Sentencia AA-1114-23 — Registro 18428
Resumen
Se interpuso acción de Amparo contra la resolución administrativa No.CI-ASL/089/21-03-2023 emitida por el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) aprobada en sesión ordinaria del Directorio de Especialistas contenida en el acta No.08-2023, que declaró improcedente la solicitud de beneficio de jubilación de los representados.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (11): En el año dos mil diecisiete (2017), estando en vigencia de la Ley supra, varios docentes presentaron escritos solicitando se les otorgue el beneficio de la jubilación, habiéndoseles denegado mediante resolución administrativa No.CI-ASL/089/21-03-2023 emitida por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), en fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, aprobada en sesión ordinaria del Directorio de Especialistas contenida en el acta No.08-2023, que declaró improcedente la solicitud de beneficio de jubilación de los representados del abogado VICTOR MANUEL MURILLO LARA, aplicando la nueva ley. CONSIDERANDO (12): El artículo (7) del Código Civil, manda, al igual que el artículo 96 constitucional que, “Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley sea favorable al delincuente.” Establece ese mismo cuerpo legal que “Los conflictos que resulten de la aplicación de las leyes dictadas en diferentes épocas, se decidirán con arreglo a las disposiciones del título final de este Código.” Este artículo es complementario en tanto en cuanto, en la nueva ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, contenida en el decreto 247-2011, señala en su artículo 127, relativo al ámbito temporal de validez y trámite de solicitudes pendientes de resolución, Que “…Los casos que se encuentren en trámite, así como los actos otorgados y autorizados conforme a Decreto Ley No.1026 del 15 de julio de 1980, continuarán rigiéndose por dichas disposiciones, hasta el término del período por el cual fueron concedidos. CONSIDERANDO (13): Esta Sala de lo Constitucional, estima que en la interpretación de estas normas tiene lugar la fundamentación de la decisión, es decir, el artículo 96 constitucional y el 7 de la ley secundaria Código Civil, que establecen el respeto al principio de la irretroactividad de la ley, con relación al artículo 127 de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio contenida en el decreto 247-2011, que señala lo relativo al ámbito temporal de validez y aplicación de la nueva ley. Esta Sala hace suyo lo escrito por el Doctor Presentación Quezada en su libro, “Comentarios al Título Preliminar de Nuestro Código Civil”, quien en la página 48 cita a Baudry Lacantinerie que explica la retroactividad así; “Las leyes no deben mirar hacia atrás, deben ver solo hacia lo futuro. Ese es el principio.” Comenta el doctor Quezada: “…Sencillísimo al parecer; pero muy difícil cuando se trata de darle aplicación. Si los hechos ocurridos en el pasado produjeron ya todos sus efectos al emitirse la nueva ley, la cuestión no ofrece duda; serán regidos por la vieja ley y viceversa. Si cuando se emitió la ley nueva, los hechos no se habían verificado, tampoco cabe duda ninguna; se les aplicará la nueva ley. Más si los hechos se verificaron bajo la vigencia de la vieja, pero están pendientes aún algunos de sus efectos, ¿cuándo empieza a regir la ley nueva? ¿Qué ley se aplicará? ¿La vieja o la nueva?” CONSIDERANDO (14): Coincidimos con el Doctor Quezada quien manifiesta que la nueva ley debe suponerse siempre mejor que la anterior, cuando el legislador introduce una innovación lo hace indudablemente porque así lo exige la conveniencia pública, ya sea para reglamentar mejor la materia legislada, o ya para corregir los abusos existentes, el interés social exige, pues, que la nueva ley se aplique lo más pronto posible, pero ante este interés social, existen otros intereses particulares de gran importancia, intereses que deben respetarse igualmente, porque de otro modo ni el estado ni la fortuna de los miembros de la colectividad estarían garantizados y no sería posible la vida social. Tal sucede tratándose de derechos adquiridos, hay que respetar, pues, estos derechos;” Concluye señalando que la doctrina de la irretroactividad debe tener por base una doble consideración en primer lugar, el respeto al interés social y el respeto a los derechos adquiridos de los particulares.”
Legislación citada
- Código Civil, art. 7 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 8 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Instituto de Jubilaciones y Pensionados de los Empleados del Poder Ejecutivo Decreto 138-11, art. 127 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (16): En el presente caso, los recurrentes son del criterio que la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, aprobada mediante Decreto No. 1026 de fecha 15 de Julio de 1980, sus reformas y sus Reglamentos, debe regular la prestación de los beneficios derivados del Sistema de Previsión del Magisterio, de todos aquellos docentes que entraron al sistema nacional del magisterio hasta veinte días después del 22 de diciembre de 2011, fecha en la cual adquirió vigencia la nueva ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio contenida en el Decreto No. 247-2011, publicada en el Diario oficial La Gaceta No.32,701; es decir el 19 de enero de 2012. CONSIDERANDO (17): Esta Sala de lo Constitucional estima que estamos ante un caso claro de vulneración al derecho a la no aplicación retroactiva de la Ley, contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República; es por ello que se establece que la ley aplicable en el presente caso es la contenida en el Decreto No. 1026 de fecha 15 de Julio de 1980, sus reformas y sus Reglamentos; y ello se determina así, en tanto en cuanto estamos ante un caso de derechos condicionados, los que en efecto pueden ejercerse en cualquier tiempo, siempre y cuando se haya cumplido la condición que exige la ley, por ser verdaderos derechos con existencia propia. Al respecto se debe manifestar que según lo expuesto en la acción de amparo que nos ocupa, estamos ante un grupo de docentes que: 1.- Algunos se encuentran en la situación que a la fecha diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), les faltaban pocos años o incluso meses para cumplir 50 años de edad, requisito legal exigido en la ley de 1980, para obtener el derecho a la jubilación. 2.- Otros, aun teniendo todos los requisitos, el de la edad inclusive, no interpusieron la solicitud antes del diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012) fecha de la entrada en vigencia de la nueva ley. La resolución No.CI-ASL/089/21-03-2023 emitida por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), en fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, aprobada en sesión ordinaria del Director de Especialistas contenida en el acta No.08-2023, que declaró improcedente la solicitud de beneficio de jubilación de los representados del abogado VICTOR MANUEL MURILLO LARA, tiene su basamento legal en la nueva ley de 2011, es decir, se aplicó una nueva ley a casos que, si bien iniciaron el trámite administrativo después del 2011, ya habían obtenido el derecho social contenido en la ley anterior de 1980. “
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 72 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 73 (Rango Constitucional)
- Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, art. 78 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, art. 127 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…. “CONSIDERANDO (18): Este Tribunal Constitucional señala que además de vulnerarse el artículo 96 constitucional, la aplicación retroactiva del decreto supra-mencionado, vulnera el artículo 26 de la Carta Americana de Derechos Humanos que establece “Desarrollo progresivo.- Los estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre la educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa y otros medios apropiados”. Lo anterior, con relación al artículo 2 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el principio de Progresividad, y manda: “Cada uno de los Estados partes en el presente pacto se comprometen a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, para la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.”
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (19): La vulneración de este principio/derecho constitucional, contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República, que provoca la violación al derecho social a una jubilación en tiempo de un sector poblacional, consiste en que habiéndose cumplido ya los requisitos exigidos en la ley, es decir, habiendo obtenido ya el derecho que otorga el cumplimiento de un plazo o de un requisito, el Estado obliga a los docentes a pensionarse bajo una ley posterior que disminuye de forma significativa beneficios conseguidos en la legislación anterior. Se subraya el requisito de la edad, consistente en el derecho a retirarse a los 50 años de edad, en vista de que la nueva ley obliga al docente a laborar siete años más, afectándoles también en el requisito de años laborados y cotizados, ya que con la ley anterior se podían retirar con diez años trabajados y cotizados, ahora el requisito exige dieciséis años trabajados y cotizados, sin que el Estado haya planteado una defensa en la cual prime un interés general y democrático que justifique el retroceso en cuanto a derechos adquiridos en la ley derogada.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
Sentencia
C E R T I F I C A C I Ó N. El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de diciembre de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia, la acción de Amparo, Interpuesta por el Abogado VICTOR MANUEL MURILLO LARA a favor de los Señores (as) ALBA LUZ LARA GODOY, JOSE NELSON LICONA PALACIOS, NELYS SUYAPA HERNANDEZ NIETO, MARIA ENCARNACION GOMEZ URRREA, GEORGINA DEL CARMEN CARDENAS, RAUL ANTONIO GARCIA, YOLANDA VARGAS VALDEZ, HAZEL PAIRETH SANCHEZ MONCADA, MERY MONDRAGON BANEGAS, ANTONIA ISABEL GUILLEN ESTRADA, GLENDA LIDIET GUZMAN CURRY, RITZA MARIBEL SERVELLON GALVEZ, GLORIA MARINA RAMIREZ NAVAS, BERTHA LIDIA MARTINEZ MATAMOROS, MARY LIZETH ROMERO JIMENEZ, ELIA SUSANA PINEDA SALGADO, SILVIA DE LOS ANGELES POVEDA PASTOR, SANDRA ISABEL ORDOÑEZ CACERES, CARIDAD DEL CARMEN BARAHONA HERNANDEZ, BESSY YANETH FLORES BANEGAS, DINORA GUADALUPE CARBAJAL RODAS, EVA LUCILA CARIAS FERRARI, LUZ ARGENTINA SOTO LOBO, SONIA PATRICIA LARA GODOY, ELMER NAHAMAN GOMEZ HERNANDEZ, MARIA ISABEL FLORES MEDINA, LUZ MARINA ZUNIGA ZUNIGA, RAFAELA ADELINA CASTELLANOS NUÑEZ, MARIO ANIBAL ZUNIGA ZUNIGA, REINA SUYAPA ORTIZ ORTIZ, TULIO RIGOBERTO DIAZ MARTINEZ, ROSIBEL RAMOS CACERES, ANABEL CACERES RAMOS, MARCOS ABILIO CANACA CANACA, ROSMERI MARIBEL URMENETA COELLO, BETULIA MARISTILA CASCO, DALSY YOLANY TORRES RUBIO, NELSON CASTILLO COLINDRES, HILDA YUDITH CERRATO GARCIA, RUBY MARILUZ CARRATO GARCIA, DELIA ARGENTINA ZALDIVAR MEJIA, MELBA NOEMI COELLO DIAZ, JOSE ORLANDO SANCHEZ BONILLA, SANTANO RUBIO FUENTES, ISBELA ARGENTINA COLINDRES CANALES, MARI MATAMOROS MARTINEZ, DILCIA DE JESUS REYES, HERMES DANNY MEDINA MONCADA, AIDA AMPARO ALVARADO ESPINOZA, HILSA MELIDA ROMERO GIMENEZ, GLENI DORALINA RUIZ HERNANDEZ, ALBA ARACELY RAMIREZ VARELA, MARIA JANETH OSORIO OLIVARES, RONALDY YOVANNY SOSA LAZO, RUBY CAROL ZELAYA ROMERO, HECTOR GUADALUPE MEJIA MAYEN, TIRZA MARIBEL OSORTO ESCOBAR, MARIA MIRIAM RAMOS ARGUETA, BLANCA LUZ DOMINGUEZ CACERES, JOSE LUIS MATUTE, RAMON ALBERTO BANEGAS, SOFIA ISABEL SANABRIA BANEGAS, JORGE DARIO ANDINO LAGOS, FRANKLIN BLADIMIRO MEJIA CERRATO, JOSE ANTONIO TORRES HERNÁNDEZ, GIOCONDA MARIBEL PINEDA PINEDA, RUTH MARIBEL ANTUNEZ RIVERA, DURIAN LORELY CHAVEZ OBANDO, HECTOR ALONSO FIGUEROA TORUÑO, DAISY JERONIMA CANALES MOLINA, SANDRA ELIZETH CANALES MOLINA, ΑΝΑ BEATRIZ VENTURA SAGASTUME, ESMELDA MARTINEZ MATAMOROS, LAURA JIMENEZ MARTINEZ, MARTHA ALICIA AMADOR ZUNIGA, JULIO CESAR ZUNIGA RODRIGUEZ, NELDA LILIANA PALMA VILLATORO, NOE ALEX ALVARADO ESPINOZA, CENIA YADIRA GALVEZ AVILA, JOAQUIN ANTONIO FLORES GARCIA, FELICITAS AMALIA DOMINGUEZ DOBLADO, ADA MERCEDES PONCE LOPEZ, ADALICIA RIVERA RAMOS, ALBA AZUCENA MARADIAGA AVILA, ALVIN SANTIAGO URROZ BACA, ΑNA MARIA CURRY RODRIGUEZ, ANA WALESKA BORDAS ASTIN, BETTY NOEMI SANTOS ORELLANA, CELIA REYES SANDOVAL, CRISTINA MOLINA ÁLVAREZ, DAYSI DALILA ÁLVAREZ RODRIGUEZ, DAYSI LUZ LOPEZ MENDEZ, DIANA LEONORA MORAZÁN LANZA, DIANA REGINA RODRÍGUEZ CASTILLO, DILMA YANETH ESCOTO AMADOR, DINA ELIZABETH HERRERA NUÑEZ, EDRIS CRISTINA MONTOYA BOYD, ELIA IVONNE MURILLO PINEDA, ELSA LIDIA ZUNIGA ALVAREZ, ELSY CONCEPCION ESTRADA MACHIGUA, ENMA LETICIA GOMEZ HERNANDEZ, EVA MARINA LAMOTHE SORTO, EVELIA DEL SOCORRO ANTUNEZ PUERTO, FAUSTINO RAMOS ALLEN, GALAYAT LEREANS ZELAYA, GLADYS ZONIA RODRÍGUEZ TERUEL, GLORIA ONDINA GONZALEZ, GUADALUPE BANEGAS REAÑOS, INGRID JAMILETH LAGOS ACOSTA, IRIS MARLEN FONSECA PINEDA, IRIS YOLANDA MIGUEL FERNANDEZ, JORGE TELESFORO DURÁN NUÑEZ, JOSE ARTURO OQUELI RAMOS, JOSE ISABEL ALVAREZ GARCIA, JUSTA ARGENTINA CACERES SOLIS, LEDIZ YOLANDA VASQUEZ SIERRA, LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LEXVY REGINA ZELAYA GUERRERO, LEYLA GUADALUPE RODRÍGUEZ SIERRA, LIGIA PASTORA CRUZ, LIGIA VIOLETA RUIZ REYES, LIRIAN MILDRED EUDE GABRIEL, LORENA CECILIA HERNANDEZ COLINDRES, LOURDES LUCILA CONTRERAS ESCALANTE, LOURDES SUYAPA JIMÉNEZ CASTELLANOS, LUCIDALIA CARRANZA, MAIRA LETICIA CAMPOS MARTINEZ, MANUEL DE JESUS TORRES SALAZAR, MARIA CONSUELO OSORIO PAZ, MARÍA MAGDALENA MARTÍNEZ PALACIOS, MARIANO ENRIQUE GUARDADO PINEDA, MARIO YEMIL GARCIA AVILA, MARITZA JANETH HERNÁNDEZ CRUZ, MARLENE CASTILLO SUAZO, MARLENE SUYAPA FLORES, MARTA MELITINA MEZA TEJEDA, MARTA MERCEDES CASTILLO AGUILAR, MARTHA LIDIA RODRIGUEZ GALINDO, MARTHA LIZETH SIERRA MONCADA, MARTHA LIZETTE HERNÁNDEZ CRUZ, MERY SULAY SALGADO FUENTES, MÍRIAM NOHEMI PONCE LOPEZ, MIRIAM SUYAPA CASTILLO PINEDA, MIRIAN SUYAPA ESCOBAR VILLATORO, MIXI SOBEYDA ESPINAL OSEGUERA, NERY FLORINDA YANES, NILVIA ELIZABETH ACOSTA MALDONADO, NORVIA JANETH MARTÍNEZ ZELAYA, NUVIA MILAGRO ÁVILA DOBLADO, OLGA MARINA CASTILLO GAMEZ, PABLO EMILIO GARCIA VALLE, PABLO RAMOS ALLEN, PAULA DILCIA TINOCO HERNANDEZ, PEDRO GONZÁLEZ VALLADARES, REINA ISABEL TEJADA PACHECO, RONY ONIEL SALGADO OVIEDO, SELMA ODALIS PUERTO RODRÍGUEZ, SELVIN ROBERTO PAZ CASTELLANOS, SONIA MARYBEL GARAY SANTOS, SULMA MERCEDES MARADIAGA, TERESA DE JESÚS CÁRDENAS MEDRANO, THELMA LISETTE RUIZ HERNANDEZ, WALDINA ELIZABETH RODAS LEIVA, WILBERTO ERAZO SANDOVAL, XIOMARA INES OSEGUERA MARTINEZ, ZOILA ESPERANZA GARCIA LOPEZ; todos mayores de edad, hondureños, con domicilio en diversos lugares del país, DOCENTES (PROFESORES DE EDUCACION), contra la resolución administrativa No.CI-ASL/089/21-03-2023 emitida por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), en fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, aprobada en sesión ordinaria del Directorio de Especialistas contenida en el acta No.08-2023, que declaró improcedente la solicitud de beneficio de jubilación de los representados del abogado VICTOR MANUEL MURILLO LARA. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado VICTOR MANUEL MURILLO LARA en su condición de apoderado de los señores designados en el preámbulo de esta sentencia, interponiendo acción de amparo contra la resolución administrativa No.CI-ASL/089/21-03-2023 emitida por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), en fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, aprobada en sesión ordinaria del Director de Especialistas contenida en el acta No.08-2023, que declaró improcedente la solicitud de beneficio de jubilación de los poderdantes del abogado VICTOR MANUEL MURILLO LARA. 2) En fecha cuatro de septiembre de dos mil veintitrés la Sala Constitucional tuvo por admitido el recurso de mérito, y ordena librar comunicación a la entidad recurrida, a efecto de dentro del plazo de dos días remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 51 al 53 del recurso). 3) En fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, la Comisión Interventora del Instituto Nacional del Previsión del Magisterio rindió el informe correspondiente, en virtud de lo ordenado por la Sala de lo Constitucional, en el cual establecen entre otros aspectos los siguientes: “…POR TANTO: La Comisión Interventora del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), con fundamento en los artículos: 59, 60, 62, 70, 80, 205, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República; 1, 5, 6, 17, 40, 42, 43, 44, 1346, 1347, 2370 y demás aplicables del Código Civil; 7, 8, 48, 52, 54, 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 40, 43 y demás aplicables de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 3, 4, 9, 14, 48, 78, 79, 93, 121, 124, 125, 127, 132, 133 y demás aplicables de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio contenida en el Decreto Legislativo No.247-2011; Memorándum GB-No.45-2021, Memorándum No.195/28-02-2022 D.A.L, Memorándum No.ACT-133-2022, Memorándum No. 135/13-03-2023 A.S.L., Memorándum No.GB-47- 2023, Memorándum No. 140/14-03-2023 A.S.L., Memorándum DAF-46-2023, Memorándum No.142/15-03-2023-A.S.L., Memorándum No.SG-285-2023 y la Opinión Jurídica emitida por la Asesoría de Servicios Legales. RESUELVE: PRIMERO: Que ha quedado plenamente comprobado para EL INPREMA que los Reclamantes: 1) Ruth Maribel Antúnez Rivera, 2) Sonia Patricia Lara Godoy, 3) Luz Argentina Soto Lobo, 4) Julio Cesar Zuniga Rodriguez, 5) Felicitas Amalia Domínguez Doblado, 6) Anabel Cáceres Ramos, 7) Rosibel Ramos Cáceres, 8) Blanca Luz Domínguez Cáceres, 9) Luz Marina Zúñiga Zúniga, 10) Maria Isabel Flores Medina, 11) Mario Aníbal Zuniga Zúniga, 12) Martha Alicia Amador Zuniga, 13) Marcos Abilio Canaca Canaca, 14) Rosmeri Maribel Urmeneta Coello, 15) Laura Jiménez Martínez, 16) Dinora Guadalupe Carbajal Rodas, 17) Isabela Argentina Colindres Canales, 18) Hazel Paireth Sánchez Moncada, 19) Alba Luz Lara Godoy, 20) Rafaela Adelina Castellanos Núñez, 21) Hermes Danny Medina Moncada, 22) Betulia Maris tila Casco, 23) Ruby Mariluz Cerrato García, 24) Hilda Yudith Cerrato García, 25) Jorge Darío Andino Lagos, 26) Melba Noemi Coello Diaz, 27) Tirza Maribel Osorto Escobar, 28) Gloria Marina Ramírez Navas, 29) Eva Lucila Carias Ferrari, 30) Alba Aracely Ramírez Varela, 31) Mery Mondragón Banegas, 32) Maria Janeth Osorio Olivares, 33) Raúl Antonio García, 34) Glenda Lidie Guzman Curry, 35) Reina Suyapa Ortiz Ortiz, 36) Sandra Isabel Ordoñez Cáceres, 37) Ruby Carol Zelaya Romero, 38) Elia Susana Pineda Salgado, 39) Yolanda Vargas Valdez, 40) Héctor Alonso Figueroa Toruño, 41) Franklin Bladimiro Mejía Cerrato, 42) Durian Lorely Chávez Obando, 43) Maria Miriam Ramos Argueta, 44) Bertha Lidia Martínez Matamoros, 45) Esmelda Martínez Matamoros, 46) Bessy Yaneth Flores Banegas, 47) Rita Maribel Servellón Gálvez, 48) Dalsy Yolany Torres Rubio, 49) Dilcia De Jesús Reyes, 50) Elmer Naamán Gómez Hernández, 51) Ana Beatriz Ventura Sagastume, 52) Silvia De Los Ángeles Poveda Pastor, 53) Tulio Rigoberto Díaz Martínez, 54) Jose Orlando Sánchez Bonilla, 55) Cenia Yadira Gálvez Ávila, 56) Antonia Isabel Guillen Estrada, 57) Delia Argentina Zaldívar Mejía, 58) Gioconda Maribel Pineda Pineda, 59) Alberto Banegas Ramon, 60) Nelys Suyapa Hernandez Nieto, 61) Nelda Liliana Palma Villatoro, 62) Santano Rubio Fuentes, 63) Noé Alex Alvarado Espinoza, 64) Ronaldy Geovanny Sosa Lazo, 65) Mary Lizeth Romero Jiménez, 66) Hilsa Melida Romero Giménez, 67) Sandra Elizeth Canales Molina, 68) Daisy Jerónima Canales Molina, 69) Mari Matamoros Martínez, 70) Aida Amparo Alvarado Espinoza, 71) Nelson Castillo Colindres, 72) Gleni Doralina Ruiz Hernández y 73) Gregoria Del Carmen Cárdenas Gálvez. Ni antes de la Derogación del Decreto Legislativo 1026 del 15 de julio del año de 1980, ni durante la "VACATIO LEGIS", de la Ley contenida en el Decreto Legislativo No. 247-2011, actualmente en vigencia, cumplían con el requisito mínimo de cincuenta (50) años de edad y/o diez (10) años de servicio establecidos en los artículos 68 y 69 del Decreto Ley 1026 del 15 de julio del año de 1980, cuya vigencia finalizó el veintitrés (23) de enero del año dos mil doce (2012).- SEGUNDO: Que los Docentes Reclamantes: 1. Maria Encarnación Gómez Urrea, 2. Sofia Isabel Sanabria Banegas, 3. Caridad Del Carmen Barahona Hernández, 4. José Luis Matute, 5. José Nelson Licona Palacios y 6. Joaquín Antonio Flores García, en el mes de enero del año dos mil doce (2012), cumplían con los requisitos mínimos de años de edad y de años de servicio que mandaban los artículos 68 y 69 de la DEROGADA Ley de EL INPREMA; No obstante, ni antes de la Derogación del Decreto Ley 1026 del 15 de julio del año de 1980, ni durante la "VACATIO LEGIS" de la Ley contenida en el Decreto Legislativo No. 247-2011, presentaron la SOLICITUD EXPRESA peticionando ante EL INPREMA el disfrute del "BENEFICIO DE JUBILACIÓN VOLUNTARIA".- TERCERO: Que los Docentes Reclamantes: 1. Gioconda Maribel Pineda Pineda, 2. Hermes Danny Medina Moncada, y 3. Jorge Darío Andino Lagos, gozan del BENEFICIO DE PENSIÓN POR VEJEZ, otorgado por EL INPREMA al amparo de la Ley contenida en el Decreto Legislativo No. 247-2011, misma que es categórica al indicar que un beneficio otorgado es un beneficio consumado.- CUARTO: Que se Declare IMPROCEDENTE, conforme a la recomendación de la Asesoría de Servicios Legales, el Reclamo Administrativo contenido en el Expediente Administrativo No. 18-A-2019, promovido ante EL INPREMA por el Abogado Víctor Manuel Murillo Lara como Apoderado Legal de los Docentes: 1) Ruth Maribel Antúnez Rivera, 2) Sonia Patricia Lara Godoy, 3) Luz Argentina Soto Lobo, 4) Julio Cesar Zuniga Rodriguez, 5) Felicitas Amalia Domínguez Doblado, 6) Anabel Cáceres Ramos, 7) Rosibel Ramos Cáceres, 8) Blanca Luz Domínguez Cáceres, 9) Luz Marina Zúñiga Zúniga, 10) Maria Isabel Flores Medina, 11) Mario Aníbal Zuniga Zúniga, 12) Martha Alicia Amador Zuniga, 13) Marcos Abilio Canaca Canaca, 14) Rosmeri Maribel Urmeneta Coello, 15) Laura Jiménez Martinez, 16) Maria Encarnación Gomez Urrea, 17) Dinora Guadalupe Carbajal Rodas, 18) Isbela Argentina Colindres Canales, 19) Hazel Paireth Sanchez Moncada, 20) Alba Luz Lara Godoy, 21) Rafaela Adelina Castellanos Núñez, 22) Hermes Danny Medina Moncada, 23) Betulia Maristila Casco, 24) Ruby Mariluz Cerrato García, 25) Hilda Yudith Cerrato García, 26) Jorge Darío Andino Lagos, 27) Sofia Isabel Sanabria Banegas, 28) Caridad Del Carmen Barahona Hernandez, 29) Jose Luis Matute, 30) Melba Noemi Coello Diaz, 31) Tirza Maribel Osorto Escobar, 32) Gloria Marina Ramírez Navas, 33) Eva Lucila Carias Ferrari, 34) Alba Aracely Ramírez Varela, 35) Mery Mondragón Banegas, 36) Maria Janeth Osorio Olivares, 37) Raúl Antonio Garcia, 38) Glenda Lidiet Guzman Curry, 39) Reina Suyapa Ortiz Ortiz, 40) Sandra Isabel Ordoñez Cáceres, 41) Ruby Carol Zelaya Romero, 42) Elia Susana Pineda Salgado, 43) Yolanda Vargas Valdez, 44) Héctor Alonso Figueroa Toruño, 45) Franklin Vladimiro Mejía Cerrato, 46) Durian Lorely Chávez Obando, 47) Maria Miriam Ramos Argueta, 48) Bertha Lidia Martínez Matamoros, 49) Es melda Martínez Matamoros, 50) Bessy Yaneth Flores Banegas, 51) Rita Maribel Servellón Gálvez, 52) Dalsy Yolany Torres Rubio, 53) Dilcia De Jesús Reyes, 54) Elmer Naamán Gómez Hernández, 55) José Nelson Licona Palacios, 56) Ana Beatriz Ventura Sagastume, 57) Silvia De Los Ángeles Poveda Pastor, 58) Tulio Rigoberto Díaz Martínez, 59) Jose Orlando Sánchez Bonilla, 60) Cenia Yadira Gálvez Ávila, 61) Antonia Isabel Guillen Estrada, 62) Delia Argentina Zaldívar Mejía, 63) Gioconda Maribel Pineda Pineda, 64) Alberto Banegas Ramon, 65) Joaquín Antonio Flores García, 66) Nelys Suyapa Hernandez Nieto, 67) Nelda Liliana Palma Villatoro, 68) Santano Rubio Fuentes, 69) Noé Alex Alvarado Espinoza, 70) Ronaldy Geovanny Sosa Lazo, 71) Mary Lizeth Romero Jiménez, 72) Hilsa Melida Romero Giménez, 73) Sandra Elizeth Canales Molina, 74) Daisy Jerónima Canales Molina, 75) Mari Matamoros Martínez, 76) Aida Amparo Alvarado Espinoza, 77) Nelson Castillo Colindres, 78) Gleni Doralina Ruiz Hernández y 79) Gregoria Del Carmen Cárdenas Gálvez; en virtud de que, los Reclamantes NO puede alegar desconocimiento o ignorancia de la Ley, en el sentido de que la Ley de EL INPREMA aprobada mediante el Decreto Ley Número 1026, del 15 de julio 1980, fue DEROGADA de manera EXPRESA, volviéndose de cumplimiento estricto la Ley contenida en el Decreto Legislativo No. 247-2011, a partir de su entrada en vigencia; debiéndose cumplir con lo establecido en nuestro Código Civil, respecto de que si una nueva ley amplía o restringe las condiciones necesarias para ejecutar ciertos actos o adquirir determinados derechos, dicha ley debe aplicarse inmediatamente a todas las personas que comprende.- QUINTO: Que en el caso del Reclamante Héctor Guadalupe Mejía Mayen, ha quedado plenamente acreditado su fallecimiento, acontecido el diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), correspondiendo a sus Beneficiarios Legales proceder a peticionar ante EL INPREMA el "Beneficio de Separación del Sistema por Muerte" reconocido en el artículo 48 de la Ley contenida en el Decreto Legislativo No. 247-2011.-SEXTO: Que los Reclamantes que cumplen con los requisitos mínimos de edad y años de servicio establecidos en los artículos 78 y 121 de la Ley contenida en el Decreto Legislativo No. 247-2011, se encuentran facultados para peticionar ante EL INPREMA el otorgamiento y disfrute del "BENEFICIO DE PENSIÓN POR VEJEZ".-SÉPTIMO: Que los Reclamantes que no cumplen a la fecha con el requisito de edad y/o años de servicio para el disfrute del "BENEFICIO DE PENSIÓN POR VEJEZ", que acreditan como mínimo diez (10) años de servicio al momento de haber entrado en vigencia la Ley contenida en el Decreto Legislativo No. 247-2011 y después de cumplidos los cincuenta (50) años de edad, se encuentran facultados para peticionar ante EL INPREMA el disfrute de la "RENTA ACTUARIAL" referida en el antepenúltimo párrafo del artículo 125 de Ley citada, sin que les aplique la tabla de gradualidad contenida en el artículo 121.-OCTAVO: Se instruye a la Secretaria General y la Gerencia de Beneficios, recepcionar y evacuar con carácter prioritario las Solicitudes de Otorgamiento del Beneficio de Pensión por Vejez y Renta Actuarial que presenten ante EL INPREMA los Docentes Reclamantes que cumplen con los requisitos exigidos para su disfrute y que se encuentren contenidos en el Expediente Administrativo No. 18-A-2019, con el objeto de acreditar el cumplimiento del asumidos por este Instituto Previsional con este grupo de Docentes y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), respecto de tramitar el Beneficio que por Ley le corresponde de manera preferente.-NOVENO: Comunicar la presente Resolución a la Secretaria General de EL INPREMA para los efectos legales que corresponde entre estos, la comunicación de la presente Resolución a la Gerencia de Beneficios; Asesoría de Servicios Legales y Departamento de Derechos Humanos, este último para el seguimiento respectivo.- DÉCIMO: Contra la Presente Resolución cabe el Recurso de Reposición. - NOVENO: La presente Resolución es de Ejecución Inmediata... Queda aprobado por Unanimidad. F) y S) HÉCTOR WILFREDO DÍAZ ROMERO, Comisionado Presidente. F) Y S) JORGE ADALID RODRÍGUEZ MURILLO, Comisionado Adjunto. F) y S) FRANCISCO ALBERTO BOCANEGRA MURCIA, Comisionado Adjunto. NOTIFIQUESE...”. (Folios 71 al 90 del recurso) 4) En fecha dieciséis de febrero del dos mil veinticuatro, la Sala tuvo por formalizada en tiempo y forma la acción constitucional de amparo de que se ha hecho mérito, y se ordena dar vista de los autos al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera su dictamen. (Folio 171 del recurso). 5) En fecha treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, la Sala tuvo por evacuada la vista concedida al fiscal del Despacho, y por emitido el Dictamen de su Fiscal la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, quien fue de la opinión de que: “SE OTORGUE la acción de amparo presentada, de conformidad a las premisas expuestas. (folios 174 al 189 del recurso) CONSIDERANDO (1): Es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): La acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Se recurre en amparo contra la Resolución Administrativa CI-ASL/089/21-03-2023, dictada por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023), que declaró improcedente la solicitud de beneficio Jubilación de los señores ALBA LUZ LARA GODOY, JOSE NELSON LICONA PALACIOS Y EL RESTO DE PERSONAS MENCIONADAS EN EL PREÁMBULO DE ESTA SENTENCIA. Estimando los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado, en perjuicio de sus representados, los derechos consignados en los artículos 1, 60, 61, 82, 90 y 96 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (4): El recurrente en la formalización de la acción de amparo manifiesta como derechos constitucionales que se consideran violentados. “a) Derecho de Jubilación, que lo considera consignado en el artículo 1 de la Constitución de la República que establece: “Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social” a favor de todos y cada uno de sus poderdantes. Aclara que honduras garantiza a todos los hondureños el goce a la justicia social, lo que incluye una jubilación digna, efectiva y reglada en todos los instrumentos procesales, que son necesarios para la satisfacción de los intereses de las partes y, en especial, para garantizar la no vulneración de derechos fundamentales, por ejemplo, para la obtención de una jubilación congruente con lo solicitado, en su caso, y conforme al procedimiento previamente establecido. B) Derecho a la aplicación del principio de no retroactividad de la Ley de INPREMA que fue aprobada por el Congreso Nacional, mediante el Decreto Legislativo No. 247-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, No. 32,701, en fecha 22 de diciembre de 2011. La Constitución de la República en su artículo 96 configura el derecho de las personas al respeto y vigencia del principio de no retroactividad, al declarar, que: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente procesado”. Es imperioso definir que el principio de irretroactividad de la ley funciona como una salvaguarda jurídica para las y los ciudadanos, mediante la cual no se puede aplicar una ley emitida posteriormente en detrimento de una situación jurídica creada por una normativa legal previa, es decir, cambiar las condiciones jurídicas en la que se perfeccionó un derecho. Este principio es reafirmado convencionalmente, al advertirlo la Convención Americana de Los Derechos Humanos (en adelante CADH), en su artículo 9. “....Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. Tales normas nos llevan a establecer que solo excepcionalmente se podrá aplicar retroactivamente una ley, cuando sea en materia penal y ésta favorezca al reo o imputado, por lo tanto, la regla general es clara, no existe forma de que una ley tenga efecto retroactivo sino es con la salvedad anteriormente planteada. En nuestro caso particular, la Ley de INPREMA de 1980 generó condiciones jurídicas particulares respecto al derecho de jubilación y demás derechos previsionales de nuestros representados y representadas, quienes iniciaron a participar en el régimen de aportación previsional bajo el requerimiento mínimo de 50 años de edad y diez años de servicio continuo o alternos, para acceder al derecho de jubilación, con un crédito unitario fijo del 3%, con un cálculo del salario base mensual tomando como referencia los últimos 36 meses de servicio y estableciendo como límite máximo de monto mensual de jubilación el 90% del sueldo promedio obtenido; condiciones que pedimos fueran tuteladas por el Directorio de Especialistas de INPREMA en vista que, fueron modificadas por la Ley de INPREMA de 2011 para los docentes que ingresaron al sistema de previsión después de entrada en vigencia dicha ley, mas no para quienes ingresaron con anterioridad ya que según el principio constitucional de irretroactividad de la ley no eran susceptibles de aplicarles dicha normativa. Violentando el derecho de no retroactividad de la ley, declaró improcedente la solicitud de jubilación mediante la aplicación a la Ley de INPREMA de 1980 promovida por esta representación; aun cuando la única decisión posible era tutelar el derecho de jubilación de nuestros representados, no obstante, violentó la norma constitucional restringiendo el derecho de jubilación de nuestros representados y representadas, en consideración que la normativa de la Ley de INPREMA de 1980 no esté vigente, inobservado que -la aplicación de la Ley de INPREMA de 2011 disminuye la categoría del derecho de jubilación a una “pensión por vejez” e impone una tabla de gradualidad para calcular la referida pensión, tabla que gravosamente aumentaría a nuestros representados la edad mínima requerida para acceder a este derecho a 57 años y 16 años de cotización, extendiendo los requisitos mínimos para optar a la pensión en 7 años de edad y 6 de servicio y cotización, respectivamente. Por otra parte la ley de 2011, reduce el monto mensual de la jubilación en 1/3 de su porcentaje, el monto mensual acumulado de jubilación en un 10% y aumenta en 114 meses el rango para calcular el salario básico mensual, disposiciones que de manera notoria y altamente gravosas, limitan el derecho de jubilación ya perfeccionado por nuestros representados antes de la vigencia de la ley de 2011, por lo tanto, es indiscutible que la ley de IMPREMA de 2011, NO PUEDE APLICARSE DE NINGUNA MANERA, a nuestros representados y representadas de manera retroactiva, en vista que modifica las condiciones jurídicas en que se instituyó su derecho de jubilación, además tal aplicación ilegal de la ley de 2011 es limitativa de los derechos previamente adquiridos por mis representados. El recurrente hace notar que la Sala de lo Constitucional, mediante sentencia de fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, pronunciada en el recurso de amparo SCO 0299-2018, se pronunció sobre la vulneración de este principio y es sobre esta base jurisprudencial, que se afirma que el derecho a la jubilación de nuestros mandantes constituye un derecho adquirido e incorporado a su patrimonio, razón por la cual, al estudiar la aplicación de la ley en el tiempo, así como los efectos que surte el empleo del principio de irretroactividad, surge el concepto del derecho adquirido como un impedimento para que pueda aplicarse una nueva disposición legal, perjudicial para los ciudadanos, a las situaciones jurídicas consolidadas bajo el imperio de la ley anterior (ley de IMPREMA de 1980). Exponen los recurrentes que, las situaciones jurídicas consolidadas a la luz del principio de irretroactividad de la ley, son incompatibles con nuevas condiciones y términos normativos que se crean ulteriormente, es decir, no se pueden modificar a razón de que los términos y condiciones pre establecidas determinan un marco jurídico de legalidad, el cual no puede ser reformado o sustituido por otro nuevo en perspectiva de regresión de derechos, porque esto significaría la vulneración de la seguridad jurídica que prevé regular la norma primigenia. En ese sentido, la resolución impugnada, que declaró improcedente la solicitud del derecho de jubilación de acuerdo a lo contemplado en la Ley de Previsión del Magisterio (decreto 1026 de 15 de julio de 1980), así como las acciones violatorias, condicionadas a posturas de cierre de diligencias, según el IMPREMA, para que los amparistas perdieran el derecho, son DERECHOS IRRENUNCIABLES, específicamente los actos documentados en las actas de consentimiento que fueron firmadas bajo protesto. c) Derecho de no discriminación, igualdad ante la ley, derecho de defensa y debido proceso consignado en los artículos 60, 61, 82 y 90 de la Constitución de la República. Arguye el accionante que los derechos enunciados han sido vulnerados por el IMPREMA pues ha existido un trato desigual y discriminatorio contra sus poderdantes, debido al trato que se les dio al hacerles firmar un consentimiento para liberar ala Instituto de toda responsabilidad pasada, presente y futura y en detrimento de su derecho de jubilación, asimismo se ha vulnerado el derecho de defensa y debido proceso, en cuanto a que hasta la fecha los maestros al firmar dicho consentimiento bajo protesto, sabiendo IMPREMA que se trata de derechos irrenunciables, lacerando su derecho y también se les vulneró el derecho de defensa, en cuanto a que dicho consentimiento no le permite a sus representados exigir lo que en realidad les corresponde pues el IMPREMA se libera de responsabilidad pasada, presente y futura en la redacción de dicho documento, lo que se considera violatorio del derecho de defensa. d) Derecho a garantizar el principio de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y su efecto en el derecho humano a la jubilación, Art. 64 Constitucional. La Constitución de la República, en su artículo 63, configura el derecho de las personas al respecto y cumplimiento del principio de progresividad de los derechos fundamentales, al declarar, que: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre". En ésta misma lógica y de modo coherente con lo prescrito en el artículo anteriormente descrito, la Constitución prevé la no regresividad de los derechos, al establecer, en el artículo 64, que "No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidos en esta Constitución si los disminuyen, restringen o tergiversan". “…De la literalidad de las disposiciones constitucionales referidas se establece el reconocimiento expreso de la obligación de progresividad de los derechos y de la no regresividad de los mismos, respectivamente; lo cual implica para el Estado en el caso concreto, a través del Directorio de Especialista del INPREMA el instar el desarrollo progresivo del régimen de seguridad social que obliga a implementar en forma gradual y progresiva un sistema que cada vez cubra más riesgos en razón de edad, muerte o invalidez. La Comisión Americana de Derechos Humanos, CADH establece el principio de progresividad de los derechos en su artículo 26: "Desarrollo Progresivo.- Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados". Manifiesta el recurrente, que sirve de norma interpretativa para el artículo 26 de la CADH, el artículo 29 del mismo cuerpo legal, ya que delimita qué ninguna disposición de la CADH puede ser interpretada en el sentido de "limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados", en ese sentido, ya dicha norma nos plantea una primera aseveración que reafirma la prohibición de limitar derechos y libertades de las y los ciudadanos. El principio de progresividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante DESC) se encuentra regulado en el artículo 2, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante PIDESC) el cual prescribe que: "Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos". La indivisibilidad de los derechos humanos es una característica común a cada uno de los derechos, en el caso de los DESC adquiere mayor preponderancia este principio en vista de que para cumplir con la completa efectividad de éstos es necesario que se adopten ya sea "medidas" o "providencias" destinadas a cumplir paulatinamente con todos los derechos consagrados en el PIDESC y la Carta de la OEA, comprendiendo la mutua interrelación entre cada uno de los derechos consagrados en dichos instrumentos. Es así que surgen obligaciones derivadas de la expresión "progresivamente", éstas, según el Comité DESC se clasificarían de la siguiente manera: 1) La obligación de mejorar continuamente el disfrute de los derechos; y, 2) La obligación de abstenerse de tomar medidas deliberadamente regresivas. Respecto a la primera obligación, a los Estados les compete "adoptar medidas". No se trata de una obligación a futuro, por el contrario, cualquiera sea el nivel de desarrollo de los Estados ellos están obligados a adoptar medidas (y continuar adoptándolas) desde el momento de entrada en vigor del Pacto". De acuerdo a esa obligación normativa asumida e impuesta a los Estados que plantea la progresividad de los derechos DESC, tanto en los demás derechos así como en el derecho de seguridad social (en el que se incluye la jubilación), estos Estados deben "avanzar continuamente" en adoptar medidas para hacer efectivos los DESC; en nuestro caso en concreto, el Estado de Honduras, a través del Directorio de Especialista de INPREMA, estaba obligado a declarar procedente la solicitud promovida por nuestros representados en virtud que promulgaba per se el avance progresivo del derecho de jubilación, extremo que no sucedió por lo cual se solicita mediante la presente acción se tutele este aspecto del referido principio. En cuanto a la segunda obligación derivada de la "progresividad" de los principios de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales DESC, ésta implica que "todas las medidas estatales de carácter deliberadamente retroactivo [regresivo] (...) requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga". Para el Comité de los DESC, son medidas regresivas aquellas que empeoran el nivel de ejercicio o el goce de un derecho consagrado en el Pacto, por eso, en varias ocasiones ha establecido que "si se adoptan medidas deliberadamente regresivas, corresponde al Estado Parte demostrar que se han aplicado tras un examen sumamente exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente justificadas por referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el Pacto en el contexto de la plena utilización del máximo de los recursos de que dispone el Estado Parte:". CONSIDERANDO (5): Sigue manifestando el impetrante, en cuanto al derecho de jubilación, aunque el Comité de los DESC no se ha pronunciado sobre éste en sus observaciones generales, cabe destacar que, solo se podrían adoptar las medidas regresivas contenidas en la Ley de INPREMA de 2011 si él Estado hondureño hubiera cumplido con lo preceptuado supra, es decir, que el Estado haya acreditado que dichas medidas regresivas, en cuanto a la disminución de los requisitos y alcances del derecho de jubilación estaban justificadas y fueron la respuesta a circunstancias ajenas a su voluntad, extremo que en ningún momento se acreditó, por lo tanto, la Ley de INPREMA de 2011 viola flagrantemente el artículo 2.1 del PIDESC, respecto a la progresividad de los derechos DESC, en consecuencia, la propia resolución de la cual se solicita amparo desconoce tal obligación, por lo que evidentemente violenta el derecho de seguridad social en relación con el derecho a la jubilación de nuestros representados y representadas, ya que no es justificable, bajo ningún causa, la aplicación de una norma regresiva de los referidos derechos ya que sería contradictoria con los estándares internacionales relacionados. Además, en términos de los derechos adquiridos por nuestros representados no existe justificación posible, de ninguna decisión regresiva porque como lo indicó la Corte IDH, en el caso de los cinco jubilados (pensionados) peruanos, estas prestaciones, incluyendo la jubilación, entraron a formar parte del patrimonio de nuestros representados de manera individual, en todo caso, podría discutirse si es justificable o no la regresión de estos derechos para los docentes que ingresaron al INPREMA a partir de la vigencia de la nueva ley en 2011. El Comité de los DESC ha establecido, además, que la adopción de una legislación, práctica o política pública que disminuya el nivel de disfrute de los derechos por parte de los individuos es un ejemplo de medidas consideradas deliberadamente regresivas. Dentro de este tipo de medida regresiva podemos enmarcar la adopción de la ley de INPREMA de 2011 la cual operó en detrimento de los derechos de jubilación adquiridos con la Ley de INPREMA de 1980. Por otra parte, y haciendo referencia a la legislación hondureña, la Ley General de la Administración Pública, consecuente con lo establecido en los artículos 15, 16 Y 17 constitucionales, establece en su artículo 7, que, los actos de la Administración Pública, deberán ajustarse a la siguiente jerarquía normativa: La Constitución de la República y los Tratados Internacionales ratificados por Honduras; de igual forma, en su artículo 8 establece que, los órganos y entidades de la Administración Pública no podrán reconocer, declarar o limitar derechos de los particulares, sino tienen atribuidas por Ley tales potestades; y, ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidas por la Constitución de la República, por lo cual, sirva la observancia de toda la normativa citada y desarrollada a fin de garantizar el derecho a la jubilación y demás derechos contenidos en la ley de 1980 en la amplitud y alcance que ésta establece, entendiendo que bajo esta normativa debe regirse la relación de nuestros representados y representadas con el INPREMA. Con el mismo énfasis, el artículo 76 de la Ley de INPREMA de 1980 a la que expresamente se acogen nuestros representados y representadas establece que: Las prestaciones establecidas por la presente ley, constituyen derechos irrenunciables e inalienables y nadie puede ser privado de ellos, en todo o en parte, sino en los casos que expresamente se prescriba lo contrario... ".- La resolución No. CI-ASL/089/21-03-2023, es contraria absolutamente al principio de progresividad de los DESC y deja en desprotección el derecho de jubilación de nuestros representados y representadas, por lo que resulta imprescindible que tal derecho sea tutelado de manera directa, a través del control de constitucionalidad y convencionalidad que esta honorable Sala haga, subsiguientemente es necesario que se establezca la violación del referido derecho y tutele el mismo a través de un fallo favorable a este recurso de amparo. CONSIDERANDO (6): En el acápite quinto del escrito de formalización de la acción de amparo, los recurrentes peticionan que: “SE GARANTICE APLICACIÓN DE CRITERIOS Y ESTANDARES DEFINIDOS y RATIFICADOS POR TRIBUNALES INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.” Al respecto apunta lo señalado en el artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que establece: "Las disposiciones de esta ley se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. Se interpretarán y aplicarán de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales Internacionales." Así las cosas, el Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA) a través de su resolución proferida bajo el No. CI-ASÑ/089/21-03-2023, confirmada, confirmada y que ahora cuestionamos, ignoró completamente y no asumió la motivación obligada sobre las especificidades de la petición para el goce y disfrute pleno de los derechos de nuestros poderdantes, tal como se lo manda la ley de procedimientos administrativos en sus artículos 19, 24 Y 25 y lejos de hacer una mínima consideración a las prerrogativas en perspectiva derivadas de la aplicación de la ley de INPREMA de 1980, sobre los derechos adquiridos y previstos en los principios constitucionales relacionados, de lo establecido al respecto en la CADH y el PIDESC, se avocó a sustentarla simplemente en las disposiciones de la normativa actual que no guardan ninguna pertinencia, pues es la misma ley que deviene cuestionada por esta vía de amparo, en razón de los incuestionables quebrantamientos a los derechos y preceptos constitucionales supra relacionados. La respuesta brindada por el Directorio de Especialistas del INPREMA a lo demandado legítimamente en la solicitud de jubilación incoada por nuestros representados y representadas, se basó en argumentos superficiales, de orden formal, distanciados totalmente del fondo planteado respecto de las contravenciones constitucionales y de convenios de derechos humanos alegadas, dejando diáfanamente establecida la grave violación de los preceptos constitucionales supra relacionados. El Directorio de Especialistas del INPREMA simplemente determina la IMPROCEDENCIA DE LA PETICION, que la ley vigente del INPREMA contenida en el D.- 247-2011, fue aprobada por el Congreso Nacional de la República, dejó sin valor ni efecto la Ley de INPREMA contenida en el Do. 1026-1980 (Considerando 7); que deroga la ley del 15 de julio de 1980 (Considerando 8); que el Instituto, durante la vacatio legis de la ley actual, recibió "solicitudes de beneficio de jubilación voluntaria" (Considerando 9); que la petición formulada es improcedente por haber sido efectuada al amparo de una Ley cuyas disposiciones no tienen efecto alguno; correspondiéndole a los peticionarios presentar ante el INPREMA la solicitud de "beneficio de pensión por vejez" ... , según el tenor del artículo 121 de la Ley de INPREMA actualmente en vigencia (Considerando 14); y, que el departamento de asesoría legal del INPREMA, DICTAMINÓ: "UNICO: Que se declare INPROCEDENTE la solicitud de Prestación del Derecho de Jubilación ... " (Considerando 15); describe las atribuciones del Congreso Nacional según el artículo 205 constitucional, igual lo previsto en el 221 sobre la obligatoriedad de la ley, y los referido en el 321 sobre las facultades de los servidores públicos (Considerando 16); refiere el artículos del Código Civil como el artículo 5 en relación a la obligatoriedad de la Ley, sobre el no alegar ignorancia sobre ella, según el artículo 6; y sobre no atribuirle otro sentido a la ley que el que resulta explícitamente de sus propios términos, según el artículo 17 (Considerando 17); sobre los artículos 42, 43 Y 44 del mismo Código Civil, en lo referente, por su orden, a la derogatoria de la ley, si esta es expresa o tácita; y como pueden ser ambas (Considerando 18); sobre la "pensión por vejez" de la ley vigente del 2011 (Considerando 19); sobre ámbito temporal de validez y trámite de solicitudes pendientes de resolución (Considerando 20); y, finalmente, sobre las atribuciones del Directorio de Especialistas del INPREMA, para resolver PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de : Prestación del derechos de jubilación.... En estos términos, la autoridad administrativa contra la cual va dirigido este recurso de amparo, ejecuta una colosal y obvia violación al deber de respeto y garantía del derecho humano a la jubilación que tienen nuestros representados y representadas y corresponde entonces a la justicia constitucional, a través de esta Sala, garantizar los derechos vulnerados permanentemente. La arbitraria imposición de la ley vigente del IMPREMA, es decir, la contenida en el Decreto No. 247-2011, al caso concreto de nuestros representados y representadas, en función de las expectativas materiales de jubilación planteadas desde que se volvieron oportunamente participantes del sistema previsional, es generadora de una multiplicidad de afectaciones negativas, fundamentalmente, en sus posibilidades económicas para enfrentar las demandas de salud, manutención básica, recreo, cultura y en general, para cubrir todos los aspectos vitales entendibles lógicos par una existencia digna, no solo en el plano de lo individual, sino que extensivo para el núcleo familiar en los días finales del o la beneficiaria. La resolución contra la cual pedimos amparo constituye una deliberada y flagrante transgresión a los derechos de nuestros mandantes, por el expreso incumplimiento por parte de las autoridades del IMPREMA a toda la normativa nacional e internacional que la regula su actuar institucional administrativo. CONSIDERANDO (7): La Constitución de la República en su Artículo 183 dispone que “El Estado reconoce la garantía de Amparo. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1. Para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece; y, 2. Para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por esta Constitución. El Recurso de Amparo se interpondrá de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (8): El Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional (de la finalidad de la acción y el derecho de pedirla), señala que: “El Estado reconoce la garantía de amparo. En consecuencia toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1. Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; 2.Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución”. CONSIDERANDO (9): La ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio contenida en el Decreto 1026 de fecha 15 de Julio de 1980, establece en el Artículo 68: “La jubilación es la renta vitalicia, pagadera con periodicidad mensual, a que tienen derecho los PARTICIPANTES que hayan cumplido un mínimo de diez años de servicios continuos o alternos, y cincuenta años de edad.” Y en el Artículo 69: “La jubilación podrá otorgarse por retiro voluntario u obligatorio. La jubilación por retiro voluntario, tendrá lugar cuando el PARTICIPANTE, ejercite su derecho en cualquier momento, a partir de la fecha de haber cumplido con los requisitos mínimos de edad y tiempo de servicio a que se refiere el artículo anterior. La jubilación por retiro obligatorio, tendrá lugar cuando el “PARTICIPANTE”, haya cumplido con el tiempo mínimo de servicio y alcanzado los sesenta años de edad.” CONSIDERANDO (10): En fecha veintidós (22) de diciembre de dos mil once (2011), se publicó una nueva ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio contenida en el Decreto No. 247-2011, publicada en el Diario oficial La Gaceta No.32,701; la cual entró en vigencia veinte días después de su publicación, es decir el 19 de enero de 2012, la cual disminuyó, en perjuicio de los docentes, las condicionantes requeridas para obtener entre los derechos sociales, el derecho a una jubilación, contrariando lo dispuesto en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que establece que los Estados se comprometen a que estos derechos no disminuyan, por el contrario, que vayan avanzando en beneficio de las personas, de manera progresiva. CONSIDERANDO (11): En el año dos mil diecisiete (2017), estando en vigencia de la Ley supra, varios docentes presentaron escritos solicitando se les otorgue el beneficio de la jubilación, habiéndoseles denegado mediante resolución administrativa No.CI-ASL/089/21-03-2023 emitida por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), en fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, aprobada en sesión ordinaria del Directorio de Especialistas contenida en el acta No.08-2023, que declaró improcedente la solicitud de beneficio de jubilación de los representados del abogado VICTOR MANUEL MURILLO LARA, aplicando la nueva ley. CONSIDERANDO (12): El artículo (7) del Código Civil, manda, al igual que el artículo 96 constitucional que, “Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley sea favorable al delincuente.” Establece ese mismo cuerpo legal que “Los conflictos que resulten de la aplicación de las leyes dictadas en diferentes épocas, se decidirán con arreglo a las disposiciones del título final de este Código.” Este artículo es complementario en tanto en cuanto, en la nueva ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, contenida en el decreto 247-2011, señala en su artículo 127, relativo al ámbito temporal de validez y trámite de solicitudes pendientes de resolución, Que “…Los casos que se encuentren en trámite, así como los actos otorgados y autorizados conforme a Decreto Ley No.1026 del 15 de julio de 1980, continuarán rigiéndose por dichas disposiciones, hasta el término del período por el cual fueron concedidos. CONSIDERANDO (13): Esta Sala de lo Constitucional, estima que en la interpretación de estas normas tiene lugar la fundamentación de la decisión, es decir, el artículo 96 constitucional y el 7 de la ley secundaria Código Civil, que establecen el respeto al principio de la irretroactividad de la ley, con relación al artículo 127 de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio contenida en el decreto 247-2011, que señala lo relativo al ámbito temporal de validez y aplicación de la nueva ley. Esta Sala hace suyo lo escrito por el Doctor Presentación Quezada en su libro, “Comentarios al Título Preliminar de Nuestro Código Civil”, quien en la página 48 cita a Baudry Lacantinerie que explica la retroactividad así; “Las leyes no deben mirar hacia atrás, deben ver solo hacia lo futuro. Ese es el principio.” Comenta el doctor Quezada: “…Sencillísimo al parecer; pero muy difícil cuando se trata de darle aplicación. Si los hechos ocurridos en el pasado produjeron ya todos sus efectos al emitirse la nueva ley, la cuestión no ofrece duda; serán regidos por la vieja ley y viceversa. Si cuando se emitió la ley nueva, los hechos no se habían verificado, tampoco cabe duda ninguna; se les aplicará la nueva ley. Más si los hechos se verificaron bajo la vigencia de la vieja, pero están pendientes aún algunos de sus efectos, ¿cuándo empieza a regir la ley nueva? ¿Qué ley se aplicará? La vieja o la nueva?...” CONSIDERANDO (14): Coincidimos con el Doctor Quezada quien manifiesta que la nueva ley debe suponerse siempre mejor que la anterior, cuando el legislador introduce una innovación lo hace indudablemente porque así lo exige la conveniencia pública, ya sea para reglamentar mejor la materia legislada, o ya para corregir los abusos existentes, el interés social exige, pues, que la nueva ley se aplique lo más pronto posible, pero ante este interés social, existen otros intereses particulares de gran importancia, intereses que deben respetarse igualmente, porque de otro modo ni el estado ni la fortuna de los miembros de la colectividad estarían garantizados y no sería posible la vida social. Tal sucede tratándose de derechos adquiridos, hay que respetar, pues, estos derechos;” Concluye señalando que la doctrina de la irretroactividad debe tener por base una doble consideración en primer lugar, el respeto al interés social y el respeto a los derechos adquiridos de los particulares. CONSIDERANDO (15): Con relación al tema de derechos adquiridos, esta Sala opina que no presenta ninguna dificultad si se entiende como derecho adquirido lo que ha entrado ya en nuestro patrimonio y forma parte de él (por ello no es aplicable el caso , sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que en dicho caso, los jubilados ya habían gozado varios meses de su jubilación, y en consecuencia de la aplicación de una nueva ley, la cantidad ya percibida se le mermo un porcentaje, incidiendo gravemente en su presupuesto para vivir). El problema podría surgir, ante el caso de que no haya entrado aun en nuestro patrimonio, por no haberse reconocido el beneficio y si es así, vale la interrogante, ¿cómo lo debemos considerar?, ¿cómo una simple expectativa? Es decir como una esperanza de adquirir determinado derecho? a estas interrogantes Don Presentación Quezada proporciona como ejemplo el requisito de la edad, y explica que “…una expectativa es la facultad concedida por la ley para adquirir un derecho, dependiendo su adquisición, de las condiciones establecidas por la misma ley más la voluntad de tenerlo, por ejemplo las herencias; un hijo podría tener la expectativa de heredar a su padre, es una esperanza, mas no un derecho, pues depende de la voluntad de aquel. No obstante; un derecho condicionado, se perfeccionará, explica, hasta que se cumplan las condicionantes que plasma el legislador en la ley. Ejemplo los derechos que se adquieren con la mayoría de edad se obtienen hasta cumplido el requisito de haberla obtenido, es decir el día en que se cumplen los veintiún años; hasta ese día se adquiere la capacidad legal, un día antes no se ha adquirido aún el derecho. Los derechos condicionados, no pueden ejercerse en cualquier tiempo, sino hasta que se cumple la condición, por ser verdaderos derechos con existencia propia.” CONSIDERANDO (16): En el presente caso, los recurrentes son del criterio que la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, aprobada mediante Decreto No. 1026 de fecha 15 de Julio de 1980, sus reformas y sus Reglamentos, debe regular la prestación de los beneficios derivados del Sistema de Previsión del Magisterio, de todos aquellos docentes que entraron al sistema nacional del magisterio hasta veinte días después del 22 de diciembre de 2011, fecha en la cual adquirió vigencia la nueva ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio contenida en el Decreto No. 247-2011, publicada en el Diario oficial La Gaceta No.32,701; es decir el 19 de enero de 2012. CONSIDERANDO (17): Esta Sala de lo Constitucional estima que estamos ante un caso claro de vulneración al derecho a la no aplicación retroactiva de la Ley, contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República; es por ello que se establece que la ley aplicable en el presente caso es la contenida en el Decreto No. 1026 de fecha 15 de Julio de 1980, sus reformas y sus Reglamentos; y ello se determina así, en tanto en cuanto estamos ante un caso de derechos condicionados, los que en efecto pueden ejercerse en cualquier tiempo, siempre y cuando se haya cumplido la condición que exige la ley, por ser verdaderos derechos con existencia propia. Al respecto se debe manifestar que según lo expuesto en la acción de amparo que nos ocupa, estamos ante un grupo de docentes que: 1.- Algunos se encuentran en la situación que a la fecha diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), les faltaban pocos años o incluso meses para cumplir 50 años de edad, requisito legal exigido en la ley de 1980, para obtener el derecho a la jubilación. 2.- Otros, aun teniendo todos los requisitos, el de la edad inclusive, no interpusieron la solicitud antes del diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012) fecha de la entrada en vigencia de la nueva ley. La resolución No.CI-ASL/089/21-03-2023 emitida por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), en fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, aprobada en sesión ordinaria del Director de Especialistas contenida en el acta No.08-2023, que declaró improcedente la solicitud de beneficio de jubilación de los representados del abogado VICTOR MANUEL MURILLO LARA, tiene su basamento legal en la nueva ley de 2011, es decir, se aplicó una nueva ley a casos que, si bien iniciaron el trámite administrativo después del 2011, ya habían obtenido el derecho social contenido en la ley anterior de 1980. CONSIDERANDO (18): Este Tribunal Constitucional señala que además de vulnerarse el artículo 96 constitucional, la aplicación retroactiva del decreto supra-mencionado, vulnera el artículo 26 de la Carta Americana de Derechos Humanos que establece “Desarrollo progresivo.- Los estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre la educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa y otros medios apropiados”. Lo anterior, con relación al artículo 2 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el principio de Progresividad, y manda: “Cada uno de los Estados partes en el presente pacto se comprometen a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, para la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” CONSIDERANDO (19): La vulneración de este principio/derecho constitucional, contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República, que provoca la violación al derecho social a una jubilación en tiempo de un sector poblacional, consiste en que habiéndose cumplido ya los requisitos exigidos en la ley, es decir, habiendo obtenido ya el derecho que otorga el cumplimiento de un plazo o de un requisito, el Estado obliga a los docentes a pensionarse bajo una ley posterior que disminuye de forma significativa beneficios conseguidos en la legislación anterior. Se subraya el requisito de la edad, consistente en el derecho a retirarse a los 50 años de edad, en vista de que la nueva ley obliga al docente a laborar siete años más, afectándoles también en el requisito de años laborados y cotizados, ya que con la ley anterior se podían retirar con diez años trabajados y cotizados, ahora el requisito exige dieciséis años trabajados y cotizados, sin que el Estado haya planteado una defensa en la cual prime un interés general y democrático que justifique el retroceso en cuanto a derechos adquiridos en la ley derogada. CONSIDERANDO (20): El análisis de razonabilidad de esta sentencia, se centra en el hecho de que el Estado generó y mantuvo por más de dos décadas, una expectativa determinada que, al plantearse en una ley, hizo al docente ejecutar su voluntad de integrar el sistema magisterial y cotizar en él, convirtiéndose en un derecho que se adquiere, al cumplirse las condicionantes requeridas, para obtener al final la pensión determinada y modulada en el Decreto 1026-1980. El derecho, en este caso, no lo determina, para efecto de ser otorgado, el tiempo en que se interpuso la solicitud, si después o antes de la vigencia de la nueva ley, en este caso, el derecho lo determina, el cumplimiento de los requisitos de ley.- La Sala concluye que el Estado está obligado a observar el contenido del artículo 96 constitucional, que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley, máxime en aquellos casos que, por haber cumplido ya los requisitos de ley, no correspondía la aplicación del Decreto 247-2011. Es menester señalar, que en lugar de aplicar retroactivamente una ley perjudicial a los derechos condicionados de aquellos docentes que ya habían cumplido los requisitos, pero que aún no pidieron el reconocimiento de su derecho, el Estado debió prever un sistema escalonado en el tiempo para no vulnerar derechos humanos a este grupo que, dentro de poco, pasaran a formar parte del grupo vulnerable del adulto mayor. CONSIDERANDO (21): La Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, contenida en el decreto 1026 del 15 de julio de 1980, en su Artículo 1, dice: “Créase el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO, como una entidad de derecho público autónoma, con Personería Jurídica, patrimonio propio y duración indefinida, la cual, en el contexto de esta Ley, se denominará "EL INSTITUTO"…, asimismo, en su Artículo 2, señala; "EL INSTITUTO" tendrá por objeto, mediante la percepción, administración e inversión de sus recursos económicos, la prestación de los beneficios derivados del sistema de Previsión del Magisterio Nacional, establecido de conformidad con la presente Ley”. En ese sentido se estima una vulneración procesal administrativa, el dejar desprotegidos a aquellos docentes que, habiendo cumplido sus requisitos, no interpusieron la solicitud en tiempo y a otros que habiendo estado a meses de cumplir los mismos, no interpusieron dicho escrito solicitando su derecho a la jubilación. CONSIDERANDO (22): La Sala de lo Constitucional al detectar una vulneración al artículo 96 constitucional, en relación con el artículo 26 de la Carta Americana de Derechos Humanos que establece el “Desarrollo progresivo”, estima que es procedente otorgar el recurso de amparo interpuesto. CONSIDERANDO (23): El artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece los requisitos de una sentencia y manda que la sentencia que otorgue el amparo contendrá en su parte dispositiva: 1…2… “3.- La determinación precisa de la conducta a cumplir con las especificaciones necesarias para su debida ejecución”, POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 65, 69, 80, 96, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 322, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2.1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 18, 24, y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 78 y 127 de la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio contenida en el Decreto 1026 de fecha 15 de Julio de 1980,; FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesta contra la resolución administrativa No.CI-ASL/089/21-03-2023 emitida por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), en fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, aprobada en sesión ordinaria del Directorio de Especialistas contenida en el acta No.08-2023, que declaró improcedente la solicitud de beneficio de jubilación de los representados del abogado VICTOR MANUEL MURILLO LARA, misma que no obliga a los recurrentes ni es aplicable por contravenir los derechos constitucionales que vienen siendo señalados. Y MANDA: 1.- Que se otorgue el beneficio de la jubilación establecido en el decreto Ley 1026 del 15 de Julio de 1980, a los docentes que ya habían cumplido con los requisitos exigidos y que no presentaron el escrito de solicitud de la misma, antes de la fecha diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), fecha en que entró en vigencia la nueva ley. 2.- Que el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, proporcione una financiación sostenible y oportuna para que a los docentes que, aun y cuando sabían de sus derechos vulnerados, gestionaron su jubilación y les fue otorgada con la nueva ley, afectándoseles en la cantidad mensual a percibir, a efecto de que se les calcule su jubilación con los montos establecidos en la ley anterior, y les sea reconocido el porcentaje faltante de forma retroactiva, hasta cinco años atrás contados desde la fecha de la vigencia de esta sentencia. 3.- Se devuelve el derecho vulnerado a aquellos maestros que han cotizado por un período mínimo de TREINTA AÑOS en adelante, a efecto de que se les tramite su jubilación, con los beneficios establecidos en el Decreto–ley 1026 del 15 de Julio de 1980, de manera que se vayan jubilando los docentes dentro de un debido proceso, sin aplicación retroactiva de la ley, hasta llegar a la generación de docentes que ingresaron al sistema bajo la vigencia del Decreto No. 247-2011, publicada en el Diario oficial La Gaceta No.32,701; es decir el 19 de enero de 2012. 4.- Que el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio disponga lo pertinente en cuanto al presupuesto para la debida ejecución de esta sentencia. 5.- Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes a la Institución de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada FRANCISCA VILLELA ZAVALA. -NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Para ser entregada al Abogado Marlon Wolney Bennett Díaz, se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo bajo el número SCO-1114-2023.114363522606000CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONALJP