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Sentencia RP-846-21 — Registro 17885

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria con relación a la causa por haber sido condenados por el delito de tráfico de drogas. En caso del señor José Ramón Gamboa Lara, el mismo cumplió fecha de excarcelación, situación ante la cual no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, puesto que la retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “ CONSIDERANDO CATORCE (14): Que, de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil tres (2003), se desprende que se impuso por el delito sindicado, la pena mínima (quince años), más un (1) año, por apreciar el tribunal sentenciador la concurrencia de circunstancias agravantes como ser la contenida en el artículo 27 numeral 3 del Código Penal derogado (Decreto 144-1983) “3) Cometer el delito mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria y 6) Obrar con premeditación conocida o emplear astucia, fraude o disfraz;” En virtud de lo cual procedería la imposición de la pena en los mismos términos; en atención a ello, la pena a imponer al señor LUIS MAURICIO PALACIOS GIRALDO sería de ONCE (11) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE TRESCIENTOS (300) DÍAS, tomando en consideración el marco de penas abstracto de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, que a criterio de esta Sala, se deben imponer a razón de quinientos Lempiras (L.500.00) por día, tomando en cuenta las modalidades utilizadas y la cantidad de droga decomisada, por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, más la pena accesoria de INHABILITACION ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena. CONSIDERANDO QUINCE (15): I. En cuanto a lo solicitado por el Ministerio Publico en audiencia de oposición de fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil veintidós (2022) sobre la improcedencia de la revisión a favor del condenado LUIS MAURICIO PALACIOS GIRALDO, sobre el cumplimiento de la pena, “en vista que no se encuentra sometido al proceso, por encontrarse prófugo” esta Sala deja establecido que las cuestiones procesales o de la etapa ejecutiva corresponden a los órganos de instancia que tienen bajo su competencia ejecutar la sentencia firme. El recurso de revisión en materia penal por aplicación de ley penal más benigna tiene límites, los cuales es necesario no sobrepasar para evitar la desnaturalización del recurso. En este caso concreto a la Sala solo compete revisar la sentencia y proceder conforme a Derecho corresponda, es decir a aplicar o no aplicar la retroactividad. II.- En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, esta Sala estima, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor LUIS MAURICIO PALACIOS GIRALDO de una norma vigente que le resulta más benigna. II. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada ROSMERY JOJANNA UCLÉS HERNÁNDEZ, a favor de los señores LUIS MAURICIO PALACIOS GIRALDO y JOSÉ RAMÓN GAMBOA LARA, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, de fecha treinta (30) de mayo de dos mil tres (2003), con relación a la causa que se instruyó contra los señores LUIS MAURICIO PALACIOS GIRALDO y JOSÉ RAMÓN GAMBOA LARA, por haber sido condenados por ser responsables de la comisión del delito de TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) En fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil dos (2002), compareció ante el entonces Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, el Abogado ISAÍ EVENOT CAMPOS RODRÍGUEZ, actuando como Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores LUIS MAURICIO PALACIOS GIRALDO y JOSÉ RAMÓN GAMBOA LARA, por suponerlos responsables del delito de POSESIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA), en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1-4 del antecedente) 2) Que en fecha treinta (30) de mayo de dos mil tres (2003), el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic)“…PRIMERO: Condenar a los acusados LUIS MAURICIO PALACIO GIRALDO Y JOSE RAMON GAMBOA LARA, cuyos datos de identificación se han detallado anteriormente, como autores del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a las penas principales de DIECISÉIS AÑOS DE RECLUSION, pena que deberán computarse, desde el día en que fueron habidos, es decir desde el día dieciséis (16) de Octubre del dos mil dos, debiendo cumplir dicha pena en la penitenciaría Nacional de Támara. SEGUNDO: Condenar a los acusados LUIS MAURICIO PALACIO GIRALDO Y JOSE RAMON GAMBOA LARA, a una MULTA de UN MILLON DE LEMPIRAS a cada uno, la que una vez efectiva, deberá ingresar a la Tesorería Nacional de la Republica. TERCERO: No procede la condena en cuanto a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por tratarse de extranjeros no residentes en el territorio nacional. CUARTO: Condenar a los acusados LUIS MAURICIO PALACIOS Y JOSE RAMON GAMBOA LARA a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. QUINTO: Declarar a los acusados exentos de responsabilidad civil por haberse decretado la multa SEXTO: No procede la condena en costas procésales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. SEPTIMO: Decretar el comiso de la sustancia incautada, Y SE ORDENA su inmediata destrucción. OCTAVO: Decretar el comiso de un aparato GPS MAP -195 serie 61043330 el cual se entregará en la División Aeroespacial de la Policía Nacional Preventiva de la Secretaría de Seguridad para su utilización en el combate del crimen. NOVENO: Decretar el comiso de la cantidad de siete mil doscientos sesenta dólares y quinientos diez quetzales, y su donación a la fundación Teletón de esta ciudad. DECIMO: Librar oficio a la Fuerza Aérea Hondureña autorizando a dicha institución para utilizar las piezas recuperadas de la aeronave siniestrada para los fines que estimen pertinentes. DECIMO PRIMERO: Decretar el comiso del carnet de identificación de Luis Mauricio Palacio Giraldo que lo identifica como piloto aviador reservista de la Fuerza Aérea Colombiana, el que deberá agregarse a las presentes diligencias. DECIMO SEGUNDO: Devolver a los condenados los objetos como ser dos celulares Nokia, cargador, cartera, documentos personales, las que se someterán al régimen disciplinario que para tales efectos contemple el Centro Penal en que les corresponde cumplir la pena. DECIMOTERCERO: Decretar la EXPULSIÓN del territorio nacional de los condenados una vez cumplida la pena impuesta. Fue ponente la Juez Rosaminda Velásquez Centeno. Notifíquese esta sentencia a las partes procésales. ASÍ POR ESTA NUESTRA SENTENCIA LA PRONUNCIAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS.” (Folios 199-206 vuelto del antecedente) 3) En fecha doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021), compareció ante esta Sala, la Abogada Rosmery Jojanna Uclés Hernández, interponiendo recurso de revisión a favor de los señores Luis Mauricio Palacios Giraldo y José Ramón Gamboa Lara, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por ser este más benigno a sus representados. (Folios 1-4 del recurso de mérito) 4) En fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022), habiéndose recibido los antecedentes en este Tribunal, cítese a las partes para audiencia que se celebrará el día miércoles cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022), a las diez con cuarenta y cinco minutos de la mañana (10: 45 a.m.), a efecto de que la parte afectada con la admisión del recurso, se pueda oponer al mismo y ambas partes presenten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opinión del Fiscal. (Folio 21 del recurso de mérito) 5) En fecha cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, con la comparecencia de la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Rosmery Jojanna Uclés Hernández, en su condición de Apoderada Legal de los señores Luis Mauricio Palacios Giraldo y José Ramón Gamboa Lara; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: “…ratifica la solicitud de la revisión de la sentencia recaída contra mis representados, el 30 de mayo del año 2003, por parte del Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, asimismo, solicitarles la revisión de dicha sentencia en base a la retroactividad siendo la única vía que corresponde ya que estamos hablando de una sentencia firme…” El Ministerio Público consideró: “…De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito por el cual se condenó al hoy imputado: La ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y sustancias Psicotrópicas encuadra el delito de TRÁFICO DE DROGAS en el artículo 18 lo siguiente: El que trafiqué con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de Un millón a Cinco millones. En el Nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) el delito de TRÁFICO DE DROGAS se encuentra regulado en el artículo 311, que establece: Quien realice actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier otra forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o posee para aquellos fines debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos, en ambos supuestos se debe imponer además multa de cien (100) a quinientos (500) días. Que en el caso que hoy nos ocupa se evidencia que concurren las circunstancias agravantes contenidas en la norma penal vigente, artículo 312 numerales 5) La cantidad objeto del delito es de especial importancia. (3,152 gramos clorhidrato de cocaína, conforme lo establece el artículo 321 párrafo tercero); 7) Se utilizan medios extraordinarios de transporte (la droga la transportaban en avioneta). En ese sentido la Pena abstracta de Prisión que contempla dicha norma es de diez (10) a quince (15) años de prisión, y multa de cien (100) a quinientos (500) días. De igual forma concurre la circunstancia agravante contenida en el artículo 32 numeral 5 del nuevo Código Penal, "Cometer el hecho por precio, recompensa o promesa remuneratoria", la cual, fue considerada en la condena que le fuere impuesta. En atención a ello vemos que la nueva norma sustantiva le favorece al sentenciado JOSE RAMON GAMBIA LARA al contemplar una pena menor a la que fue condenado, no obstante no procede a criterio de esta representación fiscal el recurso de revisión por retroactividad de la Ley, a favor del sentenciado LUIS MAURICIO PALACIOS GIRALDO, en vista que no se encuentra sometido al proceso al encontrarse prófugo de la justicia, pues se evidencia a folio 8 de la pieza de Ejecución, que el sentenciado se evadió el 31 de mayo del 2003, es decir, un día después de haberse dictado la sentencia condenatoria, lo que representa una franca contravención a la garantía de ejecución de pena, ya que la responsabilidad penal fue declarada como consecuencia de la comisión de un hecho contrario al orden jurídico, y al no encontrarse cumpliendo la condena impuesta, la torna irrisoria lo que conlleva inseguridad jurídica en vista que el propósito del fallo consiste en el aseguramiento de que el imputado cumpla con la condena impuesta. De lo expuesto debemos resaltar que el Principio de retroactividad de la Ley Penal ha sido creado atendiendo una serie de principios orientados a la protección de aquellos que han sido sancionados por la comisión de delitos o que están siendo sometidos a procesos penales, lo cual no ocurre en el caso de autos, por ende al no encontrarse habido no puede aplicarse la retroactividad de la ley.-OPNIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia parcialmente con lugar el recurso de revisión en atención a los términos supra señalados….” Se le cedió nuevamente la palabra al revisionista “…ratificamos los medios de prueba que hemos ofertado en su momento que son: 1.-Sentencia condenatoria firme, de fecha 30 de mayo del año dos mil tres, que obra en el expediente de mérito…” Se le cedió la palabra al Ministerio Público para que manifestara alguna oposición a la prueba presentada por el recurrente o si tenía algún medio de prueba que presentar, manifestando lo siguiente: “no tenemos pruebas que presentar.”. El Magistrado manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. (Folios 23-26 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral 8 del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes: “Esta defensa interpone la presente demanda de revisión de la sentencia firme, conforme al numeral 8) del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; ya que mis representados LUIS MAURICIO PALACIOS GIRALDO y JOSE RAMON GAMBOA LARA, fueron condenados el 30 de mayo del año dos mil tres (2003), por el Tribunal de Sentencias de Choluteca, dictó sentencia condenatoria, mediante juicio oral y público en la que falló condenar a LUIS MAURICIO PALACIOS GIRALDO y JOSE RAMON GAMBOA LARA, como autores del delito de TRÁFICO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, a las penas mínimas, menos la rebaja del cuarto de la pena principales de 16 años de reclusión, siendo la pena mínima más un año, conforme al artículo 18 de la Ley Sobre Uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas (ahora derogado); sin embargo el nuevo Código Penal en el artículo 311 establece una pena favorable de 2 a 5 años de prisión, pues no se establecieron agravantes. Además que el mismo tipo penal actualmente se están aplicando penas menos graves que la impuesta a mis representados, tal como establece el artículo 311 del Código Penal Vigente, resultando injusto que mi representado, conociendo los beneficios del Nuevo Código no puedan gozar de la aplicación de la retroactividad cumpla una pena más alta porque así estaba contemplada en la ley derogada, teniendo derecho a que se le aplicarse la retroactividad de la ley Nuevo Código Penal por ser la que más le favorece.” CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, por tanto, en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SEIS (6): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[6], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[7]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[8]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[9] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[10]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[11] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO ONCE (11): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente los señores LUIS MAURICIO PALACIOS GIRALDO y JOSE RAMON GAMBOA LARA fueron condenados por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE CHOLUTECA Y VALLE mediante la sentencia definitiva y firme de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil tres (2003) a la pena de DIECISÉIS (16) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; y a la multa de UN MILLÓN DE LEMPIRAS (L.1,000,0000.00), a cada uno. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 5 numeral 34 relacionado con los artículos 18 y 26 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, estimando que la acción ejecutada por los imputados se subsume en el tipo penal de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. III. Esta Sala procede a examinar el caso sub examine; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO DOCE (12): Que esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que debe realizarse un estudio particularizado de la procedencia o no de la presente acción de revisión en cuanto a cada uno los sentenciados, en vista de la condición jurídica de cada uno de ellos, siendo que por un lado el señor LUIS MAURICIO PALACIOS GIRALDO se encuentra evadido del cumplimiento de la pena, mientras que por otro lado el señor JOSE RAMON GAMBIA LARA, según el cómputo de la pena realizado por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, y que corre a folio treinta y cinco (35) del expediente de mérito, el mismo cumplió fecha de excarcelación el día diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), habiendo transcurrido más de cuatro (4) años desde dicha fecha, situación ante la cual, en el caso del señor antes mencionado, no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión, puesto que la retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En el caso sujeto a revisión del señor JOSE RAMON GAMBIA LARA, la pena ya se ha cumplido, por lo que, no es procedente la aplicación retroactiva en favor del mismo, de una nueva norma penal vigente. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en cuanto a la aplicación de la retroactividad de la pena al sentenciado LUIS MAURICIO PALACIO GIRALDO se procede de la siguiente manera: I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme a la ley especial SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS DECRETO NÚMERO 126-89, la pena a imponer por el delito de TRAFICO DE DROGAS era reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de un millón a cinco millones de lempiras; mientras que la pena abstracta regulada en el artículo 311 del vigente Código Penal, específicamente dice: TRÁFICO DE DROGAS. Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. Es decir que se contemplan dos marcos punitivos abstractos: de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) en los demás casos, imponiéndose en ambos multa de cien (100) a quinientos (500) días multa. En ese orden de ideas, se consideran drogas que no causan grave daño a la salud: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; en los demás casos, las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación;[12] y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista verde del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. [13]. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician al encausado, siendo que el marco abstracto de penas a aplicar son inferiores en relación a la ley especial SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS DECRETO NÚMERO 126-89. II. Que es preciso, acorde al artículo 311 NCP ya citado, determinar qué marco punitivo debe aplicarse al sentenciado, en función del tipo y cantidad de droga que le fue decomisado al señor LUIS MAURICIO PALACIOS GIRALDO. Es así que, según los hechos probados de la sentencia definitiva de fecha treinta (30) de mayo del dos mil tres (2003), determina que al señor LUIS MAURICIO PALACIOS GIRALDO, le fue decomisada la cantidad de Tres mil ciento cincuenta y dos gramos (3,152.00) de cocaína. En ese sentido, podemos establecer que al mismo se le debe aplicar el marco de pena abstracto de siete (7) a diez (10) años de prisión y multa de cien (100) a quinientos (500) días, ya que la cocaína, se considera una droga que causa grave daño a la salud. III. En cuanto a la existencia de agravantes y atenuantes específicas para el tráfico de drogas que enumeran los artículos 312 y 313 del NCP respectivamente, las cuales aumentan o disminuyen en grados la pena abstracta señalada en el numerando anterior, conforme a los hechos probados, puede establecerse que concurren las agravantes específicas siguientes establecidas en el artículo 312 numeral 5 del Código Penal decreto 130-2017 que dispone lo siguiente: “Agravantes específicas del tráfico de drogas. En el caso del párrafo primero del artículo anterior se deben imponer las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1) … 2) … 3) … 4) … 5) La cantidad objeto del delito es de especial importancia. 6)… 7) Se utilizan medios extraordinarios de transporte; 8) … 9) La conducta se dirige al tráfico internacional.” El numeral 5 anteriormente descrito se encuentra relacionado con la definición que nos ofrece el párrafo tercero del artículo 321 del mismo cuerpo legal que dispone: “Por cantidad de especial importancia se entienden las siguientes: 1)… 2)… 3) dos mil (2,000) gramos de cocaína o de alcaloide derivado de la cocaína,…” y siendo que según los hechos probados las cantidades decomisadas sobrepasan sobradamente dicha cantidad, aunado se utilizó un medio extraordinario de transporte y que dicha conducta se fue dirigida al tráfico internacional, la pena abstracta a imponer oscila entre diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que, de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil tres (2003), se desprende que se impuso por el delito sindicado, la pena mínima (quince años), más un (1) año, por apreciar el tribunal sentenciador la concurrencia de circunstancias agravantes como ser la contenida en el artículo 27 numeral 3 del Código Penal derogado (Decreto 144-1983) “3) Cometer el delito mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria y 6) Obrar con premeditación conocida o emplear astucia, fraude o disfraz;” En virtud de lo cual procedería la imposición de la pena en los mismos términos; en atención a ello, la pena a imponer al señor LUIS MAURICIO PALACIOS GIRALDO sería de ONCE (11) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE TRESCIENTOS (300) DÍAS, tomando en consideración el marco de penas abstracto de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, que a criterio de esta Sala, se deben imponer a razón de quinientos Lempiras (L.500.00) por día, tomando en cuenta las modalidades utilizadas y la cantidad de droga decomisada, por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, más la pena accesoria de INHABILITACION ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena. CONSIDERANDO QUINCE (15): I. En cuanto a lo solicitado por el Ministerio Publico en audiencia de oposición de fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil veintidós (2022) sobre la improcedencia de la revisión a favor del condenado LUIS MAURICIO PALACIOS GIRALDO, sobre el cumplimiento de la pena, “en vista que no se encuentra sometido al proceso, por encontrarse prófugo” esta Sala deja establecido que las cuestiones procesales o de la etapa ejecutiva corresponden a los órganos de instancia que tienen bajo su competencia ejecutar la sentencia firme. El recurso de revisión en materia penal por aplicación de ley penal más benigna tiene límites, los cuales es necesario no sobrepasar para evitar la desnaturalización del recurso. En este caso concreto a la Sala solo compete revisar la sentencia y proceder conforme a Derecho corresponda, es decir a aplicar o no aplicar la retroactividad. II.- En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, esta Sala estima, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor LUIS MAURICIO PALACIOS GIRALDO de una norma vigente que le resulta más benigna. II. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada ROSMERY JOJANNA UCLES HERNANDEZ, a favor del señor JOSE RAMON GAMBIA LARA.- II) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada ROSMERY JOJANNA UCLES HERNANDEZ, a favor del señor LUIS MAURICIO PALACIOS GIRALDO; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil tres (2003); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil tres (2003), en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor LUIS MAURICIO PALACIOS GIRALDO, por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor LUIS MAURICIO PALACIOS GIRALDO de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de TRAFICO DE DROGAS a la pena de ONCE (11) AÑOS DE PRISIÓN, más una pena MULTA de TRESCIENTOS (300) DÍAS a razón de QUINIENTOS LEMPIRAS(L. 500.00) por día. Más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la condena de prisión. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo. NOTIFÍQUESE.-FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha dos de junio de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-846-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[7] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[8] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[9] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[10] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[11] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.

[12] https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf

[13] https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf