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Sentencia RP-82-22 — Registro 17832

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria en aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República. en materia penal en beneficio de impetrante como autor del delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública, se verifica que el tipo penal de abuso de autoridad en el NCP 130-2017 no establece pena privativa de la libertad como sí lo establecía el VCP 144-83, así como tampoco establece la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la pena de reclusión, siendo más benévolo o consecuente en comparación con la norma derogada. Así las cosas, una vez determinado que sí corresponde aplicar el beneficio de retroactividad de la ley penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Óscar Eduardo Kilgore López, la pena de tres (3) años de reclusión por ser autor penalmente responsable del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública, la pena de inhabilitación especial por el doble del tiempo de la pena de reclusión, la interdicción civil, y las consecuencias legales de responsabilidad civil y el trabajo en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario durante el tiempo de la condena. En el caso presente, la Sala de lo Constitucional ha constatado que el delito de Abuso de Autoridad se encuentra contemplado en el artículo 499 del NCP 130-2017, el cual contempla una pena de tres (3) a seis (6) años de inhabilitación especial para desempeñar empleo o cargo público, ergo, al hacer la comparación de las penas impuestas en la sentencia venida en revisión (pena de 3 años de reclusión e inhabilitación especial por el doble del tiempo) versus el marco abstracto imponible con el NCP (3 a 6 años de inhabilitación especial para desempeñar empleo o cargo público), se verifica que el tipo penal de abuso de autoridad en el NCP 130-2017 no establece pena privativa de la libertad como sí lo establecía el VCP 144-83, así como tampoco establece la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la pena de reclusión, siendo más benévolo o consecuente en comparación con la norma derogada. Así las cosas, una vez determinado que sí corresponde aplicar el beneficio de retroactividad de la ley penal, corresponde como siguiente paso hacer el análisis jurídico y delimitar dentro del marco abstracto la pena concreta a imponer según las circunstancias establecidas del artículo 70 en relación con los artículos 31 y 32 todos del NCP. En este caso, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó en su sentencia la imposición de la pena mínima; y atendiendo a las circunstancias personales del condenado, así como la modalidad criminosa empleada, es consecuente imponer la pena en su límite mínimo: i. Tres (3) años de inhabilitación especial para desempeñar empleo o cargo público en la Corporación Municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por ser autor penalmente responsable del delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: Primero: Declara Con Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Roberto Carlos Amaya Talavera, en favor de Óscar Eduardo Kilgore López. Segundo: Anula Parcialmente la sentencia definitiva firme dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintiocho (28) de abril de dos mil veinte (2020). Tercero: Se Reforman las penas impuestas a Óscar Eduardo Kilgore López, por el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública; las cuales deberán leerse de la siguiente manera: “FALLA: Primero: Que debemos condenar y condenamos a Óscar Eduardo Kilgore López, por ser autor responsable penalmente del delito Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública, a la pena de tres (3) años de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público en la Corporación Municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortés; Segundo: Se declara al señor Óscar Eduardo Kilgore López, responsable civilmente del delito por el cual es condenado. Tercero: No condena en costas al señor Óscar Eduardo Kilgore López. Cuarto: No se decreta comiso.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia -Sala de lo Constitucional. Sentencia de revisión penal. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-0082-2022, promovido por el Abogado Roberto Carlos Amaya Talavera en favor de Óscar Eduardo Kilgore López, contra la sentencia de fecha veintiocho (28) de abril de dos mil veinte (2020), dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual falló: Primero: Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Gerardo Ortega en su condición de fiscal del Ministerio Público en la causa instruida contra los señores Rodolfo Augusto Padilla Sunseri y Óscar Eduardo Kilgore López. Segundo: Revoca la sentencia de fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Tercero: Casa la sentencia recurrida en el sentido siguiente: 1) Condena a los señores Rodolfo Augusto Padilla Sunseri y Óscar Eduardo Kilgore López, como autores penalmente responsables del delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública, a la pena de tres años de reclusión; pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional que designe el Juez de Ejecución correspondiente. 2) Se les impone además las penas accesorias de: a) Inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la pena de reclusión; b) Interdicción civil de los condenados por este delito. 3) Se declara el comiso. 4) Se declara la responsabilidad civil. Cuarto: Se declara firme y ejecutable la presente sentencia. Son partes: 1)El Abogado Roberto Carlos Amaya Talavera, en favor de Óscar Eduardo Kilgore, como revisionista; 2) La Abogada Yulibeth Garay Hernández, fiscal del Ministerio Público. 3) El Abogado Pedro Enrique Escobar Corea, Procurador de la Procuraduría General de la República. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. “ÚNICO: Que en fecha dos (2) de febrero del año dos mil (2000), la Corporación Municipal de esta ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de la cual formaban parte los señores RODOLFO AUGUSTO PADILLA SUNSERI Y OSCAR EDUARDO KILGORE LÓPEZ, otorgaron a la Asociación Ministerio Palabra de Vida mediante punto No. 11 del acta No. 49, un lote de terreno en la Urbanizadora Los Cedros, con un área de cinco mil doscientos veintinueve punto cincuenta y cinco (5229.55) metros cuadrados que equivalen a siete mil quinientas punto cincuenta y tres (7500.53) varas cuadradas, únicamente para hacer uso del mismo y de sus frutos, sin tener la calidad de propietario, terreno que se desprende del 15% que la urbanizadora de dicho lugar entregó mediante escritura de fecha treinta y uno de marzo del año mil novecientos noventa y ocho a la Municipalidad en concepto de área verde Municipal, expidiendo la escritura a favor de la Asociación Ministerio Palabra de Vida el entonces Alcalde Municipal señor ÓSCAR EDUARDO KILGORE LÓPEZ el veintinueve (29) de enero del año dos mil cuatro (2004).” Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha dos (02) de junio de dos mil ocho (2008), compareció ante el Juzgado de Letras Penal Unificado de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Mario Dubón Moreno, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de Rodolfo Augusto Padilla Sunseri, Óscar Eduardo Kilgore López, Julio Reyes Caballero, José Narciso Triminio Valladares, Rosibel Amador Luna y Rebeca Mejía; por suponerlos autores penalmente responsables del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública (f. 2). SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en fecha veintiocho (28) de abril de dos mil veinte (2020), mediante la cual falló condenar a Rodolfo Augusto Padilla Sunseri y Óscar Eduardo Kilgore López, como autores penalmente responsables del delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública, a la pena de tres (3) años de reclusión; inhabilitación especial por el doble del tiempo de la pena de reclusión e interdicción civil y las consecuencias legales de responsabilidad civil y trabajo en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario durante el tiempo de la condena. TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Roberto Carlos Amaya Talavera en representación de Óscar Eduardo Kilgore López, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha trece (13) de enero de dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor de su representado, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha veintiocho (28) de abril de dos mil veinte (2020), por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha dos (2) de febrero de dos mil veintidós (2022), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva (f. 8). CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante la Sala de lo Constitucional (f. 49), habiendo comparecido el Abogado Roberto Carlos Amaya Talavera, en favor de Óscar Eduardo Kilgore López, como revisionista; la Abogada Yulibeth Garay Hernández, fiscal del Ministerio Público; y, el Abogado Pedro Enrique Escobar Corea, Procurador de la Procuraduría General de la República; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando el revisionista que Oscar Eduardo Kilgore Lopez, fue condenado a tres (03) años de reclusión por el delito de abuso de autoridad, establecido en el artículo 342 numeral 2 del VCP 144-83 y con la entrada en vigencia del NCP 130-2017 en su Título XXVII Capítulo VIII de Delitos Contra La Administración Pública, artículo 499 sobre el delito de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos, no sanciona con pena de prisión alguna a quien abuse de su autoridad, sino que establece como pena principal la inhabilitación especial para empleo o cargo público, lo que la hace una ley más benigna ya que lo exonera de la pena de prisión. Por su parte, el Ministerio Público manifestó que el señor Oscar Eduardo Kilgore López, se encuentra con orden de captura pendiente de fecha dieciséis (16) de abril del dos mil veintiuno (2021), lo que representa una franca contravención a lo que establece la condena impuesta en la sentencia que hoy se pretende que se revea y consecuentemente contraviene la garantía de ejecución de pena, ya que la responsabilidad penal fue declarada como consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho contrario al orden jurídico, que deviene en la obligación legal de cumplir con la pena impuesta en la sentencia condenatoria antes citada. De lo expuesto debemos resaltar que el Principio de retroactividad de la Ley Penal ha sido creado atendiendo una serie de principios orientados a la protección de aquellos que han sido sancionados por la comisión de delitos o que están siendo sometidos a procesos penales, lo cual no ocurre en el caso de autos, pues al no encontrarse habido el imputado nos imposibilita contar con el computo de pena de reclusión que realiza el Juzgado de Ejecución Penal de la sección judicial de San Pedro Sula, tal como lo señala el referido juzgado mediante auto de fecha seis (6) de junio del dos mil veintidós (2022) que corre a folio novecientos cinco (905), el que establece que hasta que sea habido se procedería a realizar el computo de pena, y con ello se establezca con precisión la fecha desde la cual ha estado en efectiva prisión el sentenciado Oscar Eduardo Kilgore Lopez, se indique si no ha sido procesado y/o condenado por otros delitos, por lo que esta Representación fiscal es del parecer que en el caso sub–examine no es procedente la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República. Finalmente, el Abogado Pedro Enrique Escobar Corea, Procurador de la Procuraduría General de la República, expuso síntesis que no es procedente la petición solicitada por la defensa. Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1]. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[2], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[3]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”[4]. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” [5]. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Roberto Carlos Amaya Talavera, en favor de Óscar Eduardo Kilgore López, como revisionista; la Abogada Yulibeth Garay Hernández, fiscal del Ministerio Público; y, el Abogado Pedro Enrique Escobar Corea, Procurador de la Procuraduría General de la República. El Abogado Roberto Carlos Amaya Talavera, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que Oscar Eduardo Kilgore Lopez, tiene una condena tres (03) años de reclusión por el delito de abuso de autoridad, establecido en el artículo 342 numeral 2 del VCP 144-83 y con la entrada en vigencia del NCP 130-2017 en su Título XXVII Capítulo VIII de Delitos Contra La Administración Pública, artículo 499 sobre el delito de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos, no sanciona con pena de prisión alguna a quien abuse de su autoridad por el cual se condenó a su representado, sino que establece como pena principal la inhabilitación especial para empleo o cargo público, lo que la hace una ley más benigna ya que lo exonera de la pena de prisión. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que, el señor Oscar Eduardo Kilgore López, se encuentra con orden de captura pendiente de fecha dieciséis (16) de abril del dos mil veintiuno (2021), lo que representa una franca contravención a lo que establece la condena impuesta en la sentencia que hoy se pretende que se revea y consecuentemente contraviene la garantía de ejecución de pena, ya que la responsabilidad penal fue declarada como consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho contrario al orden jurídico, que deviene en la obligación legal de cumplir con la pena impuesta en la sentencia condenatoria antes citada. De lo expuesto debemos resaltar que el Principio de retroactividad de la Ley Penal ha sido creado atendiendo una serie de principios orientados a la protección de aquellos que han sido sancionados por la comisión de delitos o que están siendo sometidos a procesos penales, lo cual no ocurre en el caso de autos, pues al no encontrarse habido el imputado nos imposibilita contar con el computo de pena de reclusión que realiza el Juzgado de Ejecución Penal de la sección judicial de San Pedro Sula, tal como lo señala el referido juzgado mediante auto de fecha seis (6) de junio del dos mil veintidós (2022) que corre a folio novecientos cinco (905), el que establece que hasta que sea habido se procedería a realizar el computo de pena, y con ello se establezca con precisión la fecha desde la cual ha estado en efectiva prisión el sentenciado Oscar Eduardo Kilgore Lopez, se indique si no ha sido procesado y/o condenado por otros delitos, por lo que esta Representación fiscal es del parecer que en el caso sub–examine no es procedente la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República. Finalmente, el Abogado Pedro Enrique Escobar Corea, Procurador de la Procuraduría General de la República, expuso que no es procedente la petición solicitada por la defensa. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Óscar Eduardo Kilgore López, la pena de tres (3) años de reclusión por ser autor penalmente responsable del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública, la pena de inhabilitación especial por el doble del tiempo de la pena de reclusión, la interdicción civil, y las consecuencias legales de responsabilidad civil y el trabajo en obras públicas o labores dentro del establecimiento penitenciario durante el tiempo de la condena. En el caso presente, la Sala de lo Constitucional ha constatado que el delito de Abuso de Autoridad se encuentra contemplado en el artículo 499 del NCP 130-2017, el cual contempla una pena de tres (3) a seis (6) años de inhabilitación especial para desempeñar empleo o cargo público, ergo, al hacer la comparación de las penas impuestas en la sentencia venida en revisión (pena de 3 años de reclusión e inhabilitación especial por el doble del tiempo) versus el marco abstracto imponible con el NCP (3 a 6 años de inhabilitación especial para desempeñar empleo o cargo público), se verifica que el tipo penal de abuso de autoridad en el NCP 130-2017 no establece pena privativa de la libertad como sí lo establecía el VCP 144-83, así como tampoco establece la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la pena de reclusión, siendo más benévolo o consecuente en comparación con la norma derogada. Así las cosas, una vez determinado que sí corresponde aplicar el beneficio de retroactividad de la ley penal, corresponde como siguiente paso hacer el análisis jurídico y delimitar dentro del marco abstracto la pena concreta a imponer según las circunstancias establecidas del artículo 70 en relación con los artículos 31 y 32 todos del NCP. En este caso, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó en su sentencia la imposición de la pena mínima; y atendiendo a las circunstancias personales del condenado, así como la modalidad criminosa empleada, es consecuente imponer la pena en su límite mínimo: i. Tres (3) años de inhabilitación especial para desempeñar empleo o cargo público en la Corporación Municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por ser autor penalmente responsable del delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: Primero: Declara Con Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Roberto Carlos Amaya Talavera, en favor de Óscar Eduardo Kilgore López. Segundo: Anula Parcialmente la sentencia definitiva firme dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veintiocho (28) de abril de dos mil veinte (2020). Tercero: Se Reforman las penas impuestas a Óscar Eduardo Kilgore López, por el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública; las cuales deberán leerse de la siguiente manera: “FALLA: Primero: Que debemos condenar y condenamos a Óscar Eduardo Kilgore López, por ser autor responsable penalmente del delito Abuso de Autoridad en perjuicio de la Administración Pública, a la pena de tres (3) años de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público en la Corporación Municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortés; Segundo: Se declara al señor Óscar Eduardo Kilgore López, responsable civilmente del delito por el cual es condenado. Tercero: No condena en costas al señor Óscar Eduardo Kilgore López. Cuarto: No se decreta comiso.”. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. - Notifíquese. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0082-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[2] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[3] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[4] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[5] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.