Sentencia AA-0310-24 — Registro 18823
Resumen
Acto contra el cual se reclama es un acto de carácter general, consistente en un reglamento emitido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL); sin embargo, ya el Artículo 46 numeral 8) de la misma ley dispone que resulta inadmisible la acción de amparo cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa, que resulta ser el caso, pues conforme la norma citada , el mencionado reglamento puede ser impugnado directamente ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que por ese motivo se ha declarado la inadmisibilidad de la acción constitucional planteada, este Supremo Tribunal encuentra procedente conceder a los recurrentes el término de diez (10) días, para que interpongan la acción que estimen oportuna ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la misma se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
O: Que resulta claro para esta Sala, que el acto contra el cual se reclama es un acto de carácter general, consistente en un reglamento emitido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL); además los planteamientos de los recurrentes en sus escritos de interposición se fundan en la violación de derechos constitucionales y que efectivamente la Ley Sobre Justicia Constitucional señala que la acción de amparo tiene como finalidad, inter alia, que se declare la inaplicabilidad de un reglamento por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República; sin embargo, ya el Artículo 46 numeral 8) de la misma ley dispone que resulta inadmisible la acción de amparo cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa, que resulta ser el caso, pues conforme la norma que se ha citado anteriormente, el mencionado reglamento puede ser impugnado directamente ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO: Que los recurrentes dirigen su acción de amparo contra un acto de carácter general emitido por la Administración Pública, que en todo caso, de cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley, sería susceptible de ser impugnada por la vía Contencioso-Administrativa, razón por la cual, resulta procedente declarar inadmisibles los recursos de amparo de que se han hecho mérito. CONSIDERANDO: Que aunado a lo anterior esta Sala es del criterio, que si bien no estamos ante una cuestión de competencia, atendiendo al principio de tutela judicial efectiva, la interposición del presente recurso de amparo produce el efecto de interrumpir y dejar sin efecto el plazo de prescripción que pueda corresponder a la acción que pretendan intentar los recurrentes, puesto que en equidad, se le debe permitir el ejercicio de la acción administrativa o judicial correspondiente, al resultar innegable que existe una actividad de los recurrentes, ejercida ante la Justicia, que demuestra su intención de impedir que su derecho se extinga, y que justifica por tanto la interrupción de la prescripción que pudiera invocarse en el proceso que corresponda. CONSIDERANDO: Que la aplicación directa del derecho fundamental de libre acceso a los Tribunales de Justicia y con ello a una tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, así como también una aplicación práctica y no meramente programática del principio de igualdad, y por ende del principio general del derecho, aplicable sin duda alguna, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, de que a igual razón cabe igual disposición, nos lleva a estimar que al señalarse en el trámite del presente recurso de amparo y por la normativa aplicable, que se tiene expedita la acción ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y que por ese motivo se ha declarado la inadmisibilidad de la acción constitucional planteada, este Supremo Tribunal encuentra procedente conceder a los recurrentes el término de diez (10) días, para que interpongan la acción que estimen oportuna ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la misma se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación.
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 numeral 8 (Rango Constitucional)
- Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, art. 30 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de mayo de dos mil veinticuatro. VISTOS los recursos de amparo Interpuestos: 1° por el Abogado ERICK BAYARDO RAMOS MOLINA a favor de la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (SERCOM), (Reg. No. SCO-310-24); y, 2° por la Abogada HEIDI DAYANA LUNA DUARTE a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL TELEFONICA CELULAR S.A DE C.V (CELTEL), (Reg. No. SCO-313-23); ambos recursos, contra la normativa NR007-23 dictada por la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) en fecha veintinueve de diciembre del dos mil veintitrés, publicada en el Diario Oficial "La Gaceta" No. 36,436 de fecha diecisiete de enero del dos mil veinticuatro, contentivo del REGLAMENTO DE ROAMING AUTOMÁTICO NACIONAcontentivo del REGLAMENTO DE ROAMING AUTOMÁTICO NACIONAL. Y apareciendo en autos que los presentes recursos se interponen contra el mismo acto reclamado en amparo, para mantener la continencia y unidad de dichos procesos, de oficio decrétese la acumulación de autos de las presentes diligencias. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la encargada de conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general, de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo. CONSIDERANDO: Que la misma ley establece que se entenderá por Administración Pública: a) El Poder Ejecutivo; y, b) Las entidades estatales, entendiéndose por éstas las Municipalidades y las Instituciones Autónomas. CONSIDERANDO: Que conforme con el Artículo 30 de la mencionada normativa, los actos de carácter general o disposiciones que dictare la Administración Pública, podrán impugnarse directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, una vez que hayan entrado en vigencia en vía administrativa. CONSIDERANDO: Que resulta claro para esta Sala, que el acto contra el cual se reclama es un acto de carácter general, consistente en un reglamento emitido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL); además los planteamientos de los recurrentes en sus escritos de interposición se fundan en la violación de derechos constitucionales y que efectivamente la Ley Sobre Justicia Constitucional señala que la acción de amparo tiene como finalidad, inter alia, que se declare la inaplicabilidad de un reglamento por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República; sin embargo, ya el Artículo 46 numeral 8) de la misma ley dispone que resulta inadmisible la acción de amparo cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrativa, que resulta ser el caso, pues conforme la norma que se ha citado anteriormente, el mencionado reglamento puede ser impugnado directamente ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO: Que los recurrentes dirigen su acción de amparo contra un acto de carácter general emitido por la Administración Pública, que en todo caso, de cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley, sería susceptible de ser impugnada por la vía Contencioso-Administrativa, razón por la cual, resulta procedente declarar inadmisibles los recursos de amparo de que se han hecho mérito. CONSIDERANDO: Que aunado a lo anterior esta Sala es del criterio, que si bien no estamos ante una cuestión de competencia, atendiendo al principio de tutela judicial efectiva, la interposición del presente recurso de amparo produce el efecto de interrumpir y dejar sin efecto el plazo de prescripción que pueda corresponder a la acción que pretendan intentar los recurrentes, puesto que en equidad, se le debe permitir el ejercicio de la acción administrativa o judicial correspondiente, al resultar innegable que existe una actividad de los recurrentes, ejercida ante la Justicia, que demuestra su intención de impedir que su derecho se extinga, y que justifica por tanto la interrupción de la prescripción que pudiera invocarse en el proceso que corresponda. CONSIDERANDO: Que la aplicación directa del derecho fundamental de libre acceso a los Tribunales de Justicia y con ello a una tutela judicial efectiva, que consagra el artículo 82 de la Constitución de la República, así como también una aplicación práctica y no meramente programática del principio de igualdad, y por ende del principio general del derecho, aplicable sin duda alguna, cuando del reconocimiento de derechos subjetivos se trata, de que a igual razón cabe igual disposición, nos lleva a estimar que al señalarse en el trámite del presente recurso de amparo y por la normativa aplicable, que se tiene expedita la acción ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y que por ese motivo se ha declarado la inadmisibilidad de la acción constitucional planteada, este Supremo Tribunal encuentra procedente conceder a los recurrentes el término de diez (10) días, para que interpongan la acción que estimen oportuna ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la misma se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 183, 222, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 1, 6 y 30 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 5, 7, 46 numeral 8) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: PRIMERO: SE DECRETA LA ACUMULACIÓN de los presentes recursos de amparo, para mantener la continencia y unidad de dichos procesos, por haberse interpuesto contra el mismo acto reclamado en amparo; SEGUNDO: DECLARAR INADMISIBLES los Recursos de Amparo de que se han hecho mérito, Interpuestos: 1° por el Abogado ERICK BAYARDO RAMOS MOLINA a favor de la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (SERCOM), (Reg. No. SCO-310-24); y, 2° por la Abogada HEIDI DAYANA LUNA DUARTE a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL TELEFONICA CELULAR S.A DE C.V (CELTEL), (Reg. No. SCO-313-23); ambos recursos, contra la normativa NR007-23 dictada por la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) en fecha veintinueve de diciembre del dos mil veintitrés, publicada en el Diario Oficial "La Gaceta" No. 36,436 de fecha diecisiete de enero del dos mil veinticuatro, contentivo del REGLAMENTO DE ROAMING AUTOMÁTICO NACIONAL; TERCERO: Conceder a los recurrentes el término de diez (10) días, para que interpongan la acción que estimen oportuna contra el mencionado Reglamento, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo competente, de tal manera que al hacerlo dentro de dicho plazo, se entenderá que la acción se ha interpuesto en la fecha en que se inició el plazo señalado para su presentación; y CUARTO: Se tiene por delegado el poder con que actúa la recurrente la Abogada HEIDI DAYANA LUNA DUARTE en la Abogada IRMA CAROLINA CERNA BOLIVAR, poder que será efectivo una vez notificada personalmente éste ó personada en legal y debida forma en el recurso de mérito, de conformidad a lo establecido en el auto acordado contenido en el acta número veinticinco de la sesión celebrada por el pleno de este Tribunal el día martes dieciséis de mayo de mil novecientos setenta y ocho. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se de estricto cumplimiento a la misma. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELLA BUSTILLO HERNANDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de julio de dos mil veinticuatro, certificación de la resolución de fecha tres de mayo de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo (acumulado) bajo el número SCO-310 y 313-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL