Sentencia RP-863-21 — Registro 16026
Resumen
Sentencia en revisión dictada por Autoridad recurrida condenó a recurrente por el delito de Adquisición de Vehículo Robado y portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido en perjuicio de persona desconocida y de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndole como penas: 9 años de reclusión por el delito de adquisición de vehículo robado; 8 años de reclusión más multa de cinco mil lempiras por el delito de portación ilegal de armas prohibidas, y un año de reclusión por el delito de Atentado; todas con penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; Haciendo un total de dieciocho (18) años de reclusión; La Sala concluyó que la presente causa cumple con los requisitos legales, en consecuencia es procedente la aplicación retroactiva en favor de recurrente; Se ordenó al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JORGE ALBERTO MORENO MORALES, fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, CORTES, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha siete (7) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a las penas principales de NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO en perjuicio de persona desconocida; OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS (L.5,000.00) por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras y a la pena de UN (1) AÑO DE RECLUSIÓN por el delito de ATENTADO en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 218 inciso “D”; 332 inciso “A” y 334 numeral “1”, todos del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió los delitos de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO Y ATENTADO. III. Esta Sala considera que el caso sub examine encaja en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional;..."..."en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JORGE ALBERTO MORENO MORALES las penas principales de NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO en perjuicio de persona desconocida, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena; OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE CINCO MIL LEPMIRAS (L.5,000.00) por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. y a la pena de UN (1) AÑO DE RECLUSIÓN por el delito de ATENTADO en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, más las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL e INTERDICCIÓN CIVIL; por el tiempo que dure la condena..."..."En relación a la conducta delictiva de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO realizada por el sentenciado JORGE ALBERTO MORENO MORALES, se desprende de lo determinado en la resolución del tribunal de sentencia, que le fue aplicado lo establecido en el artículo 217 y 218 inciso “D” del Código Penal derogado, el cual literalmente establece: “Será sancionado con pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe.” Es decir que dicho tipo penal sancionaba dicha acción criminal por la que fue condenado el señor JORGE ALBERTO MORENO MORALES con una pena abstracta de nueve (9) a doce (12) años de reclusión, y según la sentencia traída en revisión se condenó al mismo sin la concurrencia de circunstancias atenuantes ni agravantes que modificaran la responsabilidad penal. Es así, que realizando una comparativa con el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), dicha conducta penal encaja con la establecida en el artículo 438...En ese sentido, regresando a la aplicación del artículo 438 debe rebajarse en un tercio a la pena abstracta del artículo 360 anteriormente señalado, resultando una pena de UN (1) AÑO CUATRO (4) MESES a DOS (2) AÑOS DE PRISION; pena abstracta de la cual siguiendo el parámetro de dicha sentencia de fecha siete (7) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) debe condenarse al sentenciado a la pena mínima, es decir UN (1) AÑO Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN..."..."Esta Sala Constitucional al realizar el estudio de la sentencia en revisión de fecha siete (7) de diciembre del dos mil dieciocho (2018), y haciendo uso del principio de legalidad y principio pro homine, al realizar la ponderación de todos los tipos penales y comparándolos con ambos códigos, es manifiesto que el Código Penal decreto 130-2017 solo representa benignidad en ciertas conductas delictivas. Empero, la existencia de un mismo sujeto realizando dos (2) o más acciones u omisiones e infringiendo una misma normal penal varias veces o varias normas penales, da lugar a un concurso real. Como consecuencia de ello la valoración debe hacerse de manera global, es decir sumar el total de las penas correspondientes. Aplicando cada Código Penal y según el resultado, determinar cuál le es más favorable al sentenciado. En el caso que nos ocupa al revisar la totalidad de la pena a imponer, es patente que el Código Penal Decreto 130-2017 es más favorable al sentenciado, ya que la sumatoria de pena con el Código Penal derogado Decreto 144-1983 resulta un total de DIECIOCHO (18) AÑOS DE RECLUSIÓN, mientras que la sumatoria de pena con el Código Penal vigente Decreto 130-2017 resulta un total de DIEZ (10) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN..."..."esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva penal como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JORGE ALBERTO MORENO MORALES de una norma vigente que le resulta más benigna III. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 95 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 96, 8 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 373 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de enero del dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado ROBERTO CARLOS MEJÍA VILLAFRANCA, a favor del señor JORGE ALBERTO MORENO MORALES, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra el señor JORGE ALBERTO MORENO MORALES, por haberlo encontrado culpable de los de los delitos ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO en perjuicio de PERSONA DESCONOCIDA y de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada Wendy Isabel Hernández, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Jorge Alberto Moreno Morales, por suponerlo responsable de los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego Tipo Comercial y Atentado y Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y del señor Luis Adolfo Cruz; asimismo, contra el señor Joseph Patrick Trochez Madrid, por suponerlo responsable de los delitos de Portación Ilegal de Arma de Fuego Tipo Comercial, Atentado y Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. (Folios 1-5 del antecedente) 2) Que en fecha siete (7) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: CONDENAR, por conformidad de las partes, al joven JORGE ALBERTO MORENO MORALES, como autor del delito de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, en perjuicio de PERSONA DESCONOCIDA, a la pena principal de NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSION, por el delito antes expuesto; además se le condena a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo de duración de la pena principal. SEGUNDO: CONDENAR, por conformidad de las partes, al joven JORGE ALBERTO MORENO MORALES, como autor del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a las penas principales de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSION, más multa de cinco mil lempiras (L. 5,000.00), por el delito antes expuesto; además se le condena a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo de duración de la pena principal. TERCERO: CONDENAR, por conformidad de las partes, al joven JORGE ALBERTO MORENO MORALES, como autor del delito de ATENTADO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de UN (1) AÑO DE RECLUSION, por el delito antes expuesto; además se le condena a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo de duración de la pena principal. CUARTO: CONDENAR, por conformidad de las partes, al joven JOSÉ ALFREDO FLORES ALVARENGA, como autor del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION, por el delito antes expuesto; además se le condena a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo de duración de la pena principal. QUINTO: CONDENAR, por conformidad de las partes, al joven JOSÉ ALFREDO FLORES ALVARENGA, como autor del delito de ATENTADO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de UN (1) AÑO DE RECLUSION, por el delito antes expuesto; además se le condena a las penas accesorias de ESPECIAL e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo de duración de la pena principal. SEXTO: CONDENAR, por conformidad de las partes, al joven JOSEPH PATRICK TROCHEZ MADRID, como autor del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION, por el delito antes expuesto; además se le condena a las penas accesorias de ESPECIAL e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo de duración de la pena principal. SÉPTIMO: CONDENAR, por conformidad de las partes, al joven JOSEPH PATRICK TROCHEZ MADRID, como autor del delito de ATENTADO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de UN (1) AÑO DE RECLUSION, por el delito antes expuesto; además se le condena a las penas accesorias de ESPECIAL e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo de duración de la pena principal. OCTAVO: Se ordena el cumplimiento de la pena para los tres condenados, en el establecimiento penal que determine el Juez de Ejecución, quedando sujetos a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional; descontándose el tiempo que han encontrado privado de libertad por esta causa, debiendo cumplirse las penas una en pos de la otra, iniciando por la de mayor gravedad. NOVENO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. DECIMO: Se ordena el comiso de la evidencia física, consistente en: 1) Un (1) arma de fuego tipo fusil, modelo R-15, calibre 5,56 MM/ .223 número de serie 5447338 2) Un (1) Arma de fuego tipo pistola, marca GIRSAN, modelo MC14, calibre 380ACP, número de serie T6368- 11Y00023, con su cargador metálico pavón, color negro. 3) Un (1) arma de fuego tipo pistola, marca COLT, modelo SUPER 38, calibre 38 auto, número de serie no visible, armazón, corredera y cañón metálicos con su cargador metálico pavón color cromo. Que se notifique esta sentencia a las partes procesales. ASI LO DECLARAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS…” (Folios 166-171 del antecedente) 3) Que el Abogado Roberto Carlos Mejía Villafranca, compareció ante este Tribunal, en fecha diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor del señor Jorge Alberto Moreno Morales, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del principio de retroactividad de la ley, por ser esta más benigna para su representado, mediante la implementación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017). (Folios 1—2 del recurso de mérito) 4) En fecha tres (3) de agosto de dos mil veintidós (2022), habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal cítese a las partes para audiencia que se celebrará el día miércoles diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidós (2022), a las diez de la mañana con cuarenta y cinco minutos (10: 45 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 25 del recurso de mérito) 5) En fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, con la comparecencia de la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Roberto Carlos Mejía Villafranca, en su condición de Apoderado Legal del señor Jorge Alberto Moreno Morales; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: actuando en mi condición de apoderado legal del señor JORGE ALBERTO MORENO MORALES, en este momento ratifico el recurso de revisión de sentencia que se presentó ante esta sala, hago del conocimiento que mi representado JORGE ALBERTO MORENO MORALES fue condenado por el delito de adquisición de vehículo robado a una pena de nueve (09) años y revisando el actual código penal que entró en vigencia el 25 de junio del 2020, este delito tiene una pena de cuatro (04) a ocho (08) años según el artículo 361, también fue condenado mi representado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula por el delito de Portación Ilegal de Armas, revisando también el nuevo código penal en su artículo 580 este delito lleva una pena de cuatro (04) a seis (06) años, el delito de Atentado que también en su momento fue condenado se mantiene igual, en base al artículo 615, 616 del código penal y en aras de que las penas son más favorables, solicito la retroactividad de la ley penal en este caso que procede, solamente, reservándome el uso de la palabra…El Ministerio Público consideró: “…Artículo 616: “CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique… De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes a los delitos de ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO, PORTACION ILEGAL DE ARMAS Y ATENTADO por el cual se condenó al hoy imputado JORGE ALBERTO MORENO MORALES. El delito de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, contemplado en el artículo 218-D del Código Penal Derogado, establecía lo siguiente:” será sancionado con pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado, se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe. En el Nuevo Código Penal Vigente, encontramos que este tipo penal no se encuentra regulado con esa denominación; sin embargo la acción ilícita sigue siendo castigada, aunque con otro nomen iuris y que encuadra con el tipo penal establecido en el artículo 438 del nuevo texto punitivo, referente a la RECEPTACIÓN que establece: Quien con ánimo de lucro y conocimiento de la comisión de un delito en el que no haya participado ni como autor ni como cómplice, ayuda a los responsables a aprovecharse de los bienes o efectos procedentes del mismo, o recibe, adquiere u oculta tales efectos, debe ser castigado con la pena que corresponda al delito del que proceden los bienes o efectos rebajada en un tercio (1/3). En ese sentido la pena que se impondría es la de Robo con intimidación establecida en el artículo 361 rebajada en 1/3, por lo que la nueva pena abstracta que correspondería sería de dos (2) años ocho (8) meses a cuatro (4) años. El delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, regulado en el art 332-A del Código penal derogado establecía lo siguiente: Fabricación y Tráfico de Material de Guerra, Armas y Municiones: La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera o suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (LPS 5,00.00) a diez mil lempiras (LPS 10,000.00) lempiras por cada arma incautada. El Código Penal vigente establece en su ART. 580, relativo a la TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO: La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1.- De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; 2.- De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres años, si se trata de armas o municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. Asimismo el Código Penal derogado, establecía en el artículo 343 numeral 2: cometen ATENTADO: 1)… 2… Quienes acometieren a la autoridad o a sus agentes o emplearen fuerza contra ellos, o los intimidaren gravemente, o les hicieren resistencia también grave, mientras se hallaren ejerciendo las funciones de sus cargos o con ocasión de ellos. Artículo 344. Los atentados comprendidos en el artículo anterior serán castigados con la pena de reclusión de uno (1) a tres (3) años, siempre que concurra algunas de las circunstancias siguientes: 1) Si la agresión se verificare a mano armada 2)… 3)…4)… El Nuevo Código Penal contempla en el artículo 570 el delito de ATENTADO, el cual establece: Quien acomete contra la autoridad, funcionarios o empleados públicos, los intimida gravemente, hace resistencia activa grave o emplea la fuerza contra ellos, cuando están en el ejercicio de funciones de su cargo o como consecuencia del mismo, debe ser castigado como autor de un delito de atentado con las penas de prisión de uno (1) a tres (3) años de reclusión, y multa de cien (100) a trescientos (300) días. Si en los supuestos anteriores el atentado se verifica con armas, explosivos o prevaleciéndose el culpable del ejercicio de funciones públicas, las penas deben ser incrementadas en un tercio (1/3). Por lo que la nueva pena abstracta de conformidad a la agravante establecida de que la agresión se verificare a mano armada, es de tres (3) a cuatro (4) años de reclusión y multa trescientos (300) a cuatrocientos (400) días. Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, que reza: Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. Es este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique Esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en tanto no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.” Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, en virtud que la pena por el delito de Atentado le resulta más gravosa al condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE DENIEGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados…” Se le cedió nuevamente la palabra al revisionista para que presentara la prueba que considerara pertinente, exponiendo lo siguiente: mi representado por tres delitos voy hacer llegar una constancia de antecedentes penales donde se establecen las penas de mi representado como también voy a hacer llegar una constancia del Juzgado de Paz primero de San Pedro Sula donde se determina que mi representado, no tiene proceso ni causa en dicho juzgado también voy a hacer llegar una constancia del Juzgado de Paz segundo de lo criminal donde se determina de no tener más procesos…Se le cedió la palabra al Ministerio Público, manifestando lo siguiente: no tenemos pruebas que presentar. El Magistrado manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 27-30 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en los preceptos autorizantes contenido en el numeral 8 del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado y manifiesta “… En fecha 25 de junio del año 2020, entró en vigencia el nuevo Código Penal en cuya legislación Penal, la pena para el delito de “ADQUISICION DE VEHÍCULO ROBADO” es mucho más favorable siendo de cuatro (4) a ocho (8) años de reclusión, la pena abstracta por ende esta nueva ley es mucho más favorable a los intereses de mi representado el señor JORGE ALBERTO MORENO MORALES. El precepto penal del cual se busca la aplicación más favorable a favor de mi representado señor JORGE ALBERTO MORENO MORALES, es el artículo 361 del nuevo Código Penal “… Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación… Con la pena de cuatro (4) a ocho (8) años. La pena para el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO” es mucho más favorable siendo de cuatro (4) a seis (6) años de reclusión, la pena abstracta por ende esta nueva ley es mucho más favorable a los intereses de mi representado. El precepto penal del cual se busca la aplicación más favorable a favor de mi representado señor JORGE ALBERTO MORENO MORALES, es el artículo 580 del Nuevo Código Penal, “la tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos… Con la pena de cuatro (4) a seis (6) años de reclusión.” CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SEIS (6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO ONCE (11): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JORGE ALBERTO MORENO MORALES, fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, CORTES, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha siete (7) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a las penas principales de NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO en perjuicio de persona desconocida; OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS (L.5,000.00) por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras y a la pena de UN (1) AÑO DE RECLUSIÓN por el delito de ATENTADO en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 218 inciso “D”; 332 inciso “A” y 334 numeral “1”, todos del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió los delitos de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE USO PROHIBIDO Y ATENTADO. III. Esta Sala considera que el caso sub examine encaja en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JORGE ALBERTO MORENO MORALES las penas principales de NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO en perjuicio de persona desconocida, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena; OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE CINCO MIL LEPMIRAS (L.5,000.00) por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. y a la pena de UN (1) AÑO DE RECLUSIÓN por el delito de ATENTADO en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, más las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL e INTERDICCIÓN CIVIL; por el tiempo que dure la condena. CONSIDERANDO CATORCE(14): En relación a la conducta delictiva de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO realizada por el sentenciado JORGE ALBERTO MORENO MORALES, se desprende de lo determinado en la resolución del tribunal de sentencia, que le fue aplicado lo establecido en el artículo 217 y 218 inciso “D” del Código Penal derogado, el cual literalmente establece: “Será sancionado con pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe.” Es decir que dicho tipo penal sancionaba dicha acción criminal por la que fue condenado el señor JORGE ALBERTO MORENO MORALES con una pena abstracta de nueve (9) a doce (12) años de reclusión, y según la sentencia traída en revisión se condenó al mismo sin la concurrencia de circunstancias atenuantes ni agravantes que modificaran la responsabilidad penal. Es así, que realizando una comparativa con el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), dicha conducta penal encaja con la establecida en el artículo 438 que textualmente establece: “RECEPTACIÓN: Quien, con ánimo de lucro y conocimiento de la comisión de un delito en el que no haya participado ni como autor ni como cómplice, ayuda a los responsables a aprovecharse de los bienes o efectos procedentes del mismo, o recibe, adquiere u oculta tales efectos, debe ser castigado con la pena que corresponda al delito del que proceden los bienes o efectos, rebajada en un tercio (1/3).” En ese sentido, debemos estudiar el acto criminal que dio origen a la receptación, para poder determinar la pena abstracta aplicable, la cual una vez identificada y establecida, se le debe rebajar un tercio (1/3) a la misma. En ese orden, se desprende de los hechos probados de la sentencia de fecha siete (7) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) traída en revisión, que el origen del bien era producto de un robo, lo cual estableció el tribunal sentenciador de la siguiente manera: “HECHOS PROBADOS. Este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: …PRIMERO: SEGUNDO: los acusados JORGE ALBERTO MORENO MORALES, JOSE ALFREDO FLORES ALVARENGA Y JOSEPH PATRIC TROCHEZ MADRID, se dirigieron rumbo a la colonia Islas del Progreso, siendo perseguidos por los agentes de la policía nacional, Ingresando los acusados a una vivienda, observando estos que el joven JORGE ALBERTO MORENO MORALES, quien conducía el vehículo, tipo camioneta, color blanco, marca GMC, con placa PDF 8241, mismo que tenía reporte de robo; …” Es decir, que para la plena aplicación del artículo 438 previamente citado, debemos relacionarlo con lo establecido en el artículo 360 que establece en su literalidad: “ROBO CON FUERZA. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena utilizando fuerza en las cosas, debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años.” Debemos ser claros, en que la sentencia en revisión no establece si el robo se realizó mediante el uso de violencia o intimidación, es por ello que no podríamos aplicar lo dispuesto en el artículo 361 relativo al Robo con Violencia o Intimidación, como lo solicita el Ministerio Público y de igual manera tampoco se aprecia que el tribunal sentenciador no estimó la concurrencia de circunstancias atenuantes ni agravantes de la responsabilidad penal. En ese sentido, regresando a la aplicación del artículo 438 debe rebajarse en un tercio a la pena abstracta del artículo 360 anteriormente señalado, resultando una pena de UN (1) AÑO CUATRO (4) MESES a DOS (2) AÑOS DE PRISION; pena abstracta de la cual siguiendo el parámetro de dicha sentencia de fecha siete (7) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) debe condenarse al sentenciado a la pena mínima, es decir UN (1) AÑO Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN. - CONSIDERANDO QUINCE (15): En cuanto al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA ejecutada por el sentenciado JORGE ALBERTO MORENO MORALES, se desprende de lo establecido en el expediente del tribunal de sentencia, que le fue aplicado lo establecido en el artículo 332 inciso “A” del Código Penal derogado, el cual sancionaba con una pena abstracta de ocho (8) a diez (10) años de reclusión dicha conducta criminal. Realizando un cotejo entre ambas normas penales, el Código Penal decreto 130-2017 establece en el artículo 580 textualmente lo siguiente: “TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) …; y, 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización.” Efectivamente se desprende que el señor JORGE ALBERTO MORENO MORALES fue sentenciado por Portación ilegal de armas de uso prohibido, por lo que debe aumentarse en un tercio (1/3) la pena anteriormente señalada dando como resultado, una pena de seis (6) a ocho (8) años de prisión. No se aprecia la concurrencia de circunstancias atenuantes ni agravantes que modifiquen la responsabilidad penal, en ese sentido, siguiendo el parámetro de la sentencia de fecha siete (7) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) debe condenarse al sentenciado a la pena mínima por la comisión de este delito, es decir SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE TRES (3) AÑOS. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): En cuanto al delito de ATENTADO por el cual fue condenado el señor JORGE ALBERTO MORENO MORALES, se desprende de lo establecido en la sentencia dictada por el tribunal de sentencia, que le fue aplicado lo establecido en el artículo 344 numeral 1 del Código Penal derogado, el cual sancionaba dicha acción criminal con una pena abstracta de uno (1) a tres (3) años de reclusión. Realizando un cotejo entre ambas normas penales, el Código Penal decreto 130-2017 establece en el artículo 570 textualmente lo siguiente: “ATENTADO. Quien acomete contra la autoridad, funcionarios o empleados públicos, los intimida gravemente, hace resistencia activa grave o emplea la fuerza contra ellos, cuando están en el ejercicio de las funciones de su cargo o como consecuencia del mismo, debe ser castigado como autor de un delito de atentado con las penas de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días. Si en los supuestos anteriores el atentado se verifica con armas, explosivos o prevaliéndose el culpable del ejercicio de funciones públicas, las penas deben ser incrementadas en un tercio (1/3).” De los hechos probados de la sentencia condenatoria de fecha siete (7) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), se desprende que el sentenciado, el señor JORGE ALBERTO MORENO MORALES se valió de armas para realizar el atentado, por lo que la pena abstracta anteriormente señalada debe de incrementarse en un tercio (1/3) resultando una pena de tres (3) a cuatro (4) años de prisión y multa de trescientos (300) a cuatrocientos (400) días, pena de la cual siguiendo el parámetro de la sentencia de fecha siete (7) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) debe aplicarse la pena mínima por la comisión de este delito, es decir TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE TRESCIENTOS (300) DÍAS. CONSIDERANDO DIECISIETE (17): I.- Esta Sala Constitucional al realizar el estudio de la sentencia en revisión de fecha siete (7) de diciembre del dos mil dieciocho (2018), y haciendo uso del principio de legalidad y principio pro homine, al realizar la ponderación de todos los tipos penales y comparándolos con ambos códigos, es manifiesto que el Código Penal decreto 130-2017 solo representa benignidad en ciertas conductas delictivas. Empero, la existencia de un mismo sujeto realizando dos (2) o más acciones u omisiones e infringiendo una misma normal penal varias veces o varias normas penales, da lugar a un concurso real. Como consecuencia de ello la valoración debe hacerse de manera global, es decir sumar el total de las penas correspondientes. Aplicando cada Código Penal y según el resultado, determinar cuál le es más favorable al sentenciado. En el caso que nos ocupa al revisar la totalidad de la pena a imponer, es patente que el Código Penal Decreto 130-2017 es más favorable al sentenciado, ya que la sumatoria de pena con el Código Penal derogado Decreto 144-1983 resulta un total de DIECIOCHO (18) AÑOS DE RECLUSIÓN, mientras que la sumatoria de pena con el Código Penal vigente Decreto 130-2017 resulta un total de DIEZ (10) AÑOS Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN. II.- Que, conforme a lo antes establecido, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva penal como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JORGE ALBERTO MORENO MORALES de una norma vigente que le resulta más benigna III. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 90, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 68, 373, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado ROBERTO CARLOS MEJIA VILLAFRANCA, a favor del señor JORGE ALBERTO MORENO MORALES; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha siete (7) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor JORGE ALBERTO MORENO MORALES, por los delitos de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO en perjuicio de persona desconocida; PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y por el delito de ATENTADO, también en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JORGE ALBERTO MORENO MORALES, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de RECEPTACIÓN DE VEHÍCULO ROBADO en perjuicio de PERSONA DESCONOCIDA a la pena de UN (1) AÑO Y CUATRO (4) MESES DE PRISIÓN.- SEGUNDO: CONDENANDO al señor JORGE ALBERTO MORENO MORALES, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PROHIBIDAS en perjuicio de EL ORDEN PÚBLICO a la pena de SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE TRES (3) AÑOS, más la pena accesoria de INHABILITACION ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena.- TERCERO: CONDENANDO al señor JORGE ALBERTO MORENO MORALES, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ATENTADO en perjuicio de EL ORDEN PÚBLICO a la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE TRESCIENTOS (300) días, a razón de veinte (20) lempiras por día.- Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrada Álvarez Sagastume. - NOTIFÍQUESE.-FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha trece de enero de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-863-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.
[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.
[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.
[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.
[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.
[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.
[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.