Sentencia AA-1209-23 — Registro 17263
Resumen
Se interpuso recurso de amparo para denunciar violación de derechos fundamentales en perjuicio de su representada, por la notificación que se hizo del oficio No.787-UAI-2023 de fecha catorce de junio de dos mil veintitrés. Dicha notificación de la opinión legal descrita fue realizada mediante el oficio No.007 UEPPR/SSRISS-2023 de fecha diez de julio de dos mil veintitrés, emitido por el coordinador UEPPR/SSRISS, abogado Ronal Carrasco y dirigido al licenciado Edwin Fabricio Salazar en su condición de presidente de la Asociación latina de pacientes renales (ALPAR). (Folios 1–6 del expediente que contiene la garantía constitucional de amparo). 2. Consta en autos que el objeto de impugnación (acto reclamado) de la presente garantía constitucional de amparo se circunscribe al contenido de los oficios: a) No.007 UEPPR/SSRISS-2023 emitido el diez de julio de dos mil veintitrés; y b) No. 787-UAI-2023 de fecha catorce de junio de dos mil veintitrés.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “3. Procedencia del sobreseimiento de la presente garantía de amparo. Configuración de la causa de inadmisión o sobreseimiento: Actos consumados de modo irreparable. Medida cautelar de suspensión del acto reclamado. Conocida la controversia suscitada en el seno de la Sala de lo Constitucional, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia procedió a la discusión del asunto, decantándose por mayoría de votos a la tesis que considera que lo procedente en este caso es dictar sin más trámite el sobreseimiento de la garantía constitucional bajo estudio, debido a que el acto reclamado por el amparista se encuentra consumado de manera irreparable, para lo cual este alto tribunal de justicia hace suyos los argumentos esgrimidos por la posición minoritaria proveniente de la Sala de lo Constitucional y los reformula a continuación de la siguiente manera: 3.1. La Corte Suprema de Justicia encuentra evidenciado que la restitución del acto que se reclamó en amparo, es de aquellos que se consuman de manera irreparable, debido a las razones siguientes: 3.1.1. Toda opinión legal se consuma o perfecciona una vez que se emite y se exterioriza por su autor, debido a que es un acto volitivo de carácter eminentemente personal. Sumado a ello, sólo puede ser reconsiderado si su autor así lo desea, por lo que resulta imposible para el órgano jurisdiccional constitucional, ordenar a quien emite una opinión legal, retractarse o modificarlo. Por tanto, resulta de naturaleza indisponible para efectos de impugnación administrativa o judicial, siendo por ello imposible que sea objeto de la garantía de amparo u otro tipo de impugnación, como recurso o proceso judicial o administrativo, verbigracia: civil o contencioso administrativo. En otras palabras, la opinión como acto, es intangible e irreparable mediante la garantía de amparo, y por tanto se considera consumado a partir de su emisión. 3.1.2. Toda opinión o dictamen carece de coercibilidad y vinculatoriedad por ser de carácter ilustrativo, por lo que no causa violación de derechos y por ende no existe como objeto de amparo, es decir, no existe objeto de restitución o derechos que restituir. 3.1.3. Una vez emitido un dictamen u opinión legal, queda consumado, debido a que produce su único efecto o consecuencia, ilustrar. 3.2. Conforme a todo lo anterior, resulta inexorable el sobreseimiento del presente proceso constitucional. Por lo que, no siendo objeto de amparo el acto reclamado por el impetrante, se hace imposible que este alto tribunal, se atribuya facultades que desbordan el ámbito de conocimiento impuesto por la ley, forzando la defensa de derechos a ultranza, o sea, mutando ex officio la pretensión del amparista, solventando sus deficiencias determinados en el escrito de formalización. El párrafo último del artículo 46 de la Ley sobre justicia constitucional, dispone dos momentos procesales para examinar la concurrencia de las causas que se encuentran enlistadas en numerus clausus, al respecto dicha parte de la norma, expresa lo siguiente: “El órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” Resaltado por el tribunal. Del texto anterior se colige la procedencia de estos momentos procesales, así: a) al momento del primer examen practicado sobre el escrito de interposición, pudiendo dictar el rechazo in limine o sea de plano de la garantía, declarándola inadmisible cuando se advierta la concurrencia de cualquiera de las causas legalmente enlistadas; y b) la declaratoria de sobreseimiento cuando después de haber sido admitida la garantía, conste en autos la causa. En el presente caso, no existe duda de que la garantía constitucional en principio no debió admitirse, procediendo el rechazo de plano; sin embargo, no cabe duda también que, de conformidad a lo prescrito por la norma citada, corresponde dictar el respectivo sobreseimiento, una vez que el tribunal se ha percatado de que el acto reclamado, es de aquellos que por su naturaleza propia e intrínseca, son intangibles e indisponibles para efectos de amparo, es decir, son irreparables, subsumiéndose en la causa de sobreseimiento ya explicada. Por otra parte, resulta llegar al ad absurdum que, ante el hecho evidente de que una opinión no es objeto de amparo, se continúe, y se dé traslado al fiscal, alargando de forma totalmente innecesaria el proceso, distrayéndole de otras tareas de suyo más importantes para la sociedad y el país, comprometiendo su tiempo con una garantía condenada desde su origen al sobreseimiento. Se resalta el hecho de que el órgano jurisdiccional constitucional no deviene en obligación de continuar el procedimiento hasta el momento de dictar la sentencia; de hecho, no existe ninguna disposición que le obligue a dictar sobreseimiento únicamente bajo la forma de sentencia, sino que por el contrario, el párrafo final del artículo 46 anteriormente citado y transcrito, claramente de manera expresa, señala la procedencia del sobreseimiento, “tan luego conste en autos la causa de inadmisibilidad.” De manera que, procede dictar el sobreseimiento correspondiente, tan luego como se ha comprendido que el acto reclamado por el amparista, no es por una parte, susceptible de provocar el amparo de derechos fundamentales; y por otro lado, dicho objeto de impugnación, es un acto consumado de manera irreparable. 3.3. Sobre la medida cautelar o suspensión del acto reclamado, cabe señalar que mediante auto de fecha quince de noviembre de dos mil veintitrés, la Sala de lo Constitucional dispuso como medida cautelar suspender de forma provisional y bajo la responsabilidad del recurrente el acto reclamado. En virtud del sobreseimiento que procede, debe ordenarse dejar sin valor y efecto la imposición de la medida cautelar de suspensión del acto reclamado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de enero de dos mil veinticuatro. VISTA: Para dictar resolución en la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado LEONEL HUMBERTO NÚÑEZ ESPINOZA, quien actúa a favor de la ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE PACIENTES RENALES (ALPAR), contra el oficio No.787-UAI-2023 de fecha catorce de junio de dos mil veintitrés formulado con relación al oficio No.007 UEPPR/SSRISS-2023 de fecha diez de julio de dos mil veintitrés emitido por el coordinador de la unidad especial de prevención a pacientes renales de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA, relacionados según el recurrente, a la negación de la referida autoridad, de reinstaurar el derecho de dicha asociación a participar en el “proceso de adquisición en el área renal”. Derecho que prevé, la “Ley nacional renal contenida en el decreto legislativo número 200-2013. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. El trece de septiembre de dos mil veintitrés, el abogado LEONEL HUMBERTO NUÑEZ ESPINOZA, compareció ante la honorable Sala de lo Constitucional, interponiendo garantía constitucional de amparo a favor de la ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE PACIENTES RENALES (ALPAR), para denunciar violación de derechos fundamentales en perjuicio de su representada, por la notificación que se hizo del oficio No.787-UAI-2023 de fecha catorce de junio de dos mil veintitrés, el cual fue emitido por la abogada Mélida María Lara Hernández, en su condición de asesora legal de la Secretaría en el despacho de Salud y refrendado por el también abogado Marvin Cruz Flores en su condición de jefe de la unidad de asesoría legal. Dicha notificación de la opinión legal descrita fue realizada mediante el oficio No.007 UEPPR/SSRISS-2023 de fecha diez de julio de dos mil veintitrés, emitido por el coordinador UEPPR/SSRISS, abogado Ronal Carrasco y dirigido al licenciado Edwin Fabricio Salazar en su condición de presidente de la Asociación latina de pacientes renales (ALPAR). (Folios 1–6 del expediente que contiene la garantía constitucional de amparo). 2. Consta en autos que el objeto de impugnación (acto reclamado) de la presente garantía constitucional de amparo se circunscribe al contenido de los oficios: a) No.007 UEPPR/SSRISS-2023 emitido el diez de julio de dos mil veintitrés; y b) No. 787-UAI-2023 de fecha catorce de junio de dos mil veintitrés. El contenido de dichos documentos es el siguiente: “UNIDAD ESPECIAL DE PREVENCIÓN A PACIENTES RENALES/SSRISS OFICIO No. 007 UEPPR/SSRISS. DE: Abg. RONAL CARRASCO, COORDINADOR UEPPR/ISSRISS. PARA: LIC. EDWIN FABRICIO SALAZAR, PRESIDENTE ASOCIACIÓN LATINA DE PACIENTES RENALES (ALPAR). CC: ASOCIACION DE ENFERMOS RENALES DEL HOSPITAL ESCUELA (ADERHE), ASOCIACIÓN DE PACIENTES RENALES DEL AGUÁN (APRA), ASOCIACIÓN DE PACIENTES DE HEMODIÁLISIS DEL LITORAL ATLÁNTICO (APDHELA). ASUNTO: LO DESCRITO. FECHA: 18 DE JULIO DE 2023. A la espera que se encuentre bien y teniendo éxito en sus funciones, me permito hacer de conocimiento la respuesta a su nota recibida en fecha 29 de mayo 2023 en donde solicita “REINSTAURACIÓN DE DERECHO A PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE ADQUISICIÓN EN EL ÁREA RENAL GARANTIZADO POR LA LEY NACIONAL RENAL.” Sin más me suscribo de usted. Atentamente. cc. Archive. Firma ilegible, sello de la Unidad especial de prevención a pacientes renales, Secretaría de Salud.” “OFICIO No. 787-UAL-2023. Tegucigalpa MDC, 14 de junio 2023. ABG. ALLAN MIGUEL PINEDA ECHEVERRÍA, SECRETARIO GENERAL. SU OFICINA. Estimado Abg. Pineda: En atención al oficio No. 1916-50-2023 de fecha 01 de junio del 2023, en el cual solicita opinión legal referente a la intención de las asociaciones y fundaciones a formar parte de los procesos de adquisición en el área renal, al respecto esta unidad de asesoría legal, es del siguiente parecer: UNICO: La Ley de Contratación del Estado en su artículo 33 establece: Comisión de evaluación. Para la revisión y análisis de las ofertas en los procedimientos de selección de contratistas, el órgano responsable de la contratación designará una comisión de evaluación integrada por tres (3) o cinco (5) funcionarios de amplia experiencia y capacidad, la cual formulará la recomendación correspondiente. No podrá participar en eta comisión quien tenga conflicto de intereses que haga presumir que su evaluación no será objetiva e imparcial; quien se encontrare en esta situación podrá ser recusado por cualquier interesado.” El Reglamento de la Ley de contratación del Estado en su artículo 94 "Evaluación. La formación y los documentos presentados con sus solicitudes por los contratistas, en su caso será evaluado por una comisión integrada por tres a cinco funcionarios del órgano responsable de la contratación, con amplia experiencia y capacidad, quienes podrán requerir la comprobación de informes técnicos o financieros si se estimara necesario; también podrán realizar inspecciones en las oficinas e instalaciones de los interesados para verificar la información proporcionada o practicar cualquier otra diligencia que requiera su análisis serio y riguroso según dispone el artículo 45 de la Ley. Los interesados que proporcionan información incorrecta o maliciosa no serán precalificados. Igual ocurrirá si se presenta información incompleta, salvo que se tratare y omisiones subsanables, según dispone el artículo 93 de este reglamento. En tal sentido, cuando se trate de procesos de adquisición públicos en los cuales no haya información que por su naturaleza deba mantenerse confidencial, las asociaciones y fundaciones, previa solicitud formal, podrían estar presentes en la apertura de las ofertas, mas no así formar parte del proceso de evaluación de las mismas. Fundamento legal: Articulos 33 de la Ley de contratación del Estado y 4 del Reglamento de la Ley de contratación del Estado. ABG. MÉLIDA MARÍA LARA HERNÁNDEZ. ASESORA LEGAL. ABOG. MARVIN CRUZ FLORES. JEFE DE LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL. 3. La honorable Sala de lo Constitucional admitió la presente garantía mediante el auto de fecha diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, ordenando a la vez que previo a la suspensión del acto reclamado solicitado como medida cautelar por el amparista, se procediera al examen de los antecedentes. Asimismo, se ordenó el libramiento de comunicación a la autoridad denunciada con la finalidad de remitir los antecedentes del caso dentro del término de dos días hábiles. (Folio 39 del expediente que contiene la garantía constitucional de amparo).4. Una vez devuelta la comunicación adjuntando los antecedentes del caso y el informe correspondiente por parte de la Secretaría de Estado en el despacho de salud, la honorable sala de lo Constitucional dictó el auto de fecha quince de noviembre de dos mil veintitrés, resolviendo bajo la responsabilidad del impetrante, la suspensión provisional del acto reclamado en amparo, ordenado la continuación del proceso y concediendo el término de cuarenta y ocho horas para la formalización de la presente garantía constitucional de amparo. (Folios 89 y 90 del expediente que contiene la garantía constitucional de amparo). 5. El diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, el abogado Leonel Humberto Núñez Espinoza presentó formalización de la garantía constitucional de amparo; sin embargo, la Sala de lo Constitucional en la vista del veintinueve de noviembre de dos veintitrés dictó resolución que no alcanzó la unanimidad de votos, razón por la cual se remitió el asunto al pleno de la Corte Suprema de Justicia con la finalidad de dar cumplimiento con lo que ordena el artículo 316 constitucional reformado por el decreto legislativo No. 237-2012, ratificado por el decreto legislativo No. 10-2013 y el artículo 8 de la Ley sobre justicia constitucional. (Folios 89 y 90 del expediente que contiene la garantía constitucional de amparo). FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Indisponibilidad del objeto de reclamo mediante la garantía de amparo. Improcedencia de iure de la admisión a trámite de la garantía constitucional de amparo bajo estudio. Al momento de estudiar el escrito de formalización de la presente garantía constitucional de amparo, se aprecian los elementos que a continuación se exponen: 1.1. La garantía constitucional de amparo se interpuso contra el acto de informar el contenido de la opinión legal elaborada por la asesora jurídica de la Secretaría de Estado en el despacho de salud, abogada Mélida María Lara Hernández. Dicha opinión legal se encuentra contenida en el oficio No.787-UAL2023, fechado el catorce de junio de 2023, para ser remitida al secretario general de dicho ministerio, abogado Allan Miguel Pineda Echeverría. De manera que para este alto tribunal de justicia quedó evidenciado de forma apodíctica que el acto reclamado o sea el objeto sobre el cual recae el amparo solicitado, es una opinión legal emitida para efectos orientativos, no vinculantes ni productores en sí de efectos legales. 1.2. Con relación a la indisponibilidad del objeto de reclamo mediante la garantía de amparo, este alto tribunal de justicia valora que dentro de cada secretaría de Estado, así como en otras dependencias de la administración pública, existen diversos órganos y dependencias de apoyo para llevar a buen fin sus competencias y funciones; destacándose para efectos del presente caso, las asesorías, direcciones o departamentos legales, los cuales realizan diferentes acciones o servicios de apoyo, como la elaboración de dictámenes, opiniones, consultorías, gestiones y procuración judicial, entre otros. Los productos de estos órganos consultivos, denominados dictámenes u opiniones no son actos de autoridad, y de ninguna manera son objetables mediante recursos o acciones de carácter administrativo o judicial. El carácter ilustrativo de las opiniones y dictámenes, hace que el amparo sea por tanto, una garantía inidónea, porque la falta de vinculatoriedad o cumplimiento obligatorio de dichos pronunciamientos, les excluye de forma absoluta del ámbito determinado por los artículos 42 y 43 de la Ley sobre justicia constitucional. Como un derivado de lo anteriormente expuesto, cabe señalar que otro factor a tomar en cuenta para entender que los dictámenes y opiniones no son susceptibles de la garantía constitucional de amparo, es el hecho contundente e incontrastable de que dichos actos, al no ser vinculantes ni producir efectos jurídicos propiamente dichos, no producen por si solos, violaciones de derechos fundamentales; por lo que hace imposible subsumirlos en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 183 constitucional reformado o 41 de la Ley sobre justicia constitucional. 1.3. Debido a que el impetrante interpuso la presente garantía constitucional de amparo en contra del contenido del oficio No.787-UAI-2023 formulado con relación al oficio No.007 UEPPR/SSRISS-2023 emitido en fecha catorce de junio de dos mil veintitrés por la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA, se concluye que la Sala de lo Constitucional debió rechazar de plano o ad limine la misma, por todas las razones ut supra explicadas. 2. Resumen de las dos posiciones adoptadas por la honorable Sala de lo Constitucional, que dieron como resultado que la decisión tomada por dicho tribunal no obtuviera unanimidad de votos.Con lo anteriormente expuesto, resulta evidente que la Sala de lo Constitucional cometió el yerro de admitir a trámite la demanda de amparo, debido a que pasó por alto que fue interpuesta teniendo como acto reclamado la puesta en conocimiento de la opinión legal contenida en el oficio No.787-UAI-2023, formulado con relación al oficio No.007 UEPPR/SSRISS-2023 emitido por la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA en fecha catorce de junio de dos mil veintitrés. A continuación, se desarrolla el razonamiento que motivó cada una de las decisiones adoptadas por la Sala de lo Constitucional. Especialmente la que obtuvo la minoría de votos encaminada a dictar el sobreseimiento de la presente garantía de amparo, debido a que el acto que se reclama es de aquellos que una vez que se producen, se consuman de modo irreparable. 2.1. Posteriormente a la admisión de la garantía de amparo, se presentó el escrito de formalización, momento del proceso en que la Sala actuante, advirtió que el acto reclamado era inidóneo para efectos del amparo, en virtud de que el objeto de impugnación es la notificación del dictamen u opinión legal emitido por la dependencia administrativa de apoyo legal a la Secretaria de Estado, procediendo entonces a someter a discusión el sobreseimiento de conformidad a lo que establece al numeral 5 del artículo 46 de la Ley sobre justicia constitucional. Es decir, la Sala de lo Constitucional de forma sobreviniente a la admisión de la garantía, advirtió que la opinión legal no es nada más que, un acto administrativo cuyo contenido, conclusiones y recomendaciones, pueden ser o no, considerados o tomados en cuenta por la autoridad ante quien se rindió. 2.2. En consecuencia, dicha Sala valoró que por tratarse de una mera opinión, no reviste ningún efecto resolutivo por parte de la Secretaría de Estado en el despacho de Salud, de manera que no causa en sí, ninguna negación, tergiversación o disminución de derechos de ninguna índole, ya que solamente ofrece a quien lo solicitó, un enfoque técnico y una opinión especializada sobre un asunto determinado; en este caso, opinar sobre quiénes están facultados por ley para integrar la comisión de evaluación en un proceso de licitación y/o adjudicación. 2.3. Por otra parte, la Sala de lo Constitucional sometió a discusión el procedimiento a seguir para resolver el asunto de marras de acuerdo con todo lo anteriormente descrito. La decisión no obtuvo la unanimidad requerida por la Constitución y la ley, apreciándose al respecto dos criterios, a la sazón las siguientes: 2.3.1. El voto mayoritario, que se limitó a cuestionar la subsunción del acto reclamado en la causal dispuesta en el numeral 5 del artículo 46 de la Ley sobre justicia constitucional, indicando como única razón que es forzoso que exista “un acto posterior que lo consume de manera irreparable.” Y, que en el presente caso: “no consta otra actividad procesal realizada que determine que el acto recurrido en amparo […] ha sido consumado de manera irreparable”, concluyendo que por ello se es del parecer porque se continúe con el proceso, dándole traslado al Ministerio Público y decidir posteriormente sobre el fondo del asunto mediante sentencia definitiva. 2.3.2. En cambio, la posición que alcanzó el menor número de votos se decantó por declarar sin más trámite, el sobreseimiento de acuerdo con el párrafo último del artículo 46 de la Ley sobre justicia constitucional, por concurrir la causa expuesta en el numeral cinco de dicha norma; es decir, sobreseer cuando los actos reclamados se encuentren consumados de forma irreparable, describiéndolos como: “… aquellos en los que se han realizado en forma total todos sus efectos, es decir aquéllos que han alcanzado la finalidad que persiguen y se han producido por ende todas sus consecuencias jurídicas.” 3. Procedencia del sobreseimiento de la presente garantía de amparo. Configuración de la causa de inadmisión o sobreseimiento: Actos consumados de modo irreparable. Medida cautelar de suspensión del acto reclamado. Conocida la controversia suscitada en el seno de la Sala de lo Constitucional, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia procedió a la discusión del asunto, decantándose por mayoría de votos a la tesis que considera que lo procedente en este caso es dictar sin más trámite el sobreseimiento de la garantía constitucional bajo estudio, debido a que el acto reclamado por el amparista se encuentra consumado de manera irreparable, para lo cual este alto tribunal de justicia hace suyos los argumentos esgrimidos por la posición minoritaria proveniente de la Sala de lo Constitucional y los reformula a continuación de la siguiente manera: 3.1. La Corte Suprema de Justicia encuentra evidenciado que la restitución del acto que se reclamó en amparo, es de aquellos que se consuman de manera irreparable, debido a las razones siguientes: 3.1.1. Toda opinión legal se consuma o perfecciona una vez que se emite y se exterioriza por su autor, debido a que es un acto volitivo de carácter eminentemente personal. Sumado a ello, sólo puede ser reconsiderado si su autor así lo desea, por lo que resulta imposible para el órgano jurisdiccional constitucional, ordenar a quien emite una opinión legal, retractarse o modificarlo. Por tanto, resulta de naturaleza indisponible para efectos de impugnación administrativa o judicial, siendo por ello imposible que sea objeto de la garantía de amparo u otro tipo de impugnación, como recurso o proceso judicial o administrativo, verbigracia: civil o contencioso administrativo. En otras palabras, la opinión como acto, es intangible e irreparable mediante la garantía de amparo, y por tanto se considera consumado a partir de su emisión. 3.1.2. Toda opinión o dictamen carece de coercibilidad y vinculatoriedad por ser de carácter ilustrativo, por lo que no causa violación de derechos y por ende no existe como objeto de amparo, es decir, no existe objeto de restitución o derechos que restituir. 3.1.3. Una vez emitido un dictamen u opinión legal, queda consumado, debido a que produce su único efecto o consecuencia, ilustrar. 3.2. Conforme a todo lo anterior, resulta inexorable el sobreseimiento del presente proceso constitucional. Por lo que, no siendo objeto de amparo el acto reclamado por el impetrante, se hace imposible que este alto tribunal, se atribuya facultades que desbordan el ámbito de conocimiento impuesto por la ley, forzando la defensa de derechos a ultranza, o sea, mutando ex officio la pretensión del amparista, solventando sus deficiencias determinados en el escrito de formalización. El párrafo último del artículo 46 de la Ley sobre justicia constitucional, dispone dos momentos procesales para examinar la concurrencia de las causas que se encuentran enlistadas en numerus clausus, al respecto dicha parte de la norma, expresa lo siguiente: “El órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” Resaltado por el tribunal. Del texto anterior se colige la procedencia de estos momentos procesales, así: a) al momento del primer examen practicado sobre el escrito de interposición, pudiendo dictar el rechazo in limine o sea de plano de la garantía, declarándola inadmisible cuando se advierta la concurrencia de cualquiera de las causas legalmente enlistadas; y b) la declaratoria de sobreseimiento cuando después de haber sido admitida la garantía, conste en autos la causa. En el presente caso, no existe duda de que la garantía constitucional en principio no debió admitirse, procediendo el rechazo de plano; sin embargo, no cabe duda también que, de conformidad a lo prescrito por la norma citada, corresponde dictar el respectivo sobreseimiento, una vez que el tribunal se ha percatado de que el acto reclamado, es de aquellos que por su naturaleza propia e intrínseca, son intangibles e indisponibles para efectos de amparo, es decir, son irreparables, subsumiéndose en la causa de sobreseimiento ya explicada. Por otra parte, resulta llegar al ad absurdum que, ante el hecho evidente de que una opinión no es objeto de amparo, se continúe, y se dé traslado al fiscal, alargando de forma totalmente innecesaria el proceso, distrayéndole de otras tareas de suyo más importantes para la sociedad y el país, comprometiendo su tiempo con una garantía condenada desde su origen al sobreseimiento. Se resalta el hecho de que el órgano jurisdiccional constitucional no deviene en obligación de continuar el procedimiento hasta el momento de dictar la sentencia; de hecho, no existe ninguna disposición que le obligue a dictar sobreseimiento únicamente bajo la forma de sentencia, sino que por el contrario, el párrafo final del artículo 46 anteriormente citado y transcrito, claramente de manera expresa, señala la procedencia del sobreseimiento, “tan luego conste en autos la causa de inadmisibilidad.” De manera que, procede dictar el sobreseimiento correspondiente, tan luego como se ha comprendido que el acto reclamado por el amparista, no es por una parte, susceptible de provocar el amparo de derechos fundamentales; y por otro lado, dicho objeto de impugnación, es un acto consumado de manera irreparable. 3.3. Sobre la medida cautelar o suspensión del acto reclamado, cabe señalar que mediante auto de fecha quince de noviembre de dos mil veintitrés, la Sala de lo Constitucional dispuso como medida cautelar suspender de forma provisional y bajo la responsabilidad del recurrente el acto reclamado. En virtud del sobreseimiento que procede, debe ordenarse dejar sin valor y efecto la imposición de la medida cautelar de suspensión del acto reclamado. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por mayoría de votos en virtud de haber disentido los honorables magistrados Gaudy Alejandra Bustillo Martinez, Anny Belinda Ochoa Medrano, Walter Raúl Miranda Sabio, Marvin Rigoberto Espinal Pinel, Luis Alonso Discua Cerrato, y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 reformado de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de organización y atribuciones de los tribunales; 1, 41, 42, 43, 45, 46 numeral 5) y 119 de la ley sobre justicia constitucional; RESUELVE: SOBRESEER la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado LEONEL HUMBERTO NÚÑEZ ESPINOZA, quien actúa a favor de la ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE PACIENTES RENALES (ALPAR), contra el oficio No.787-UAI-2023 con relación al oficio No.007 UEPPR/SSRISS-2023 emitido por la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA en fecha catorce de junio de 2023, en virtud de advertirse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el numeral 5 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es decir cuando el amparo se pida en contra de actos consumados de manera irreparable; Y MANDA: 1. Dejar sin valor y efecto la orden de suspender el acto reclamado, debiéndose poner en conocimiento de la Secretaría de Estado en el despacho de Salud esta decisión de la misma forma en que se procedió a imponerla. 2. Procédase a certificación de estilo de la presente resolución y se le dé el debido cumplimiento, procediendo al archivo de las presentes actuaciones. Redactó el magistrado José Ricardo Pineda Medina. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. REBECA LIZETTE RÁQUEL OBANDO, MAGISTRADA PRESIDENTA.- GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTÍNEZ, MAGISTRADA.- MILTON DANILO JIMÉNEZ PUERTO, MAGISTRADO.- MARIO ROLANDO DÍAZ FLORES, MAGISTRADO.- ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, MAGISTRADA.- ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, MAGISTRADA.- RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA, MAGISTRADA.- NELSON DANILO MAIRENA FRANCO, MAGISTRADO.- ROY PINEDA CASTRO, MAGISTRADO.- WALTER RAÚL MIRANDA SABIO, MAGISTRADO.- LUIS ALONSO DISCUA CERRATO, MAGISTRADO INTEGRANTE.- MARTA DELIA MERINO CONDE, MAGISTRADA INTEGRANTE.- JOSÉ RICARDO PINEDA MEDINA, MAGISTRADO INTEGRANTE.- MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL,MAGISTRADO INTEGRANTE.- AÍDA PATRICIA MARTÍNEZ LINARES, MAGISTRADA INTEGRANTE.- FIRMA Y SELLO IRIS BERNARDA CASTELLANOS ALVARADO, SECRETARIA GENERAL.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, Certificación de la resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo con registro número SCO-1209-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.