Sentencia RP-870-21 — Registro 17886
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal con relación a la causa que se le instruyó por el delito de trata de personas en modalidad de explotación sexual comercial.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora BELGIS AMERICA ZELAYA RAMIREZ, la pena principal de SIETE (7) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN Y UNA MULTA DE 112.5 SALARIOS MÍNIMOS, y las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL, por haber sido encontrada responsable como autora de un delito de TRATA DE PERSONAS EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL, en perjuicio víctica1. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de TRATA DE PERSONAS, previsto en el artículo 219 dispone: “Trata de Personas. Debe ser castigado con la pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, quien empleando violencia, intimidación, engaño o, abusando de una situación de superioridad o de necesidad de la víctima o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control de la misma, la capta, transporta, traslada, acoge o recibe, dentro o fuera del territorio nacional, con cualquiera de las finalidades siguientes: 1)… 2) La explotación sexual forzada; 3)… 4)… 5)… 6)… El consentimiento de la víctima es irrelevante cuando se ha recurrido a alguno de los medios indicados en el párrafo primero de éste artículo. Que en el caso de mérito, donde se presentó recurso de revisión a favor de la señora BELGIS AMERICA ZELAYA RAMIREZ, esta Sala de lo Constitucional, conforme a los siguientes parámetros, estima: La sentenciada fue condenada conforme al artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada en decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, a una pena de SIETE (7) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE RECLUSION, MÁS UNA MULTA DE CIENTO DOCE PUNTO CINCO (112.5) SALARIOS MÍNIMOS Y LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA, es así, que conforme a la entrada en vigencia del Nuevo Código Penal (Decreto 130-2017) la pena abstracta correspondiente al tipo penal de TRATA DE PERSONAS contenida en el artículo 219 iba de CINCO (5) AÑOS a OCHO (8) AÑOS DE PRISION. No obstante, siguiendo la línea procesal tomada por la sentenciada, debemos también entonces, dejar establecido que la misma se sometió a la figura del procedimiento abreviado. Dicha figura del proceso indica la rebaja de un cuarto (1/4) de la pena que corresponda. En ese sentido y tomando como referencia los parámetros de la sentencia la pena concreta a imponer es de TRES (3) AÑOS Y NUEVE (9) MESES DE PRISIÓN, tomando también en consideración que a la misma le fue impuesta la pena mínima. Dicha comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, la ley intermedia prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme al artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada en decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, derogado, y las estatuidas en el Decreto 93-2021. por lo que es procedente la aplicación retroactiva en el presente caso, haciendo aplicación y conforme al artículo 101.4 del La Ley sobre Justicia Constitucional para que se proceda a emitir un nuevo cómputo de pena por parte del Juzgado de Ejecución competente.”
Legislación citada
- Ley contra la trata de personas, art. 52 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101, Numeral 4 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora BELGIS AMERICA ZELAYA RAMIREZ, la pena principal de SIETE (7) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN Y UNA MULTA DE 112.5 SALARIOS MÍNIMOS, y las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL, por haber sido encontrada responsable como autora de un delito de TRATA DE PERSONAS EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL, en perjuicio víctica1. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de TRATA DE PERSONAS, previsto en el artículo 219 dispone: “Trata de Personas. Debe ser castigado con la pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, quien empleando violencia, intimidación, engaño o, abusando de una situación de superioridad o de necesidad de la víctima o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control de la misma, la capta, transporta, traslada, acoge o recibe, dentro o fuera del territorio nacional, con cualquiera de las finalidades siguientes: 1)… 2) La explotación sexual forzada; 3)… 4)… 5)… 6)… El consentimiento de la víctima es irrelevante cuando se ha recurrido a alguno de los medios indicados en el párrafo primero de éste artículo. Que en el caso de mérito, donde se presentó recurso de revisión a favor de la señora BELGIS AMERICA ZELAYA RAMIREZ, esta Sala de lo Constitucional, conforme a los siguientes parámetros, estima: La sentenciada fue condenada conforme al artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada en decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, a una pena de SIETE (7) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE RECLUSION, MÁS UNA MULTA DE CIENTO DOCE PUNTO CINCO (112.5) SALARIOS MÍNIMOS Y LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA, es así, que conforme a la entrada en vigencia del Nuevo Código Penal (Decreto 130-2017) la pena abstracta correspondiente al tipo penal de TRATA DE PERSONAS contenida en el artículo 219 iba de CINCO (5) AÑOS a OCHO (8) AÑOS DE PRISION. No obstante, siguiendo la línea procesal tomada por la sentenciada, debemos también entonces, dejar establecido que la misma se sometió a la figura del procedimiento abreviado. Dicha figura del proceso indica la rebaja de un cuarto (1/4) de la pena que corresponda. En ese sentido y tomando como referencia los parámetros de la sentencia la pena concreta a imponer es de TRES (3) AÑOS Y NUEVE (9) MESES DE PRISIÓN, tomando también en consideración que a la misma le fue impuesta la pena mínima. Dicha comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, la ley intermedia prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme al artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada en decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, derogado, y las estatuidas en el Decreto 93-2021. por lo que es procedente la aplicación retroactiva en el presente caso, haciendo aplicación y conforme al artículo 101.4 del La Ley sobre Justicia Constitucional para que se proceda a emitir un nuevo cómputo de pena por parte del Juzgado de Ejecución competente.”
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por la señora BELGIS AMERICA ZELAYA RAMIREZ, a favor de SI MISMA contra la Sentencia Condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL CON SEDE EN TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018), con relación a la causa que se le instruyó por el delito de TRATA DE PERSONAS EN MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinte (20) de agosto de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, la Abogada YESICA GEORGINA MARTINEZ ORELLANA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores BELGIS AMERICA ZELAYA RAMIREZ y ANGEL RAÚL CADENAS LAINEZ por el delito de TRATA DE PERSONAS EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL en perjuicio de víctima1 y víctima2 y OTRAS. (Folios 57-66 de la pieza antecedentes) 2) Que continuado que fue el proceso, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó sentencia en fecha veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018), en la cual: “FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a la ciudadana BELGIS AMERICA ZELAYA RAMIREZ, por el delito de TRATA DE PERSONAS EN SU MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL en perjuicio de víctima1, a una pena de SIETE (7) AÑOS CON SEIS MESES DE RECLUSIÓN, más una de CIENTO DOCE Y MEDIO (112.5) SALARIOS MINIMOS, más las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena.- Asimismo ratificando la medida cautelar de prisión preventiva contenida en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal,… SEGUNDO: Se declara la responsabilidad civil de la imputada BELGIS AMERICA ZSELAYA RAMIREZ, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia.…” (Folios 291 al 293 de la pieza de Primera Instancia.) 3) Que en fecha veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021), la señora BELGIS AMERICA ZELAYA RAMIREZ, interpuso ante la Sala de lo Constitucional, recurso de revisión penal a favor de SI MISMA, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha según la recurrente, trece de diciembre de dos mil diecisiete, siendo lo correcto veinticinco de enero de dos mil dieciocho; manifestando el recurrente que interpone el presente recurso con base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más beneficiosa, fundamentando dicha petición en el Artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 01 al 04 del recurso) 4) Que en fecha veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021), la Sala de lo Constitucional resolvió admitir el recurso de revisión de que se hace relación y se dispuso librar las respectivas comunicaciones, a efecto de que remitieran los expedientes de la causa. En consecuencia, y una vez recibidos los antecedentes, esta Sala ordenó la celebración de la Audiencia respectiva. (Folio 8 y 15 del recurso de mérito) 6) Que en fecha ocho (8) de junio de dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, habiendo comparecido el Abogado RICARDO ISAAC PANCHAME ROMERO, en su condición de apoderado legal de la señora BELGIS AMERICA ZELAYA RAMIREZ y la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión. Habiendo manifestando el Abogado RICARDO ISAAC PANCHAME ROMERO que se interpuso el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representada, en virtud de que fue condenada a una pena de siete años, seis meses aplicando lo estipulado en el Código Penal derogado, y de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), la pena que se contempla por el delito por el que fue condenada es de cinco años, por lo que solicita la aplicación del principio de retroactividad por ser la nueva ley más beneficiosa para su representada.- La representante del Ministerio Público expuso resumidamente: “Al examinar lo peticionado por el revisionista, cabe afirmar que nuestro ordenamiento jurídico reconoce como principio general que la ley no tiene efectos retroactivos, conforme lo proclama el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República, que establece: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado.” De lo expuesto, esta representación fiscal estima que el Código Penal vigente establece una norma penal más favorable a la hoy condenada, pues la pena a imponer conforme al nuevo Código Penal Vigente, establece una norma penal más favorable a la hoy condenada, pues la pena a imponer conforme el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017) es de cinco (5) a ocho (8) años, y con la rebaja de ¼ por la aplicación del Procedimiento Abreviado quedaría una pena de tres (3) años nueve (9) meses de reclusión a cinco (5)años, por lo que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la ley penal por ser esta más benigna al condenado. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, al estimar que lo peticionado por el revisionista es conforme a la Ley, por ser las disposiciones de Decreto 130-2017, más benignas a la condenada. (Folios 24 al 27 del recurso de mérito)” CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1]
Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral 8 de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[4]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral 8 del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[5], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[6]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[7]. -Lo negrito y subrayado es nuestro. - CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. De igual manera dicho cuerpo legal establece en su artículo 632 “Sobre las Disposiciones Derogatorias. Quedan derogados los artículos siguientes: 1)… 2)… 3)… 4)… 5)… 6)… 7) El artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada en Decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012.” Es bajo ese precepto que se entiende derogada dicha norma y consecuentemente de aplicación el Tipo penal contenido en el Decreto 130-2017. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SIETE (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Artículo 616 del Código Penal:” CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MÁS FAVORABLE. Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Se exceptúan los supuestos en los que el presente Código contuviera para el mismo hecho la previsión de una pena alternativa no privativa de libertad, pues en tal caso se tiene que proceder a la revisión de la pena. Si la imposición de la pena dependiera de un dato que no obra en las actuaciones, se solicita el correspondiente dictamen para que el Órgano Jurisdiccional competente pueda determinar la cuantía de la nueva pena que habrá de sustituir a la anterior. Si el dictamen no llegara a ser conclusivo y se tratara de una pena de multa proporcional, para calcular la que correspondiera en el presente Código se ésta a lo dispuesto en el Artículo 54 de éste. En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación. Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. En el caso de que lo procedente sea aplicar la regla más beneficiosa de limitación de cumplimiento, incorporada al presente Código, que consiste en el triple del tiempo de la pena más grave por la que se hubiere condenado al sujeto sin que se llegaren a alcanzar los treinta (30) años, habrán de compararse las penas que hubieren podido corresponder a los distintos delitos para determinar qué es lo más beneficioso para el condenado. En todos los supuestos en los que a criterio del Órgano Jurisdiccional competente proceda la revisión de la condena es inexcusable oír al condenado; por ello, no lo es en el supuesto en el que se considere que la legislación anterior es más beneficiosa, en cuyo caso se puede dictar directamente Auto declarando la improcedencia de la revisión. Sin embargo y aún en esta última ocasión, el Órgano Jurisdiccional competente puede si lo considera, dar audiencia al condenado”. CONSIDERANDO OCHO (8): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO NUEVE (9): Sobre la aplicación de la ley intermedia. En relación a la ley intermedia. Se les denomina así, ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa, así como su contenido básico. Para el jurista René Suazo Lagos[8] reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”[9]. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que en el caso sub examine, la peticionaria, compareció ante este Alto Tribunal en fecha veinte (20) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna vigente en ese momento, el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que fue condenada por el delito de TRATA DE PERSONAS EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL estando vigente el artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada en decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, precepto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el artículo 219. Trata de Personas. Debe ser castigado con la pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, quien empleando violencia, intimidación, engaño o, abusando de una situación de superioridad o de necesidad de la víctima o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control de la misma, la capta, transporta, traslada, acoge o recibe, dentro o fuera del territorio nacional, con cualquiera de las finalidades siguientes: 1)… 2) La explotación sexual forzada; 3)… 4)… 5)… 6)… El consentimiento de la víctima es irrelevante cuando se ha recurrido a alguno de los medios indicados en el párrafo primero de éste artículo. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios indicados en el párrafo primero, se considera trata de personas cualquiera de las acciones indicadas cuando se lleva a cabo respecto de menores de dieciocho (18) años con cualquiera de los fines de explotación previstos.” No obstante a ello en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021[10], mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 219 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de “Trata de Personas: Incurre en el delito de trata de personas y será castigado con una pena de prisión de diez (10) a quince (15) años, quien facilite, promueva o ejecute la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, con la finalidad de que sean utilizadas o forzadas a cualquier tipo de explotación incluyendo: 1)… 2)La explotación sexual o comercial. 3)… 4)… 5)… 6)… 7)… En el caso sujeto a estudio nos encontramos ante la situación de la aplicación de una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, ello es así pues la señora BELGIS AMERICA ZELAYA RAMIREZ, fue condenada por el delito de Trata de personas en la modalidad de Explotación Sexual Comercial, estando vigente el artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada en decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Trata de Personas, peticionando la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia el Decreto 130-2017, mismo que establecía una pena más benigna para el delito de Trata de Personas, y posterior a la petición realizada y previo a dictar sentencia este Alto Tribunal, entra en vigencia el Decreto 93-2021, que de nuevo aumenta la pena para el delito de Trata de Personas como líneas arriba se dijo. En ese orden de ideas el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. CONSIDERANDO ONCE (11): Esta Sala Constitucional considera que una vez iniciado un trámite de Revisión materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del Recurso, se deberá ejecutar la norma que fue invocada por el recursista y que al momento de peticionar estaba en vigencia, asimismo al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso) y en el caso de que en el lapsus de presentación del Recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada fuese derogada o reformada, se tomará en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario. Esto atendiendo el mandato constitucional, que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado. Así también, bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala Constitucional, cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, así como en el caso de mérito, se encuentran varias posibilidades en debate, el juez deberá preferir, aquella que contenga mejores protecciones, o que sean más favorables para el individuo. Por tanto, se debe aplicar la norma que más favorezca al encausado, puesto que su petición se realizó al amparo de una norma más benigna que al momento de interponer el Recurso se encontraba en vigencia y el hecho de que esa norma haya sido desplazada no puede ser imputable o acarrear consecuencia para quien peticionó o se apegó a ella en tiempo y forma. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora BELGIS AMERICA ZELAYA RAMIREZ, fue condenada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha veinticinco (25) de enero del dos mil dieciocho (2018), a la pena de SIETE (7) AÑOS, SEIS (6) MESES DE RECLUSION y una MULTA de 112.5 salarios mínimos por el delito de TRATA DE PERSONAS EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL en perjuicio de víctima1 como pena principal; así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL por el doble del tiempo que dure la condena. II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha veinticinco (25) de enero del dos mil dieciocho (2018), mediante la cual se condenó a la señora BELGIS AMERICA ZELAYA RAMIREZ, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Trata de Personas, contenido en el Decreto legislativo Número 59-2012, que disponía una pena abstracta de 10 a 15 años de reclusión y una multa de ciento cincuenta (150) a doscientos (200) salarios mínimos, siendo condenada a una pena concreta de SIETE (7) AÑOS y SEIS (6) MESES de RECLUSIÓN y una MULTA de 112.5 salarios mínimos, por haberse sometido el imputado al procedimiento abreviado, es decir que a la pena abstracta se le rebajó un cuarto (¼), más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena. III. Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora BELGIS AMERICA ZELAYA RAMIREZ, la pena principal de SIETE (7) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN Y UNA MULTA DE 112.5 SALARIOS MÍNIMOS, y las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL, por haber sido encontrada responsable como autora de un delito de TRATA DE PERSONAS EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL, en perjuicio víctica1. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de TRATA DE PERSONAS, previsto en el artículo 219 dispone: “Trata de Personas. Debe ser castigado con la pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, quien empleando violencia, intimidación, engaño o, abusando de una situación de superioridad o de necesidad de la víctima o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control de la misma, la capta, transporta, traslada, acoge o recibe, dentro o fuera del territorio nacional, con cualquiera de las finalidades siguientes: 1)… 2) La explotación sexual forzada; 3)… 4)… 5)… 6)… El consentimiento de la víctima es irrelevante cuando se ha recurrido a alguno de los medios indicados en el párrafo primero de éste artículo. Que en el caso de mérito, donde se presentó recurso de revisión a favor de la señora BELGIS AMERICA ZELAYA RAMIREZ, esta Sala de lo Constitucional, conforme a los siguientes parámetros, estima: La sentenciada fue condenada conforme al artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada en decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, a una pena de SIETE (7) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE RECLUSION, MÁS UNA MULTA DE CIENTO DOCE PUNTO CINCO (112.5) SALARIOS MÍNIMOS Y LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA, es así, que conforme a la entrada en vigencia del Nuevo Código Penal (Decreto 130-2017) la pena abstracta correspondiente al tipo penal de TRATA DE PERSONAS contenida en el artículo 219 iba de CINCO (5) AÑOS a OCHO (8) AÑOS DE PRISION. No obstante, siguiendo la línea procesal tomada por la sentenciada, debemos también entonces, dejar establecido que la misma se sometió a la figura del procedimiento abreviado. Dicha figura del proceso indica la rebaja de un cuarto (1/4) de la pena que corresponda. En ese sentido y tomando como referencia los parámetros de la sentencia la pena concreta a imponer es de TRES (3) AÑOS Y NUEVE (9) MESES DE PRISIÓN, tomando también en consideración que a la misma le fue impuesta la pena mínima. Dicha comparativa de penas entre las diferentes legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, la ley intermedia prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme al artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada en decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, derogado, y las estatuidas en el Decreto 93-2021. por lo que es procedente la aplicación retroactiva en el presente caso, haciendo aplicación y conforme al artículo 101.4 del La Ley sobre Justicia Constitucional para que se proceda a emitir un nuevo cómputo de pena por parte del Juzgado de Ejecución competente. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículo 24, 25, 35, 38, 53, 58 y 219 del Código Penal vigente. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la señora BELGIS AMERICA ZELAYA RAMIREZ, a favor de SÍ MISMA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a la señora BELGIS AMERICA ZELAYA RAMIREZ, por el delito TRATA DE PERSONA EN SU MODALIDAD DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL en perjuicio de víctima1, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a la señora BELGIS AMERICA ZELAYA RAMIREZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de TRATA DE PERSONAS EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL a la pena de TRES (3) AÑOS Y NUEVE (9) MESES DE PRISIÓN; ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. – Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha dos de junio de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0870-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[2]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[3]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[4]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[5] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[6] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[7] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[8] Suazo Lagos R. (2010), Lecciones de Derecho Penal. Editorial La Nueva Honduras.
[9] Calderón, G. (2004) ¿Debe Aplicarse La Ley Penal Intermedia Más Favorable? Pontificia Universidad Católica De Valparaíso, Chile.
[10] Publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 35,760 de fecha 1 de noviembre del año dos mil veintiuno y vigente según el artículo 11 al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario oficial “La Gaceta”.