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Sentencia RP-959-21 — Registro 17889

Resumen

Se interpuso recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria por los delitos de cultivo y tráfico de marihuana en concurso ideal en perjuicio de la salud de la población de Estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Santos Gustavo Mejía, la pena de dieciocho (18) años, nueve (9) meses de reclusión y multa de un millón doscientos cincuenta mil lempiras L.1,250,000.00), por ser penalmente responsable del delito de cultivo y tráfico de marihuana, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y las consecuencias legales de responsabilidad civil y trabajo en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario durante el tiempo de la condena. En el caso presente, para los delitos de cultivo y tráfico de marihuana impuestos en la sentencia de instancia, según el Código Penal vigente Decreto 130-2017, nos encontramos ante un delito de Tráfico de Drogas según el artículo 311 del Nuevo Código Penal, que dispone: “Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días.”. En el caso del señor Santos Gustavo Mejía, conforme los hechos probados, la pena señalada para la conducta del acusado se castiga en el Código Penal Vigente Decreto 130-2017 (art.311) con la pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Conforme al artículo 31 del Código Penal Decreto 130-2017, los hechos se realizaron con la concurrencia de la circunstancia atenuante contenida en el numeral 4 del citado artículo que señala: “Ser el culpable mayor de dieciocho (18) años y menor de veintiuno (21);”, ello porque el señor Santos Gustavo Mejía, al momento de la comisión del delito por el cual fue condenado, tenía la edad de diecinueve años de edad.- Sin la concurrencia de circunstancias agravantes en los hechos declarados probados en la sentencia que se revisa, según el artículo 32 del Nuevo Código Penal. Asimismo, para dar respuesta a lo planteado por el Ministerio Público, quien es del parecer porque se otorgue la acción de revisión y se imponga una pena de prisión de 10 a 15 años y multa de 300 a 500 días por concurrir la agravante del artículo 312 numeral 8 que establece “Se emplea violencia, intimidación o armas en la comisión del hecho”. Advierte esta Sala, como ya se indicó líneas arriba, los hechos se realizaron sin la concurrencia de circunstancias agravantes, en razón de que, en la sentencia que se revisa, no existe un hecho probado que señale que la pistola tipo escuadra calibre 22 encontrada en el allanamiento de morada relacionado en el hecho probado “UNO”, haya sido utilizada en la comisión del delito por el cual fue condenado el señor Santos Gustavo Mejía, por ello no es de recibo lo peticionado por la fiscal del Ministerio Publico en relación a la agravante señalada. Ergo, al hacer la comparación de las penas impuestas en la sentencia venida en revisión (18 años, 9 meses de reclusión y multa de L.1,250,000.00) versus el marco abstracto del delito de Tráfico de Drogas, artículo 311 del Código Penal Vigente Decreto 130-2017 (pena de prisión de 4 a 7 años y multa de 100 a 500 días), siendo más benévolo o consecuente el Nuevo Código Penal Decreto 130-2017, en comparación con la norma derogada. Una vez concluido que sí aplica el beneficio de retroactividad de la ley penal, como siguiente paso corresponde hacer el análisis y determinar dentro del marco abstracto la pena concreta a imponer según las circunstancias establecidas del artículo 70 en relación con los artículos 31 y 32 todos del Código Penal Decreto 130-2017. En este caso, el juzgador de instancia determinó en su sentencia que no concurrían circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que pudiesen agravar el quantum de la pena, y atendiendo las circunstancias atenuantes y circunstancias personales del condenado, así como la modalidad criminosa empleada, es consecuente imponer la pena de prisión de cuatro (4) años y multa de cien (100) días a razón de veinte (20) Lempiras por día, lo que nos da un total de dos mil Lempiras exactos (L.2,000.00), por ser penalmente responsable del delito de Tráfico de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Certifica el Fallo que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Constitucional Sentencia de revisión penal En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), el Pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la Magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los Magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras Dicta sentencia en el recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado RAFAEL ANTONIO NOLASCO MATEO, a favor del señor SANTOS GUSTAVO MEJIA conocido como SANTOS LOPEZ MEJIA, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa, Departamento de Copán, en fecha veintisiete de mayo del año dos mil cuatro, que decide: CONDENAR Y CONDENA: UNO.- Al señor SANTOS GUSTAVO LOPEZ, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, a la pena de DIECIOCHO AÑOS NUEVE MESES DE RECLUSIÓN Y MULTA DE UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS como pena principal, por los delitos de CULTIVO Y TRAFICO DE MARIHUANA EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DE ESTADO DE HONDURAS, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, estando sujeto a participar en obras publicas o en labores según regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado privado de su libertad, de igual manera se le condena a las accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la pena principal. DOS: Al señor SANTOS GUSTAVO MEJIA, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, a la pena de DIECIOCHO AÑOS NUEVE MESES DE RECLUSIÓN Y MULTA DE UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS como pena principal, por los delitos de CULTIVO Y TRAFICO DE MARIHUANA EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DE ESTADO DE HONDURAS, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, estando sujeto a participar en obras públicas o en labores según regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado privado de su libertad, de igual manera se le condena a las accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la pena principal. TRES.- Al señor CARLOS OVIDIO LOPEZ, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, a la pena de DIECIOCHO AÑOS NUEVE MESES DE RECLUSIÓN Y MULTA DE UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS como pena principal, por los delitos de CULTIVO Y TRAFICO DE MARIHUANA EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DE ESTADO DE HONDURAS, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, estando sujeto a participar en obras públicas o en labores según regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado privado de su libertad, de igual manera se le condena a las accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la pena principal. CUARTO.- No procede condenar en costas a los acusados SANTOS GUSTAVO LOPEZ, SANTOS GUSTAVO MEJIA Y CARLOS OVIDIO LOPEZ. CINCO.- Se declara a los señores SANTOS GUSTAVO LOPEZ, SANTOS GUSTAVO MEJIA Y CARLOS OVIDIO LOPEZ civilmente responsables por los delitos, por los que hoy se les condena. SEIS.- Se ordena el comiso del arma de fuego tipo pistola calibre 22, marca star, sin serie, cacha de caucho, color café, con su respectivo cargador y seis proyectiles calibre 22, y de la cantidad de tres libras de marihuana que se remitió a los Laboratorios de Toxicología del Ministerio Público en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, misma que deberá ser incinerada.Son partes: 1)El Abogado Rafael Antonio Nolasco Mateo, en favor del señor SANTOS GUSTAVO MEJIA, como revisionista;2) La Abogada Claudia Suyapa Mejía, fiscal del Ministerio Público.Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal.“UNO: El día martes veintidós de Junio del año dos mil tres, a las seis de la mañana se practicó, allanamiento de morada en las viviendas de los señores SANTOS GUSTAVO LOPEZ, SANTOS GUSTAVO MEJIA Y CARLOS OVIDIO LOPEZ, dando como resultado de dicha diligencia el hallazgo, en casa del señor Santos Gustavo López, de varias bolsas con marihuana en hoja, que pesaban aproximadamente dos libras y media, una bolsa con semilla de marihuana que pesaba aproximadamente 3 onzas, y una canasta de junco con doce carrucos de marihuana envueltos en papel periódico.- En casa del señor Santos Gustavo Mejía, un saco pequeño conteniendo 3 carrucos de marihuana y una bolsa con marihuana suelta, otra bolsa negra conteniendo marihuana, dos sacos sucios, conteniendo uno 14 libras de marihuana aproximadamente y el otro conteniendo 3 libras aproximadamente también de marihuana y una pistola tipo escuadra calibre 22 con su respectivo cargador y 6 proyectiles.- DOS.- En los terrenos que rodean las tres viviendas allanadas, se encontraron sembradas la cantidad de 1,432 plantas de marihuana.- Una parte se encontró como a ochocientos metros, hacia atrás de la casa habitada por el señor Santos Gustavo López y otra parte a doce metros aproximadamente hacia atrás de la casa habitada por el señor Carlos Ovidio López. TRES.- El señor Carlos Ovidio López, vendía carrucos de marihuana por la cantidad de veinte lempiras (L. 20.00) cada uno, en casa de su padre el señor Santos Gustavo López. CUATRO.- Los señores Santos Gustavo López, José Santos Gustavo Mejía, y Carlos Ovidio López, vendían marihuana a personas extrañas a su comunidad que los visitaban cada ocho días.”. ANTECEDENTESPRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha veintidós (22) de julio del año dos mil tres (2003), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, la Abogada FANNY YANETH MARTINEZ VELASQUEZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los Señores SANTOS GUSTAVO LOPEZ, CARLOS OVIDIO LOPEZ Y JOSE SANTOS GUSTAVO MEJIA, por suponerlos responsables de los delitos de CULTIVO, POSESIÓN Y TRAFICO DE MARIHUANA en perjuicio de la SALUD Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 07-09 de la pieza del A-Quo)SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Que una vez evacuado el procedimiento, en fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil cuatro (2004), el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: (SIC): “UNO.- Al señor SANTOS GUSTAVO LOPEZ de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, a la pena de DIECIOCHO AÑOS NUEVE MESES DE RECLUSION Y MULTA DE UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS como pena principal, por los delitos de CULTIVO Y TRAFICO DE MARIHUANA EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, estando sujeto a participar en obras públicas o en labores según regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado privado de su libertad, de igual manera se le condena a las accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la pena principal. DOS.- Al señor SANTOS GUSTAVO MEJIA, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, a la pena de DIECIOCHO AÑOS NUEVE MESES DE RECLUSION Y MULTA DE UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS como pena principal, por los delitos de CULTIVO Y TRAFICO DE MARIHUANA EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, estando sujeto a participar en obras públicas o en labores según regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado privado de su libertad, de igual manera se le condena a las accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la pena principal. TRES.- Al señor CARLOS OVIDIO LOPEZ, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, a la pena de DIECIOCHO AÑOS NUEVE MESES DE RECLUSION Y MULTA DE UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS como pena principal, por los delitos de CULTIVO Y TRAFICO DE MARIHUANA EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”, estando sujeto a participar en obras públicas o en labores según regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado privado de su libertad, de igual manera se le condena a las accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la pena principal. CUATRO.- No procede condenar en costas a los acusados SANTOS GUSTAVO LOPEZ, SANTOS GUSTAVO MEJIA y CARLOS OVIDIO LOPEZ. CINCO.- Se declara a los señores SANTOS GUSTAVO LOPEZ, SANTOS GUSTAVO MEJIA y CARLOS OVIDIO LOPEZ civilmente responsables por los delitos, por los que hoy se les condena. SEIS.- Se ordena el comiso del arma de fuego tipo pistola calibre 22, marca star, sin serie, cacha de caucho, color café, con su respectivo cargador y seis proyectiles calibre 22 y de la cantidad de tres libras de marihuana que se remitió a los Laboratorios de Toxicología del Ministerio Público en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, misma que deberá ser incinerada. SIETE.- Una vez firme la presente sentencia, que se remita al Juzgado de Ejecución de esta Jurisdicción, certificación de la presente sentencia con sus antecedentes, así como también deberá enviarse certificación de la misma sentencia al Director del Centro Penal correspondiente. NOTIFIQUESE.” (Folios 136-143 de la pieza del A-Quo) TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado RAFAEL ANTONIO NOLASCO MATEO compareció ante este Tribunal en fecha diez (10) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor del Señor SANTOS GUSTAVO MEJIA conocido como SANTOS LOPEZ MEJIA, contra la sentencia Definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan, en fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil cuatro (2004), fundamentando su acción en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Teniéndose por admitido el recurso de mérito por esta sala, en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. (Folios 01-06 y 08 del recurso de mérito)CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y presentación de pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado RAFAEL ANTONIO NOLASCO MATEO en su condición de Apoderado Legal del Señor SANTOS GUSTAVO MEJIA, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, para acceder al referido recurso de revisión, que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, basado en el principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017) solicitó se le aplique a su representado una pena de cuatro a siete años y una multa de 100 a 500 días, según lo estipula el nuevo código penal en sus artículos 311, 321, 313, en atención a que esta nueva ley es la que más le favorece al reo.- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque SE OTORGUE la presente acción de revisión y se imponga una pena de prisión de 10 a 15 años y multa de 300 a 500 días por concurrir la causal del artículo 312 numeral 8 que establece “se emplea violencia, intimidación o armas en la comisión del hecho. (Folios 17-22 del recurso de mérito)Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1].El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[2], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[3]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”[4]. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” [5].CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veintidós (2022), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Rafael Antonio Nolasco Mateo, en representación del señor Santos Gustavo Mejía, conocido también como Santos López Mejía, como revisionista; y, la Abogada Claudia Suyapa Mejía, en su condición de fiscal del Ministerio Público. El Abogado Rafael Antonio Nolasco Mateo, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que su representado fue condenado por el delito de Cultivo, Posesión y tráfico de marihuana, mediante sentencia de fecha veintisiete de mayo del año dos mil cuatro, a una pena de dieciocho años y nueve meses de reclusión, por ello solicita se aplique a su representado la retroactividad de la ley penal más favorable, y se solicita se le aplique el nuevo código penal vigente decreto 130-2017, por lo cual la nueva pena a aplicar por el delito de Cultivo, Posesión y tráfico de marihuana, es de cuatro a siete años, y una multa de 100 a 500 días, según lo estipula el Código Penal vigente en los artículos 311, 312 y 313.Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que, analizado el recurso de revisión penal es procedente se imponga una pena de prisión de 10 a 15 años y multa de 300 a 500 días por concurrir la causal del artículo 312 numeral 8 que establece “se emplea violencia, intimidación o armas en la comisión del hecho”; emitió opinión en el sentido que se otorgue la acción de revisión.CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme Código Penal Decreto 144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el Código Penal vigente Decreto 130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el Código Penal Decreto 144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del Código Penal vigente Decreto 130-2017; iii. Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el Código Penal Decreto 144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el Código Penal vigente Decreto 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal.En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Santos Gustavo Mejía, la pena de dieciocho (18) años, nueve (9) meses de reclusión y multa de un millón doscientos cincuenta mil lempiras L.1,250,000.00), por ser penalmente responsable del delito de cultivo y tráfico de marihuana, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y las consecuencias legales de responsabilidad civil y trabajo en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario durante el tiempo de la condena.En el caso presente, para los delitos de cultivo y tráfico de marihuana impuestos en la sentencia de instancia, según el Código Penal vigente Decreto 130-2017, nos encontramos ante un delito de Tráfico de Drogas según el artículo 311 del Nuevo Código Penal, que dispone: “Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días.”. En el caso del señor Santos Gustavo Mejía, conforme los hechos probados, la pena señalada para la conducta del acusado se castiga en el Código Penal Vigente Decreto 130-2017 (art.311) con la pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Conforme al artículo 31 del Código Penal Decreto 130-2017, los hechos se realizaron con la concurrencia de la circunstancia atenuante contenida en el numeral 4 del citado artículo que señala: “Ser el culpable mayor de dieciocho (18) años y menor de veintiuno (21);”, ello porque el señor Santos Gustavo Mejía, al momento de la comisión del delito por el cual fue condenado, tenía la edad de diecinueve años de edad.- Sin la concurrencia de circunstancias agravantes en los hechos declarados probados en la sentencia que se revisa, según el artículo 32 del Nuevo Código Penal. Asimismo, para dar respuesta a lo planteado por el Ministerio Público, quien es del parecer porque se otorgue la acción de revisión y se imponga una pena de prisión de 10 a 15 años y multa de 300 a 500 días por concurrir la agravante del artículo 312 numeral 8 que establece “Se emplea violencia, intimidación o armas en la comisión del hecho”. Advierte esta Sala, como ya se indicó líneas arriba, los hechos se realizaron sin la concurrencia de circunstancias agravantes, en razón de que, en la sentencia que se revisa, no existe un hecho probado que señale que la pistola tipo escuadra calibre 22 encontrada en el allanamiento de morada relacionado en el hecho probado “UNO”, haya sido utilizada en la comisión del delito por el cual fue condenado el señor Santos Gustavo Mejía, por ello no es de recibo lo peticionado por la fiscal del Ministerio Publico en relación a la agravante señalada. Ergo, al hacer la comparación de las penas impuestas en la sentencia venida en revisión (18 años, 9 meses de reclusión y multa de L.1,250,000.00) versus el marco abstracto del delito de Tráfico de Drogas, artículo 311 del Código Penal Vigente Decreto 130-2017 (pena de prisión de 4 a 7 años y multa de 100 a 500 días), siendo más benévolo o consecuente el Nuevo Código Penal Decreto 130-2017, en comparación con la norma derogada. Una vez concluido que sí aplica el beneficio de retroactividad de la ley penal, como siguiente paso corresponde hacer el análisis y determinar dentro del marco abstracto la pena concreta a imponer según las circunstancias establecidas del artículo 70 en relación con los artículos 31 y 32 todos del Código Penal Decreto 130-2017. En este caso, el juzgador de instancia determinó en su sentencia que no concurrían circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que pudiesen agravar el quantum de la pena, y atendiendo las circunstancias atenuantes y circunstancias personales del condenado, así como la modalidad criminosa empleada, es consecuente imponer la pena de prisión de cuatro (4) años y multa de cien (100) días a razón de veinte (20) Lempiras por día, lo que nos da un total de dos mil Lempiras exactos (L.2,000.00), por ser penalmente responsable del delito de Tráfico de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: PRIMERO: Declara Con Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Rafael Antonio Nolasco Mateo, en favor del señor Santos Gustavo Mejía. SEGUNDO: Anula Parcialmente la sentencia definitiva firme dictada por Tribunal de Sentencia de la ciudad de Santa Rosa, Departamento de Copán, en fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil cuatro (2004), únicamente en relación al señor SANTOS GUSTAVO MEJIA. TECERO: Se Reforma la pena impuesta al señor Santos Gustavo Mejía, por el delito de Cultivo y Tráfico de Marihuana, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras; la cual deberá leerse de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al señor Santos Gustavo Mejía, por ser autor responsable penalmente del delito Tráfico de Drogas en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de cuatro (4) años de prisión, a la cual deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad por la misma causa criminal y que deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017; además se le condena a la multa de cien (100) días a razón de veinte (20) Lempiras por día, haciendo un total de dos mil Lempiras exactos (L.2,000.00); SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al Santos Gustavo Mejía, como consecuencia de la pena de prisión, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta, así como a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2). TERCERO: Se declara al señor Santos Gustavo Mejía, responsable civilmente del delito por el cual es condenado. CUARTO: No condena en costas al señor Santos Gustavo Mejía. QUINTO: Se ordena el comiso del arma de fuego tipo pistola calibre 22, marca star, sin serie, cacha de caucho, color café, con su respectivo cargador y seis proyectiles calibre 22, y de la cantidad de tres libras de marihuana que se remitió a los Laboratorios de Toxicología del Ministerio Público en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, misma que deberá ser incinerada.”. SEXTO: Se ordena al Juzgado de Ejecución competente, la práctica de un nuevo computo, en razón de la pena impuesta al condenado Santos Gustavo Mejía. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0959-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[2] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[3] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[4] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[5] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.