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Sentencia AA-1293-22 — Registro 18037

Resumen

Acción de amparo relacionadas según impetrantes a omisión de autoridad de una investigación efectiva y falta de respuesta a la petición de tenerles por personados en la investigación y que se nombrara un fiscal especial para la debida coordinación y efectiva investigación de los hechos, al que se señala de omitir su deber de investigar y de ejercer acciones penales en contra de los responsables de un hecho ocurrido en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, inobservando autoridad recurrida los derechos que les asiste a los familiares de las víctimas del delito Desaparición Forzada, en proceso investigativo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Hito

ue reconoce nuestro texto constitucional en su artículo 80. Asimismo, según observa esta Sala, la conducta omisiva del Ministerio Público ha generado una violación al derecho de las víctimas y sus familiares a un proceso sin dilaciones indebidas, derecho que, según criterio de esta Sala, no se contrae únicamente al proceso penal, sino que a cualquier tipo de proceso. Como sabemos, el procedimiento penal ordinario consta de tres etapas: la preparatoria, la intermedia y la de debate o juicio oral y púbico. La etapa preparatoria se conforma de tres fases o “actos” como lo refiere el artículo 264 del Código Procesal Penal: la denuncia, cuando se presente; la investigación preliminar; el requerimiento fiscal; y, la audiencia inicial. La Sala entiende que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas resulta claramente estimable para la investigación preliminar, como parte integral del procedimiento penal ordinario. Por otra parte, resulta evidente la vulneración de los derechos a la vida, a la libertad, e integridad personal en perjuicio de las víctimas de la desaparición forzada, y si bien no podríamos estimar una responsabilidad directa del ente fiscal en este respecto, la falta de acción de parte del Estado tiene como consecuencia la inefectividad de estos derechos y el menoscabo del deber de protegerlos. La Sala no advierte violación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, por cuanto no es competencia del Ministerio Público el otorgamiento de la misma. XIX.- De las consideraciones previamente esgrimidas en el presente fallo hemos podido advertir disminución y menoscabo de los derechos fundamentales que ha sido previamente relacionados por parte del Ministerio Público, razón por la que se estima el otorgamiento de la garantía de amparo que ha sido invocada por los recurrentes, en consecuencia, la autoridad recurrida en tutela de estos derechos deberá: 1.- Tomar acciones inmediatas para avanzar las investigaciones de los hechos ocurridos el 18 de julio de 2020 en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz del Departamento de Atlántida, relacionados con la desaparición de los señores SUAMY APARICIO MEJÍA GARCIA, MILTON JOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, ALBERTH SNIDER CENTENO TOMAS, GERARDO MIZAEL ROCHEZ CÁLIX y JUNIOR RAFAEL JUÁREZ MEJÍA; 2.- Ejercer sin más dilaciones todas las acciones necesarias para dar con el paradero de estos ciudadanos, y conocer lo que sucedió con ellos; 3. Como ente constitucionalmente responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, el Ministerio Público, encargado por ley de investigar los hechos punibles y promover la acción penal pública, deberá tomar medidas inmediatas y efectivas para identificar, ubicar e imputar a los responsables de estos hechos; 4. El Ministerio Público deberá brindar la asistencia apropiada y necesaria a los familiares de las víctimas, y mantener una comunicación constante y viable con ellas, permitiéndoles externar sus opiniones y aportes en torno al proceso, manteniéndolas al tanto de la marcha y de los avances de la investigación, con las prevenciones que se han establecido en el presente fallo; 5. Tomar las acciones necesarias y oportunas para garantizar la integridad de la prueba y del proceso, particularmente la seguridad de las víctimas y de los testigos del hecho, contra actos de intimidación y/o represalia; 6. El Ministerio Público deberá garantizar que el proceso que se ha iniciado sea encausado para cumplir su finalidad legal, cual es la realización pronta y efectiva de la justicia penal, y el respeto a los principios y garantías del proceso, el cual debe desarrollarse sin dilaciones indebidas y dentro de un plazo razonable. 7. La Sala estima improcedente ordenar al Ministerio Público que se nombre un Fiscal Especial para el caso por vía de la acción de amparo, pues esta falta de nombramiento no constituye en sí misma una violación constitucional, sin embargo, en aras del derecho de petición, el Ministerio Público está obligado a resolver esta solicitud conforme a ley, denegando o accediendo a la misma en forma razonada y debidamente motivada;

Legislación citada

  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código Procesal Penal, art. 264 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

ue reconoce nuestro texto constitucional en su artículo 80. Asimismo, según observa esta Sala, la conducta omisiva del Ministerio Público ha generado una violación al derecho de las víctimas y sus familiares a un proceso sin dilaciones indebidas, derecho que, según criterio de esta Sala, no se contrae únicamente al proceso penal, sino que a cualquier tipo de proceso. Como sabemos, el procedimiento penal ordinario consta de tres etapas: la preparatoria, la intermedia y la de debate o juicio oral y púbico. La etapa preparatoria se conforma de tres fases o “actos” como lo refiere el artículo 264 del Código Procesal Penal: la denuncia, cuando se presente; la investigación preliminar; el requerimiento fiscal; y, la audiencia inicial. La Sala entiende que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas resulta claramente estimable para la investigación preliminar, como parte integral del procedimiento penal ordinario. Por otra parte, resulta evidente la vulneración de los derechos a la vida, a la libertad, e integridad personal en perjuicio de las víctimas de la desaparición forzada, y si bien no podríamos estimar una responsabilidad directa del ente fiscal en este respecto, la falta de acción de parte del Estado tiene como consecuencia la inefectividad de estos derechos y el menoscabo del deber de protegerlos. La Sala no advierte violación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, por cuanto no es competencia del Ministerio Público el otorgamiento de la misma. XIX.- De las consideraciones previamente esgrimidas en el presente fallo hemos podido advertir disminución y menoscabo de los derechos fundamentales que ha sido previamente relacionados por parte del Ministerio Público, razón por la que se estima el otorgamiento de la garantía de amparo que ha sido invocada por los recurrentes, en consecuencia, la autoridad recurrida en tutela de estos derechos deberá: 1.- Tomar acciones inmediatas para avanzar las investigaciones de los hechos ocurridos el 18 de julio de 2020 en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz del Departamento de Atlántida, relacionados con la desaparición de los señores SUAMY APARICIO MEJÍA GARCIA, MILTON JOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, ALBERTH SNIDER CENTENO TOMAS, GERARDO MIZAEL ROCHEZ CÁLIX y JUNIOR RAFAEL JUÁREZ MEJÍA; 2.- Ejercer sin más dilaciones todas las acciones necesarias para dar con el paradero de estos ciudadanos, y conocer lo que sucedió con ellos; 3. Como ente constitucionalmente responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, el Ministerio Público, encargado por ley de investigar los hechos punibles y promover la acción penal pública, deberá tomar medidas inmediatas y efectivas para identificar, ubicar e imputar a los responsables de estos hechos; 4. El Ministerio Público deberá brindar la asistencia apropiada y necesaria a los familiares de las víctimas, y mantener una comunicación constante y viable con ellas, permitiéndoles externar sus opiniones y aportes en torno al proceso, manteniéndolas al tanto de la marcha y de los avances de la investigación, con las prevenciones que se han establecido en el presente fallo; 5. Tomar las acciones necesarias y oportunas para garantizar la integridad de la prueba y del proceso, particularmente la seguridad de las víctimas y de los testigos del hecho, contra actos de intimidación y/o represalia; 6. El Ministerio Público deberá garantizar que el proceso que se ha iniciado sea encausado para cumplir su finalidad legal, cual es la realización pronta y efectiva de la justicia penal, y el respeto a los principios y garantías del proceso, el cual debe desarrollarse sin dilaciones indebidas y dentro de un plazo razonable. 7. La Sala estima improcedente ordenar al Ministerio Público que se nombre un Fiscal Especial para el caso por vía de la acción de amparo, pues esta falta de nombramiento no constituye en sí misma una violación constitucional, sin embargo, en aras del derecho de petición, el Ministerio Público está obligado a resolver esta solicitud conforme a ley, denegando o accediendo a la misma en forma razonada y debidamente motivada;

Legislación citada

  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Hito

..:"Se percibe de los antecedentes presentados que no ha existido una apropiada asistencia ni una comunicación viable de parte del Ministerio Público para con los familiares de las víctimas de las personas desparecidas, las que deben ser consideradas y tratadas como tales, y en este sentido, hacer valer sus derechos conforme lo establece la ley. En este sentido, se les debe permitir externar sus opiniones y aportes, y ser escuchadas por parte del Ministerio Público y las demás autoridades involucradas, las que deben mantenerlas al tanto de la marcha y de los avances de la investigación, y, si existiesen razones para restringir datos o información sensible para efectos de asegurar la efectividad del proceso o de la misma investigación, esta situación también debe ser comunicada a las víctimas; * Se desconoce si se han tomado medidas de parte del Estado para garantizar la seguridad de las víctimas o de los testigos, contra actos de intimidación y/o represalia; * La Sala considera que al no ser debidamente atendido su reclamo de justicia, esto representa, para las víctimas, la falta de efectividad de su derecho constitucional y supranacional de petición, situación que resulta extensiva al derecho que tienen de recibir la debida asistencia y los medios que aseguren su efectiva participación en el proceso y el control de los actos procesales..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Hito

.."Esta Sala considera crucial que los entes investigadores actúen con prontitud y eficiencia para hacer valer los derechos de las víctimas de un delito y garantizar, el esclarecimiento de los hechos y el procesamiento y sanción de los responsables, garantizando así que estas acciones, que son una afrenta a la seguridad de nuestros ciudadanos, no queden impunes por la falta de acción de la autoridad. Consideramos que deber ser evidente para el Ministerio Público que la seguridad de todo ciudadano, su confianza en las autoridades estatales y los cimientos mismos del Estado de Derecho se ven irremediablemente menoscabados si los autores de hechos como este no son debidamente perseguidos y sancionados conforme con la ley, más aún si las víctimas de estos reprochables hechos son ciudadanos pertenecientes y defensores de los derechos de grupos considerados tradicionalmente como vulnerables en nuestros país. XVIII.- De todo lo anteriormente relacionado esta Sala advierte que la falta de respuesta oportuna en el desarrollo e investigación de los hechos, ha causado una vulneración al derecho de petición que asiste a los familiares de las víctimas de los hechos relacionados con la desaparición de los señores SUAMY APARICIO MEJÍA GARCIA, MILTON JOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, ALBERTH SNIDER CENTENO TOMAS, GERARDO MIZAEL ROCHEZ CÁLIX y JUNIOR RAFAEL JUÁREZ MEJÍA..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de junio del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por los señores MIRIAM MERCED MIRANDA CHAMORRO, RONY LEÓNIDAS CASILDO, GERSON SELVIN LÓPEZ Y OTROS a favor de los señores ALBERTH SNEIDER CENTENO TOMAS, MILTON JOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, SUAMY APARICIO MEJÍA GARCIA, GERARDO MISAEL TROCHEZ CÁLIX (victimas de desaparición forzada), asimismo a favor de MIRIAN MERCED MIRANDA CHAMORRO, PABLO CENTENO, NAHÚM EFRAIN LALIN GUITY Y OTROS miembros del Consejo Directivo del COMITÉ GARÍFUNA DE INVESTIGACIÓN Y BÚSQUEDA DE LOS DESAPARECIDOS DEL TRIUNFO DE LA CRUZ (SUNLA), contra actuaciones del FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS; relacionadas según los recurrentes a la omisión de dicha autoridad de una investigación efectiva y falta de respuesta a la petición de tenerles por personados en la investigación y que se nombrara un fiscal especial para la debida coordinación y efectiva investigación de los hechos, realizada en fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por los miembros directivos del COMITÉ GARÍFUNA DE INVESTIGACIÓN Y BÚSQUEDA DE LOS DESAPARECIDOS DEL TRIUNFO DE LA CRUZ (SUNLA). ANTECEDENTES 1. En fecha treinta de julio de dos mil veinte, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, ordenó girar instrucciones a la Unidad Nacional Antisecuestro de la Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I), a fin de que procediera a realizar las investigaciones necesarias para determinar el paradero de los señores SUAMY APARICIO MEJÍA GARCIA, MILTON JOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, ALBERTH SNIDER CENTENO TOMAS, GERARDO MIZAEL ROCHEZ CÁLIX y JUNIOR RAFAEL JUÁREZ MEJÍA, quienes fueron privados de su libertad en fecha dieciocho de julio de dos mil veinte, hecho ocurrido en la Comunidad de El Triunfo de la Cruz, Municipio de Tela, departamento de Atlántida. (Folios 00558 al 00470 del Tomo II Expediente 29-20 de los antecedentes). 2.Que en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, comparecieron ante la Sala de lo Constitucional, los señores MIRIAM MERCED MIRANDA CHAMORRO, RONY LEÓNIDAS CASILDO, GERSON SELVIN LÓPEZ, NAHÚM EFRAIN LALIN, MELISSA MARTÍNEZ, MARIANELA MEJÍA SOLÓRZANO, CESAR GEOVANY BERNÁRDEZ, RENE CACHO, ALFREDO LÓPEZ ÁLVAREZ, ARNOLD SOLÓRZANO, YESSICA YAMILETH TRINIDAD, LESLY MARINA RAMÍREZ y EIDY YAMILETH GARCIA BLANCO, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores ALBERTH SNIDER CENTENO TOMAS, MILTON JOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, SUAMY APARICIO MEJÍA GARCIA, GERARDO MISAEL TROCHEZ CÁLIX, (victimas de desaparición forzada), y de MIRIAN MERCED MIRANDA CHAMORRO, PABLO CENTENO (Padre de Alberth Snider Centeno Tomas), NAHÚM EFRAIN LALIN GUITY, YILIAN MARIBETH DAVID HERRERA, JOSE ANTONIO NORALES BERNÁRDEZ, RONY LEÓNIDAS CASTILLO GUITY, MARIANELA MEJÍA SOLÓRZANO, MELISSA FABIOLA MARTÍNEZ REYES, ARMANDO CASTILLO NÚÑEZ, MARVIN ALEXANDER GUITY VALERIO, CARLA ZOBEIDA GARCIA MEJÍA y Miembros del Consejo Directivo del COMITÉ GARÍFUNA DE INVESTIGACIÓN Y BÚSQUEDA DE LOS DESAPARECIDOS DEL TRIUNFO DE LA CRUZ (SUNLA), contra actuaciones del FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS; relacionadas según los recurrentes a la omisión de dicha autoridad de una investigación efectiva y falta de respuesta a la petición de tenerles por personados en la investigación y que se nombrara un fiscal especial para la debida coordinación y efectiva investigación de los hechos, realizada en fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por los miembros directivos del COMITÉ GARÍFUNA DE INVESTIGACIÓN Y BÚSQUEDA DE LOS DESAPARECIDOS DEL TRIUNFO DE LA CRUZ (SUNLA). 3. Que previo a resolver sobre la admisión del recurso de mérito, en fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, ordenó se librara comunicación a la Fiscalía General de la República, a efecto de que rindiera un informe circunstanciado sobre los recursos que tenían disponibles los recurrentes para la subsanación del acto reclamado, la fecha en que se les notificó lo resuelto e indicara lo pertinente a los alegatos entablados en el presente recurso. En consecuencia, el Fiscal General de la República rindió su informe en fecha trece de enero de dos mil veintitrés, en el cual consta un informe rendido por el Fiscal Jefe Regional de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida de San Pedro Sula, Cortes, en el cual detallan lo siguiente: “…QUINTO: Desde el momento que se suscitaron los hechos hemos realizado las diligencias investigativas pertinentes e informado en la manera de lo posible los avances de las mismas, por lo cual se rechaza lo manifestado por el recurrente al manifestar que el Ministerio Público no ha dado respuesta adecuada a la investigación. Prueba de ello es la existencia de un expediente administrativo que cuenta con cuatro tomos, donde se constatan todas las diligencias realizadas por esta Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida. Tal y como se estableció en dicho Auto Resolutivo de fecha 25 de agosto de 2021, SUNLA fue creado como un órgano basado en el principio de autodeterminación de los pueblos para dar aporte de manera INDEPENDIENTE a la investigación de los hechos, sobre lo cual el Ministerio Público se encuentra en toda la anuencia de recibir aportaciones y toda la colaboración que pudieran brindar para el logro del fin trazado. SEXTO: El Ministerio Público mediante auto resolutivo de fecha 25 de agosto de 2021, realizado por la Sub Dirección General de Fiscalía de la ciudad de San Pedro Sula, en tiempo y forma dio respuesta a lo peticionado por el Consejo Directivo del Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA). SÉPTIMO: Desconocemos que Fiscalía investiga la causa instruida en contra de la señora MIRIAM MERCED MIRANDA CHAMORRO y EDY ALEXANDER TABORA GONZALES por los hechos suscitados en fecha 09 de agosto de 2022.” (folios 53 al 55 del recurso de amparo). 1. Que en fecha uno de febrero de dos mil veintitrés la Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, y ordena librar comunicación al Ministerio Público, a efecto de que remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 138 del recurso). 2. Que en fecha trece de enero de dos mil veintitrés, el Ministerio Público, remitió los antecedentes del caso, en virtud de lo ordenado por la Sala de lo Constitucional. Asimismo (Folios 51-137). 3. Que en fecha doce de junio de dos mil veintitrés, la Sala tuvo por formalizada en tiempo y forma la acción constitucional de amparo de que se ha hecho mérito, y omite dar vista de los autos al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 168 del recurso). DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 1. La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. 2. La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. 3. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. 4. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. 5. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. 6. A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer y resolver el recurso de amparo por violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por funcionarios con autoridad en toda la República, que es el caso del Señor Fiscal General de la República. OBJETO DEL RECURSO 1. Según logra determinarse del escrito de interposición del presente recurso de amparo, se reclama la falta de una investigación adecuada y falta de respuesta del Fiscal General de la República, en perjuicio de los impetrantes, por cuanto consideran que con esta inacción de parte del órgano encargado de ejercer la acción penal pública, se ha vulnerado su derecho de acceso a la justicia, faltando el funcionario denunciado a su deber de investigar un hecho catalogado como delito, vedándoles además el derecho a los familiares de las víctimas de participar en el proceso iniciado con ocasión de la desaparición forzada que se denunció en este caso. 2. Los peticionarios denuncian también la falta de respuesta del Ministerio Público de la petición que presentaron el 20 de julio de 2021 para que: a) Se tuviese por personado al Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA) en la investigación de la desaparición de los miembros de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz; y, b) Se nombrase un Fiscal Especial para la coordinación y efectiva investigación de los hechos. RAZONAMIENTO DE LA SALA I.- Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II.- En el caso objeto de examen, se ha argumentado que esa vulneración de derechos por la que se reclama la garantía de amparo se deriva de omisiones de parte de la autoridad recurrida, en este caso el Ministerio Público, al que se señala de omitir su deber de investigar y de ejercer acciones penales en contra de los responsables de un hecho ocurrido en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz del Departamento de Atlántida. III.- Se afirma por parte de los reclamantes que el día 18 de julio de 2020, como a las 5 de la mañana, un grupo de hombres fuertemente armados, portando uniformes y chalecos policiales, cubriendo sus rostros con pasamontañas, ingresaron a la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, en el Departamento de Atlántida, sustrayendo en forma violenta de sus hogares a varios miembros activos de dicha comunidad, identificados como: ALBERTH SNEIDER CENTENO TOMAS, MILTON JOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, SUAMI APARICIO MEJÍA GARCÍA Y GERARDO MISAEL TROCHEZ CÁLIX, quienes, a la fecha en la que se emite el presente fallo, no han sido encontrados. IV.- Ante estos hechos, varias organizaciones, así como miembros de la comunidad garífuna, entre ellas la Organización Fraternal Negra (OFRANEH), denunciaron ante el Ministerio Público la desaparición forzada de las personas antes mencionadas. Según sostuvieron ante esta Sala los reclamantes, en el Ministerio Público se abrieron 3 expedientes en torno al suceso, cada uno en 3 Fiscalías Especiales: Derechos Humanos, Delitos contra la Vida y Crimen Organizado. No obstante, los quejosos manifiestan que no han recibido información del proceso de investigación por parte del Ministerio Público y sólo se les ha dado a conocer un número de denuncia, siendo ésta la No.488-2020. V.- Explican los recurrentes que, ante la falta de respuesta del Ministerio Público, se creó el Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA), teniendo como uno de sus objetivos romper la impunidad histórica del Estado en torno a los hechos de violencia en contra del pueblo garífuna. En fecha 20 de julio de 2021, el referido comité se presentó ante el Fiscal General de la República, Óscar Fernando Chinchilla, solicitándole que se les tuviera como personados en la investigación y que se nombrase a un Fiscal Especial para la coordinación y efectiva investigación del caso; no obstante, según denuncian los impetrantes, el Ministerio Público no solo ignoró la petición que se le hizo sino que abrió una denuncia en contra de los miembros de SUNLA por los delitos de privación ilegal de la libertad y perturbación del orden. VI.- La vulneración de derechos fundamentales que se invocan mediante esta acción de amparo se enfoca en dos vías, según explican los propios recurrentes: 1.- Vulneración de derechos en perjuicio de las víctimas de la desaparición forzada (Derechos a la vida, a la libertad e integridad personal y derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica); y, 2.- Vulneración de Derechos en perjuicio de los familiares de las víctimas de la desaparición forzada y miembros de SUNLA (Derecho de Acceso a la Justicia, a la verdad y la obligación de investigar y la participación de las víctimas). VII. La respuesta ofrecida a la Sala en este respecto por parte del Ministerio Público incluyó la remisión de expedientes investigativos de las diversas fiscalías especiales que conocen del caso y que contienen todas las actuaciones y diligencias instadas por el ente fiscal en torno a los hechos acaecidos en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz. VIII.- Se han revisado los referidos expedientes por esta Sala, lográndose comprobar que sí se han realizado pesquisas, indagaciones, reportes y diligencias emanados de la investigación de los hechos denunciados, las que han sido instadas y coordinadas por las distintas fiscalías encargadas. No obstante, si bien la Sala puede apreciar avances en la investigación de los hechos sucedidos el 18 de julio de 2020, debemos considerar que han transcurrido casi 4 años desde la desaparición de las victimas sin que hasta este momento se haya responsabilizado formalmente a los autores del hecho o se conozca lo sucedido a estas personas. Atendiendo a la importancia de las investigaciones contenidas en estos expedientes y que las mismas siguen en curso, no se estima oportuno reproducirlas o hacer referencias detalladas en el presente fallo, sin embargo, esta Sala considera procedente hacer algunas observaciones en torno a la información recibida de parte del Ministerio Público en virtud del presente recurso de amparo: 1.-De la respuesta brindada por el Fiscal Eduardo Figueroa, Jefe de la de Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, preocupa a esta Sala la poca relevancia que parece dársele a las declaraciones de testigos presenciales del hecho porque según el representante del Ministerio Público: “…no son tendientes a individualizar sospechosos, debido a que únicamente manifiestan la dinámica de cómo se suscitaron los hechos…”. Pareciera razonable pensar que, para la correcta investigación de un hecho, todo indicio debería ser considerado. Establecer la manera en la que aconteció o la “dinámica” del hecho, como lo refiere el fiscal, seguramente contribuirá de alguna forma a posibilitar avances en la identificación plena de los responsables, siendo que, existe una alta probabilidad que los autores de una acción delictiva tomen medidas para evitar ser identificados, como ocurrió en el caso que nos ocupa. 2.- También, la Sala considera una ligereza del referido fiscal en jefe que se descarte la supuesta participación de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado porque los testigos no parecieron contestes en torno a cuáles eran las siglas de los chalecos que portaban los agresores. Esto más, independientemente de que los responsables sean o no miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, lo cierto es que estas personas fueron sacadas violentamente de sus casas por un cuantioso grupo de hombres uniformados y armados, sin que se tenga razón de ellos, por lo que se esperaría que la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida destacara la relevancia de este hecho por sobre la discusión de si las siglas de los chalecos de los hechores decían DPI o DLCN. 3.- En cuanto a la respuesta brindada en torno al personamiento de SUNLA, observa esta Sala que, al parecer, el Ministerio Público sí les tuvo por personados en la investigación del caso, no obstante, según informe de la Fiscal Especial de Derechos Humanos de la ciudad de San Pedro Sula, no se les notificó porque en el escrito que presentaron no se encontró: “…dirección de domicilio, de teléfono u otra para contactar a los comparecientes en el escrito de personamiento...” Nuevamente preocupa a esta Sala que una Fiscalía Especial no tenga los medios o las competencias necesarias para ubicar personas, más aún cuando se trata de una asociación conformada por miembros conocidos en la comunidad garífuna. Lo que detona esta respuesta es precisamente la escasa comunicación entre el Ministerio Público y las víctimas, razón por la que han tenido que recurrir a organizaciones defensoras de derechos de la comunidad para ser escuchadas. IX.-Refiriéndonos al acceso de las victimas al proceso de investigación, esta Sala ha declarado que restringir el conocimiento de aspectos relacionados con una investigación puede justificarse en determinados supuestos y cuando las circunstancias así lo exijan, por ejemplo, para salvaguardar la identidad de testigos potenciales y/o la protección de las fuentes y de los elementos de prueba en los que se fundaría la imputación. La Sala ha dicho que estos motivos guardan estricta relación con la eficacia del proceso penal. Para ello, hemos hecho eco de lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando afirma que: “…es admisible que en ciertos casos exista reserva de las diligencias adelantadas durante la investigación preliminar en el proceso penal para garantizar la eficacia de la administración de justicia…”. No obstante, la propia Corte ha dicho que esta potestad debe ser garantizada adoptando las medidas necesarias compatibles con el ejercicio de los derechos procesales de las víctimas. La Sala entiende que la restricción del acceso a las investigaciones puede tener efectos adversos en los derechos de la persona denunciada, pero también podrían verse afectados los derechos que asisten a las víctimas, de ahí que, cualquier determinación que restringa o avale este acceso deberá ser implementada de manera proporcionada y bajo parámetros estrictamente legales y razonables, verificándose la eficacia de los derechos procesales de las partes. X.- En el asunto que nos ocupa, se infiere que ha existido algún tipo de reserva en el manejo de las investigaciones del caso por parte del Ministerio Público—aunque no parece haber sido acordada formalmente—dado que las víctimas han denunciado ante esta Sala lo que han considerado prácticamente su exclusión del proceso, y, aunque, como hemos dicho, puedan darse supuestos que exijan la necesidad de mantener investigaciones en reserva y restringir el acceso a las mismas, no encontramos que las autoridades del Ministerio Público hayan justificado o incluso dado a conocer las razones que han tenido para mantener a las victimas al margen de las investigaciones. XI.- Nuestra legislación procesal define quiénes tendrán el carácter de víctimas, incluyendo al directamente ofendido por el delito, el Estado y demás entres públicos o privados. Así como al cónyuge o compañero de vida, hijos, padres adoptivos y los parientes dentro del 4to grado de consanguinidad y segundo de afinidad y los herederos en los delitos cuyo resultado haya sido la muerte del ofendido. La ley dispone cuáles son los derechos de la víctima de un delito o falta, entre los que destaca el derecho de ser informada de los resultados del proceso aun cuando no haya intervenido en él, siempre que lo solicite. La Sala entiende que a la víctima se lo considera al titular del bien jurídico protegido que ha sido lesionado o puesto en peligro por la acción delictiva, aunque al extenderse esta condición también a otros que resulten perjudicados por el delito, podemos deducir que la condición de víctima puede tenerse independientemente que se sea titular del bien jurídico dañado. Sin duda que nuestro procedimiento penal otorga a la víctima un papel preponderante en el proceso, permitiéndole incluso constituirse como acusador o querellante e intervenir como tal en todo el procedimiento, sin perjuicio de la acción del Ministerio Público, el cual está conminado a asistir a la víctima en caso de no contar con medios económicos. De cualquier forma, la Sala infiere que la actuación de la víctima en el proceso resulta de esencial importancia para impulsar la persecución penal. XII.- En lo que respecta a la provisiones en los diferentes instrumentos sobre derechos humanos, también podemos advertir el reconocimiento de derechos a las personas que pudieran constituirse como víctimas en un proceso penal, al concederse tanto la protección de la ley como la potestad de recurrir ante los tribunales competentes en amparo de sus derechos fundamentales, como se establece inter alia en los Artículos 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y el Artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. XIII.- También, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”, adoptada en su resolución 40/34 y aprobada el 29 de noviembre de 1985, instrumento que define esencialmente a la víctima del delito, sus derechos y los mecanismos de reparación a implementarse por parte de los Estados, entre otras acepciones importantes. Así, en su apartado A 1 y 2 se conceptualizan a las víctimas así: “1. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder…”. “…2. Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se incluye, además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización…”. Con respecto a su derecho de acceso a la justicia y trato justo la declaración establece: “…Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas…”. XIV.- Adicionalmente, es importante resaltar lo concerniente al derecho de petición que asiste a toda persona y que recoge el Artículo 80 constitucional que establece: “…Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades, sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal…”. Como lo ha dicho esta Sala en previas decisiones, resulta estimable que el derecho reconocido en el artículo 80 sea garantizado para las actuaciones derivadas de las autoridades del Estado, en el sentido que las peticiones que se presenten por parte de los particulares, deban resolverse dentro de un plazo razonable. Hemos entendido como plazo razonable (en un sentido amplio) aquél en el que los interesados deban obtener respuesta a sus peticiones de forma pronta y efectiva, sea esta favorable o no a las pretensiones que tengan el derecho de formular ante ellas, debiendo dicha resolución corresponder con los presupuestos legales aplicables al caso concreto, sin dilaciones injustificadas por parte de aquellos que son llamados a emitir tal pronunciamiento y resolver sobre las peticiones que sean presentadas. XV. Con respecto a ese derecho de petición, hemos destacado en el pasado que éste se constituye como un derecho de tipo instrumental, por cuanto es uno de los medios más eficaces para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos ante las autoridades y exigir a éstas el cumplimiento de sus deberes. Hemos acotado en previos pronunciamientos que el derecho de petición tiene una doble finalidad: por un lado, permite que los interesados eleven peticiones a las autoridades y, por otro, garantiza una pronta respuesta, la que deberá ser efectiva, relativa al fondo y congruente con lo solicitado. Concordamos en que, por medio de este derecho se busca garantizar la posibilidad efectiva y cierta que tienen las personas de presentar solicitudes ante las autoridades, sin que estas se puedan abstener de recibirlas y por lo tanto de tramitarlas, lo cual conlleva el deber de las autoridades de resolver el fondo de las peticiones interpuestas, es decir que les es exigible una respuesta que aborde de manera clara, precisa y congruente cada una de ellas, entendiéndose que la misma resulte oportuna, (o pronta) y, puesta en conocimiento del interesado, con el propósito de que pueda interponer (en su caso) si así lo considera, los recursos o las acciones que la ley prevé. Dicho lo anterior, podemos concluir que la ausencia de respuesta o aquella que es manifestada fuera de los plazos y parámetros razonables a los legalmente establecidos vulneraría consecuentemente el derecho de petición. XVI.- En atención a todo lo anteriormente relacionado y luego del examen in extenso de las actuaciones incorporadas al trámite por parte del Ministerio Público, esta Sala considera que haberse acreditado en el presente trámite lo siguiente: * El Ministerio Público, a través de sus Fiscalías Especiales y demás dependencias, ha realizado importantes actuaciones y diligencias en torno a la investigación de los hechos ocurridos el 18 de julio de 2020 en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz del Departamento de Atlántida, relacionados con la desaparición de los señores SUAMY APARICIO MEJÍA GARCIA, MILTON JOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, ALBERTH SNIDER CENTENO TOMAS, GERARDO MIZAEL ROCHEZ CÁLIX y JUNIOR RAFAEL JUÁREZ MEJÍA, sin embargo, las acciones entabladas por las autoridades encargadas han sido, hasta el momento, infructuosas e insuficientes, pues no se ha logrado conocer, ni el paradero de estos ciudadanos, ni lo ocurrido a ellos. Tampoco se ha logrado identificar, ubicar o imputar a los responsables de estos hechos, luego de casi 4 años de que ocurriesen, lo que se considera una demora sustancial en la resolución del caso para efectos de conformar una imputación o acción penal pública. La Sala estima que, en el dado caso que existan o hayan existido situaciones o supuestos que justificasen esta demora, debieron ser dadas a conocer en su momento a los interesados por parte de los entes encargados; * Se percibe de los antecedentes presentados que no ha existido una apropiada asistencia ni una comunicación viable de parte del Ministerio Público para con los familiares de las víctimas de las personas desparecidas, las que deben ser consideradas y tratadas como tales, y en este sentido, hacer valer sus derechos conforme lo establece la ley. En este sentido, se les debe permitir externar sus opiniones y aportes, y ser escuchadas por parte del Ministerio Público y las demás autoridades involucradas, las que deben mantenerlas al tanto de la marcha y de los avances de la investigación, y, si existiesen razones para restringir datos o información sensible para efectos de asegurar la efectividad del proceso o de la misma investigación, esta situación también debe ser comunicada a las víctimas; * Se desconoce si se han tomado medidas de parte del Estado para garantizar la seguridad de las víctimas o de los testigos, contra actos de intimidación y/o represalia; * La Sala considera que al no ser debidamente atendido su reclamo de justicia, esto representa, para las víctimas, la falta de efectividad de su derecho constitucional y supranacional de petición, situación que resulta extensiva al derecho que tienen de recibir la debida asistencia y los medios que aseguren su efectiva participación en el proceso y el control de los actos procesales. XVII.- Debemos recalcar que, en acatamiento al derecho a un debido proceso legal, las autoridades del Estado deben garantizar que el proceso mismo sea encausado para cumplir, por un lado, su finalidad, cual es la realización pronta y efectiva de la justicia penal, y por el otro, que el mismo sea desarrollado respetando los principios y garantías del proceso, el cual, como sabemos, debe desarrollarse sin dilaciones indebidas y dentro de un plazo razonable, como principio integrante del debido proceso. La Sala no desconoce que la complejidad de un hecho puede, en definitiva, influir en el tiempo en el que un proceso de investigación se desarrolle y concluya, sin embargo, también sabemos que la demora excesiva puede ocasionar perjuicios irreparables para la imputación, pudiendo tener una grave incidencia en la resolución del caso, afectándose el aseguramiento de las fuentes y de la efectividad de la prueba y/o la recolección de evidencias, entre otros. Es en virtud de ello que esta Sala considera crucial que los entes investigadores actúen con prontitud y eficiencia para hacer valer los derechos de las víctimas de un delito y garantizar, el esclarecimiento de los hechos y el procesamiento y sanción de los responsables, garantizando así que estas acciones, que son una afrenta a la seguridad de nuestros ciudadanos, no queden impunes por la falta de acción de la autoridad. Consideramos que deber ser evidente para el Ministerio Público que la seguridad de todo ciudadano, su confianza en las autoridades estatales y los cimientos mismos del Estado de Derecho se ven irremediablemente menoscabados si los autores de hechos como este no son debidamente perseguidos y sancionados conforme con la ley, más aún si las víctimas de estos reprochables hechos son ciudadanos pertenecientes y defensores de los derechos de grupos considerados tradicionalmente como vulnerables en nuestros país. XVIII.- De todo lo anteriormente relacionado esta Sala advierte que la falta de respuesta oportuna en el desarrollo e investigación de los hechos, ha causado una vulneración al derecho de petición que asiste a los familiares de las víctimas de los hechos relacionados con la desaparición de los señores SUAMY APARICIO MEJÍA GARCIA, MILTON JOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, ALBERTH SNIDER CENTENO TOMAS, GERARDO MIZAEL ROCHEZ CÁLIX y JUNIOR RAFAEL JUÁREZ MEJÍA, que reconoce nuestro texto constitucional en su artículo 80. Asimismo, según observa esta Sala, la conducta omisiva del Ministerio Público ha generado una violación al derecho de las víctimas y sus familiares a un proceso sin dilaciones indebidas, derecho que, según criterio de esta Sala, no se contrae únicamente al proceso penal, sino que a cualquier tipo de proceso. Como sabemos, el procedimiento penal ordinario consta de tres etapas: la preparatoria, la intermedia y la de debate o juicio oral y púbico. La etapa preparatoria se conforma de tres fases o “actos” como lo refiere el artículo 264 del Código Procesal Penal: la denuncia, cuando se presente; la investigación preliminar; el requerimiento fiscal; y, la audiencia inicial. La Sala entiende que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas resulta claramente estimable para la investigación preliminar, como parte integral del procedimiento penal ordinario. Por otra parte, resulta evidente la vulneración de los derechos a la vida, a la libertad, e integridad personal en perjuicio de las víctimas de la desaparición forzada, y si bien no podríamos estimar una responsabilidad directa del ente fiscal en este respecto, la falta de acción de parte del Estado tiene como consecuencia la inefectividad de estos derechos y el menoscabo del deber de protegerlos. La Sala no advierte violación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, por cuanto no es competencia del Ministerio Público el otorgamiento de la misma. XIX.- De las consideraciones previamente esgrimidas en el presente fallo hemos podido advertir disminución y menoscabo de los derechos fundamentales que ha sido previamente relacionados por parte del Ministerio Público, razón por la que se estima el otorgamiento de la garantía de amparo que ha sido invocada por los recurrentes, en consecuencia, la autoridad recurrida en tutela de estos derechos deberá: 1.- Tomar acciones inmediatas para avanzar las investigaciones de los hechos ocurridos el 18 de julio de 2020 en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz del Departamento de Atlántida, relacionados con la desaparición de los señores SUAMY APARICIO MEJÍA GARCIA, MILTON JOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, ALBERTH SNIDER CENTENO TOMAS, GERARDO MIZAEL ROCHEZ CÁLIX y JUNIOR RAFAEL JUÁREZ MEJÍA; 2.- Ejercer sin más dilaciones todas las acciones necesarias para dar con el paradero de estos ciudadanos, y conocer lo que sucedió con ellos; 3. Como ente constitucionalmente responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, el Ministerio Público, encargado por ley de investigar los hechos punibles y promover la acción penal pública, deberá tomar medidas inmediatas y efectivas para identificar, ubicar e imputar a los responsables de estos hechos; 4. El Ministerio Público deberá brindar la asistencia apropiada y necesaria a los familiares de las víctimas, y mantener una comunicación constante y viable con ellas, permitiéndoles externar sus opiniones y aportes en torno al proceso, manteniéndolas al tanto de la marcha y de los avances de la investigación, con las prevenciones que se han establecido en el presente fallo; 5. Tomar las acciones necesarias y oportunas para garantizar la integridad de la prueba y del proceso, particularmente la seguridad de las víctimas y de los testigos del hecho, contra actos de intimidación y/o represalia; 6. El Ministerio Público deberá garantizar que el proceso que se ha iniciado sea encausado para cumplir su finalidad legal, cual es la realización pronta y efectiva de la justicia penal, y el respeto a los principios y garantías del proceso, el cual debe desarrollarse sin dilaciones indebidas y dentro de un plazo razonable. 7. La Sala estima improcedente ordenar al Ministerio Público que se nombre un Fiscal Especial para el caso por vía de la acción de amparo, pues esta falta de nombramiento no constituye en sí misma una violación constitucional, sin embargo, en aras del derecho de petición, el Ministerio Público está obligado a resolver esta solicitud conforme a ley, denegando o accediendo a la misma en forma razonada y debidamente motivada; PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; F A L L A: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por los señores MIRIAM MERCED MIRANDA CHAMORRO, RONY LEÓNIDAS CASILDO, GERSON SELVIN LÓPEZ Y OTROS a favor de los señores ALBERTH SNEIDER CENTENO TOMAS, MILTON JOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, SUAMY APARICIO MEJÍA GARCIA, GERARDO MISAEL TROCHEZ CÁLIX (víctimas de desaparición forzada), y de MIRIAN MERCED MIRANDA CHAMORRO, PABLO CENTENO, NAHÚM EFRAIN LALIN GUITY Y OTROS miembros del Consejo Directivo del COMITÉ GARÍFUNA DE INVESTIGACIÓN Y BÚSQUEDA DE LOS DESAPARECIDOS DEL TRIUNFO DE LA CRUZ (SUNLA), contra actuaciones del FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS; Y PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE FALLO ESTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL ORDENA AL MINISTERIO PÚBLICO, A TRAVÉS DE SUS FISCALÍAS ESPECIALES DE: DERECHOS HUMANOS, DELITOS CONTRA LA VIDA Y CRIMEN ORGANIZADO A REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTUACIONES: 1. Tomar acciones inmediatas para avanzar las investigaciones de los hechos ocurridos el 18 de julio de 2020 en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz del Departamento de Atlántida, relacionados con la desaparición de los señores SUAMY APARICIO MEJÍA GARCIA, MILTON JOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, ALBERTH SNIDER CENTENO TOMAS, GERARDO MIZAEL ROCHEZ CÁLIX y JUNIOR RAFAEL JUÁREZ MEJÍA; 2. Ejercer sin más dilaciones todas las acciones necesarias para dar con el paradero de estos ciudadanos, y conocer lo que sucedió con ellos, 3. Como ente constitucionalmente responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, el Ministerio Público, encargado por ley de investigar los hechos punibles y promover la acción penal pública, deberá tomar medidas inmediatas y efectivas para identificar, ubicar e imputar a los responsables de estos hechos; 4. El Ministerio Público deberá brindar la asistencia apropiada y necesaria a los familiares de las víctimas, y mantener una comunicación constante y viable con ellas, permitiéndoles externar sus opiniones y aportes en torno al proceso, manteniéndolas al tanto de la marcha y de los avances de la investigación, con las prevenciones que se han establecido en el presente fallo; 5. Tomar las acciones necesarias y oportunas para garantizar la integridad de la prueba y del proceso, particularmente la seguridad de las víctimas y de los testigos del hecho, contra actos de intimidación y/o represalia; 6. El Ministerio Público deberá garantizar que el proceso que se ha iniciado sea encausado para cumplir su finalidad legal, cual es la realización pronta y efectiva de la justicia penal, y el respeto a los principios y garantías del proceso, el cual debe desarrollarse sin dilaciones indebidas y dentro de un plazo razonable. Asimismo, se estima pertinente poner en conocimiento del presente fallo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para que esté vigilante de la investigación y del cumplimiento de lo establecido en la presente sentencia; y que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada VILLELA ZAVALA. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de agosto de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha catorce de junio del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-1293-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL