Sentencia RP-811-22 — Registro 17875
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del Principio de Retroactividad de la ley en materia penal con relación a la causa que se instruyó contra recurrente, por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que de la aplicación de la Norma contenida en el Artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional se desprende, que si bien para la interposición de la garantía constitucional de revisión en materia penal se puede invocar está bajo el caso de que procede la aplicación retroactiva de una Ley Penal por ser más benigna, que el alcance y la aplicación de este motivo va orientado a que la nueva pena contemplada para el tipo penal por el cual ha sido condenado el impetrante sea más favorable a este.- Se señala lo anterior, pues en el presente caso de autos, el ahora recurrente Señor ANGEL ROMERO PAVON fue condenado por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN y la Sala de lo Penal le amplio la condena a multa de UN MILLON DE LEMPIRAS (L.1,000,000.00), contemplado dichas penas en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; y en el nuevo código penal, se prevé una pena de cuatro (4) a siete (7) años de prisión si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años de prisión en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. Las penas de prisión a imponer deben ser, en cada uno de los supuestos del párrafo anterior, de uno (1) a tres (3) años o de dos (2) a cinco (5) años de prisión, cuando de las circunstancias del hecho y de las personales del culpable se deduzca una menor gravedad (Artículo 311 del referido Código). No se puede hacer uso de esta regla si concurre alguna de las agravantes contempladas en el artículo 312 del Código Penal. Razones estás que se marcan dentro de las circunstancias exigidas en dicho artículo, y por lo tanto es evidente que la nueva Ley Penal contiene una pena más benigna, que es la condición prevista en la Ley sobre Justicia Constitucional para aplicarla de forma retroactiva; y por consiguiente es procedente otorgar la revisión de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, el seis (06) de noviembre de dos mil dos (2002), y modificada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del veinticinco (25) de agosto de dos mil cuatro (2004), para la ejecución de una nueva pena, es decir de un (1) año de prisión y multa de cien (100) días, al aplicarle la pena menor de día multa (L.20); penas a las cuales se le debe de abonar el tiempo que haya cumplido hasta ajustar su totalidad, condenándose también a la pena accesoria de inhabilitación absoluta. Lo anterior, en vista que de las circunstancias del hecho y de las personales del culpable, al haberle decomisado únicamente la cantidad de 0.19 gramos de marihuana, se deduce que es de menor graveda
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 numeral 8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERRTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de diciembre de dos mil veintitrés. VISTA: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por la Abogada YESSICA LIZZETTE RIVERA SANCHEZ, favor del señor ANGEL ROMERO PAVON, contra las sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha seis (6) de noviembre del dos mil dos (2002), con relación a la causa que se instruyó contra el señor ANGEL ROMERO PAVON, por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. A N T E C E D E N T E S 1).- Que en fecha quince (15) de marzo del año dos mil dos (2002), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Criminal de San Pedro Sula, departamento de Cortes, el Abogado CARLOS ALBERTO COBOS, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor ANGEL ROMERO PAVON, por el delito de POSESIÓN Y TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS (Folio 1 al 5 de la pieza de los antecedentes). 2).- Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha seis (6) de noviembre del año dos mil dos (2002), el Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Condenar al acusado ANGEL ROMERO PAVON, ya identificado anteriormente, como autor responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, Población del Estado de Honduras, a la pena principal de Quince (15) años de reclusión, la que deberá cumplir en la Penitenciaria en perjuicio de la Salud de la Nacional de Tamara, Francisco Morazán. Asimismo, se le condena a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción Civil por el tiempo que dure la condena; así también, a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario.- SEGUNDO: Se ordena la destrucción de la marihuana decomisada, consistente en 81.91 gramos, de conformidad a lo que establece el artículo 38 de la ley de uso indebido Ilícito de drogas y Sustancias Psicotrópicas. y Trafico Ilicito de drogas y sustancias psicotrópicas.-TERCERO: No procede condenar en costas procésales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- CUARTO: No procede declarar la Responsabilidad Civil proveniente de la responsabilidad del condenado ANGEL ROMERO PAVON, derivada del delito objeto de la sentencia de mérito.- QUINTO: Una vez adquirido el carácter de firme la presente sentencia definitiva, se deberá enviar certificación de la misma al juzgado de Ejecución de penas y al director del Centro Penal de esta ciudad.- SEXTO: Que se notifique esta sentencia a las partes procésales”.(Folios 141 al 142 de la pieza del Juzgado). 3).- Que la Abogada YESSICA LIZZETTE RIVERA SANCHEZ, compareció ante este Tribunal en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor del señor ANGEL ROMERO PAVON, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha seis (6) de noviembre del año dos mil dos (2002), por el Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula.4).- Que en fecha siete (27) de junio del año dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la Audiencia respectiva. 5).- Que en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada YESSICA LIZZETTE RIVERA SANCHEZ, en su condición de Apoderada Legal del señor ANGEL ROMERO PAVON, y la Abogada CLAUDA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Fue de la opinión SE OTORGUE, en la presente acción de revisión, en virtud de que lo peticionado por la revisionista está conforme a la Ley. CONSIDERANDO UNO (1): Que en fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil veintidós (2022), se presenta ante esta Sala de lo Constitucional Recurso de Revisión Penal a favor del Señor ANGEL ROMERO PAVON, contra las sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha seis (6) de noviembre del dos mil dos (2002), con relación a la causa que se instruyó contra el señor ANGEL ROMERO PAVON, por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, fundamentando su acción en el artículo 186 de la Constitución de la República, 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, asimismo, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), enmarcándolo en el artículo 311, al referir que establece una pena aplicable al delito de Tráfico de Drogas de uno (1) a tres (3) años de prisión, porque de las circunstancias del hecho y las personales del culpable se deduce una menor gravedad, dando a entender que la conducta delictiva de su representado no se puede enmarcar dentro de las agravantes que refiere dicho artículo. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo adopta la garantía Constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte de un proceso penal, pueda practicar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentra firme; en este sentido manda que la Ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir.- En ese orden el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que las sentencias condenatorias penales pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedido de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO TRES (3): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado Hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del Garantista expresados en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho (8) del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y 186 de la Constitución de la República, que determinan la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los antecedentes “La objeción contra la sentencia firme, dictada por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, y de donde resulta el motivo del recurso extraordinario de revisión lo constituye que al hacer estudio de la sanción correspondiente de delito juzgado, con aplicación de una ley vigente al momento de cometerse los hechos pero novada con posterioridad al juzgamiento respetivo, esta resulta por ahora arbitraria y por supuesto violatoria, a la sanción penal establecida en el tipo penal correspondiente, ya que ahora es menor la sanción por ese ilícito penal, por haber sido reducida la misma en el nuevo código penal vigente…” CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que en fecha veintidós de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, con la comparecencia de la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Yessica Lizzette Rivera Sánchez, en su condición de Apoderada del señor ANGEL ROMERO PAVON; manifestando esta última que por este acto2903220775144510972807741920661098575457055532120750887550977807508875429768075044303863340750443027844757504430216725575184001097280749046010883907225665 ratifica el Recurso de Revisión interpuesto con anterioridad y ante los elementos probatorios ya se encuentran incorporados, que es la copia de la prueba toxicológica, el computo de la pena y la certificación de la sentencia dictada en la causa TS-SPS-011-02 por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha seis (06) de Noviembre de dos mil dos (2002), mediante la cual se condena a su representado ANGEL ROMERO PAVON por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN. Sentencia que fue modificada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, al haber ampliado la condena con la imposición de una multa de UN MILLON DE LEMPIRAS (L.1,000,000.00), señalando que de acuerdo a la aplicación de la Ley más favorable (Código Penal Decreto 130-2017), a su representado le corresponde una nueva pena por el delito TRAFICO DE DROGAS, de UN (1) AÑO, MAS UNA MULTA DE CIEN (100) DIAS. APRECIACION JURIDICA: El Ministerio Público señala que la sentencia definitiva dictada en fecha seis (06) de Noviembre de dos mil dos (2002), por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante la cual se Condenó al señor ANGEL ROMERO PAVON por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN y por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de fecha veinticinco de agosto de dos mil cuatro a una multa de UN MILLON DE LEMPIRAS (L.1,000,000.00). Que la causal de revisión invocada por el revisionista se encuentra contenida en el numeral 8 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado en cualquiera de los casos siguientes, cuando: 1)…; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 212153523260051106170231648033147002078990109728020701008).- Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna; así como el principio constitucional contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República, por considerar la vigencia del actual Código Penal, como norma sustantiva y en aplicación al artículo 311, su representado puede obtener un beneficio y reducirle la pena condenatoria. CONCLUSION DEL MINISTERIO PUBLICO: De lo expuesto, el Ministerio Público aprecia que del examen de los antecedentes, se condena por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN y la sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de fecha veinticinco (25) de agosto de dos mil cuatro (2004) a la pena de multa de UN MILLON DE LEMPIRAS (L.1,000,000.00). Por otra parte, el actual Código Penal aprobado mediante decreto 130-2017, en el párrafo segundo del artículo 311, dispone: “Las penas de prisión a imponer deben de ser en cada uno de los supuestos del párrafo anterior, de uno (1) a tres (3) años o de dos (2) a cinco (5) años de prisión, cuando de las circunstancias del hecho y de las personales del culpable se deduzca una menor gravedad”. En tal sentido, se aprecia que la pena aplicable al delito de Tráfico Ilícito de Drogas es castigado con la pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, mas la pena de multa de 100 a 500 días, correspondiendo imponer la pena mínima al haber sido condenado bajo esa condición, siendo de la opinión, que se otorgue la presente acción de revisión en los términos supra señalados. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el Artículo 615 del Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor… Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SIETE (7): Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO OCHO (8): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO NUEVE(9): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen acerca de la benignidad de la ley, interpretando lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualizan los hechos concretos y probados, esbozados en la sentencia condenatoria así mismo sus penas y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la que sea más favorable. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. CONSIDERANDO DOCE (12): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO TRECE (13): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República de Honduras en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. La Sala hace su exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal I.- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan a la presente garantía constitucional de revisión penal, esta Sala aprecia que efectivamente el Señor ANGEL ROMERO PAVON fue condenado por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN y la Sala de lo Penal le amplio la condena a multa de UN MILLON DE LEMPIRAS (L.1,000,000.00); así como a las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e Interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que en la sentencia condenatoria firme antes señalada, el Órgano Jurisdiccional competente aplico lo dispuesto en el Artículo 32, 62, 69 y 105 del Código Penal; 1, 22 y 38 de la Ley sobre Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; 1 y 322 del Código Procesal Penal; estimando que el condenado cometió el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS. CONSIDERANDO QUINCE (15): Sentencia que se recurre a través de la presente Garantía Constitucional de Revisión Penal. La emitida por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes de fecha seis (06) de noviembre de dos mil dos (2002), mediante la cual “FALLA: PRIMERO: Condenar al acusado ANGEL ROMERO PAVON, ya identificado anteriormente, como autor responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena principal de Quince (15) años de reclusión, la que deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional de Tamara, Francisco Morazán. Asimismo, se le condena a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción Civil por el tiempo que dure la condena; así también, a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario.- SEGUNDO: Se ordena la destrucción de la marihuana decomisada, consistente en 81.91 gramos, de conformidad a lo que establece el artículo 38 de la ley de uso indebido Ilícito de drogas y Sustancias Psicotrópicas. TERCERO: No procede condenar en costas procésales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- CUARTO: No procede declarar la Responsabilidad Civil proveniente de la responsabilidad del condenado ANGEL ROMERO PAVON, derivada del delito objeto de la sentencia de mérito.- QUINTO: Una vez adquirido el carácter de firme la presente sentencia definitiva, se deberá enviar certificación de la misma al juzgado de Ejecución de penas y al director del Centro Penal de esta ciudad.- SEXTO: Que se notifique esta sentencia a las partes procésales”. Asimismo fue objeto de Recurso de Casación donde la Sala de lo Penal mediante sentencia definitiva del veinticinco (25) de agosto del dos mil cuatro (2004) amplio la condena imponiéndole a su vez una multa de UN (1) MILLON DE LEMPIRAS. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que de la aplicación de la Norma contenida en el Artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional se desprende, que si bien para la interposición de la garantía constitucional de revisión en materia penal se puede invocar está bajo el caso de que procede la aplicación retroactiva de una Ley Penal por ser más benigna, que el alcance y la aplicación de este motivo va orientado a que la nueva pena contemplada para el tipo penal por el cual ha sido condenado el impetrante sea más favorable a este.- Se señala lo anterior, pues en el presente caso de autos, el ahora recurrente Señor ANGEL ROMERO PAVON fue condenado por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN y la Sala de lo Penal le amplio la condena a multa de UN MILLON DE LEMPIRAS (L.1,000,000.00), contemplado dichas penas en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; y en el nuevo código penal, se prevé una pena de cuatro (4) a siete (7) años de prisión si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años de prisión en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. Las penas de prisión a imponer deben ser, en cada uno de los supuestos del párrafo anterior, de uno (1) a tres (3) años o de dos (2) a cinco (5) años de prisión, cuando de las circunstancias del hecho y de las personales del culpable se deduzca una menor gravedad (Artículo 311 del referido Código). No se puede hacer uso de esta regla si concurre alguna de las agravantes contempladas en el artículo 312 del Código Penal. Razones estás que se marcan dentro de las circunstancias exigidas en dicho artículo, y por lo tanto es evidente que la nueva Ley Penal contiene una pena más benigna, que es la condición prevista en la Ley sobre Justicia Constitucional para aplicarla de forma retroactiva; y por consiguiente es procedente otorgar la revisión de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, el seis (06) de noviembre de dos mil dos (2002), y modificada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del veinticinco (25) de agosto de dos mil cuatro (2004), para la ejecución de una nueva pena, es decir de un (1) año de prisión y multa de cien (100) días, al aplicarle la pena menor de día multa (L.20); penas a las cuales se le debe de abonar el tiempo que haya cumplido hasta ajustar su totalidad, condenándose también a la pena accesoria de inhabilitación absoluta. Lo anterior, en vista que de las circunstancias del hecho y de las personales del culpable, al haberle decomisado únicamente la cantidad de 0.19 gramos de marihuana, se deduce que es de menor gravedad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia el pronunciamiento del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los Artículos1.1, 9, 11.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 96 numeral 8; 1, 53 y 311 del Código Penal (Decreto 130-2017); 99 párrafo primero y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada Yessica Lizzette Rivera Sánchez a favor del señor Angel Romero Pavón; SEGUNDO: Se DECRETA LA NULIDAD PARCIAL de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortes de fecha seis (06) de noviembre de dos mil dos (2002) y la sentencia emitida por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de fecha veinticinco (25) de agosto de dos mil cuatro (2004). TERCERO: Se MODIFICAN las sentencias revisadas, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor Angel Romero Pavón, por el delito de Tráfico de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, la cual deberá de leerse de la siguiente manera: FALLA: CONDENAR al señor Angel Romero Pavón, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, a una pena de un (1) año de prisión y multa de cien (100) días o su equivalente en lempiras que corresponde a dos mil lempiras exactos (L.2,000.00), más la accesoria de inhabilitación absoluta, por el tiempo que dure la pena principal.- Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente, para que proceda al cumplimiento del presente fallo; Redacto la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de abril de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-811-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL