Sentencia AA-01-23 — Registro 18815
Resumen
Resolución de Autoridad recurrida se contrae a que se dejara la vacante para el reconocimiento del derecho de ascenso al grado inmediato superior de Comisionado General de recurrente de conformidad al cumplimiento de la sentencia del Juzgado de Instancia comunicada a dicha Autoridad recurrida; Consta que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administratvo emitió su fallo en resolución al recurso de apelación interpuesto; La Sala del estudio de las diligencias concluyó que se incurrió en casual de sobreseimiento de la acción de amparo al no haberse ejercitado dentro del plazo legal; es decir, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la ultima notificación al afectado, por lo que hay causal de inadmisibilidad
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"de la vista de los antecedentes encuentra esta Sala de lo Constitucional que, la presente acción de amparo, se reconduce a consideraciones de instancia o de mera legalidad, bajo el supuesto de infracción al derecho al debido proceso. No desprendiéndose, en el curso de dichas consideraciones, sino alegaciones de falta de aplicación de la legalidad, por parte del recurrente, respecto a actuaciones administrativas que contrarían su pretensión ya que el derecho a la ejecución de la resoluciones debe de hacerse en sus propios términos; en virtud que la Jurisprudencia Constitucional ha podido proclamar desde el primer momento que, en aras a que la tutela que han de prestar los jueces y tribunales sea verdaderamente efectiva, los pronunciamientos condenatorios han de ejecutarse en sus propios términos, es decir, de forma que el ejecutante titular del derecho obtenga al término del proceso de ejecución todo aquello a lo que fue condenado el ejecutado y en su misma especie, bien consista en un dar dinero o cosa distinta a dinero, o bien consista en un hacer o en un no hacer..."..."del estudio de las diligencias, resulta no encontrarse apta la formalización del recurso para dilucidar el objeto y alcance de los legítimos derechos invocados en sede de garantía de amparo, por lo que conceptúa el recurrente como denegatoria de pronunciamiento a su petición, por parte de las autoridades administrativas de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad; particularmente con referencia a las acciones de solicitud de ascenso al grado inmediato superior de Comisionado General, por él planteadas, ya que en la Sentencia no se establece dicho extremo, disposición legal que, a la vez, es desestimada expresamente en vía administrativa, como aplicable a la pretensión en virtud de que se le concedieron todos sus derechos puntuales establecidos en la Sentencia, así como al reintegro al grado que él tenía, tal como lo recoge la resolución emitida por la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Incurriendo así en la causal de sobreseimiento del recurso de amparo que prescribe la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el artículo 46 numeral 4; consistente en versar la acción constitucional promovida cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo que establece el artículo 48, en la que deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquélla en que esta haya tenido conocimiento de la acción u omisión que, a su juicio, le perjudica o pueda perjudicarle..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 60 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.4 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"de la vista de los antecedentes encuentra esta Sala de lo Constitucional que, la presente acción de amparo, se reconduce a consideraciones de instancia o de mera legalidad, bajo el supuesto de infracción al derecho al debido proceso. No desprendiéndose, en el curso de dichas consideraciones, sino alegaciones de falta de aplicación de la legalidad, por parte del recurrente, respecto a actuaciones administrativas que contrarían su pretensión ya que el derecho a la ejecución de la resoluciones debe de hacerse en sus propios términos; en virtud que la Jurisprudencia Constitucional ha podido proclamar desde el primer momento que, en aras a que la tutela que han de prestar los jueces y tribunales sea verdaderamente efectiva, los pronunciamientos condenatorios han de ejecutarse en sus propios términos, es decir, de forma que el ejecutante titular del derecho obtenga al término del proceso de ejecución todo aquello a lo que fue condenado el ejecutado y en su misma especie, bien consista en un dar dinero o cosa distinta a dinero, o bien consista en un hacer o en un no hacer..."..."del estudio de las diligencias, resulta no encontrarse apta la formalización del recurso para dilucidar el objeto y alcance de los legítimos derechos invocados en sede de garantía de amparo, por lo que conceptúa el recurrente como denegatoria de pronunciamiento a su petición, por parte de las autoridades administrativas de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad; particularmente con referencia a las acciones de solicitud de ascenso al grado inmediato superior de Comisionado General, por él planteadas, ya que en la Sentencia no se establece dicho extremo, disposición legal que, a la vez, es desestimada expresamente en vía administrativa, como aplicable a la pretensión en virtud de que se le concedieron todos sus derechos puntuales establecidos en la Sentencia, así como al reintegro al grado que él tenía, tal como lo recoge la resolución emitida por la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Incurriendo así en la causal de sobreseimiento del recurso de amparo que prescribe la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el artículo 46 numeral 4; consistente en versar la acción constitucional promovida cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo que establece el artículo 48, en la que deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquélla en que esta haya tenido conocimiento de la acción u omisión que, a su juicio, le perjudica o pueda perjudicarle..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 60 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46.4 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de junio de dos mil veinticuatro. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Daniel Abigail Flores Henríquez, a favor del señor Aldo Rodolfo Oliva Rodríguez, contra actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, relacionadas según el recurrente, al cumplimiento parcial de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de octubre de dos mil quince, donde anula el acuerdo de cancelación 0695-2013 de fecha veinticinco de abril de dos mil trece, donde se condena al reintegro del señor Aldo Rodolfo Oliva Rodríguez. Considerando el recurrente que, con el acto reclamado en amparo, se le ha violentado a su representado el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha quince (15) de diciembre de dos mil veintidós, compareció ante esta Sala, el Abogado Daniel Abigail Flores Henríquez, interponiendo recurso de amparo a favor del señor Aldo Rodolfo Oliva Rodríguez, contra actuaciones de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad, relacionadas según el recurrente, al cumplimiento parcial de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de octubre de dos mil quince, donde anula el acuerdo de cancelación 0695-2013 de fecha veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), donde se condena al reintegro del señor Aldo Rodolfo Oliva Rodríguez. Considerando el recurrente que, con el acto reclamado en amparo, se le ha violentado a su representado el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. (Folios 1 al 6 del recurso de mérito) 2)Esta Sala, en fecha tres de mayo de dos mil veintitrés, tuvo por admitido el recurso de mérito, sin suspensión del acto reclamado, ordenado librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida para que dentro del plazo de dos (2) días hábiles remitiera los antecedentes del caso o un informe circunstanciado del mismo. (Folio 76 del recurso de mérito) 3)Esta sala, en fecha diecinueve de junio de dos mil veintitrés, tuvo por recibido el informe solicitado a la autoridad recurrida. (Folios 79 al 162 del recurso de mérito)4)Que en fecha veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, remitidos y estudiados que fueron los antecedentes, se ordenó continuar con el procedimiento de ley correspondiente, concediéndose la vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalice su petición por escrito. (Folio 165 del recurso de mérito) 5)En fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, Revisados que han sido las actuaciones contenidas en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado Daniel Abigail Flores Henríquez a favor del señor Aldo Rodolfo Oliva Rodríguez, desprendiéndose del mismo que el término de cuarenta y ocho horas concedido para formalizar su acción, venció el día once de octubre de dos mil veintitrés, siendo las diez con cinco minutos de la mañana, se declara caducado de derecho, perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar, asimismo, conforme se desprende del escrito de interposición, se aprecia que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, por lo cual es procedente continuar con el trámite de la presente acción de amparo. (Folio 168 del recurso de mérito)6)Esta Sala, en fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Que de la interposición de la acción de Amparo interpuesta se desprende que el Amparista acude a esta instancia aduciendo la violación a las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82, 90, 321 Y 323 de la Constitución de la República, por considerar que al haberle violentado el debido proceso, por parte del Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad y el Director de Recursos Humanos de la Policía Nacional, al no ser tomado en cuenta para ascenso al grado inmediato superior, para ocupar cargos de dirección que le tocaría por derecho. Que, del examen de los antecedentes, se evidencia que se emitieron actos administrativos con relación a la situación del COMISIONADO DE POLICIA ALDO RODOLFO OLIVA RODRIGUEZ, 1) Acuerdo de Reintegro N°2099-2019 de fecha 27 de diciembre del 2019. y 2) Acuerdo de Cancelación N° 1506- 2022 de fecha 24 de agosto del 2022. En este orden de ideas, esta representación fiscal estima que la fecha para computar el plazo de 2 meses que señala el artículo 48 de la Ley sobre justicia constitucional, es a partir del fechan fecha 7 de enero del 2020, fecha en la cual se le notificó El Acuerdo Número 2099-2019 Y se da por agotada la vía administrativa, en virtud que desde esa fecha han tenido conocimiento de los actos que pretende impugnar por esta vía constitucional. De tal manera, que habiéndose presentado la acción de amparo hasta el quince (15) de diciembre del 2022, es que se considere que la misma no fue presentada dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de notificación del fallo que hoy se recurre a través de la vía del amparo, lo que de acuerdo al artículo 48 relacionado con el artículo 46.4 de la Ley de Justicia Constitucional, vuelve inadmisible la presente acción de amparo. IV.CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público es del parecer, que en atención al artículo 46 numeral 4) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, SE SOBRESEA la presente acción de amparo.” (Folios 171 al 174 del recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que el acto reclamado en el presente Recurso de Amparo lo constituye la resolución emitida por el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, en fecha veintiuno (21) de Enero del dos mil veinte (2020), para que se dejara la vacante para el reconocimiento de su derecho de ascenso al grado inmediato superior de Comisionado General de conformidad al cumplimiento de la sentencia de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo comunicada a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, mediante comunicación de fecha veinte (20) de Noviembre del dos mil diecinueve, aduciendo el recurrente que hubiesen cumplido de forma inmediata u obligatoria la sentencia. Y con relación al cumplimiento de la sentencia del Juzgado de lo contencioso de fecha catorce (14) de octubre del dos mil quince (2015), una solicitud de nulidad absoluta de un acto administrativo por violación al procedimiento de despido en virtud que el servidor público se encontraba en situación de disponibilidad y emitido con exceso y desviación de poder. Se reconozca su situación jurídica individualizada y que se adopten las medidas para su pleno restablecimiento como ser: El reintegro de trabajo en mejores condiciones, pago de salarios dejados de percibir con sus aumentos en ausencia, pago de décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario, vacaciones comunes y corrientes, así como vacaciones profilácticas contenidas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, más condenas en costas. En la misma Sentencia dicho Juzgado, Falla: PRIMERO: declarar procedente la acción incoada por el ciudadano ALDO RODOLFO OLIVA RODRIGUEZ, como Comisionado de Policía, de la Dirección General de la Policía Nacional de Honduras, dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por no ajustarse a derecho el Acto Administrativo Impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación número 0695-2013, de fecha veinticinco (25) de abril del dos mil trece (2013), emitido por el señor POMPELLO BONILLA REYES, en su condición de secretario de Estado de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y se anula totalmente el mismo por no estar conforme a Derecho, SEGUNDO: Reconocer la situación Jurídica individualizada del demandante y como medidas necesarias para el pleno y efectivo restablecimiento y reconocimiento de tal situación jurídica, se condena a la parte demandada El Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, al reintegro del ciudadano ALDO RODOLFO OLIVA RODRIGUEZ, al grado que tenía al momento de su cancelación como COMISIONADO DE POLICIA, de la Dirección General de la Policía Nacional de Honduras, dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, más el pago de los salarios dejador de percibir desde la fecha de su cancelación hasta la fecha que se ejecuten el presente fallo, más el pago de los beneficios obtenidos en su ausencia, como ser incrementos salariales, aguinaldos, décimo tercer mes y vacaciones, así como otros derechos que le pudieran corresponder. CONSIDERANDO (4) El presente fallo fue objeto del Recurso de Apelación ante la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, por lo que dentro de las inserciones de la comunicación consta en la Sentencia de fecha 20 de Septiembre del año dos mil diecisiete, que en su parte dispositiva FALLA: PRIMERO Declarar SIN LUGAR PARCIALMENTE el recurso de Apelación interpuesto por la abogada DASSIA YARENY PEREZ HERRERA, en su condición de apoderada legal sustituta del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. SEGUNDO: REFORMAR la parte dispositiva de la sentencia de fecha catorce de Octubre del dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que corre a folios 431 al 438, de la pieza principal de autos, en el sentido de confirmar los numerales PRIMERO Y SEGUNDO de dicho fallo; y REVOCAR el numeral tercero de la misma sentencia. Así mismo fue objeto de presentación de Recurso de Casación en fecha diecinueve de 19 de Octubre del dos mil diecisiete (2017), en el que la Honorable Corte Suprema de Justicia resolvió 1) No admitir el Recurso de Casación de que hace mérito en sus dos motivos. 2) DECLARAR FIRME la sentencia recurrida y dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional.3) Sin Costas por estimar haber tenido motivo bastante para litigar. CONSIDERANDO (5): Que en el caso sub examine, sostiene el recurrente, habérsele violentado la obligación del respeto al debido proceso contemplado en el artículo 90 de la Constitución de la República, en perjuicio de los derechos de mi representado y de otros comisionados de la Policía Nacional por el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad y el Director de Recursos Humanos de la Policía Nacional, al no ser tomados en cuenta sus promociones para ascenso al grado inmediato superior, para ocupar cargos de dirección, perteneciendo a promociones más antiguas que las del actual director y subdirector de la Policía Nacional, con la formalidad del caso, señalando estos hechos el que motiva la garantía de amparo que lo constituye el 21 de Enero del 2020, en que se presentó manifestación l Señor Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad para que le dieran la vacante para el reconocimiento de su derecho a ascenso al grado inmediato superior de Comisionado General, de conformidad al cumplimiento de la sentencia mediante comunicación de fecha veinte de noviembre del 2019, como era lógico hubiesen cumplido de forma inmediata u obligatoria la sentencia, hubiesen ascendido a su representado a comisionado general retroactivamente pasando a ser el Oficial más antiguo de la Policía, teniendo que ser ascendido al grado de general director y nombrado director general de la Policía Nacional como lo establece el artículo 52, numeral 14, últimos párrafos. Así mismo mi representado fue notificado de su reintegro en fecha siete de Enero del dos mil veinte (2020).CONSIDERANDO (6): Que, finalmente, a criterio del recurrente, Abogado Daniel Abigail Flores Henríquez, el cumplimiento del debido proceso legal conlleva a que se garantice una conducta gubernamental que asegure el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos; lo cual no acaece, en el presente caso, al no concederle a su representado el ascenso que le corresponde al grado inmediato superior de Comisionado General retroactivamente pasando a ser el oficial más antiguo de la Policía. Por todo lo cual, solicita el garantista se tenga por formalizada la acción de amparo y se otorgue, a efecto sea resuelta la solicitud planteada planteada en tiempo y forma.CONSIDERANDO (7): Que, revisando la foliada del expediente se puede observar que el Señor ALDO RODOLFO OLIVA RODRIGUEZ, en el folio ochenta y nueve (89) dio por recibido de la Pagaduría de la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, en fecha treinta y uno Enero del dos mil veinte (2020) , el cheque del Banco Central de Honduras número 54342, a favor del señor Aldo Rodolfo Oliva Rodríguez, por la cantidad de cuatro millones setecientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta y cinco lempiras con veintisiete centavos (LPS. 4,748,355.27), que fueron recibidos por él mismo. Así como también todos derechos que fueron mencionados en la Sentencia, a excepción del ascenso por el cual ha sido motivo esta acción de Amparo, en virtud de que en la Sentencia no se menciona ese extremo, según folio cuarenta y tres (43) del expediente del Recurso, ya que solo se menciona que se reintegre al grado que él tenía al momento de su cancelación. Y como se puede observar que la fecha de interposición de la acción de Amparo por el recurrente fue en fecha quince de Diciembre del dos mil veintidós casi dos años después, desde la fecha de recibir el pago correspondiente el agraviado, dejando por bien aceptado el contenido de la sentencia. Sin hacer uso de la Acción de Amparo en aquel momento, de notificación de sentencia o de reintegro. CONSIDERANDO (8): En el capítulo atinente al Poder Judicial establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes; correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (9): Que, de la vista de los antecedentes encuentra esta Sala de lo Constitucional que, la presente acción de amparo, se reconduce a consideraciones de instancia o de mera legalidad, bajo el supuesto de infracción al derecho al debido proceso. No desprendiéndose, en el curso de dichas consideraciones, sino alegaciones de falta de aplicación de la legalidad, por parte del recurrente, respecto a actuaciones administrativas que contrarían su pretensión ya que el derecho a la ejecución de la resoluciones debe de hacerse en sus propios términos; en virtud que la Jurisprudencia Constitucional ha podido proclamar desde el primer momento que, en aras a que la tutela que han de prestar los jueces y tribunales sea verdaderamente efectiva, los pronunciamientos condenatorios han de ejecutarse en sus propios términos, es decir, de forma que el ejecutante titular del derecho obtenga al término del proceso de ejecución todo aquello a lo que fue condenado el ejecutado y en su misma especie, bien consista en un dar dinero o cosa distinta a dinero, o bien consista en un hacer o en un no hacer.CONSIDERANDO (10): Que acorde al artículo 45 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, constituyen principios de la substanciación de la acción la independencia, moralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso; los cuales sirven de pauta de interpretación a la jurisprudencia constitucional en aras de obtener una justicia constitucional pronta y cumplida. CONSIDERANDO (11): Que según se ha sostenido en la heurística del Derecho Constitucional: “La Constitución debe ser interpretada como un conjunto armónico en el cual el significado de cada parte debe determinarse en armonía con el de las partes restantes; ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la que coloque en pugna a las distintas cláusulas de la ley suprema”. CONSIDERANDO (12): Que, del estudio de las diligencias, resulta no encontrarse apta la formalización del recurso para dilucidar el objeto y alcance de los legítimos derechos invocados en sede de garantía de amparo, por lo que conceptúa el recurrente como denegatoria de pronunciamiento a su petición, por parte de las autoridades administrativas de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad; particularmente con referencia a las acciones de solicitud de ascenso al grado inmediato superior de Comisionado General, por él planteadas, ya que en la Sentencia no se establece dicho extremo, disposición legal que, a la vez, es desestimada expresamente en vía administrativa, como aplicable a la pretensión en virtud de que se le concedieron todos sus derechos puntuales establecidos en la Sentencia, así como al reintegro al grado que él tenía, tal como lo recoge la resolución emitida por la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Incurriendo así en la causal de sobreseimiento del recurso de amparo que prescribe la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el artículo 46 numeral 4; consistente en versar la acción constitucional promovida cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo que establece el artículo 48, en la que deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la última notificación al afectado o de aquélla en que esta haya tenido conocimiento de la acción u omisión que, a su juicio, le perjudica o pueda perjudicarle.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 4, 60, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 322 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 No. 2, 5, 7, 8, 9 No. 3, 41, 45, 46 numeral 4), 63, y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEYENDO la presente garantía constitucional de amparo. Y MANDA: Que, con certificación de la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos. NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha cinco de junio de dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-0001-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL