS ALFONSO FORTÍN LARDIZÁBAL, en su condición de representante procesal del demandante señor GUSTAVO ANTONIO RAUDALES RUSH. Y MANDA: Que, efectuadas las notificaciones de ley respecto a esta resolución, se envíen los autos en trámite de Consulta Obligatoria de la presente resolución a la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. NOTIFÍQUESE…” (Folios 59-74 del expediente del Ad-quem)5)Que en fecha dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTACIÓN JURIDICA CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la acción de Amparo. la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos Y garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO DOS (2): Competencia de la Sala de lo Constitucional. Que es competencia de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta los recursos de amparos conocidos por las Cortes de Apelación según lo establecido en el párrafo segundo de artículo 68 de la Ley de Justicia Constitucional relacionado con el artículo 10 del mismo cuerpo legal. CONSIDERANDO TRES (3): Que la Garantía de Amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado Hondureño a la obligación de proteger y garantizar los derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el principal argumento planteado por el amparista; lo constituye el hecho de que el Juez de primera instancia decreto la inadmisibilidad de una prueba fundamental para la defensa del impetrante, bajo e argumento de que se trata de prueba inútil o impertinente si ella misma la desconoce, y a la cual se opuso la parte demandada invocando el secreto bancario contenido en el articulo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de Banco y Seguros. CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de los alegatos expuestos por el impetrante en la garantía constitucional de amparo bajo estudio. “Teniendo como punto de partida esos datos antes indicados, queda evidenciada la violación al derecho a la defensa del señor Raudales por la resolución que deniega los medios de prueba solicitados por esta representación en la audiencia preliminar de fecha 20 de junio del 2023, pues se deja en indefensión al señor Raudales” … “El acto de negar los medios de pruebas propuestos por esta representación atenta contra el principio de igualdad, ya que la CNBS si pueden utilizar lo que ellos consideren oportuno contra el señor Raudales, pero cuando el señor Raudales solicita acceso a los mismos documentos, se le niega alegando Secreto Bancario, cuando el secreto bancario no tiene primacía sobre una orden judicial, como se verá mas adelante es decir la jueza de lo Contencioso Administrativo, en todo momento en uso de sus facultades judiciales y en aplicación al derecho de defensa del Señor Raudales, pudo ordenar la exhibición de documentos solicitados como medio de prueba sin incurrir en un exceso de poder o en alguna falta, ya que para la autoridad competente y ante el en un exceso de poder o en alguna falta, ya que para la autoridad competente y ante el Derecho de Defensa no hay Secreto Bancario que le prevalezca, ya que la autoridad judicial es la única facultada para autorizar u ordenar el levantamiento del Secreto Bancario y obtener prueba licita para mantener el derecho de defensa de mi representado… Así mismo resulta de suma importancia que en la ponderación que debe hacerse para la aplicación de estos principios resulta que el Derecho de Defensa tiene claramente una preeminencia sobre el Secreto Bancario pues: 1 El derecho de defensa tiene jerarquía constitucional según el artículo 82 de la Constitución., 2. El derecho de defensa tiene rango de derecho humano o fundamental según el artículo 8 de la Garantía Judiciales de la Convención Americana de Derechos Humanos., 3. La excepción del orden judicial para levantar el Secreto Bancario tiene rango constitucional., 4. El Secreto Bancario está protegido por leyes secundarias, por consiguiente, en cuanto a jerarquía el Principio del Derecho a la Defensa tiene aplicación preferente al principio del Secreto.”CONSIDERANDO SEIS (6): Que en fecha primero (1) de agosto del dos mil veintitrés (2023), La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a nivel nacional resuelve: “Primero: Admítase a tramite la presente acción de amparo interpuesta por el Abogado CARLOS ALFONZO LARDIZABAL a favor del señor GUSTAVO ANTONIO RAUDALES RUCH, SEGUNDO: BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL PETICIONARIO, DERETAR CON LUGAR la solicitud de medida cautelar de SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADO consistente en detener el procedimiento de la demanda promovida en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta ciudad, del señor GUSTAVO ANTONIO RAUDALES RUCH contra la COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS(CNBS), mientras se resuelve la acción de amparo de mérito. CONSIDERANDO SIETE (7): Resumen de la Opinión del Ministerio Público. ” Sobre este caso el juzgador considera en su resolución que la parte demandada ha indicado que se ha presentado todo el informe el que a su juicio esta completamente claro, sin embargo no describe con propiedad los seis medios de prueba que alega ampartista que no fueron admitidos, se limita a indicar que los informes contiene la responsabilidad en materia financiera que ha cometido el Señor Gustavo Raudales, por lo que por economía procesal a su juicio no debe admitirse la prueba propuesta por el demandante, indicando como fundamento el artículo 237 del código procesal civil, relacionado a la prueba prohibida, sin indicar como esta prueba carecería de eficacia probatoria en el proceso, por lo que debemos de entender a falta de una verdadera motivación jurídica de la señora juez, que opera el secreto bancario que ha hecho alusión la parte demandada, estableciendo como fundamento de su denegatoria el articulo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, indicando que dichos documentos, son reservados del Banco PROMERICA, por lo cual no tenia la información necesaria para su defensa, sin embargo la juzgadora no logra derivar lógicamente que le secreto bancario no opera para el juzgador, al contrario, solamente este, tiene la potestad de poder acceder a cualquier documentos que pueda tener esta condición, pues como lo refiere el amparista no es derecho absoluto el secreto bancario, el Condigo de Comercio en su articulo 956, indica que la autoridad judicial puede acceder a las noticias de las transacciones bancarias y datos propios del depositante, deudor o beneficiario; lo mismo ocurre con el articulo 34 de la Ley del Sistema Financiero sobre la prohibición de revelar o divulgar cualquier información de carácter confidencial así las cosas el juzgador al no realizar una debida motivación y proceder a declarar no ha lugar los medios de prueba solicitados por exhibición por el demandante violenta el derecho a la defensa a estar ambas partes en igualdad de condiciones a un juicio justo, precisamente el objeto de la demanda es por la nulidad de la resolución administrativa SBO No. 604/07-12-2020, DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020) EMITIA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), por lo que el juzgador no puede indicar que por economía procesal no admite los medios de prueba de exhibición, los que han venido solicitando para descargo desde la vía administrativa, tomando como fundamento que tiene a la vista lo que es el informe de la CNBS, entonces donde queda el principio de contradicción en el proceso, considerando la dualidad de las posiciones donde ambas partes tienen el derecho a ser días, antes de adoptar cualquier decisión que afecte directamente, situación que acontece en el caso de autos, al existir la violación al derecho a la defensa del señor Gustavo Raudales, por no razonar los motivos por lo cuales se le niega la admisión de los medios de prueba por exhibición que ha venido sosteniendo desde la etapa administrativa.. En virtud de lo supra indicado, el criterio del Ministerio Público QUE SE OTORGUE el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL, accionando en su condición de Representante procesal del señor GUSTAVO ANTONIO RAUDALES RUCH.CONSIDERANDO OCHO (8): Sobre la Sentencia que se conoce en Consulta. Que se conoce en consulta la sentencia de fecha trece (13) de septiembre del dos mil veintitrés (2023), emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a nivel nacional, que FALLA: PRIMERO: OTORGAR LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO interpuesta por el abogado CARLOS ALFONSO FORTIN LARDIZABAL en su condición de representante procesal del demandante señor GUSTAVO ANTONIO RAUDALES RUCH… con relación a demanda vía proceso ordinario para que se declare la nulidad de un acto administrativo emitido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).” Y que en su análisis jurídico manifiesta lo siguiente: “QUINTO (5): … Este TRIBUNAL Constitucional es del criterio que la Juez como garante de los derechos constitucionales esta en la obligación de admitir la prueba propuesta para obtener una mayor visión sometido a su conocimiento en consonancia con el debido proceso., SEXTO (6): Que en ese orden de ideas, analizada la decisión emitida por el A-quo y los argumentos vertidos por el impetrante, este Tribunal Constitucional arriba a la conclusión que la acción de amparo interpuesta afecta a la defensa y el debido proceso del impetrante, pues la Juez de instancia devenía obligada como directora del proceso, garantizar dichos derechos constitucionales. ANALISIS JURIDICO CONSIDERANDO NUEVE (9): Análisis jurídico de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este alto Tribunal de justicia observa que el acto que se recurre mediante la presente garantía constitucional de amparo es la resolución de fecha veinte (20) de mes de junio del año dos mil veintitrés (2023) en la cual la Juez de primera instancia declara la inadmisibidad de una prueba con fundamento en el secreto bancario que establece el articulo 15 de la Ley La Comisión Nacional de Bancos y Seguros. CONSIDERANDO DIEZ (10): Tomando en consideración que la presente garantía constitucional de amparo se fundamenta en que la resolución recurrida violenta el derecho al Debido Proceso y el derecho a la Defensa contenidos en la Constitución de la República de Honduras, sucesivamente, Artículo 82: “El derecho a la defensa es inviolable, los habitantes de la Republica de Honduras tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”… Artículo 90: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…” El impetrante en la acción constitucional planteada muestra su inconformidad con la decisión adoptada por el A-quo, quien resuelve “Teniendo a la vista lo que son los informes que esta Juzgadora necesitaba tener esclarecimiento, por el principio de economía procesal para no venir a atrasar el expediente, que corre ya desde el 2021, por lo tanto resuelvo el medio de prueba de la parte demandante sobre lo que es el libramiento de oficio, esta juzgadora según el artículo 237 del Código Procesal Civil considera es inútil e impertinente ya que tiene a la vista lo que es el informe de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en vista que me he pronunciado y quedando bajo acta que no queda admitido lo que es el libramiento…”.CONSIDERANDO ONCE (11): Del examen efectuado a la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Conociendo la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, esta Sala de lo Constitucional considera que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, pues como bien manifiesta en las presentes diligencias La Juez de instancia erróneamente inadmite la prueba propuesta por la parte demandante consistente en la exhibición de documentos propuestos por esta representación y denegados por secreto bancario y economía procesal en la Audiencia Preliminar, violentando con esto el principio del derecho a la defensa constitucionalmente garantizado.CONSIDERANDO DOCE (12): En ese sentido, para la Sala de lo Constitucional, el carácter protector de la garantía de amparo, frente al ejercicio del poder público, se concreta en el deber de la judicatura de respetar las formalidades, derechos y garantías previstas en las leyes. En la sentencia que se Consulta; los argumentos del garantista que sustentan la acción constitucional de amparo interpuesta se refieren a fundamentar que el A-Quo no admite una prueba fundamental para la sustanciación del proceso en igualdad de condiciones para ambas partes, vulnerando con esto el derecho constitucional de la Defensa y el Debido Proceso, POR TANTO. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículo 1, 16, 18. 59, 64, 80,82,90, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta, 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63, 68 y 120 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA:CONFIRMANDO la Sentencia que se revisa emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a nivel nacional que por su parte OROTGA el Recurso Constitucional de Amparo, interpuesto por el Abogado CARLOS ALFONSO FORTÍN LARDIZÁBAL, a favor del señor GUSTAVO ANTONIO RAUDALES RUSH, contra la resolución de fecha veinte de junio de dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la demanda ordinaria promovida por el señor Gustavo Antonio Raudales Rush, contra el Estado de Honduras. Y MANDA Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Isbela Bustillo Hernández. WAGNER VALLECILLO PAREDES PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Contencioso Administrativo Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1342-2023
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL