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Sentencia RP-782-22 — Registro 17909

Resumen

Acto recurrido contra la sentencia de condena dictada a la recurrente , con relación a la causa que se instruyó por el delito de Extorción.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en Revisión Penal, se impuso a Gloria Yaqueline Tinoco Pavón, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autora penalmente responsables de un delito de Extorsión Simple. La conducta por la cual fue condenada Gloria Yaqueline Tinoco Pavón, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: de 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto, al concurrir la agravante del 374.1, “Cometer el hecho en el ámbito de un grupo delictivo organizado”, por lo que dicha pena debe aumentarse en 1/3, quedando una pena abstracta de 20 a 26 años, 8 meses de prisión y una multa de 1,000 a 1,333 días; la que a su vez debe ser rebajada por la aplicación del procedimiento abreviado, quedando una pena abstracta de 15 a 20 años de prisión y multa entre 750 y 1,000 días. Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que las nuevas penas no resultan más favorables que las establecidas en el anterior código penal, tanto en la prisión, como la pena de multa la que se eleva considerablemente el importe a pagar, en comparación con el código penal derogado. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de noviembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ, a favor de la señora GLORIA YAQUELINE TINOCO PAVON, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN, de fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa que se instruyó contra la señora GLORIA YAQUELINE TINOCO PAVON, por el delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB-116.HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL“PRIMERO: En el mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Valle de Amarateca, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, el testigo protegido BB316 recibe la visita de tres personas, dos del sexo masculino y una de sexo femenino, quienes se identifican como miembros activos de la pandilla dieciocho 18 y amenazándole con matarlo o a uno de sus familiares y luego le pretenderían fuego a su negocio, si no accedía al pago de seis cientos lempiras (lps. 600.00) semanales; razón por la que el quince (15) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) el testigo protegido BB316, un agente de investigación y un fiscal del Ministerio Publico, proceden a realizar un acta de seriado de dinero consignando las series AC0328532 de un billete de quinientos lempiras y la serie CJ1979514 de un billete de cien lempiras, bajo la instrucción de entregarlo a las personas que llegaban a recoger el dinero. SEGUNDO: El día lunes dieciocho (18) de Febrero del año dos mil diecinueve (2019), dos equipos de agentes de investigación adscritos a la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, se encontraban realizando vigilancia en el Valle de Tamara, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán y aproximadamente a las seis y cincuenta minutos de la mañana observaron que al lugar de trabajo del testigo protegido BB116 llegaron los jóvenes JERSON NECTALY FLORES GARCÍA Y GLORIA YAQUELINE TINOCO PAVÓN, quienes de conducían en una motocicleta, entregando el testigo protegido BB116 el dinero exigido a la fémina, retirándose del lugar, posteriormente fueron requeridos por los agentes de investigación y al practicarles el registro personal se les encontró al joven JERSON NECTALY FLORES GARCIA la cantidad de dos mil lempiras en diferentes denominaciones y un teléfono celular y a la joven GLORIA YAQUELINE TINOCO PAVÓN la cantidad de dos mil cien lempiras, incluidos los dos billetes que previamente habían sido seriados, y dos teléfonos celulares, siendo identificados posteriormente por el testigo BB116 como las personas a quienes les había entregado el dinero solicitado.”A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, la Abogada SANDRA JOAQUIN, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores JERSON NECTALY FLORES GARCIA y GLORIA YAQUELINE TINOCO PAVON, por suponerlos responsables de la comisión del delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB-116. (Folios 01 al 05 de pieza de los Antecedentes).2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, dictó sentencia en fecha nueve(9) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) mediante la cual: “FALLA PRIMERO: CONDENANDO a la imputada GLORIA YAQUELINE TINOCO PAVÓN, por haber cometido el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO "BB116" a las penas principales de ONCE (11) AÑOS TRES (03) MESES de reclusión y una multa de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS, penas que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social PNFAS, ubicada en el Valle de Tamara, Departamento de Francisco Morazán, quedando obligada a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario.-SEGUNDO: CONDENANDO a la imputada GLORIA YAQUELINE TINOCO PAVÓN, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena.- TERCERO: Se declara la responsabilidad civil de la imputada, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia….”(Folios 105 al 107 de la pieza de Antecedentes).3) Que el recurrente Abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintidós (2022), imponiendo recurso de Revisión Penal a favor de la señora GLORIA YAQUELINE TINOCO PAVON, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), fundamentando su solicitud en el Principio de la Retroactividad de la Ley, establecida en el Artículo 96 de la Constitución de la República y 96, numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.4) Que en fecha uno (1) de junio del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ, en su condición de apoderada legal de la señora GLORIA YAQUELINE TINOCO PAVON y el Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, quien fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente acción de Revisión…” al estimar que las disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal no son más favorables a la condenada.CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186, abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega, que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha primero (1) de junio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Víctor Alexis Andino Quiroz, a favor de la señora Gloria Yaqueline Tinoco Pavón, como revisionista; y, el Abogado René Mauricio Aceituno Ulloa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. El Abogado Víctor Alexis Andino Quiroz, solicita la revisión de la pena y que se aplique el principio de retroactividad de la ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigente en el Decreto 130-2017, quien fue condenada por el delito de extorsión simple y se sometieron a un procedimiento abreviado, quedando una pena de 11 años, 3 meses de reclusión y una multa de 37.5 salarios mínimos; con el nuevo código penal vigente, las penas quedarían en 7 años 6 meses y una multa de 500 salarios mínimos. Por su parte, el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables a la sentenciada, en virtud que la pena a imponer es de mayor cuantía, pues deberá imponérsele una pena entre 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto, al concurrir la agravante del 374.1, “Cometer el hecho en el ámbito de un grupo delictivo organizado”, por lo que dicha pena debe aumentarse en 1/3, quedando una pena abstracta de 20 a 26 años, 8 meses de prisión y una multa de 1,000 a 1,333 días; la que a su vez debe ser rebajada en ¼, por la aplicación del procedimiento abreviado, quedando una pena abstracta de 15 a 20 años de prisión y multa entre 750 y 1,000 días. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales), impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad), donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación, la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en Revisión Penal, se impuso a Gloria Yaqueline Tinoco Pavón, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autora penalmente responsables de un delito de Extorsión Simple. La conducta por la cual fue condenada Gloria Yaqueline Tinoco Pavón, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021), cuyas penas principales son: de 15 a 20 años de prisión, quedando una pena de multa de 500 a 1,000 días, en su nivel más alto, al concurrir la agravante del 374.1, “Cometer el hecho en el ámbito de un grupo delictivo organizado”, por lo que dicha pena debe aumentarse en 1/3, quedando una pena abstracta de 20 a 26 años, 8 meses de prisión y una multa de 1,000 a 1,333 días; la que a su vez debe ser rebajada por la aplicación del procedimiento abreviado, quedando una pena abstracta de 15 a 20 años de prisión y multa entre 750 y 1,000 días. Al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que las nuevas penas no resultan más favorables que las establecidas en el anterior código penal, tanto en la prisión, como la pena de multa la que se eleva considerablemente el importe a pagar, en comparación con el código penal derogado. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del Agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 373 por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Víctor Alexis Andino Quiroz, en favor de la señora GLORIA YAQUELINE TINOCO PAVÓN. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Wagner Vallecillo.- Notifíquese. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024) certificación de la Sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO- 0782-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.