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Sentencia RP-882-21 — Registro 16103

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria dictada con relación a la causa que se instruyó por los delitos de trafico de drogas, y soborno doméstico, en perjuicio de la salud de la población y la administración pública del estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (3): Que esta Sala de lo Constitucional estima que son claros los considerandos trece y catorce dejados plasmados en la sentencia emitida en fecha trece de enero del año dos mil veintitrés, y de la que pide aclaración el Abogado ROGER ORELLANA PINEL, resolución que establece en términos claros la decisión adoptada por esta Sala de lo Constitucional, misma que está basada en lo dispuesto en el Código Penal vigente publicado mediante Decreto 130-2017 que, en relación a la figura penal de Cohecho cometido por Particulares. RESUELVE 1) Admitir el escrito de aclaración de sentencia presentado por el Abogado ROGER ORELLANA PINEL. 2) Tener por aclarada la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha trece de enero del año dos mil veintitrés, en el recurso de Revisión Penal de la sentencia de fecha treinta de abril del años dos mil dieciocho, dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL EN MATERIA PENAL, que condena al señor JOSE ANTONIO TORRES CARCAMO, como coautor responsable del delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSION y multa de UN MILLON DE LEMPIRAS EXACTOS, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; asimismo condena por el delito de SOBORNO DOMESTICO en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, a la pena de CINCO AÑOS DE RECLUSION como pena principal y las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil y en donde la Sala de lo Constitucional en Sentencia de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintitrés (2023), declaro CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal y modifica la sentencia de fecha treinta de abril del año dos mil dieciocho, en la cual FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JOSE ANTONIO TORRES CARCAMO, por el delito de TRAFICO DE DROGAS a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, más una pena MULTA de TRESCIENTOS (300) DIAS a razón de QUINIENTOS LEMPIRAS (L.500.00) por día. Mas la pena accesoria de INHABILITACION ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena de prisión. SEGUNDO: CONDENANDO al señor JOSE ANTONIO TORRES CARCAMO por el delito de COHECHO PROPIO COMETIDO POR PARTICULAR a la pena de SIETE (7) AÑOS DE PRISIÓN más una MULTA de CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.50,000.00). Mas las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA por el doble del tiempo que dure la condena de prisión.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y la Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de enero del año dos mil veintitrés.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado ROGER ORELLANA PINEL, a favor del señor JOSE ANTONIO TORRES CARCAMO, contra la sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha treinta (30) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con relación a la causa que se instruyó contra el señor JOSE ANTONIO TORRES CARCAMO, por los delitos de TRAFICO DE DROGAS, Y SOBORNO DOMETICO, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS RESPECTIVAMENTE.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOSE ROGELIO COREA CASTILLO, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores JOSE ANTONIO TORRES CARCAMO, FRANKLIN ORLANDO ROMERO y OSCAR BLADIMIR MALDONADO AGUILAR, por los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS y SOBORNO DOMESTICO, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. (Folios 01 al 02 de la pieza del Tribunal).-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha treinta (30) de abril del año dos mil dieciocho (2018), el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a los señores JOSE ANTONIO TORRES CARCAMO, FRNAKLIN ORLANDO ROMERO y OSCAR BLADIMIR MALDONADO AGUILAR, de generales conocidas en el preámbulo de esta Sentencia como coautores responsables del delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA PIBLACION DEL ESTADO DE HONDRAS, a la pena de QUINCE 15 ANOS DE RECLUSION, pena que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional, que el Juez de Ejecución si queda sujeto a obras públicas o a las labores que regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se han encontrado en efectiva prisión preventiva, por esta causa; Asimismo se le impone la pena principal de multa de un millón de lempiras exactos que deberá ser pagada a la Tesorería General de la Republica. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos a los señores JOSE ANTONIO TORRES CARCAMO, FRANKLIN ORLANDO ROMERO, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia como autores responsables del delito de SOBORNO DOMESTICO, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, a la pena de cinco años de reclusión, como pena principal, que deberá cumplirla en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución determine quedando sujeto a obras públicas o a las labores que regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se han encontrado en efectiva prisión preventiva, por esta causa. Además, se le impone las penas accesorias de inhabilitación Especial e Interdicción Civil. TERCERO: Se declara Sin Lugar el Incidente de Nulidad. CUARTO: Se declara a los condenados responsables civilmente. (Folios 160 al 186 de la pieza de Antecedentes).-3) Que el recurrente Abogado ROGER ORELLANA PINEL compareció ante este Tribunal en fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor del señor JOSE ANTONIO TORRES CARCAMO, contra la sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha treinta (30) de abril del año dos mil dieciocho (2018).-4) Que en fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva.-5) Que en fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado ROGER ORELLANA PINEL, en su condición de apoderado legal del señor JOSE ANTONIO TORRES CARCAMO, quien expuso: “ Mi representado fue condenado por el delito de Tráfico de drogas y cohecho impropio conforme a la normativa penal contenida en el Decreto 144-1983 a las penas de trece (13) años de prisión por el delito de tráfico de drogas y cinco (5) años por el delito de Cohecho impropio, con la entrada en vigencia del decreto 130-2017 se establecen penas más favorables para este tipo de delitos como la preceptuada en el artículo 312 que es de diez (10) a quince (15) años por el tráfico de drogas que es congruente con las agravantes y las circunstancias con las que fue condenado inicialmente y el artículo 493 del mismo decreto 130-2017 que preceptúa de tres (3) a seis (6) años por el delito de cohecho impropio en ambos delitos el tribunal sentenciador consideró el rango mínimo a aplicar en tal sentido esta defensa solicita que se aplique las penas establecidas en la nueva normativa con base en el principio de retroactividad de la ley, preceptuado en el artículo 96 y 615 del Código Penal actual.” Por su parte, la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público expresó: “De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito por el cual se le condenó al hoy imputado: La Ley Sobre Uso indebido de y Tráfico ilícito de Drogas y sustancias psicotrópicas tipifica el delito de TRAFICO DE DROGAS en el artículo 18, que establecía lo siguiente: El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras. El delito de SOBORNO DOMÉSTICO se encontraba tipificado en el artículo 366 del Código Penal Derogado, que señalaba lo siguiente: “Cualquier persona natural que ofrezca u otorgue intencionalmente, directa o indirectamente a un funcionario público o a una persona que desempeñe funciones públicas, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favores, promesas, o ventajas para sí mismo, u otra persona, a cambio que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, será sancionada con reclusión de cinco (5) a siete (7) años, mas inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la reclusión sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido en razón de la dadiva o promesa. La persona natural que ayude, instigue o conspire en la comisión de los actos descritos en el párrafo anterior, será sancionada con la mitad del tiempo de reclusión más inhabilitación especial igual al tiempo que dure la reclusión.” En el Nuevo Código Penal vigente (decreto 130-2017) con relación al delito de Tráfico ilícito de drogas, se encuentra regulado en el artículo 311 que establece: “Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días.” Asimismo, en el caso que hoy nos ocupa, se evidencia que concurren circunstancias agravantes contenidas en el artículo 312 numeral 5) la cantidad objeto del delito es de especial importancia. En virtud que del hecho probado se determina que la droga incautada era cocaína clorhidrato con un peso de 132 kilos que equivale a 132,052.08 gramos, es decir dicha cantidad supera los dos (2000) mil gramos, en atención a lo establecido en el artículo 321 párrafo tercero de dicho cuerpo legal, que establece: Por cantidad de especial importancia se entienden las siguientes: 1) … 2) … 3) dos mil (2000) gramos de cocaína o de alcaloide derivado de la cocaína. En ese sentido la pena abstracta de prisión es de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días. El artículo 53 de la nueva normativa sustantiva dispone. - PENA DE DÍAS MULTA, La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5,000). En torno al delito de SOBORNO DOMÉSTICO, la nuevo norma sustantiva tipifica en el artículo 496, que refiere COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR: Quien ofrece o entrega, por si o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase a un funcionario público o empleado público para los fines descritos en los artículos precedentes, debe ser castigado, en sus respectivos casos, con las mismas penas de prisión y multa que el funcionario o empleado público corrupto, e inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y obtener beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad social por el doble del tiempo de la pena de prisión. En tal sentido la pena a imponer es la que corresponde al delito de COHECHO PROPIO determinado en el artículo 492, que establece una pena de cinco (5) a siete (7) años, debiendo agravarse en 1/3 en vista que del hecho probado, se deriva que ofrecieron la cantidad de cincuenta (50) mil lempiras, a efecto de que no procedieran los agentes del orden a decomisar el automotor donde transportaban la droga, es así, que dicho accionar se enmarca en el último párrafo de la norma supra indicada, al referir: Si el acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa es constitutivo de infracción penal, las penas a imponer se incrementan en un tercio (1/3). Sin perjuicio de imponer además las que correspondan por el delito o falta cometidas. De tal manera corresponde una pena abstracta de siete (7) años a nueve (9) años con 4 meses, y multa de cincuenta (50) mil lempiras al ser la cantidad dada en ofrecimiento conforme a lo establecido en el hecho probado. Siendo de esta manera evidente que la nueva norma sustantiva no le favorece al condenado, pues si bien el delito de tráfico de droga agravado le corresponde una pena menor a la que fue sentenciado, sin embargo, la pena por el delito de COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR, le corresponde una pena más gravosa, circunstancia que no permite que la norma sea fraccionada. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.”-CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.-CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5].-CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral 8 del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes: “En el caso que nos ocupa, resulta evidente que en el Código Penal contenido en el decreto 130-2017, de reciente vigencia, se establece un tratamiento más favorable para la persona que cometa el Delito de Tráfico de Drogas, puesto que el Rango de Pena Abstracta para dicho tipo penal es “Prisión de diez (10) a quince (15) años”, en comparación con el rango de pena abstracta que establecía en la Ley Sobre Uso Indebido y tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, que era de “Reclusión de quince (15) años a veinte (20) años”, así mismo establece un tratamiento favorable para el delito de Cohecho Impropio, puesto que el rango de pena abstracta para dicho tipo penal es “Prisión de tres (03) a seis (6) años”, en comparación con el rango de pena abstracta que establecía el Código Penal Derogado (Decreto 144-83, de fecha 23 de agosto de 1983), que era de “Reclusión de cinco (05) a siete (7) años” razón por la cual, es imperativo que esta Honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, proceda a REVISAR OFICIOSAMENTE esta sentencia condenatoria y aplique a mi patrocinado EL MISMO TRATAMIENTO RESPECTO A LA DETERMINACION DE LA PENA, dentro del rango de pena establecida en la legislación penal vigente como norma más favorable.”-CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, por tanto, en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.-CONSIDERANDO SEIS (6): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena.-CONSIDERANDO SIETE(7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[6], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[7]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[8]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[9] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. -CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[10]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.-CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[11] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas.-CONSIDERANDO ONCE (11): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JOSE ANTONIO TORRES CÁRCAMO fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL mediante la sentencia definitiva y firme de fecha treinta (30) de abril del año dos mil dieciocho (2018) a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; y a la multa de UN MILLÓN DE LEMPIRAS (L.1,000,000.00), más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL; y a la pena de CINCO (5) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de SOBORNO DOMÉSTICO en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL e INTERDICCIÓN CIVIL. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en las sentencias condenatorias firmes antes relacionadas, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 5 numeral 34 relacionado con el artículo 18 de la Ley Especial contra el Tráfico de Drogas, estimando que la acción ejecutada por el imputado se subsume en el tipo penal de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS y aplicó lo dispuesto en el artículo 366 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que la acción ejecutada por el imputado se subsume en el tipo penal de SOBORNO DOMÉSTICO en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. III. Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto procede la aplicación retroactiva de una norma favorable en relación a una derogada y plasmada en la sentencia convirtiéndose en cosa juzgada; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. -CONSIDERANDO DOCE (12): I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme a la ley especial SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS DECRETO NÚMERO 126-89, la pena a imponer por el delito de TRAFICO DE DROGAS era reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de un millón a cinco millones de lempiras, mientras que la pena abstracta regulada en el artículo 311 del vigente Código Penal, específicamente dice: TRÁFICO DE DROGAS. Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. Es decir que se contemplan dos marcos punitivos abstractos: de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) en los demás casos, imponiéndose en ambos multa de cien (100) a quinientos (500) días multa. En ese orden de ideas, se consideran drogas que no causan grave daño a la salud: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; en los demás casos, las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación;[12] y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista verde del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. [13]. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician a los encausados, siendo que el marco abstracto de penas a aplicar son inferiores en relación al Código Penal 144-83. II. Que es preciso, acorde al artículo 311 NCP ya citado, determinar qué marco punitivo debe aplicarse al sentenciado, en función del tipo y cantidad de droga que le fue decomisado al señor JOSE ANTONIO TORRES CÁRCAMO. Es así que, según los hechos probados de la sentencia definitiva de fecha treinta (30) de abril del dos mil dieciocho (2018) (folios del 30 al 44 del expediente del Tribunal A Quo), determina que al señor JOSE ANTONIO TORRES CÁRCAMO en conjunto a otras dos personas, le fue decomisado la cantidad de ciento treinta y dos (132) kilos de cocaína clorhidrato, con un peso total de ciento treinta y dos mil cincuenta y dos punto ocho (132,052.8) gramos, más la cantidad de treinta y un mil ciento treinta y nueve punto cinco (31,139.5) gramos. En ese sentido, podemos establecer que al señor JOSE ANTONIO TORRES CÁRCAMO se le debe aplicar el marco de pena abstracto de siete (7) a diez (10) años de prisión y multa de cien (100) a quinientos (500) días, ya que la cocaína, se considera una droga que causa grave daño a la salud. III. En cuanto a la existencia de agravantes y atenuantes específicas para el tráfico de drogas que enumeran los artículos 312 y 313 del NCP, las cuales aumentan o disminuyen en grados la pena abstracta señalada en el numerando anterior, conforme a los hechos probados, puede establecerse que concurre la agravante específica establecida en el artículo 312 numeral 5 del Código Penal decreto 130-2017 que dispone lo siguiente: “Agravantes específicas del tráfico de drogas. En el caso del párrafo primero del artículo anterior se deben imponer las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1)… 2)… 3)… 4)… 5) La cantidad objeto del delito es de especial importancia;” relacionado con la definición que nos ofrece el párrafo tercero del artículo 321 del mismo cuerpo legal que dispone: “Por cantidad de especial importancia se entienden las siguientes: 1)… 2)… 3) dos mil (2,000) gramos de cocaína o de alcaloide derivado de la cocaína,…” y siendo que según los hechos probados las cantidades decomisadas sobrepasan sobradamente dicha cantidad la pena abstracta a imponer oscila entre diez (10) a quince (15) años y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días.-CONSIDERANDO TRECE (13): I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, en cuanto al delito de SOBORNO DOMÉSTICO, la norma derogada, es decir, el Código Penal Decreto 144-1983 establecía en el artículo 366 lo siguiente: “Cualquier persona natural que ofrezca u otorgue intencionalmente, directa o indirectamente a un funcionario público o a una persona que desempeñe funciones públicas, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favores, promesas, o ventajas para sí mismo, u otra persona, a cambio que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, será sancionada con reclusión de cinco (5) a siete (7) años, más inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la reclusión sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido en razón de la dadiva o promesa.” Es decir que la norma derogada contemplada una pena abstracta que oscilaba entre los cinco (5) a siete (7) años de reclusión, más la pena accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la reclusión. Por su parte la norma vigente, es decir, el Código Penal Decreto 130-2017 dispone lo siguiente: “COHECHO COMETIDO POR PARTICULAR: Quien ofrece o entrega, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase a un funcionario o empleado público para los fines descritos en los artículos precedentes, debe ser castigado, en sus respectivos casos, con las mismas penas de prisión y multa que el funcionario o empleado público corrupto, e inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y obtener beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por el doble del tiempo de la pena de prisión.” Lo cual se encuentra relacionado con el artículo 492 del mismo cuerpo legal que establece: “COHECHO PROPIO: El funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por si o por otra persona o entidad, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo, u omitir o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, debe ser castigado con las penas de prisión de cinco (5) a siete (7) años, multa por una cantidad igual o hasta el triple del valor de la dádiva o retribución e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena de prisión. Si el acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa es constitutivo de infracción penal, las penas a imponer se incrementan en un tercio (1/3). Sin perjuicio de imponer además las que correspondan por el delito o falta cometidos.” Es decir que la pena abstracta por el delito de cohecho propio cometido por particular oscila entre cinco (5) a siete (7) años de reclusión, la cual debe ser incrementada en un tercio, siendo que el último párrafo de dicho articulado así lo establece, por haber sido el acto que motivó el cohecho constitutivo de delito, en este caso el tráfico ilícito de drogas, dando como resultado una pena abstracta de siete (7) a nueve (9) años y cuatro (4) meses de prisión, multa de cincuenta mil lempiras (L.50,000.00); más la pena accesoria de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la condena de prisión.-CONSIDERANDO CATORCE (14): I. Que de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia con competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha treinta (30) de abril del año dos mil dieciocho (2018), se desprende que se impuso la pena mínima por los delitos sindicados, en virtud de lo cual procedería la imposición de pena en los mismos términos; en atención a ello, la pena a imponer al señor JOSE ANTONIO TORRES CÁRCAMO sería de DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE TRESCIENTOS (300) DÍAS que a criterio de esta Sala, se deben imponer a razón de quinientos Lempiras (L.500.00) por día, por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, más la pena accesoria de INHABILITACION ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena. Y por el delito de COHECHO PROPIO COMETIDO POR PARTICULAR en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA la pena de SIETE (7) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.50,000.00) más la pena accesoria de INHABILITACION ABSOLUTA por el doble del tiempo de la condena de prisión. II. Que al realizar la ponderación de todos los tipos penales y realizando la comparación entre ambos códigos, es manifiesto que el Código Penal decreto 130-2017 solo representa benignidad en ciertas conductas delictivas. Empero, la existencia de un mismo sujeto realizando dos (2) o más acciones u omisiones e infringiendo una misma normal penal varias veces o varias normas penales, da lugar a un concurso real, [tal como fue apreciado por el tribunal sentenciador]. Como consecuencia de ello la valoración debe hacerse de manera global, es decir sumar el total de penas correspondientes. Aplicando cada Código Penal y según el resultado, determinar cuál le es más favorable al sentenciado. En el caso que nos ocupa al revisar la totalidad de las penas a imponer, es patente que el Código Penal Decreto 130-2017 es más favorable al sentenciado.-CONSIDERANDO QUINCE (15): I. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, esta Sala estima, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JOSE ANTONIO TORRES CÁRCAMO de una norma vigente que le resulta más benigna. II. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado ROGER ORELLANA PINEL, a favor del señor JOSE ANTONIO TORRES CÁRCAMO; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPENTENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha treinta (30) de abril del año dos mil dieciocho (2018); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada de fecha treinta (30) de abril del año dos mil dieciocho (2018), en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor JOSE ANTONIO TORRES CÁRCAMO, por los delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DEL ESTADO DE HONDURAS y SOBORNO DOMÉSTICO en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JOSE ANTONIO TORRES CÁRCAMO de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de TRAFICO DE DROGAS a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, más una pena MULTA de TRESCIENTOS (300) DÍAS a razón de QUINIENTOS LEMPIRAS(L. 500.00) por día. Más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena de prisión. SEGUNDO: CONDENANDO al señor JOSE ANTONIO TORRES CÁRCAMO de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de COHECHO PROPIO COMETIDO POR PARTICULAR a la pena de SIETE (7) AÑOS DE PRISIÓN, más una MULTA de CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.50,000.00). Más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el doble del tiempo que dure la condena de prisión. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrada Hercules Rosa. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de febrero del año dos mil veintitrés. VISTA: Para resolver la solicitud de aclaración de la sentencia, dictada por este Alto Tribunal en fecha Trece de enero del año dos mil veintitrés, conociendo del Recurso de Revisión Penal, en relación a la causa instruida contra el señor JOSE ANTONIO TORRES CARCAMO, mediante sentencia dictada en fecha treinta de abril del año dos mil dieciocho, el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL EN MATERIA PENAL, condena al señor JOSE ANTONIO TORRES CARCAMO, como coautor responsable del delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSION y multa de UN MILLON DE LEMPIRAS EXACTOS, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; asimismo condena por el delito de SOBORNO DOMESTICO en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, a la pena de CINCO AÑOS DE RECLUSION como pena principal y las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil y en donde la Sala de lo Constitucional en Sentencia de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintitrés (2023), declaro CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal y modifica la sentencia de fecha treinta de abril del año dos mil dieciocho, en la cual FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JOSE ANTONIO TORRES CARCAMO, por el delito de TRAFICO DE DROGAS a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, más una pena MULTA de TRESCIENTOS (300) DIAS a razón de QUINIENTOS LEMPIRAS (L.500.00) por día. Mas la pena accesoria de INHABILITACION ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena de prisión. SEGUNDO: CONDENANDO al señor JOSE ANTONIO TORRES CARCAMO por el delito de COHECHO PROPIO COMETIDO POR PARTICULAR a la pena de SIETE (7) AÑOS DE PRISIÓN más una MULTA de CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.50,000.00). Mas las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA por el doble del tiempo que dure la condena de prisión. CONSIDERANDO (1): Que en fecha veintisiete de enero del año dos mil veintitrés, compareció ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucional el Abogado ROGER ORELLANA PINEL, en su condición de Defensor Privado del señor JOSE ANTONIO TORRES CARCAMO, solicitando aclaración de la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha trece de enero del año dos mil veintitrés. CONSIDERANDO (2): Que el Abogado ROGER ORELLANA PINEL, solicita se proceda a brindar la correspondiente aclaración de la sentencia supra indicada, con respecto a que la Sala de Constitucional declara con lugar la garantía Constitucional de Revisión Penal, y modifica la sentencia revisada imponiendo a su defendido diez años de prisión por el delito de tráfico de drogas aplicando el rango mínimo como lo consideró el tribunal de sentencia y como fue solicitado por la defensa y en aplicación al Código penal vigente modifica la sentencia y condena a su defendido por cohecho propio, imponiendo una pena de siete años de prisión, aplicando la pena máxima tipificada por este delito, sin concurrir ninguna agravante en su caso, por ello la defensa considera que la Sala de lo Constitucional debe aplicar en ambos delitos la pena mínima, tipificada en nuestra normativa penal, ya que fue lo que consideró el Tribunal sentenciador. CONSIDERANDO (3): Que esta Sala de lo Constitucional estima que son claros los considerandos trece y catorce dejados plasmados en la sentencia emitida en fecha trece de enero del año dos mil veintitrés, y de la que pide aclaración el Abogado ROGER ORELLANA PINEL, resolución que establece en términos claros la decisión adoptada por esta Sala de lo Constitucional, misma que está basada en lo dispuesto en el Código Penal vigente publicado mediante Decreto 130-2017 que, en relación a la figura penal de Cohecho cometido por Particulares. (Artículo 496) dispone lo siguiente: “Quien ofrece o entrega, por si o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase a un funcionario o empleado público para los fines descritos en los artículos precedentes, debe ser castigado, en sus respectivos casos, con las mismas penas de prisión y multa que el funcionario o empleado público corrupto, e inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y obtener beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por el doble del tiempo de la pena de prisión.” Dicha norma nos remite al Cohecho Propio. (Artículo 492) que dispone: El funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por otra persona o entidad, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo, u omitir o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, debe ser castigado con las penas de prisión de cinco (5) a siete (7) años, multa por una cantidad igual o hasta el triple del valor de la dádiva o retribución e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena de prisión. Si el acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa es constitutivo de infracción penal, las penas a imponer se incrementan en un tercio (1/3), sin perjuicio de imponer además las que correspondan por el delito o falta cometidos.” En base a la normativa descrita, la pena para el delito de Cohecho cometido por Particulares, oscila entre cinco (5) a siete (7) años de prisión, pena que debe ser incrementada en un tercio según lo establece el ultimo párrafo del artículo 492, ello en vista de que el acto que motivo la acción constitutiva de delito (Cohecho) es, en el caso de autos el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, dando como resultado una pena abstracta de siete (7) a nueve (9) años y cuatro (4) meses de prisión, pena abstracta que resulta de la suma de un tercio a la pena máxima establecida para el delito de Cohecho Propio, es decir, el incremento de un tercio (2 años, 4 meses) se hace a la pena máxima que en este caso es de siete años. Entonces la suma de siete años (pena máxima) más un tercio (2 años, 4 meses) da un total de 9 años, cuatro meses, lo cual nos da un nuevo parámetro de pena abstracta que oscila entre siete (7) años a nueve (9) años, cuatro (4) meses de prisión, todo lo anterior haciendo aplicación de las reglas establecidas en el artículo 69 del Código Penal, en relación al aumento o disminución en fracciones de la pena. Por ello en base a este parámetro y tomando en cuenta el criterio del Tribunal sentenciador, la Sala de lo Constitucional determinó imponer al señor JOSE ANTONIO TORRES CARCAMO, en relación al delito de COHECHO COMETIDO POR PARTICULARES, la pena mínima de SIETE AÑOS DE PRISIÓN más la MULTA de CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L. 50,000.00). Así lo dejó establecido esta Sala en la Sentencia dictada en fecha trece (13) de enero del año dos mil veintitrés (2023) específicamente en los considerandos trece y catorce del fallo en mención, como ya se expresó líneas arriba. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2 y 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE 1) Admitir el escrito de aclaración de sentencia presentado por el Abogado ROGER ORELLANA PINEL. 2) Tener por aclarada la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha trece de enero del año dos mil veintitrés, en el recurso de Revisión Penal de la sentencia de fecha treinta de abril del años dos mil dieciocho, dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL EN MATERIA PENAL, que condena al señor JOSE ANTONIO TORRES CARCAMO, como coautor responsable del delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSION y multa de UN MILLON DE LEMPIRAS EXACTOS, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; asimismo condena por el delito de SOBORNO DOMESTICO en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, a la pena de CINCO AÑOS DE RECLUSION como pena principal y las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil y en donde la Sala de lo Constitucional en Sentencia de fecha trece (13) de enero del año dos mil veintitrés (2023), declaro CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal y modifica la sentencia de fecha treinta de abril del año dos mil dieciocho, en la cual FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JOSE ANTONIO TORRES CARCAMO, por el delito de TRAFICO DE DROGAS a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, más una pena MULTA de TRESCIENTOS (300) DIAS a razón de QUINIENTOS LEMPIRAS (L.500.00) por día. Mas la pena accesoria de INHABILITACION ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena de prisión. SEGUNDO: CONDENANDO al señor JOSE ANTONIO TORRES CARCAMO por el delito de COHECHO PROPIO COMETIDO POR PARTICULAR a la pena de SIETE (7) AÑOS DE PRISIÓN más una MULTA de CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.50,000.00). Mas las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA por el doble del tiempo que dure la condena de prisión. Y MANDA: Que una vez notificada la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la magistrada Reina Hercules Rosa. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiún (21) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia y la Resolución de fechas trece (13) de enero y siete de febrero del año dos mil veintitrés (2023), recaídas en el Recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0882-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[7] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[8] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[9] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[10] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[11] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.

[12] https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf

[13] https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf