Sentencia RP-983-21 — Registro 17642
Resumen
Se interpuso recurso de revisión sentencia condenatoria por los delitos de Homicidio, robo y tentativa de homicidio. se declaró sin lugar el recurso de revisión
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal se impuso a Miguel Antonio Maradiaga Antúnez, las penas siguientes: i Trece (13) años y cuatro (4) meses de reclusión, por ser cómplice en el delito de Homicidio en perjuicio de Manuel de Jesús Cardona Meléndez. ii Trece (13) años y cuatro (4) meses de reclusión, por ser cómplice en el delito de Homicidio en perjuicio de Aquilino Aceituno. iii Seis (6) años y ocho (8) meses de reclusión, por ser cómplice del delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de Rosa Rodríguez. iv Siete (7) años de reclusión, por ser autor penalmente responsable del delito de Robo, en perjuicio de Keyla Domitila. Las penas de reclusión anteriores fueron impuestas en concurso real (artículo 35 del VCP 144-83) y ascienden a un total de cuarenta (40) años y cuatro (4) meses de reclusión; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de la pena de reclusión y las consecuencias legales de responsabilidad civil y trabajo en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario durante el tiempo de la condena. En el NCP 130-2017 para el delito de homicidio (artículo 192), se define una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años, marco penal al cual habrá de rebajársele un tercio (1/3) en su límite inferior por el título de participación de cómplice según lo establecido en los artículos 61 párrafo segundo y 69 del NCP 130-2017, por lo que el nuevo marco penal para cada uno de los dos delitos de homicidio cometidos en perjuicio de Manuel de Jesús Cardona Meléndez y Aquilino Aceituno, es de diez (10) a quince (15) años de prisión (20 a 30 años de prisión acumulados). Asimismo, respecto al delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa a título de cómplice, en perjuicio de Rosa Rodríguez, como se ha dicho, en el NCP 130-2017 para el delito de Homicidio (artículo 192) se define una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años, marco penal al cual habrá que rebajársele un tercio en su límite inferior (artículo 69 del NCP 130-2017) por tratarse de una tentativa inacabada según los artículos 21 literal a) y 62 del NCP 130-2017, lo que ofrece un marco penal de diez (10) a quince (15) años de prisión; a su vez, este marco penal debe rebajarse un tercio en su límite inferior (artículo 69 del NCP 130-2017) por el título de participación de cómplice (artículo 61 del NCP 130-2017), lo que ofrece un nuevo marco penal de cinco (5) a diez (10) años de prisión. Finalmente, respecto al delito de robo cometido en perjuicio de Keyla Domitila, según los hechos probados de la sentencia nos encontramos ante un delito de robo con violencia agravado (artículos 60, 361 y 363 numeral 9) del NCP 130-2017), lo que ofrece un marco penal abstracto de ocho (8) años a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión. Al sumar los marcos penales que corresponden para estos delitos nos ofrece un límite inferior de treinta y tres (33) años y un límite superior de cincuenta (50) años y ocho (8) meses, por lo que la pena acumulada de reclusión impuesta en instancia (cuarenta (40) años y cuatro (4) meses de reclusión), se encuentra dentro del marco penal que corresponde con el NCP 130-2017, no implicando un beneficio para el sentenciado de conformidad con los artículos 616 y 621 del NCP-2017. Además, hay otra razón fundamental para no otorgar el recurso extraordinario de revisión penal, y es que también existe identidad respecto al límite objetivo ordinario de cumplimiento de la pena privativa de la libertad; ya que, el VCP 144-83 establece en su artículo 35 que al culpable de dos (2) o más delitos, se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones. El sentenciado cumplirá sus condenas simultáneamente, si fuere posible. Cuando no lo fuere, o si de ello resulta ilusoria alguna de las penas, las cumplirá sucesivamente, principiando por las mayores, o sea las señaladas a los delitos más graves. Sin embargo, la duración de las penas acumuladas por varios delitos no excederá de treinta (30) años. Es decir, el límite de cumplimiento de la pena privativa de la libertad en el VCP 144-83 es de treinta (30) años. Entretanto, el NCP 130-2017 establece en su artículo 66 que al culpable de dos (2) o más delitos o faltas, se le impondrán todas las penas correspondientes a las infracciones cometidas para su cumplimiento simultáneo, si fuere posible, atendidas la naturaleza y efectos de las mismas. Si las penas impuestas por las diversas infracciones no pueden ser cumplidas simultáneamente, debe seguirse el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, el máximo de cumplimiento viene determinado por el triple del tiempo de duración de la más grave de las penas impuestas, que no puede exceder de treinta (30) años. Es decir, el límite de cumplimiento de la pena privativa de la libertad en el NCP 130-2017 es de treinta (30) años, salvo que una de las penas de prisión impuesta exceda de veinte (20) años, en donde deberá aplicarse el límite objetivo extraordinario (40 años). En definitiva, también existe identidad respecto al límite de cumplimiento del tiempo de la pena privativa de la libertad entre el VCP 144-83 y el NCP 130-2017, lo que no implica un beneficio para el sentenciado según lo establecido en el 616 párrafo séptimo.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 66 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 621 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE REVISIÓN PENAL. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los (07) siete días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS,La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-0983-2021, promovido por la Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quesada en favor de Miguel Antonio Maradiaga Antúnez, contra la sentencia de fecha once (11) de junio de dos mil tres (2003), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Víctor Reynaldo Padilla, como cómplice en el delito de Homicidio en perjuicio de Manuel de Jesús Cardona Meléndez, a la pena de once (11) años y ocho (8) meses de reclusión. Segundo: Condenó a Víctor Reynaldo Padilla, como cómplice en el delito de Homicidio en perjuicio de Aquilino Aceituno, a la pena de once (11) años y ocho (8) meses de reclusión. Tercero: Condenó a Víctor Reynaldo Padilla, como cómplice en el delito de Tentativa de Homicidio en perjuicio de Rosa Rodríguez, a la pena de cuatro (4) años y siete (7) meses de reclusión. Cuarto: Condenó a Víctor Reynaldo Padilla, como autor del delito de Robo en perjuicio de Keyla Domitila, a la pena de cinco (5) años de reclusión. Quinto: Condenó a Miguel Antonio Maradiaga Antúnez, como cómplice en el delito de Homicidio en perjuicio de Manuel de Jesús Cardona Meléndez, a la pena de trece (13) años y cuatro (4) meses de reclusión. Sexto: Condenó a Miguel Antonio Maradiaga Antúnez, como cómplice en el delito de Homicidio en perjuicio de Aquilino Aceituno, a la pena de trece (13) años y cuatro (4) meses de reclusión. Séptimo: Condenó a Miguel Antonio Maradiaga Antúnez, como cómplice en el delito de Tentativa de Homicidio en perjuicio de Rosa Rodríguez, a la pena de seis (6) años y ocho (8) meses de reclusión. Octavo: Condenó a Miguel Antonio Maradiaga Antúnez, como autor en el delito de Robo en perjuicio de Keyla Domitila, a la pena de siete (7) años de reclusión. Noveno: Declaró a los condenados civilmente responsables de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito por el que son condenados. Décimo: No condenó en costas. SON PARTES: 1)La Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quesada, en favor de Miguel Antonio Maradiaga Antúnez, como revisionista; 2)La Abogada Claudia Suyapa Mejía, fiscal del Ministerio Público.Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal.“PRIMERO: El viernes siete de junio aproximadamente a la una con treinta minutos de la tarde los señores Manuel de Jesús Cardona, Aquilino Aceituno, junto con la señora Rosa Rodríguez Leiva y los jóvenes Keyla Domitila Aceituno y Ever Jonatan Fuentes, se transportaban en un vehículo pick up color azul placa PAS-2383, en la carretera que de la Aldea el Aguacate conduce a la ciudad de Villanueva, Cortés, cuando fueron interceptados por ocho individuos, entre ellos Víctor Reynaldo Padilla y Miguel Antonio Maradiaga, dichas personas procedieron a disparar armas de fuego hacia el vehículo en referencia, impactando dichos disparos en la parte frontal del vehículo y en la humanidad de los señores Manuel de Jesús Cardona (quien conduce el vehículo) y Aquilino Aceituno, quienes producto de dichos disparos murieron, resultando también heridas de arma de fuego la señora Rosa Rodríguez Leiva, quien recibió ayuda de parte de las personas que después pasaron por el lugar. SEGUNDO: Después de detenerse el vehículo debido al ataque recibido, los señores Víctor Reynaldo Padilla y Misael Antonio Maradiaga, procedieron a bajar del vehículo a Keyla Domitila Aceituno y Ever Jonathan Fuentes Trejo, apuntándoles con armas de fuego, obligando a Keyla a entregarles un reloj que portaba, luego al escuchar el ruido de un vehículo que se aproximaba, dichos señores procedieron a ocultarse en la maleza del lugar y a dirigirse con rumbo al lugar conocido como El Perico en donde fueron capturados por miembros de la policía cuando se encontraban a bordo de un autobús que conduce a la ciudad de Villanueva.” ANTECEDENTES PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha ocho (8) de junio de dos mil dos (2002), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada Marlen Jeanette Banegas, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de Víctor Reinaldo Padilla y Miguel Antonio Maradiaga Antúnez; por suponerlos autores penalmente responsables del delito de Homicidio Agravado seguido de Robo, en perjuicio de Manuel de Jesús Cardón Meléndez y Aquilino Aceituno (f. 1). SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula dictó sentencia en fecha once (11) de junio de dos mil tres (2003), mediante la cual falló condenar a Víctor Reynaldo Padilla y Miguel Antonio Maradiaga Antúnez, como cómplices de los delitos de homicidio en perjuicio de Manuel de Jesús Cardona Meléndez y Aquilino Aceituno, cómplices del delito Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de Rosa Rodríguez, y como autores penalmente responsables del delito de Robo en perjuicio de Keyla Domitila, a las penas acumuladas de reclusión de treinta y dos (32) años y once (11) meses el primero, y, cuarenta (40) años y cuatro (4) meses el segundo; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de la pena de reclusión y las consecuencias legales de responsabilidad civil y trabajo en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario durante el tiempo de la condena. TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. La Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quesada en representación de Miguel Antonio Maradiaga Antúnez, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha veinte (20) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor de su representado, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha once (11) de junio de dos mil tres (2003), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha doce (12) de octubre de dos mil veintiuno (2021), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva (f. 16). CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha ocho (8) de junio de dos mil veintidós (2022), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante la Sala de lo Constitucional (f. 26), habiendo comparecido la Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quesada, en favor de Miguel Antonio Maradiaga Antúnez, como revisionista; la Abogada Claudia Suyapa Mejía, fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando la revisionista que solicita la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, ya que considera que esta legislación despenaliza las agravantes y conlleva una rebaja sustancial en la cuantía de las penas, así como rebaja las penas por su participación a título de cómplice en los delitos de homicidio, ya que le corresponderían diez (10) años por cada uno de los delitos en perjuicio de Manuel de Jesús Cardona Meléndez y Aquilino Aceituno, entretanto, para el delito de cómplice en el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Rosa Rodríguez, le corresponde una pena de dos (2) años y seis (6) meses de prisión; finalmente, para el delito de robo pide la aplicación del concurso continuado según artículo 68 del NCP 130-2017. Por su parte, el Ministerio Público manifestó que las disposiciones del NCP 130-2017 no le son más favorables al condenado, ya que para cada uno de los delitos de homicidio a título de cómplice le corresponde de once (11) años y tres (3) meses a quince (15) años de prisión, y para el delito de robo con violencia agravado, le corresponde la pena de ocho (8) años a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión, todos en concurso real, por lo que es de la opinión que no se otorgue el recurso de revisión.FUNDAMENTACIÓN CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha ocho (8) de junio de dos mil veintidós (2022), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quesada, en favor de Miguel Antonio Maradiaga Antúnez, como revisionista; y, la Abogada Claudia Suyapa Mejía, fiscal del Ministerio Público. La Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quesada, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Solicita la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, ya que considera que esta legislación despenaliza las agravantes y conlleva una rebaja sustancial en la cuantía de las penas, así como también rebaja las penas por su participación a título de cómplice en los delitos de homicidio, ya que le corresponderían diez (10) años por cada uno de los delitos en perjuicio de Manuel de Jesús Cardona Meléndez y Aquilino Aceituno, entretanto, para el delito de cómplice en el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Rosa Rodríguez, le corresponde una pena de dos (2) años y seis (6) meses de prisión; finalmente, para el delito de robo pide la aplicación del concurso continuado según artículo 68 del NCP 130-2017.Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que, las disposiciones del NCP 130-2017 no le son más favorables al condenado, ya que, para cada uno de los delitos de homicidio a título de cómplice expone que le aplica la pena de once (11) años y tres (3) meses a quince (15) años de prisión, y para el delito de robo con violencia agravado, le corresponde la pena abstracta de ocho (8) a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión, todos en concurso real, por lo que es de la opinión que no se otorgue el recurso de revisión. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena concursada, los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa. Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: i. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y, ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o iii. Para hacer efectivo el limite subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: *. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; **. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. b. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: i. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. ii. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: *. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; **. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; ***. Si el concurso real está compuesto por penas conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal se impuso a Miguel Antonio Maradiaga Antúnez, las penas siguientes: i Trece (13) años y cuatro (4) meses de reclusión, por ser cómplice en el delito de Homicidio en perjuicio de Manuel de Jesús Cardona Meléndez. ii Trece (13) años y cuatro (4) meses de reclusión, por ser cómplice en el delito de Homicidio en perjuicio de Aquilino Aceituno. iii Seis (6) años y ocho (8) meses de reclusión, por ser cómplice del delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de Rosa Rodríguez. iv Siete (7) años de reclusión, por ser autor penalmente responsable del delito de Robo, en perjuicio de Keyla Domitila. Las penas de reclusión anteriores fueron impuestas en concurso real (artículo 35 del VCP 144-83) y ascienden a un total de cuarenta (40) años y cuatro (4) meses de reclusión; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de la pena de reclusión y las consecuencias legales de responsabilidad civil y trabajo en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario durante el tiempo de la condena. En el NCP 130-2017 para el delito de homicidio (artículo 192), se define una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años, marco penal al cual habrá de rebajársele un tercio (1/3) en su límite inferior por el título de participación de cómplice según lo establecido en los artículos 61 párrafo segundo y 69 del NCP 130-2017, por lo que el nuevo marco penal para cada uno de los dos delitos de homicidio cometidos en perjuicio de Manuel de Jesús Cardona Meléndez y Aquilino Aceituno, es de diez (10) a quince (15) años de prisión (20 a 30 años de prisión acumulados). Asimismo, respecto al delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa a título de cómplice, en perjuicio de Rosa Rodríguez, como se ha dicho, en el NCP 130-2017 para el delito de Homicidio (artículo 192) se define una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años, marco penal al cual habrá que rebajársele un tercio en su límite inferior (artículo 69 del NCP 130-2017) por tratarse de una tentativa inacabada según los artículos 21 literal a) y 62 del NCP 130-2017, lo que ofrece un marco penal de diez (10) a quince (15) años de prisión; a su vez, este marco penal debe rebajarse un tercio en su límite inferior (artículo 69 del NCP 130-2017) por el título de participación de cómplice (artículo 61 del NCP 130-2017), lo que ofrece un nuevo marco penal de cinco (5) a diez (10) años de prisión. Finalmente, respecto al delito de robo cometido en perjuicio de Keyla Domitila, según los hechos probados de la sentencia nos encontramos ante un delito de robo con violencia agravado (artículos 60, 361 y 363 numeral 9) del NCP 130-2017), lo que ofrece un marco penal abstracto de ocho (8) años a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión. Al sumar los marcos penales que corresponden para estos delitos nos ofrece un límite inferior de treinta y tres (33) años y un límite superior de cincuenta (50) años y ocho (8) meses, por lo que la pena acumulada de reclusión impuesta en instancia (cuarenta (40) años y cuatro (4) meses de reclusión), se encuentra dentro del marco penal que corresponde con el NCP 130-2017, no implicando un beneficio para el sentenciado de conformidad con los artículos 616 y 621 del NCP-2017. Además, hay otra razón fundamental para no otorgar el recurso extraordinario de revisión penal, y es que también existe identidad respecto al límite objetivo ordinario de cumplimiento de la pena privativa de la libertad; ya que, el VCP 144-83 establece en su artículo 35 que al culpable de dos (2) o más delitos, se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones. El sentenciado cumplirá sus condenas simultáneamente, si fuere posible. Cuando no lo fuere, o si de ello resulta ilusoria alguna de las penas, las cumplirá sucesivamente, principiando por las mayores, o sea las señaladas a los delitos más graves. Sin embargo, la duración de las penas acumuladas por varios delitos no excederá de treinta (30) años. Es decir, el límite de cumplimiento de la pena privativa de la libertad en el VCP 144-83 es de treinta (30) años. Entretanto, el NCP 130-2017 establece en su artículo 66 que al culpable de dos (2) o más delitos o faltas, se le impondrán todas las penas correspondientes a las infracciones cometidas para su cumplimiento simultáneo, si fuere posible, atendidas la naturaleza y efectos de las mismas. Si las penas impuestas por las diversas infracciones no pueden ser cumplidas simultáneamente, debe seguirse el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, el máximo de cumplimiento viene determinado por el triple del tiempo de duración de la más grave de las penas impuestas, que no puede exceder de treinta (30) años. Es decir, el límite de cumplimiento de la pena privativa de la libertad en el NCP 130-2017 es de treinta (30) años, salvo que una de las penas de prisión impuesta exceda de veinte (20) años, en donde deberá aplicarse el límite objetivo extraordinario (40 años). En definitiva, también existe identidad respecto al límite de cumplimiento del tiempo de la pena privativa de la libertad entre el VCP 144-83 y el NCP 130-2017, lo que no implica un beneficio para el sentenciado según lo establecido en el 616 párrafo séptimo. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quesada, en favor del señor Miguel Antonio Maradiaga Antúnez. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la magistrada ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fechas siete de septiembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0983-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL