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Sentencia RP-868-21 — Registro 17534

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra las sentencias condenatorias con relación a la causa que se instruyó por el delito de facilitación de local para el tráfico de drogas y siembra de plantas de marihuana, posesión ilegal de armas de fuego comercial, en perjuicio de la salud de la población y la seguridad interior del estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (14): I.- Que de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de La Paz, en fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018), se desprende que el imputado se sometió al procedimiento abreviado, consecuentemente habría que transitar sobre la misma línea procedimental, en ese sentido da como resultado, las penas abstractas siguientes: A) por el delito de TRAFICO DE DROGAS EN SU MODALIDAD DE SIEMBRA le corresponde una pena de uno (1) a tres (3) años, rebajada en un cuarto resulta una pena abstracta de nueve (9) meses de prisión y multa de setenta y cinco (75) días; por el delito de TRAFICO DE DROGAS EN SU MODALIDAD DE FACILITACIÓN le corresponde una pena uno (1) a tres (3) años, rebajada en un cuarto resulta una pena abstracta de nueve (9) meses de prisión y multa de setenta y cinco (75) días y por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS le corresponde una pena de uno (1) a cuatro (4) años, que rebajada en un cuarto resulta una pena abstracta de nueve (9) meses a un (1) año de prisión. II.- Que según la sentencia en revisión de fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018), se impuso la pena mínima por los delitos sindicados, en virtud de lo cual procedería la imposición de pena en los mismos términos; en atención a ello, la pena a imponer al señor NATIVIDAD DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ sería de NUEVE (9) MESES de prisión y multa de setenta y cinco (75) días, que a criterio de esta Sala, se deben imponer a razón de veinte Lempiras (L.20.00) por día, por el delito de TRAFICO DE DROGAS EN SU MODALIDAD DE SIEMBRA; NUEVE (9) MESES de prisión y multa de setenta y cinco (75) días, que a criterio de esta Sala, se deben imponer a razón de veinte Lempiras (L.20.00) por día, por el delito de TRAFICO DE DROGAS EN SU MODALIDAD DE FACILITACIÓN y por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS le corresponde una pena de (9) meses y localización permanente de un (1) año, más la pena accesoria de INHABILITACION ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena. CONSIDERANDO (15): I. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, esta Sala estima, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor NATIVIDAD DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ de una norma vigente que le resulta más benigna. II. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice el cómputo de una nueva pena. III. Que una vez realizado el cómputo de la nueva pena, podrá el órgano jurisdiccional competente, acordar la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión, siempre y cuando concurran los requisitos establecidos en el articulo 78 del Código Penal vigente

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de mayo de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Revisión Penal interpuestos por el Abogado CAMILO ERNESTO ALVARADO MARTINEZ, a favor del señor NATIVIDAD DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ, contra las sentencias condenatorias dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de la Paz, departamento de La Paz, de fecha dos (2) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con relación a la causa que se instruyó contra el señor NATIVIDAD DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ, por el delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO DE DROGAS Y SIEMBRA DE PLANTAS DE MARIHUANA, POSESION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, departamento de La Paz, la Abogada MARIA MALDONADO MALDONADO, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor NATIVIDAD DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ, por el delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO DE DROGAS Y SIEMBRA DE PLANTAS DE MARIHUNA, POSESION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1 al 2 de la pieza del Juzgado).2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, departamento de La Paz, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: “1) CONDENAR al señor NATIVIDAD DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ, de generales conocidas como responsable penalmente de concepto de autor del delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO HONDUREÑO, a la pena de CUATRO AÑOS, SEIS MESES DE RECLUSION, como penas principales por el indicado delito y una multa de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (LPS 37, 500.00) y como penas accesorias la inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena así mismo comprende el comiso de la droga decomisada; 2) CONDENAR: Al señor NATIVIDAD DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ, como responsable penalmente en concepto de autor del delito de SIEMBRA DE PLANTAS DE MARIHUANA, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO HONDUREÑO, a la pena de SEIS AÑOS NUEVE MESES DE RECLUSION, como penas principales por el indicado delito, y una multa de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L.3,750.00) y como penas accesorias la inhabilitación civil por el tiempo que dure la condena.- 3) CONDENAR al señor NATIVIDAD DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ, como responsable penalmente en concepto de autor del delito POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DELE STADO DE HONDURAS, a la pena de DOS AÑOS TRES MESES DE RECLUSION, como penas principales por el indicado delito, y como penas accesorias la inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena asimismo comprende el comiso del arma decomisada y que según informe balístico por el perito JONNY ALEXANDER FLORES está en buen estado mecánico y operario se ordena la destrucción con un peso de 771.8 gramos según dictámenes forenses.- 4) Asimismo se le CONDENA a trabajar por el tiempo de la condena al señor NATIVIDAD DE JESUS GUTIERREZ HERNANEZ, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario conforme el artículo 39 del Código Penal…”.- (folio 27 al 34 de la pieza del Tribunal de Sentencias). 3) Que el recurrente Abogado CAMILO ERNESTO ALVRADO MARTINEZ, compareció ante este Tribunal en fecha veinte (20) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor del señor CAMILO ERNESTO ALVARADO MARTINEZ, contra la sentencia condenatoria en fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, departamento de La Paz. 4) Que en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. 5) Que en fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala Constitucional, habiendo comparecido el Abogado CAMILO ERNESTO ALVARADO MARTINEZ, en su condición de apoderado legal del señor NATIVIDAD DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ, y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ HERNANDEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; Expuso el recurrente: “… en ese sentido su señoría se deben interpretar toda la normativa penal en beneficio del reo, es por ello honorables magistrados que a mi representado se le deben imponer una pena de dos (2) años de reclusión como pena mínima del delito de Tráfico y una multa de cien (100) días y una pena de un (1) año de reclusión por tenencia ilegal de arma de fuego considerando que la aplicación de las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional que esta sentencia firme podrán ser revisadas en cualquier tiempo por esta sala y siendo el caso de que procede la aplicación de retroactividad de una ley penal por ser más benigna, SOLICITO humildemente se conceda a lo peticionado emitiendo una nueva sentencia a favor de mi poderdante.” Por su parte la Fiscal del Ministerio Público manifestó: “Al examinar el fallo sub-judice y al realizar el análisis comparativo entre las penas impuestas en la presente causa y las penas aplicables conforme el nuevo Código Penal, se aprecia que le Nuevo Código Penal efectivamente establece una pena más favorable al hoy condenado, en ese sentido se estima que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a la ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la ley penal por ser ésta más benigna al condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral 8 del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes: “Estas nuevas disposiciones legales favorecen a NATIVIDAD DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ, ya que por los hechos declarados probados en la sentencia de fecha doce (12) de julio del 2018 la cual subsume en una sola acción el delito de DROGAS, es más la droga decomisada no causa grave daño a la salud y no son consideradas como cantidad de especial importancia como lo regula el artículo 321 del Código Penal vigente, conllevando que las penas a imponer por dichos delitos según la nueva legislación son más bajas y no regulan agravantes específicas del artículo 312 C.P. beneficiando a NATIVIDAD DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ, quien obtendría una rebaja sustancial a las penas impuestas, el artículo 70 C.P. señala la concurrencia o ausencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad.” CONSIDERANDO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas, las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, por tanto, en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley Sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO (6): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[6], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[7]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[8]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[9] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[10]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[11] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO (11): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor NATIVIDAD DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ fue condenado por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA PAZ mediante la sentencia definitiva y firme de fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018) a las penas de A) CUATRO (4) AÑOS SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN MÁS MULTA DE TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (L.37,500.00) por el delito de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; B) SEIS (6) AÑOS NUEVE (9) MESES DE RECLUSIÓN MÁS MULTA DE TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L.3,750.00) por el delito de SIEMBRA DE PLANTAS DE MARIHUANA en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS y; C) DOS (2) AÑOS Y TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS más las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 16 y 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, estimando que la acción ejecutada por el imputado se subsume en los tipos penales de FACILITACIÓN DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS y SIEMBRA DE PLANTAS DE MARIHUANA en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS y el artículo 332-B del Código Penal Derogado (Decreto 144-83), estimando que la acción ejecutada por el imputado se subsume en el tipo de penal de POSESIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL. III. Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto procede la aplicación retroactiva de una norma favorable en relación a una derogada y plasmada en la sentencia convirtiéndose en cosa juzgada; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO (12): I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme a la ley especial SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS DECRETO NÚMERO 126-89, la pena a imponer por el delito de A) FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRÁFICO DE DROGAS era reclusión de seis (6) a nueve (9) años y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, según el artículo 22 de la precitada ley. B) SIEMBRA DE PLANTAS DE MARIHUANA, era reclusión de nueve (9) a doce (12) años de reclusión y multa de cinco mil a veinticinco mil lempiras, según el artículo 16 de la precitada ley. Y en cuanto al delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, la pena a imponer era de tres (3) a seis (6) años de reclusión, según el artículo 322 literal B del Código Penal decreto 144-83. II.- Que, a las penas anteriormente señaladas, se le rebajó un cuarto (1/4) por haberse sometido el sentenciado al procedimiento abreviado, resultando un marco de penas abstractas de la siguiente manera: A) por el delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, reclusión de cuatro (4) años y seis (6) y multa de treinta y siete mil quinientos (L.37,500.00) a setenta y cinco mil lempiras (L.75,000.00). B) Por el delito de SIEMBRA DE PLANTAS DE MARIHUANA, reclusión de seis (6) años y nueve (9) meses a nueve (9) años y multa de tres mil setecientos cincuenta (L.3,750.00) lempiras a dieciocho mil setecientos cincuenta (L.18,750.00) lempiras. Y en cuanto al delito de POSESIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, la pena a imponer era de dos (2) años y tres (3) meses a cuatro (4) años y seis (6) meses de reclusión, según el artículo 322 literal B del Código Penal decreto 144-83. Penas de las cuales se impuso la pena mínima por cada uno de los delitos mencionados, por no apreciar el órgano sentenciador la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes que modifiquen la responsabilidad penal. CONSIDERANDO (13): I. Las penas abstractas reguladas en el artículo 311 del vigente Código Penal, específicamente dice: TRÁFICO DE DROGAS. Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. Es decir que se contemplan dos marcos punitivos abstractos: de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) en los demás casos, imponiéndose en ambos multa de cien (100) a quinientos (500) días multa. En ese orden de ideas, se consideran drogas que no causan grave daño a la salud: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; en los demás casos, las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación;[12] y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista verde del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. [13]. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician al encausado, siendo que, el marco abstracto de penas a aplicar es inferior en relación al Código Penal 144-83. II. Que es preciso, acorde al artículo 311 NCP ya citado, determinar qué marco punitivo debe aplicarse al sentenciado, en función del tipo y cantidad de droga que le fue decomisado al señor NATIVIDAD DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ. Es así que, según los hechos probados de la sentencia definitiva de fecha doce (12) de julio del dos mil dieciocho (2018), determina que le fue decomisado la cantidad de setecientos setenta y uno punto ocho gramos (771.8 gr) por la planta y trece punto ocho gramos (13.8 gr) por la droga decomisada (marihuana). En ese sentido, podemos establecer que al señor NATIVIDAD DE JESUS GUTIERREZ HERNADEZ, se le debe aplicar el marco de pena abstracto de UNO (1) a TRES (3)años de prisión y multa de cien (100) a quinientos (500) días, ya que la marihuana, se considera una droga que no causa grave daño a la salud y por no ser una cantidad de especial importancia, según la definición que nos ofrece el artículo 321 párrafo tercero del Código Penal Vigente (Decreto 130-2017). III. En cuanto a la existencia de atenuantes y agravantes específicas para el tráfico de drogas que enumeran los artículos 312 y 313 del NCP, las cuales aumentan o disminuyen en grados la pena abstracta señalada en el numerando anterior, no concurre ninguna de las anteriores. IV.- En cuanto al delito de Portación Ilegal de Armas el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 332 inciso B establece que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.” Es decir, que esa conducta delictiva, se sancionaba con reclusión de tres (3) a seis (6) años de reclusión. En cuanto al Código Penal vigente Decreto 130-2017, establece el artículo 580: “TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, 2) … Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización.” Siendo que se desprende de la sentencia de fecha doce (12) de julio del dos mil dieciocho (2018) dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que el sentenciado fue condenado por el delito de Portación Ilegal de armas, sin embargo de los hechos probados se desprende que el arma no la portaba el señor NATIVIDAD DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ, sino que fue encontrada en su vivienda, por lo que el espíritu de la condena consiste en una tenencia y no en una portación, ya estas conductas son penadas con penas distintas, consecuentemente le es aplicable lo establecido por el primer párrafo del artículo relacionado, es decir, que le procede una pena de uno (1) a cuatro (4) años de reclusión y localización permanente de hasta dos años, siendo que no se aprecia la concurrencia de circunstancias atenuantes ni agravantes modificativas de la responsabilidad penal. CONSIDERANDO (14): I.- Que de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de La Paz, en fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018), se desprende que el imputado se sometió al procedimiento abreviado, consecuentemente habría que transitar sobre la misma línea procedimental, en ese sentido da como resultado, las penas abstractas siguientes: A) por el delito de TRAFICO DE DROGAS EN SU MODALIDAD DE SIEMBRA le corresponde una pena de uno (1) a tres (3) años, rebajada en un cuarto resulta una pena abstracta de nueve (9) meses de prisión y multa de setenta y cinco (75) días; por el delito de TRAFICO DE DROGAS EN SU MODALIDAD DE FACILITACIÓN le corresponde una pena uno (1) a tres (3) años, rebajada en un cuarto resulta una pena abstracta de nueve (9) meses de prisión y multa de setenta y cinco (75) días y por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS le corresponde una pena de uno (1) a cuatro (4) años, que rebajada en un cuarto resulta una pena abstracta de nueve (9) meses a un (1) año de prisión. II.- Que según la sentencia en revisión de fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018), se impuso la pena mínima por los delitos sindicados, en virtud de lo cual procedería la imposición de pena en los mismos términos; en atención a ello, la pena a imponer al señor NATIVIDAD DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ sería de NUEVE (9) MESES de prisión y multa de setenta y cinco (75) días, que a criterio de esta Sala, se deben imponer a razón de veinte Lempiras (L.20.00) por día, por el delito de TRAFICO DE DROGAS EN SU MODALIDAD DE SIEMBRA; NUEVE (9) MESES de prisión y multa de setenta y cinco (75) días, que a criterio de esta Sala, se deben imponer a razón de veinte Lempiras (L.20.00) por día, por el delito de TRAFICO DE DROGAS EN SU MODALIDAD DE FACILITACIÓN y por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS le corresponde una pena de (9) meses y localización permanente de un (1) año, más la pena accesoria de INHABILITACION ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena. CONSIDERANDO (15): I. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, esta Sala estima, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor NATIVIDAD DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ de una norma vigente que le resulta más benigna. II. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice el cómputo de una nueva pena. III. Que una vez realizado el cómputo de la nueva pena, podrá el órgano jurisdiccional competente, acordar la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión, siempre y cuando concurran los requisitos establecidos en el articulo 78 del Código Penal vigente. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado CAMILO ERNESTO ALVARADO MARTINEZ, a favor del señor NATIVIDAD DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, en fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada de fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018), en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor NATIVIDAD DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ, por los delitos de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, SIEMBRA DE PLANTAS DE MARIHUANA, y POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor NATIVIDAD DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de TRAFICO DE DROGAS EN SU MODALIDAD DE SIEMBRA, a la pena de NUEVE (9) MESES de prisión y multa de setenta y cinco (75) días, que a criterio de esta Sala, se deben imponer a razón de veinte Lempiras (L.20.00) por día. SEGUNDO: CONDENANDO al señor NATIVIDAD DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ por el delito de TRAFICO DE DROGAS EN SU MODALIDAD DE FACILITACIÓN, a la pena de NUEVE (9) MESES de prisión y multa de setenta y cinco (75) días, que, a criterio de esta Sala, se deben imponer a razón de veinte Lempiras (L.20.00) por día. TERCERO: CONDENANDO al señor NATIVIDAD DE JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS a una pena de NUEVE (9) MESES y localización permanente de un (1) año. Más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena de prisión; haciendo un total de VEINTISIETE (27) MESES de prisión más 150 días multa, lo que equivale a DOS (2) AÑOS TRES (3) MESES de prisión, más TRE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.3,000.00) de multa a razón de 150 días por L.20.00 cada día. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la MAGISTRADA BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de junio de dos mil veintitrés, certificación del fallo de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal (acumulado) registrado en este Tribunal con el número SCO-0868 y 1315-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[7] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[8] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[9] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[10] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[11] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.

[12] https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf

[13] https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf