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Sentencia RP-957-21 — Registro 17430

Resumen

Sentencia en revisión dictada por Autoridad recurrida condenó a recurrente a la pena principal de Dieciséis años y Ocho meses por el delito de Robo Agravado y a la pena principal de Quince años, sies meses, veinte días por el delito de Robo Agravado continuado en perjuicio de afectadas; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, habiendole declarado su responsabilidad civil; La Sala considera que se cumple con los requisitos exigidos tanto en la Norma Sustantiva como en la Normativa Constitucional para otorgar el recurso de mérito, por lo que es procedente que a la recurrente se le aplique la ley retroactiva por ser una norma vigente que le resulta más benigna

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta N.º 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo..."..."del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor HENRY JOSÉ ESCALANTE SÁNCHEZ fue condenado por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante sentencia condenatoria de fecha veintisiete de febrero de dos mil ocho, a pena principal de DIECISEIS AÑOS y OCHO MESES DE RECLUSION, más las penas de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por considerarlo responsable de la comisión del delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de la señora MAGDALENA ARGENTINA GÓMEZ. Así mismo a la pena principal de QUINCE AÑOS, SEIS MESES, VEINTE DÍAS DE RECLUSIÓN, más las penas de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por considerarlo responsable de la comisión del delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO, en perjuicio de las señoras MAGDALENA ARGENTINA GÓMEZ y SANDRA PINEDA PÉREZ. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de los impetrantes, que, en la Sentencia Condenatoria, Firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 37, 217, 218 y 225 numeral 4 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de ROBO DE UN VEHICULO AGRAVADO Y ROBO AGRAVADO CONTINUADO. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional;..."..."la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, en cuanto al ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en el artículo 217 dice:...El Código Penal vigente, decreto 130-2017. Reconoce la misma conducta delictiva en los siguientes artículos: ARTÍCULO 364.- HURTO Y ROBO DE USO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR. ...Haciendo la operación aritmética correspondiente la pena por este delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO quedaría de la siguiente manera: OCHO (8) AÑOS A DIEZ (10) AÑOS OCHO (8) MESES...Y en vista de ser un delito continuado se debe aplicar lo estatuido en el ARTÍCULO 68.- DELITO CONTINUADO Y DELITO MASA. ...Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia donde al encausado no se le impuso ni el mínimo ni máximo de pena, se impuso la pena media; este Tribunal Constitucional concluye que se le debe imponer las siguiente pena concreta: NUEVE (9) AÑOS CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN POR EL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR AGRAVADO, Y DOCE (12) AÑOS, UN (1) MES, DIEZ (10) DIAS DE PRISION POR EL DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN AGRAVADO CONTINUADO; Mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta. VI. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor HENRY JOSÉ ESCALANTE SÁNCHEZ de una norma vigente que le resulta más benigna VII. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena y proceda conforme a derecho corresponda..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por los Abogados JOSÉ RUBÉN LÓPEZ RIVERA Y OBDULIA ALBERTINA MEJÍA ESCALANTE, a favor del señor HENRY JOSÉ ESCALANTE SÁNCHEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha veintisiete de febrero de dos mil ocho, con relación a la causa que se instruyó contra el señor HENRY JOSÉ ESCALANTE SÁNCHEZ, por haber sido encontrado responsable de los delitos de ROBO AGRAVADO Y ROBO AGRAVADO CONTINUADO en perjuicio de las señoras MAGDALENA ARGENTINA GÓMEZ Y SANDRA PINEDA PÉREZ. ANTECEDENTES 1) En fecha cuatro de octubre de dos mil cuatro, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada Josefina Rugama, actuando como Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Edin Geovany Sorto y Henry José Escalante y Alex Moisés Rubio, a quienes se les supone responsables del delito de Robo Agravado, en perjuicio de Sandra Iveth Pineda, por el delito de Robo de Vehículo y Daños en perjuicio de Magdalena Argentina Gómez y el delito de Lesiones Culposas, en perjuicio de Jorge Noé Castañeda Gutiérrez. (Folios 1-4 del antecedente) 2) Que en fecha veintisiete de febrero de dos mil ocho, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual resolvió: (Sic) “…PRIMERO: Que debemos ABSOLVER y ABSOLVEMOS al señor HENRY JOSÉ ESCALANTE SANCHEZ, del delito de HOMICIDIO CULPOSO en perjuicio del señor JORGE CASTAÑEDA. SEGUNDO: Que debemos ABSOLVER y ABSOLVEMOS al señor HENRY JOSÉ ESCALANTE SANCHEZ del delito de DAÑOS CULPOSO en perjuicio de la señora MAGDALENA ARGENTINA GÓMEZ. TERCERO: Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS al señor HENRY JOSÉ ESCALANTE SANCHEZ, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia a la pena principal de DIECISEIS AÑOS y OCHO MESES, por considerarlo responsable de la comisión del delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de la señora MAGDALENA ARGENTINA GÓMEZ, la que deberá cumplir en la penitenciaría de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva; con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal. CUARTO: Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS al señor HENRY JOSÉ ESCALANTE SANCHEZ, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia a la pena principal de QUINCE AÑOS, SEIS MESES, VEINTE DÍAS, por considerarlo responsable de la comisión del delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO, en perjuicio de las señoras MAGDALENA ARGENTINA GÓMEZ y SANDRA PINEDA PÉREZ, la que deberá cumplir en la penitenciaría de San Pedro Sula, Cortés, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva; con las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal. QUINTO: Se declara la responsabilidad civil del condenado HENRY JOSÉ ESCALANTE SANCHEZ, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. SEXTO: Al no haberse puesto a la disposición del Tribunal ninguna pieza de ejecución o de convicción no es posible declarar el comiso. Séptimo: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. OCTAVO: Que se notifique esta sentencia a las partes procesales. ASÍ LO PRONUNCIAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS.” (Folios 178-191 del antecedente) 3) En fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno, comparecieron ante esta Sala, los Abogados José Rubén López Rivera y Obdulia Albertina Mejía Escalante, interponiendo recurso de revisión a favor del señor Henry José Escalante Sánchez, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por ser este más benigno a su representado. (Folios 1-3 del recurso de mérito) 4) En fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal, cítese a las partes para audiencia que se celebrará el día miércoles once (11) de mayo de dos mil veintidós (2022), a las nueve con cuarenta y cinco minutos de la mañana (09: 45 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 22 del recurso de mérito) 5) En fecha once de mayo de dos mil veintidós, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, con la comparecencia de la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Obdulia Albertina Mejía Escalante, en su condición de Apoderada Legal del señor Henry José Escalante Sánchez; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: “…ratifico la solicitud de revisión de la sentencia en base al principio de retroactividad de la ley, asimismo, hago de su conocimiento que mi representado fue condenado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, a la pena de 16 años 8 meses por el delito de Robo de Vehículo Agravado, asimismo, a una pena de 15 años, 6 meses, 20 días por el delito de Robo Agravado Continuado en perjuicio de Magdalena Gómez y Sandra Pineda Pérez,…, por lo antes expuesto este defensa solicita la readecuación de sentencia en base a la retroactividad de la ley, según lo dispuesto en el decreto 130-2017…” El Ministerio Público consideró: “…. De lo expuesto por el revisionista y al examinar el fallo, se aprecia que el Código Penal Vigente regula el delito de ROBO DE VEHÍCULO en su artículo 364 que, en cuanto al delito de HURTO Y ROBO DE USO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, en su párrafo último señala: "Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación". En tal sentido, el ARTÍCULO 361, dispone que el delito de ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, la cual debe ser aumentada en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las AGRAVANTES ESPECÍFICAS que enumera el ARTÍCULO 363, como ser la contenida en el 9) cuando se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. - En concordancia con lo anterior, el Código Penal vigente sanciona el delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO con la pena que señala en el precitado Articulo 361 con relación al artículo 68 del mismo cuerpo legal, de tal suerte que la pena de 4 a 8 años de Prisión debe ser aumentada en un 1/3 por concurrir una agravante, la que a su vez debe ser aumentada en 1/3 por ser un delito continuado.- Al examinar el fallo sub- judice y de conformidad a las normas transcritas se extrae que las penas a imponer de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión en ambos delitos, deben ser aumentada en 1/3 por concurrir la agravante establecida en el artículo 363.9 del NCP, de ahí que el delito de ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO resulta una pena de 8 a 10 años 8 meses de reclusión; mientras que el delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO que es sancionado con una pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión, aumentada en 1/3 resulta una pena de 8 a 10 años 8 meses, y aumentada en 1/3 por ser un delito continuado resulta una pena aplicar de 10 años 8 meses a 13 años 6 meses 20 días de reclusión.- En atención a lo antes expuesto, del análisis comparativo realizado entre las normas penales se aprecia que la aplicación de la nueva Ley penal resulta más favorable al reo, por lo que esta representación fiscal estima que en la presente causa es procedente lo peticionado por el revisionista, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional que regulan el principio de retroactividad de la Ley penal, por ser esta más benigna al condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” Se le cedió nuevamente la palabra al revisionista “…solamente el decreto 130-2017…” Se le cedió la palabra al Ministerio Público para que manifestara alguna oposición a la prueba presentada por el recurrente o si tenía algún medio de prueba que presentar, manifestando lo siguiente: “no tenemos pruebas.”. El Magistrado manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 24-26 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Los recurrentes fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 186 de la Constitución de la Republica y el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de Oposición Y Presentación de pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día once de mayo del año dos mil veintidós, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de los Abogados JOSÉ RUBÉN LÓPEZ RIVERA Y OBDULIA ALBERTINA MEJÍA ESCALANTE, como garantista del Señor HENRY JOSÉ ESCALANTE SÁNCHEZ, y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra a la abogada OBDULIA ALBERTINA MEJÍA ESCALANTE, quien expuso lo siguiente: “…ratifico la solicitud de revisión de la sentencia en base al principio de retroactividad de la ley, asimismo, hago de su conocimiento que mi representado fue condenado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, a la pena de 16 años 8 meses por el delito de Robo de Vehículo Agravado, asimismo, a una pena de 15 años, 6 meses, 20 días por el delito de Robo Agravado Continuado en perjuicio de Magdalena Gómez y Sandra Pineda Pérez,…, por lo antes expuesto este defensa solicita la readecuación de sentencia en base a la retroactividad de la ley, según lo dispuesto en el decreto 130-2017….” Seguidamente se le cedió la palabra a la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO representante del Ministerio Publico quien manifestó: “…De lo expuesto por el revisionista y al examinar el fallo, se aprecia que el Código Penal Vigente regula el delito de ROBO DE VEHÍCULO en su artículo 364 que, en cuanto al delito de HURTO Y ROBO DE USO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, en su párrafo último señala: "Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación". En tal sentido, el ARTÍCULO 361, dispone que el delito de ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, la cual debe ser aumentada en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las AGRAVANTES ESPECÍFICAS que enumera el ARTÍCULO 363, como ser la contenida en el 9) cuando se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. - En concordancia con lo anterior, el Código Penal vigente sanciona el delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO con la pena que señala en el precitado Articulo 361 con relación al artículo 68 del mismo cuerpo legal, de tal suerte que la pena de 4 a 8 años de Prisión debe ser aumentada en un 1/3 por concurrir una agravante, la que a su vez debe ser aumentada en 1/3 por ser un delito continuado.- Al examinar el fallo sub- judice y de conformidad a las normas transcritas se extrae que las penas a imponer de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión en ambos delitos, deben ser aumentada en 1/3 por concurrir la agravante establecida en el artículo 363.9 del NCP, de ahí que el delito de ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO resulta una pena de 8 a 10 años 8 meses de reclusión; mientras que el delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO que es sancionado con una pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión, aumentada en 1/3 resulta una pena de 8 a 10 años 8 meses, y aumentada en 1/3 por ser un delito continuado resulta una pena aplicar de 10 años 8 meses a 13 años 6 meses 20 días de reclusión.- En atención a lo antes expuesto, del análisis comparativo realizado entre las normas penales se aprecia que la aplicación de la nueva Ley penal resulta más favorable al reo, por lo que esta representación fiscal estima que en la presente causa es procedente lo peticionado por el revisionista, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional que regulan el principio de retroactividad de la Ley penal, por ser esta más benigna al condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.

CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta N.º 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor HENRY JOSÉ ESCALANTE SÁNCHEZ fue condenado por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante sentencia condenatoria de fecha veintisiete de febrero de dos mil ocho, a pena principal de DIECISEIS AÑOS y OCHO MESES DE RECLUSION, más las penas de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por considerarlo responsable de la comisión del delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de la señora MAGDALENA ARGENTINA GÓMEZ. Así mismo a la pena principal de QUINCE AÑOS, SEIS MESES, VEINTE DÍAS DE RECLUSIÓN, más las penas de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por considerarlo responsable de la comisión del delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO, en perjuicio de las señoras MAGDALENA ARGENTINA GÓMEZ y SANDRA PINEDA PÉREZ. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de los impetrantes, que, en la Sentencia Condenatoria, Firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 37, 217, 218 y 225 numeral 4 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de ROBO DE UN VEHICULO AGRAVADO Y ROBO AGRAVADO CONTINUADO. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): I. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y articulo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. II. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia [Apelación o Casación]. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. Vale precisar que este no es un Recurso diseñado para hacer valoraciones sobre las decisiones tomadas por el juzgador primario solo se limita a precisar la existencia o no, de benignidad de una nueva norma penal para así garantizar la satisfacción del artículo 96 de la Constitución de la Republica. III. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, en cuanto al ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en el artículo 217 dice: “Comete el delito de Robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipará a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo, o el de uso de medios que debiliten o anulen su resistencia. Artículo 218. El culpable de Robo será castigado con cinco (5) a nueve (9) años de reclusión. Al culpable del delito de Robo de vehículos automotores terrestres, naves aéreas, buques y otros bienes similares se le aplicara una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión; Pena aumentada en un tercio (1/3) por la concurrencia de la agravante establecida en el artículo 225 numeral 4 cuando el delito se comenta con la cooperación de dos o más personas; resultando una nueva pena abstracta que oscilaba de TRECE AÑOS, CUATRO MESES A VEINTE AÑOS DE RECLUSION. El Código Penal vigente, decreto 130-2017. Reconoce la misma conducta delictiva en los siguientes artículos: ARTÍCULO 364.- HURTO Y ROBO DE USO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR. “Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación. ARTÍCULO 361.- ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. “Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice”. ARTÍCULO 363.- AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. Haciendo la operación aritmética correspondiente la pena por este delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO quedaría de la siguiente manera: OCHO (8) AÑOS A DIEZ (10) AÑOS OCHO (8) MESES. En relación al delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en el artículo 217 dice: “Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipará a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo, o el de uso de medios que debiliten o anulen su resistencia”. Artículo 218. “El culpable de robo será castigado con cinco (5) a nueve (9) años de reclusión. Aumentada de igual forma en un tercio (1/3) por concurrir la agravante establecida en el artículo 225 numeral 4 del mismo cuerpo legal “cuando el delito se comenta con la cooperación de dos o más personas”, dando como resultado una pena que iba de SEIS AÑOS, OCHO MESES A DOCE AÑOS DE RECLUSION. Sumado a lo anterior el Artículo 37 disponía: “Cuando se cometa un mismo delito contra la propiedad dos (2) o más veces, bien sea en un sólo momento o en momentos diversos, mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento de un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias, dichos delitos se considerarán como un solo continuado.” En tal situación se aplicará al agente la pena más grave, aumentada en dos (2/3) tercios. En caso de duda, se tendrá por más grave la pena que tenga señalado el máximo más alto. Quedando una nueva pena abstracta de ONCE AÑOS, UN MES, DIEZ DIAS A VEINTE AÑOS DE RECLUSION, para ese delito. El Código Penal decreto 130-2017 tipifica la misma conducta ARTÍCULO 361.- ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. “Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice.” ARTÍCULO 363.- AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. Haciendo la operación aritmética correspondiente la pena por este delito quedaría de la siguiente manera: ocho (8) años a diez (10) años ocho (8) meses. Y en vista de ser un delito continuado se debe aplicar lo estatuido en el ARTÍCULO 68.- DELITO CONTINUADO Y DELITO MASA. “Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3)”, Arrojando como resultado una pena abstracta de DIEZ (10) AÑOS OCHO (8) MESES a TRECE AÑOS(13) SEIS(6) MESES, VEINTE (20)DIAS DE PRISION. La ponderación que se debe hacer en este caso, tiene que llevarse a cabo de manera global, puesto que se trata de un concurso real. El artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 indica: En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. Bajo esta premisa, ponderando el quantum de la pena, se refleja que el Código Penal Vigente resulta más benigno para el encausado. IV. En el examen de los hechos concretos, estampados en la sentencia (folio 179 vuelto del expediente de Revisión), estos encuadran en los artículos 361, 363, 364 relacionado con el 68 del Código Penal Vigente. V. Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia donde al encausado no se le impuso ni el mínimo ni máximo de pena, se impuso la pena media; este Tribunal Constitucional concluye que se le debe imponer las siguiente pena concreta: NUEVE (9) AÑOS CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN POR EL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR AGRAVADO, Y DOCE (12) AÑOS, UN (1) MES, DIEZ (10) DIAS DE PRISION POR EL DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN AGRAVADO CONTINUADO; Mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta. VI. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor HENRY JOSÉ ESCALANTE SÁNCHEZ de una norma vigente que le resulta más benigna VII. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena y proceda conforme a derecho corresponda. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 57, 58, 361, 363, 364 relacionado con el 68 Y Demas aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los Abogados JOSÉ RUBÉN LÓPEZ RIVERA Y OBDULIA ALBERTINA MEJÍA ESCALANTE, a favor del señor HENRY JOSÉ ESCALANTE SÁNCHEZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veintisiete de febrero de dos mil ocho; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor HENRY JOSÉ ESCALANTE SÁNCHEZ, por los delitos ROBO DE VEHICULO AGRAVADO Y ROBO AGRAVADO CONTINUADO, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor HENRY JOSÉ ESCALANTE SÁNCHEZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR AGRAVADO a la pena de NUEVE (9) AÑOS CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta. SEGUNDO: CONDENANDO al señor HENRY JOSÉ ESCALANTE SÁNCHEZ, por el delito de ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN AGRAVADO CONTINUADO a la pena de DOCE (12) AÑOS, UN (1) MES, DIEZ (10) DIAS DE PRISION, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta. Ambas penas impuestas en concurso real. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que ejecute el presente fallo. REDACTÓ LA MAGISTRADA SONIA MARLINA DUBON. NOTIFÍQUESE. –FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-957-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.