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Sentencia RP-980-21 — Registro 17890

Resumen

Se interpuso recurso de revisión contra la sentencia que se condenó a X, como autor penalmente responsable del delito de violación especial, en perjuicio de la Niña 1, con la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

El límite mínimo de la pena aumentada en una fracción determinada será el máximo de la pena señalada por la ley para el delito de que se trate. En este caso, según la regulación sustantiva, el nuevo margen abstracto imponible que tenemos por cada uno de los delitos es de trece (13) años a diecisiete (17) años y cuatro (4) meses de prisión, lo que en suma equivale a veintiséis (26) años a treinta y cuatro (34) años y ocho (8) meses de prisión, más la pena principal de prohibición de aproximación a la víctima por el doble del tiempo de prisión (52 años a 69 años y 4 meses); a lo que habrá que sumarle la pena de libertad vigilada de hasta diez (10) años y el registro en el libro de agresores sexuales que para tal efecto lleva el Juzgado de Ejecución correspondiente (artículo 267 NCP). Lo anterior conlleva a concluir que no corresponde la aplicación retroactiva del NCP, porque la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, es también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (artículo 616) dentro del mismo marco abstracto de punibilidad. Es decir, la pena concreta impuesta (32 años de reclusión) se encuentra dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (artículo 621), lo que como hemos dicho equivale a veintiséis (26) años a treinta y cuatro (34) años y ocho (8) meses de prisión, más la pena principal de prohibición de aproximación a la víctima por el doble del tiempo de prisión (52 años a 69 años y 4 meses); a las que hay que sumarles la pena de libertad vigilada de hasta diez (10) años y el registro en el libro de agresores sexuales que para tal efecto lleva el Juzgado de Ejecución correspondiente (artículo 267 NCP). Ambas partes coinciden en que concurre la agravante compuesta del párrafo último del artículo 249 del NCP, sin embargo, también coinciden en pasar por alto que cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 dentro del mismo marco abstracto de la pena (artículo 621), no deberá aplicarse la retroactividad de la norma penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena. Asimismo, ambas partes también omiten hacer valoración jurídica respecto a las tres penas principales adicionales a la pena privativa de la libertad que impone la legislación vigente para el hecho concreto, así como a la posible concurrencia del concurso del delito continuado definido en el artículo 68 del NCP, del cual se determina su no aplicabilidad por haber más de un sujeto pasivo. Finalmente, se descarta la aplicación del límite subjetivo porque el mismo excede el límite objetivo ordinario (30 años de prisión); se descarta, asimismo, la aplicación del límite objetivo extraordinario al no existir pena de prisión superior a los veinte (20) años; siendo así que se determina la identidad entre el límite de cumplimiento entre el VCP y el límite objetivo ordinario con el NCP.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-0980-2021, interpuesto por el Abogado Rosendo Vásquez, a favor del señor X, contra la sentencia de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil once (2011), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Condenó a X, como autor penalmente responsable del delito de violación especial, en perjuicio de la Niña1, con la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a una pena de dieciséis (16) años de reclusión, la cual deberá cumplir en una Penitenciaría Nacional del Sistema Penitenciario del país, quedando sujeto a participar en obras públicas o en labores según regula el sistema penitenciario, debiendo computarse el abono del tiempo que se ha encontrado en efectiva prisión por la presente causa. Segundo: Condenó a X, como autor penalmente responsable del delito de violación especial, en perjuicio de Niña2, con la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a una pena de dieciséis (16) años de reclusión, la cual deberá cumplir en una Penitenciaría Nacional del Sistema Penitenciario del país, quedando sujeto a participar en obras públicas o en labores según regula el sistema penitenciario, debiendo computarse el abono del tiempo que se ha encontrado en efectiva prisión por la presente causa. Tercero: Condenó a X a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de duración de ambas penas principales. Cuarto: No condenó en costas. Quinto: No declaró la responsabilidad civil. Sexto: No decretó comiso. Son partes: 1) El Abogado Rosendo Vásquez, en favor del señor X, como revisionista; 2) La Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, fiscal del Ministerio Público. ANTECEDENTES PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras Penal Unificado de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada Marlen Carolina Martínez, en su condición de fiscal del ministerio público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor X, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de violación especial en perjuicio de la niña1 y la joven2(ver del f. 2 al f. 4). SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil once (2011), el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: “Primero: Condenó a X, como autor penalmente responsable del delito de violación especial, en perjuicio de la Niña1, con la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a una pena de dieciséis (16) años de reclusión, la cual deberá cumplir en una Penitenciaría Nacional del Sistema Penitenciario del país, quedando sujeto a participar en obras públicas o en labores según regula el sistema penitenciario, debiendo computarse el abono del tiempo que se ha encontrado en efectiva prisión por la presente causa. Segundo: Condenó a X, como autor penalmente responsable del delito de violación especial, en perjuicio de Niña2, con la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a una pena de dieciséis (16) años de reclusión, la cual deberá cumplir en una Penitenciaría Nacional del Sistema Penitenciario del país, quedando sujeto a participar en obras públicas o en labores según regula el sistema penitenciario, debiendo computarse el abono del tiempo que se ha encontrado en efectiva prisión por la presente causa. Tercero: Condenó a X a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de duración de ambas penas principales. Cuarto: No condenó en costas. Quinto: No declaró la responsabilidad civil. Sexto: No decretó comiso.” TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Rosendo Vásquez, en su condición de apoderado defensor de X, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor de su representado, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil once (2011), por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mismo que fue admitido mediante auto de fecha doce (12) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva. CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintidós (2022), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional, habiendo comparecido el Abogado Rosendo Vásquez, en su condición de apoderado defensor del señor X, y, la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor de su representado, de conformidad a las disposiciones vigentes en el Nuevo Código Penal (Decreto 130-2017); por su parte, el Ministerio Público fue de la opinión que se otorgue la presente acción de revisión, en virtud de considerar que la nueva norma penal favorece al condenado. FUNDAMENTACIÓN CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[3]. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la garantía constitucional de revisión y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[4]. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[5], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[6]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”[7]. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” [8]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión se celebró en fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Rosendo Vásquez, en representación de X, y la abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado Rosendo Vásquez, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que su representado fue condenado por dos delitos de violación especial en perjuicio de Niña1 y niña2, a una pena de dieciséis (16) años de reclusión por cada uno de los delitos; concretamente pide la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por considerar que contempla penas más benignas, ello porque el artículo 249 del NCP contempla una pena de 9 a 13 años de prisión, a la cual debe aumentársele un tercio (1/3), e imponerle a su representado una pena concreta de doce (12) años por cada uno de los delitos; finalmente arguye que dicha operación aritmética permite colegir que resulta más benigno para su representado. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que el delito de violación contiene una pena abstracta de nueve (9) a trece (13) años de prisión, la cual debe aumentarse en un tercio (1/3) al haberse acreditado según los hechos probados que X es tío de ambas víctimas de violación especial, a quienes amenazaba de causarles daño si hablaban lo cometido, ambas víctimas eran menores de catorce (14) años. En el presente caso considera que deberá imponerse por cada delito una pena de catorce (14) años, haciendo un total de veintiocho (28) años, tomando en cuenta que se le impuso una pena superior a la mínima en la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Por lo cual es de la opinión que se otorgue la presente acción de revisión. CONSIDERANDO CUATRO (4): Del principio de legalidad y de las reglas generales y particulares de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. i. DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 11.2), en la Declaración de los derechos y Deberes del Hombre (artículos 5 y 15), en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (artículo 9), en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (artículos 6, 9 y 14), en el Código de Conducta Para Funcionarios Encargados de Hacer y Cumplir la Ley (artículo 1), así como en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades y la Carta Africana Sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. De igual modo, en la Constitución de la República de Honduras se establece en el artículo 84 que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. El Principio de Legalidad exige del legislador: a. Que formule las descripciones del delito del modo más preciso posible (Nullum crimen sine lege certa), y, b. Que las leyes no tengan efecto retroactivo (nullum crimen sine lege praevia), salvo cuando le sea más favorable al procesado o condenado. Por otra parte, exige del juzgador: a. Que sus condenas se basen en la ley escrita y no en el derecho consuetudinario (nullum crimen sine lege scripta) y, b. Que no amplíe la ley escrita en perjuicio del afectado (nullum crimen sine lege stricta), la llamada prohibición por analogía. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley que regula las mismas situaciones que la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría a su arbitrio contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad son: a. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; b. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o, c. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más favorable no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política se establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente al momento del hecho; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior y por la cual estaba siendo juzgada o por la cual fue condenada la persona; y, c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; y, c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales en los siguientes casos: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. ii. CASOS EN QUE NO PROCEDE LA PONDERACIÓN DE NORMA PENAL MÁS FAVORABLE. El nuevo código penal prevé una serie de prohibiciones respecto a la ponderación de la norma más favorable y, en su caso, la aplicación retroactiva de la norma penal sustantiva más favorable. Dichas prohibiciones son: a. Penas ejecutadas (artículo 622): No se hará revisión de penas ejecutadas completamente, salvo para efectos de alegar inexistencia de reincidencia en un nuevo proceso penal; b. Penas a cumplir en vacancia legal (artículo 622): No se hará revisión de las penas cuya fecha de cumplimiento este dentro del periodo de vacancia legal del cp-130-2017; c. Suspensión de la pena y libertad condicional (artículo 618): no se hará revisión de penas suspendidas condicionalmente y penas de personas en libertad condicional conforme el VCP 144-1983, salvo reactivación de la pena por incumplimiento del beneficio; y, d. Responsabilidad civil derivada del delito (artículo 626): La despenalización del delito no afectará los procesos pendientes y los pronunciamientos firmes respecto a la responsabilidad civil derivada. iii. REGLAS GENERALES DE PONDERACIÓN El Código Penal 130-2017 prevé una serie de reglas generales que deben de observarse en el proceso de ponderación ya sea en primera instancia como en la resolución de recursos devolutivos. Dichas reglas generales son: i. Proceso contradictorio: El proceso de ponderación debe de realizarse de manera contradictoria; el artículo 616 indica que es obligatorio emplazar siempre a la persona procesada o condenada, así como a las demás partes, para la celebración de una audiencia que tenga tal efecto. Es excepción de esto los procesos que se encuentren en trámite de un recurso devolutivo, cuyo emplazamiento este hecho por la ley al disponerse la presentación de un escrito supletorio; ii. Prohibición de fragmentación: El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera confrontación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 versus todas las normas del Código 130-2017; iii. Penas conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (artículo 617 NCP); iv. Extinción de la pena por cumplimiento: El artículo 621 indica que el juzgado de ejecución deberá de declarar extinguida la pena y ordenará la libertad inmediata de la persona cuando conforme el NCP144-83 haya cumplido una pena superior a la que señala para ese mismo delito por el NCP130-2017. Es pues que el supuesto requiere: i. Identidad en el tipo de Pena entre ambos cuerpos normativos; y ii. Que se trate de penas no concursadas. Cuando no se cumplan estas dos reglas se deberá de seguir con el procedimiento respecto a penas de distinta naturaleza o penas concursadas; v. Atipicidad: De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 615 del NCP, los hechos tipificados como delitos en el VCP pero que no encuentren su réplica en la nueva codificación, deben de motivar el dictado de un sobreseimiento definitivo en las causas penales activas y la declaratoria de cesación de cumplimiento de pena en las sentencias condenatorias firmes que se estén ejecutando. El sobreseimiento puede ser dictado en cualquier etapa del proceso, siendo la excepción a la regla de que la ponderación se debe de reservar para el momento del juzgamiento; vi. Penas privativas de libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (artículo 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentra dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (artículo 621); vii. Pena de multa: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa. La aplicación retroactiva se realizará excepcionalmente cuando: i. No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y ii. la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (artículo 619). En caso de encontrar un delito o falta en el VCP coincidente en el supuesto de hecho con uno previsto en el NCP, y que ambos sancionen con multa; y que además proceda la excepción antes explicada, se procederá a la conversión, cuyas reglas son las siguientes: i. Cada salario mínimo impuesto como pena de multa por el VCP144-83 equivaldrá a 10 días multa regulados por el NCP130-2017; ii. Si la pena de multa impuesta por el VCP144-83 es por una cantidad fija, se procederá a realizar la comparación cuantitativa entre ésta y la pena de multa que corresponda conforme el NCP130-2017; viii. Penas privativas de derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (artículo 620); y, ix. Medidas de seguridad: Respecto a las medidas de seguridad impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (artículo 625). iv. Reglas Particulares De Ponderación: Penas Concursadas Y Penas No Concursadas. A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta con base al rigor del VCP 144-83, lo que incluye establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: i. CONCURSO IDEAL. Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un concurso ideal (artículo 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017. Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; b. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o c. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i. Limite subjetivo, ii. Limite objetivo ordinario; y, iii. Limite objetivo extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. ii. DELITO CONTINUADO. En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (artículo 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (artículo 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el concurso ideal. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: a. En primera instancia: a. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá qué codificación es la más beneficiosa; o b. En segunda instancia y única instancia: La comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicará la pena que le sea más favorable al procesado y con ello se definirá que cuerpo normativo corresponde aplicar. iii. CONCURSO REAL. Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa. Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: i. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y, ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o iii. Para hacer efectivo el limite subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: *. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; **. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. b. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: i. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. ii. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: *. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; **. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; ***. Si el concurso real está compuesto por penas conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. iv. CONCURSO MEDIAL El concurso medial desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un concurso medial (artículo 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, explicado ut supra; b. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; c. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas. v. PENAS CONJUNTAS NO CONCURSADAS. Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CINCO (5): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para la denegación del recurso extraordinario de revisión penal. Vista y analizada la sentencia impugnada, así como los argumentos expuestos por las partes en sus escritos y ratificados oralmente en audiencia, la Sala de lo Constitucional identifica múltiples variables a considerar para hacer el análisis de ponderación de retroactividad del Código Penal 130-2017, y determinar si le es o no favorable al señor X, autor penalmente responsable de dos delitos de violación especial, en perjuicio de las niñas Niña1 y Niña2. Antes de abordar dicho análisis, es importante determinar que nos encontramos ante un supuesto de concurso real, pues un mismo sujeto activo realizó dos acciones y con ello infringió una misma norma penal dos veces en perjuicio de dos sujetos pasivos distintos (artículo 65 del Código Penal 130-2017); por lo que las reglas especiales de aplicación retroactiva a considerar se corresponden al de dicho concurso. Además, es importante señalar que el análisis jurídico de ponderación se circunscribe al fáctum de la sentencia que sirvió de base para la emisión del fallo y la declaratoria de culpabilidad. Los hechos probados de la sentencia establecen lo siguiente: “PRIMERO: En fecha indeterminada, cuando transcurría el año dos mil uno (2001), mientras la niña2, de once años de edad aproximadamente, se encontraba sola en su casa de habitación, ubicada en la Colonia denominada Flor de Cuba, en el sector de la Colonia Rivera Hernández de esta ciudad de San Pedro Sula, llegó el señor X, tío paterno de la niña y procedió a llevarla hasta una de las habitaciones de la casa, le quitó la ropa, la acostó en la cama y le introdujo el pene en la vagina, luego le dijo que no contara a nadie lo sucedido, ya que si lo hacía le iba causar mal a ella o a sus padres. SEGUNDO: Posteriormente, en el año dos mil cuatro (2004), contando la Niña1, con la edad de diez años, mientras se hallaba también sola en su casa de habitación, ubicada en la Colonia denominada La Flor de Cuba, en el sector de la Colonia Rivera Hernández de esta ciudad de San Pedro Sula, llegó el señor X, hermano del padre de la niña y procedió a llevarla al cuarto de ella donde la despojó de la ropa para luego introducirle el pene en la vagina, hasta eyacular, después le dijo que no dijera nada de lo sucedido, pues él le haría daño a sus padres si ella contaba lo que había pasado. TERCERO: Cuando la Niña1, contaba con alrededor de quince (15) años de edad, decidió irse a convivir con su novio, para hacer vida marital y le confeso a su madre x., lo que le había hecho su tío x., noticias que x. contó a su otra hija joven1, confesándole x. que su tío x. a ella también le había hecho lo mismo, motivando de esta manera el proceso penal de investigación y posterior acusación contra x.” Estos hechos probados el juzgador de instancia los subsumió en dos delitos de violación especial contemplados en el artículo 140 numeral 1) del Código Penal 144-83, atendiendo la razón de la edad de las víctimas (ambas menores de 14 años al momento de los hechos) y por concurrir la modalidad criminosa de vis compulsiva o intimidación al momento de la comisión de los hechos (f. 116 del expediente del Juzgado de Ejecución y f. 25 del expediente de instancia). Adecuando este cuadro fáctico a la norma penal vigente, se verifica la concurrencia -como así coinciden las partes- del delito de violación en su modalidad agravada según el último párrafo del artículo 249 del Código Penal 130-2017, ya que se empleó la modalidad criminosa de intimidación al momento de la realización de los hechos y al tomar en consideración la edad de los sujetos pasivos (niñas de 10 y 11 años respectivamente), así como la edad del sujeto activo. El párrafo último de artículo 249 del NCP establece que las penas anteriores (de 9 a 13 años de prisión y prohibición de aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión) se deben aumentar un tercio (1/3), si se emplea violencia o intimidación y la víctima es menor de catorce (14) años; lo que de conformidad con el artículo 69 del Código Penal 130-2017 sobre el aumento o disminución en fracciones de la pena, la pena aumentada en una fracción determinada, se forma partiendo de la cifra máxima señalada en la ley para el delito de que se trate aumentando la fracción correspondiente, constituyendo la suma resultante su límite máximo. El límite mínimo de la pena aumentada en una fracción determinada será el máximo de la pena señalada por la ley para el delito de que se trate. En este caso, según la regulación sustantiva, el nuevo margen abstracto imponible que tenemos por cada uno de los delitos es de trece (13) años a diecisiete (17) años y cuatro (4) meses de prisión, lo que en suma equivale a veintiséis (26) años a treinta y cuatro (34) años y ocho (8) meses de prisión, más la pena principal de prohibición de aproximación a la víctima por el doble del tiempo de prisión (52 años a 69 años y 4 meses); a lo que habrá que sumarle la pena de libertad vigilada de hasta diez (10) años y el registro en el libro de agresores sexuales que para tal efecto lleva el Juzgado de Ejecución correspondiente (artículo 267 NCP). Lo anterior conlleva a concluir que no corresponde la aplicación retroactiva del NCP, porque la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, es también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (artículo 616) dentro del mismo marco abstracto de punibilidad. Es decir, la pena concreta impuesta (32 años de reclusión) se encuentra dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (artículo 621), lo que como hemos dicho equivale a veintiséis (26) años a treinta y cuatro (34) años y ocho (8) meses de prisión, más la pena principal de prohibición de aproximación a la víctima por el doble del tiempo de prisión (52 años a 69 años y 4 meses); a las que hay que sumarles la pena de libertad vigilada de hasta diez (10) años y el registro en el libro de agresores sexuales que para tal efecto lleva el Juzgado de Ejecución correspondiente (artículo 267 NCP). Ambas partes coinciden en que concurre la agravante compuesta del párrafo último del artículo 249 del NCP, sin embargo, también coinciden en pasar por alto que cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 dentro del mismo marco abstracto de la pena (artículo 621), no deberá aplicarse la retroactividad de la norma penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena. Asimismo, ambas partes también omiten hacer valoración jurídica respecto a las tres penas principales adicionales a la pena privativa de la libertad que impone la legislación vigente para el hecho concreto, así como a la posible concurrencia del concurso del delito continuado definido en el artículo 68 del NCP, del cual se determina su no aplicabilidad por haber más de un sujeto pasivo. Finalmente, se descarta la aplicación del límite subjetivo porque el mismo excede el límite objetivo ordinario (30 años de prisión); se descarta, asimismo, la aplicación del límite objetivo extraordinario al no existir pena de prisión superior a los veinte (20) años; siendo así que se determina la identidad entre el límite de cumplimiento entre el VCP y el límite objetivo ordinario con el NCP. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Rosendo Vásquez, en favor del señor X. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha dos de junio de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-980-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.”

[4] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[5] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[6] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[7] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[8] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.