Sentencia RP-853-23 — Registro 17056
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal con relación a la causa que se instruyó por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del estado de Honduras .
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “V. Aunado a lo anterior, de proceder como lo solicitan los recurrentes, nos encontraríamos ante un supuesto de fragmentación de norma lo que resulta contrario a los lineamientos establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, que en sus parámetros de Revisión establece: CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MÁS FAVORABLE. “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. Por lo estatuido, en la norma sustantiva sobre el ámbito de la Revisión, no es admisible hacer uso del Código Penal solo en su parte más conveniente y dejar a salvo lo que no es beneficioso. En este orden de ideas, se concluye que la Revisión debe hacerse de manera completa y global, no fragmentada. En el caso que nos ocupa solo se estaría utilizando una parte de la norma no de toda en conjunto. V. Siguiendo las premisas desarrolladas, esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente garantía constitucional de Revisión. Por consiguiente, no procede la aplicación retroactiva de una ley penal en virtud de no ser más benigna.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por los Abogados HILCIA MARIA MENCIA RIVERA y JOSE MANUEL LOPEZ, a favor de los señores GUILLERMO JOSUE DELGADO CALIX y LUIS HUMBERTO PONCE RIOS, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veinte de noviembre de dos mil diecinueve, con relación a la causa que se instruyó contra los señores GUILLERMO JOSUE DELGADO CALIX y LUIS HUMBERTO PONCE RIOS, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS .ANTECEDENTES 1)Que en fecha seis de enero de dos mil dieciocho, el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales HEIDI MALDONADO, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, presentando requerimiento Fiscal contra los señores GUMERCINDO ALONZO RUIZ GUIFARRO, OSCAR ALBERTO RUIZ RUIZ, GUILLERMO JOSUE DELGADO CALIX, LUIS HUMBERTO PONCE RIOS, ARMANDO ANTONIO FIGUEROA GARCIA, ELVIN ALONZO SANTOS y FRANKLIN ADALBERTO CANALES CRUZ, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.2)Que continuado el proceso, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó sentencia en fecha veinte (20) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) en la cual en su parte dispositiva falló: “CONDENAR a los señores GUILLERMO JOSUE DELGADO CALIX y LUIS HUMBERTO PONCE RIOS, de generales ya conocidas, como responsables penalmente en concepto de Autor del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de ONCE (11) AÑOS ) TRES (03) MESES DE RECLUSIÓN la que deberá cumplir en el Centro Penitenciario de Morocelí, departamento de El Paraíso, (Tolva), debiendo computarse el tiempo que permanecido en efectiva prisión por la presente causa… Se declara el comiso de los activos que le fueron decomisados a los acusados GUILLERMO JOSUE DELGADO CALIX y LUIS HUMBERTO PONCE RIOS, en moneda nacional consistentes en un millón ciento veinticuatro mil quinientos lempiras (1,124,500.00) y setenta mil dólares ($70,000.00) …” (Folios 335-344 de los antecedentes de primera instancia)3) Que en fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte, comparecieron ante la Sala de lo Constitucional, los Abogados HILCIA MARIA MENCIA RIVERA y JOSE MANUEL LOPEZ, presentando recurso de revisión penal a favor de los señores GUILLERMO JOSUE DELGADO CALIX y LUIS HUMBERTO PONCE RIOS, contra la sentencia de fecha veinte de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras con competencia Territorial Nacional en Materia Penal, manifestando los recurrentes que interponen el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01 al 03 del recurso).4) Que en fecha trece de abril de dos mil veintiuno, la Sala de lo Constitucional resolvió admitir el recurso de revisión de que se hace relación y se dispuso librar las respectivas comunicaciones, a efecto de que remitieran los antecedentes de la causa, y ordenar en su oportunidad la respectiva audiencia. (Folios 06 del recurso de mérito).5) Que en fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado JOSE MANUEL LOPEZ, en su condición de apoderado legal de los señores GUILLERMO JOSUE DELGADO CALIX y LUIS HUMBERTO PONCE RIOS, y la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en virtud de que las disposiciones contenida en el actual Código Penal, no son las más benignas a los sentenciados. (Folios 30 al 33 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Los recurrentes fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 186 de la Constitución de la Republica y el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna.CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de Oposición Y Presentación de pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró, en fecha veintitrés (23) de febrero del dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado JOSE MANUEL LOPEZ, en su condición de apoderado legal de los señores GUILLERMO JOSUE DELGADO CALIX y LUIS HUMBERTO PONCE RIOS, quien manifestó lo siguiente: ” ratifica el recurso ya interpuesto ante esta honorable Sala en el sentido en que a mis representados les beneficia la aplicación del principio de retroactividad en cuanto que ellos fueron condenados de una pena abstracta de quince (15) años a veinte (20) años por el delito de Lavado de Activos a una pena concreta de once (11) años cuatro( 04) meses, misma que con el nuevo código penal vigente hay una rebaja sustancial en cuanto a la cuantía quedaría una pena abstracta de ocho (08) a diez(10) y con la rebaja del procedimiento abreviado que fueron condenados sería una pena mínima de seis (06) años”. “La Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, expuso lo siguiente: “De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes a los delitos por el cual se condenó al hoy imputado: La ley Contra El Lavado de Activos contenida en el Decreto 45-2002 de fecha 5 de marzo del 2002, regulaba el delito DE LAVADO DE ACTIVOS en el ARTÍCULO 3.- Incurre en el delito de lavado de activos y será sancionado con quince (15) años a veinte (20) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan directa o indirectamente de los delitos tráfico ilícito de drogas, tráfico de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o justificación económica legal de su procedencia. En el Nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) con relación al delito de LAVADO DE ACTIVOS se encuentra regulado en el ARTÍCULO 439.- LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de cualquier delito grave y en todo caso de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos, explotación de recursos naturales y medioambientales, contrabando o de enriquecimiento ilícito, cometidos por él o por un tercero, o que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia. Las conductas descritas en el párrafo anterior deben ser castigadas conforme a las reglas siguientes: 1)… 2) Cuando el valor de los activos objeto del lavado sea superior a Dos Millones de Lempiras (2.000,000) y no exceda los Cinco Millones de Lempiras (5.000,000), se deben imponer las penas de prisión de ocho (8) a diez (10) años y multa igual al cien por ciento (100%) de dicho valor; y, 3)… Al examinar el fallo emitido por el A-quo, se aprecia que se condenó a GUILLERMO JOSUE DELGADO CALIX y LUIS HUMBERTO PONCE RIOS, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS a la pena de ONCE (11) AÑOS, CUATRO MESES DE RECLUSIÓN. Con el nuevo Código Penal la pena a imponer seria la señalada en el artículo 439 numeral 1)..., 2) Cuando el valor de los activos objeto del lavado sea superior a Dos Millones de Lempiras (2.000,000) y no exceda los Cinco Millones de Lempiras (5.000,000), se deben imponer las penas de prisión de ocho (8) a diez (10) años y multa igual al cien por ciento (100%) de dicho valor; es decir, que la pena a imponer sería de 8 a 10 años de reclusión, sin embargo debe aplicársele una pena de multa de igual al cien por ciento (100%) de dicho valor, y…, 3)…, Es decir, que la pena a imponer con la aplicación del procedimiento abreviado rebajada en ¼ seria de SEIS AÑOS A OCHO AÑOS DE RECLUSION, asimismo debe aplicársele una pena de multa igual al cien porciento (100%) de dicho valor, en ambos casos por la cantidad de dos millones ochocientos setenta y cinco mil lempiras (LPS.2,875.000.00), que equivale a la suma de UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (L. 1.125,000,00) MAS SETENTA MIL DOLARES (70,000.00) lo que constituye una multa en el 100% por el valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS. Si bien, se aprecia una disminución en lo que respecta a la pena privativa de libertad, sin embargo, la misma se ve agravada con la pena de multa que se debe imponer a los sentenciados por las cantidades antes enunciadas. Por lo que esta representación fiscal, es del criterio que esta norma penal NO resulta más beneficiosa a los acusados.” CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614, 615, 616 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal, esta Sala aprecia, que efectivamente los señores GUILLERMO JOSUE DELGADO CALIX y LUIS HUMBERTO PONCE RIOS, fueron condenados por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, mediante la Sentencia Definitiva y Firme de fecha veinte (20) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), a la pena de ONCE AÑOS CON TRES MESES DE RECLUSIÓN por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de los impetrantes, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 36 DE LA LEY ESPECIAL CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, estimando que los condenados cometieron el delito de LAVADO DE ACTIVOS. III. Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho.CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los señores GUILLERMO JOSUE DELGADO CALIX y LUIS HUMBERTO PONCE RIOS, la pena de ONCE AÑOS CON TRES MESES DE RECLUSIÓN, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, la ley Especial Contra el delito de Lavado de Activos decreto 144-2014 de fecha 30 de abril del 2015, el cual, estipulaba el tipo penal de LAVADOS DE ACTIVOS. “ARTÍCULO 36.- DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en el delito de lavado de activos y debe ser sancionado con pena de seis (6) a quince (15) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona: Adquiera, invierta…. No obstante, la Pena debe ser de: 1)… 2)… 3) Quince (15) años un (1) día a veinte (20) años de reclusión si el valor de los activos objeto de lavado, supere un valor equivalente a ciento veinte (120) salarios mínimos más altos de la zona.” II. El delito de LAVADO DE ACTIVOS, que pesa en la condena de los penados, se analiza a la luz del artículo 439 numeral 2 del Vigente Código Penal, que dispone: LAVADO DE ACTIVOS. “Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de cualquier delito grave y en todo caso de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos, explotación de recursos naturales y medioambientales, contrabando o de enriquecimiento ilícito, cometidos por él o por un tercero, o que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia.” Las conductas descritas en el párrafo anterior deben ser castigadas conforme a las reglas siguientes: 1)… 2) Cuando el valor de los activos objeto del lavado sea superior a Dos Millones de Lempiras (L 2,000,000.00) y no exceda los Cinco Millones de Lempiras (L5,000,000.00), se deben imponer las penas de prisión de ocho (8) a diez (10) años y multa igual al cien por ciento (100%) de dicho valor. Tomando en cuenta que los encausados se sometieron al procedimiento abreviado, las penas, se tendrían que rebajar en un cuarto (1/4) resultando una nueva pena abstracta de: SEIS AÑOS A OCHO AÑOS DE PRISION. Tipo penal que encaja con el concreto y probado hecho de la sentencia (ver folio 335 vuelto y 336 de la pieza del juzgado). asimismo, se desprende de la sentencia, que la cantidad objeto de lavado es: un millón ciento veinticuatro mil quinientos lempiras (Lps. 1,124,500.00), así como la cantidad de setenta mil dólares ($ 70,000.00) para un total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (Lps. 2,860,500.00), lo que constituye, una multa en el cien por ciento (100%) de dicho valor, que correspondería pagar a los procesados. III. En el caso sub-examine, si bien es cierto, la pena de prisión, contemplada en la norma sustantiva vigente resulta ser más favorable a los condenados, no obstante, en cuanto a este delito, estamos frente a dos penas de distinta naturaleza en comparación a la impuesta conforme LA LEY ESPECIAL CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Decreto 144-2014, derogado, lo cual permite constatar que resulta más gravosa la aplicación de la nueva ley, puesto que incluye una pena antes no aplicada a los encausados, como ser la multa del 100% de la cantidad objeto del lavado; Por consiguiente, la reducción de la pena de prisión del actual Código Penal, no se puede tomar en consideración como benigna ya que, en suma, de todas las penas (multa y prisión) el resultado final es perjudicial. IV. Aunado a lo anterior, de proceder como lo solicitan los recurrentes, nos encontraríamos ante un supuesto de fragmentación de norma lo que resulta contrario a los lineamientos establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, que en sus parámetros de Revisión establece: CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MÁS FAVORABLE. “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. Por lo estatuido, en la norma sustantiva sobre el ámbito de la Revisión, no es admisible hacer uso del Código Penal solo en su parte más conveniente y dejar a salvo lo que no es beneficioso. En este orden de ideas, se concluye que la Revisión debe hacerse de manera completa y global, no fragmentada. En el caso que nos ocupa solo se estaría utilizando una parte de la norma no de toda en conjunto. V. Siguiendo las premisas desarrolladas, esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente garantía constitucional de Revisión. Por consiguiente, no procede la aplicación retroactiva de una ley penal en virtud de no ser más benigna. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los Abogados HILCIA MARIA MENCIA RIVERA y JOSE MANUEL LOPEZ, a favor de los señores GUILLERMO JOSUE DELGADO CALIX y LUIS HUMBERTO PONCE RIOS. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. Redactó EL MAGISTRADO WAGNER VALLECILLO. NOTIFÍQUESE. – FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación del fallo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-0853-2023.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.