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Sentencia RP-718-22 — Registro 17831

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó contra impetrantes, por haber sido condenados por los delitos de Asesinato, Asesinato en su Grado de Ejecución de tentativo y Robo Agravado, considerando la Sala Constitucional, ponderando el quantum de la pena, se refleja que el Código Penal Vigente no resulta más benigno para recurrentes, que no cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía Constitucional , por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva de una nueva norma penal vigente porque no le resulta más benigna.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 615 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y de fundamentación jurídica, y haciendo la operación aritmética correspondiente a efecto de determinar pena concreta se recurre al artículo 70 en relación al Artículo 32 del Código Penal vigente, concurriendo en este caso en concreto la agravante contenida en el numeral 4 del artículo 32 ya citado, siguiendo las reglas del artículo 70 del Código Penal vigente, específicamente la regla del numeral 1) inciso b) “Si solo concurre una (1) o dos (2) circunstancias agravantes y ninguna atenuante, se aplica la pena media hasta el límite máximo”, en ese sentido corresponde para el delito de ASESINATO una pena SESENTA Y SIETE (67) AÑOS, OCHO (8) MESES, a razón de veintidós (22) años seis (6) meses de prisión por tres delitos de ASESINATO; por el delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, corresponde una pena de DIECISEIS (16) AÑOS OCHO (8) MESES y por ultimo para el delito de ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACION AGRAVADO corresponde una pena de DIEZ (10) AÑOS OCHO (8) MESES DE PRISION, haciendo un total de NOVENTA Y CINCO (95) AÑOS. Ponderando el quantum de la pena, se refleja que el Código Penal Vigente No resulta más benigno para los encausados. IV. Por tanto, esta Sala concluye después del estudio de las presentes diligencias, que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente garantía Constitucional de Revisión, por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores OVIDIO REYES RODRIGUEZ y DONATO REYES RODRIQUEZ, de una nueva norma penal vigente porque no le resulta más benigna.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado JOSÉ ALEJANDRO NÚÑEZ VALLADARES, a favor de los señores OVIDIO REYES RODRIGUEZ y DONATO REYES RODRIGUEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintiséis de noviembre del año dos mil doce, con relación a la causa que se instruyó contra los señores OVIDIO REYES RODRIGUEZ y DONATO REYES RODRIGUEZ, por haber sido condenados por los delitos de ASESINATO, ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA y ROBO AGRAVADO, en perjuicio de señor HÉCTOR DAVID FUNEZ HERNÁNDEZ, JERSON AUGUSTO CANO MORENO, CONDE ANTONIO MEZA RODRIGUEZ, TESTIGO PROTEGIDO “A1” y CALIXTA HERNÁNDEZ SIBAJA. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha trece de junio del año dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JACOBO HUMBERTO SALANDIA VALLECILLO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores DONATO REYES RODRIGUEZ, CARLOS JAVIER LÓPEZ GARCÍA, OVIDIO REYES RODRIGUEZ, VÍCTOR MANUEL FLORES SIERRA, FREDYS YOMAR LÓPEZ RAUDALES y JOSÉ ORLANDO LÓPEZ, a quienes se les supone responsables a título de autores directos de la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de CALIXTA HERNÁNDEZ SIBAJA; ASESINATO, PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD en perjuicio de los señores HÉCTOR DAVID FUNEZ HERNÁNDEZ, GERMAN AUGUSTO CANO MORENO y CONDE ANTONIO MEZA RODRIGUEZ; TENTATIVA DE ASESINATO y PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO. (Folios 2-7 del antecedente) 2) Que en fecha veintiséis de noviembre del año dos mil doce, el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “PRIMERO: Condenar al acusado DONATO REYES RODRÍGUEZ, Cuyos datos de identificación se encuentran en el preámbulo de este fallo, como responsable a título de autor del delito de ASESINATO, en perjuicio de los señores HÉCTOR DAVID FÚNEZ, GERSON AUGUSTO CANO MORENO Y CONDE ANTONIO MEZA RODRÍGUEZ, a la pena de SESENTA Y NUEVE (69) AÑOS de Reclusión, a razón de 23 años de reclusión por cada uno de los delitos de ASESINATO: Asimismo como autor responsable del delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO A-1, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN: y, como autor responsable del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio CALIXTA HERNANDEZ SIBAJA a la pena de SIETE (7) AÑOS DE RECLUSIÓN; penas que deberá cumplir una en pos de otra: y sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario. SEGUNDO: Condenar al acusado OVIDIO REYES RODRÍGUEZ, cuyos datos de identificación se encuentran en el preámbulo de este fallo, como responsable a título de autor del delito de ASESINATO, en perjuicio del señor HÉCTOR DAVID FÚNEZ, GERSON AUGUSTO CANO MORENO Y CONDE ANTONIO MEZA RODRÍGUEZ, a la pena de SESENTA Y NUEVE (69) AÑOS de Reclusión, a razón de 23 años de reclusión por cada uno de los delitos de ASESINATO: Asimismo como autor penalmente responsable del delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO A-1, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN; y como autor responsable del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de CALIXTA HERNANDEZ SIBAJA a la pena de SIETE (7) AÑOS DE RECLUSIÓN: penas que deberá cumplir una en pos de otra; quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO: Condenar al acusado CARLOS JAVIER LÓPEZ, cuyos datos de identificación se encuentran en el preámbulo de este fallo, como responsable a título de autor del delito de ASESINATO, en perjuicio del señor HÉCTOR DAVID FÚNEZ, GERSON AUGUSTO CANO MORENO Y CONDE ANTONIO MEZA RODRÍGUEZ, a la pena de SESENTA Y NUEVE (69) AÑOS de Reclusión, a razón de 23 años de reclusión por cada uno de los delitos de ASESINATO; Asimismo como autor penalmente responsable del delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO A-1, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN: y como autor responsable del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de CALIXTA HERNÁNDEZ SIBAJA a la pena de SIETE (7) AÑOS DE RECLUSIÓN: penas que deberá cumplir una en pos de otra: quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario. CUARTO: ABSOLVER de toda responsabilidad penal al Señor JOSÉ ORLANDO LÓPEZ, cuyos datos de identificación se encuentran en el preámbulo de este fallo, de los tres delitos de ASESINATO, en perjuicio de HÉCTOR DAVID FÚNEZ, GERSON AUGUSTO CANO MORENO Y CONDE ANTONIO MEZA RODRÍGUEZ; de un delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO A-1: y de un delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio CALIXTA HERNANDEZ SIBAJA. QUINTO: Condenar a los señores DONATO REYES RODRÍGUEZ, CARLOS JAVIER LÓPEZ Y OVIDIO REYES RODRÍGUEZ, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena. SEXTO: Declarar la responsabilidad Civil de los señores DONATO REYES RODRÍGUEZ, CARLOS JAVIER LÓPEZ, Y OVIDIO REYES RODRÍGUEZ, la que deberá hacerse efectiva en la fase de ejecución de la pena. SÉPTIMO: No se decreta el Comiso por no existir ninguna pieza de convicción en el presente juicio. OCTAVO: Exonerar en el pago de costas procesales, personales y gastos ocasionados por el juicio. NOVENO: Notifíquese de este fallo a las partes procesales. POR ESTA NUESTRA SENTENCIA LA PRONUNCIAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS.” (Folios 328-353 del antecedente) 3) En fecha nueve de mayo del año dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado JOSÉ ALEJANDRO NÚÑEZ VALLADARES, a favor de los señores OVIDIO REYES RODRÍGUEZ y DONATO REYES RODRIGUEZ, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para sus representados. (Folios 1-9 del recurso de mérito) 4) En fecha veintidós de junio del dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante Luis Alonso Discua Cerrato, con la comparecencia de la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado José Alejandro Núñez Valladares, en su condición de Apoderado Legal de los señores Ovidio Reyes Rodriguez y Donato Reyes Rodriguez; El Ministerio Público consideró: “…El Ministerio Público al hacer un análisis comparativo de ambas leyes penales, aprecia que el Código Penal derogado Decreto 144/83 sancionaba el delito de ASESINATO en el artículo 117 con una pena de VEINTE (20) a TREINTA (30) años de reclusión y cuando se comete mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria o se acompaña de robo o violencia, la pena será de TREINTA (30) anos a privación de por vida de la libertad. El Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), regula el delito de ASESINATO en el artículo 193, con una pena de VEINTE (20) a VEINTICINCO (25) AÑOS, y si concurre las circunstancias de precio, recompensa o promesa remuneratoria la pena será de VEINTICINCO (25) A TREINTA (30) años. Y Siendo que en el caso de autos concurren dos circunstancias agravantes contempladas en el artículo 32 numerales; 2) Ejecutar el hecho mediante abuso de superioridad o de confianza; 4) Ejecutar el hecho mediante disfraz o aprovechando las circunstancias de tiempo y lugar para facilitar su ejecución o la impunidad del delincuente. En este caso la pena se calcula a partir del término medio hasta el límite máximo tal como lo establece el artículo 70 del Código Penal. Siendo que los imputados fueron condenados a la pena de VEINTITRES AÑOS por cada uno de los delitos de asesinato, pena que, al ser comparada con la pena a imponer para el delito de ASESINATO, se aprecia que la misma resulta también imponible con arreglo al presente Código Penal, en ese sentido la nueva norma no resulta más favorable. En cuanto al delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, el Código Penal Vigente (Decreto 130- 2017), regula el delito de ASESINATO en el artículo 193, con una pena de VEINTE (20) a VEINTICINCO (25) AÑOS. Pena a la que se debe hacer la rebaja de un tercio 1/3 por tratarse de una tentativa inacabada quedando una nueva pena de TRECE AÑOS CUATRO MESES. Sin embargo, según las reglas de aplicación las penas conforme el artículo 616, estas no pueden ser fraccionadas. Que al hacer un análisis de los hechos probados de la sentencia se comprueba la comisión del tipo penal contenido en el ARTÍCULO 361.- ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. En este caso concurre la agravante especifica consignada en el artículo 363 numeral 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. Debiéndose aumentar la pena en un tercio 1/3 quedando una nueva pena de OCHO AÑOS A DIEZ AÑOS CON OCHO MESES DE PRISION. Así mismo concurren las agravantes del articulo 32 numeral 2) Ejecutar el hecho mediante abuso de superioridad o de confianza; 4) Ejecutar el hecho mediante disfraz o aprovechando las circunstancias de tiempo y lugar para facilitar su ejecución o la impunidad del delincuente; En este caso la pena se calcula a partir del término medio hasta el límite máximo tal como lo establece el artículo 70 del Código Penal. De lo anterior se advierte que la nueva norma no le resulta más favorable. Por lo que esta representación fiscal, es del criterio que no resulta procedente lo solicitado por la revisionista, en tanto que disposiciones contenidas en el Código Penal Vigente, respecto al marco punitivo aplicable no resulta más beneficiosa para el sentenciado, por lo que no concurre la causal contenida en los artículos 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, por NO ser la misma más favorable para el condenado.” (Folios 21-24 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Posicionamiento de las partes en audiencia de oposición. El abogado de la parte recurrente expuso: “…fundamenta la solicitud en los artículos siguientes: Según lo establecido en el código penal vigente, articulo 615. Retroactividad de la ley penal, 616 Criterios para determinar la ley más favorable. De la revisión en materia penal artículo 96.- De la procedencia de la acción. Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en favor del condenado, # 6 y 8. Solicito se le aplique una nueva pena según lo establece el Nuevo Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 192 Homicidio, Artículo 193 Asesinato, Robo 357, 360, 361. El cual establece una pena mas favorable y una pena de multa más favorable, así como un beneficio más favorable para poder optar a su preliberación o libertad condicional según el nuevo código penal decreto 130-2017, es por eso que se solicita se aplique la ley más favorable para mi representado.” La agente fiscal manifestó en audiencia: “El Ministerio Público al hacer un análisis comparativo de ambas leyes penales, aprecia que el Código Penal derogado Decreto 144/83 sancionaba el delito de ASESINATO en el artículo 117 con una pena de VEINTE (20) a TREINTA (30) años de reclusión. El Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), regula el delito de ASESINATO en el artículo 193, con una pena de VEINTE (20) a VEINTICINCO (25) AÑOS, y siendo que en el caso de autos concurren dos circunstancias agravantes contempladas en el artículo 32 numerales; 2) Ejecutar el hecho mediante abuso de superioridad o de confianza; 4) Ejecutar el hecho mediante disfraz o aprovechando las circunstancias de tiempo y lugar para facilitar su ejecución o la impunidad del delincuente. En este caso la pena se calcula a partir del término medio hasta el límite máximo tal como lo establece el artículo 70 del Código Penal. Siendo que los imputados fueron condenados a la pena de VEINTITRES AÑOS por cada uno de los delitos de asesinato, pena que, al ser comparada con la pena a imponer para el delito de ASESINATO, se aprecia que la misma resulta también imponible con arreglo al presente Código Penal, en ese sentido la nueva norma no resulta más favorable. En cuanto al delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, el Código Penal Vigente (Decreto 130- 2017), regula el delito de ASESINATO en el artículo 193, con una pena de VEINTE (20) a VEINTICINCO (25) AÑOS. Pena a la que se debe hacer la rebaja de un tercio 1/3 por tratarse de una tentativa inacabada quedando una nueva pena de TRECE AÑOS CUATRO MESES. Sin embargo, según las reglas de aplicación las penas conforme el artículo 616, estas no pueden ser fraccionadas. Que al hacer un análisis de los hechos probados de la sentencia se comprueba la comisión del tipo penal contenido en el ARTÍCULO 361.- ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. En este caso concurre la agravante especifica consignada en el artículo 363 numeral 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. Debiéndose aumentar la pena en un tercio 1/3 quedando una nueva pena de OCHO AÑOS A DIEZ AÑOS CON OCHO MESES DE PRISION. Así mismo concurren las agravantes del articulo 32 numeral 2) Ejecutar el hecho mediante abuso de superioridad o de confianza; 4) Ejecutar el hecho mediante disfraz o aprovechando las circunstancias de tiempo y lugar para facilitar su ejecución o la impunidad del delincuente; En este caso la pena se calcula a partir del término medio hasta el límite máximo tal como lo establece el artículo 70 del Código Penal. De lo anterior se advierte que la nueva norma no le resulta más favorable. Por lo que esta representación fiscal, es del criterio que no resulta procedente lo solicitado por la revisionista.” CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. "En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SEIS (6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro-. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada” CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto a juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal esta Sala aprecia que efectivamente los señores OVIDIO REYES RODRIGUEZ y DONATO REYES RODRIQUEZ, en primer término fueron condenadas por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de junio del año dos mil doce, como autor del delito de ASESINATO en perjuicio del señor HECTOR DAVID FUNEZ, GERSON AUGUSTO CANO MORENO y CONDE ANTONIO MEZA RODRIGUEZ, a la pena de SESENTA Y NUEVE (69) AÑOS DE RECLUSIÓN a razón de 23 años por cada delito de ASESINATO; Asimismo como autor del delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO A-1, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN y como autor del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de CALIXTA HERNANDEZ SIBAJA, a la pena de SIETE (7) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 15, 177, 217 y 218 del Código Penal (Decreto 144-1983), estimando que la acción ejecutada por los imputados se subsume en los tipos penales de ASESINATO, ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA Y ROBO AGRAVADO. III- Esta Sala realiza un examen de ambas normas penales aplicables el caso sub judice para verificar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los señores OVIDIO REYES RODRIGUEZ y DONATO REYES RODRIQUEZ, la pena de SESENTA Y NUEVE (69) AÑOS DE RECLUSIÓN a razón de 23 años por cada delito de ASESINATO en perjuicio de los señores HECTOR DAVID FUNEZ, GERSON AUGUSTO CANO MORENO y CONDE ANTONIO MEZA RODRIGUEZ; asimismo a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO A-1, y a la pena de SIETE (7) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de CALIXTA HERNANDEZ SIBAJA; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme al Código Penal derogado, la pena a imponer por los delitos por los cuales se condenó a los señores OVIDIO REYES RODRIGUEZ y DONATO REYES RODRIQUEZ son: 1) Por el delito de ASESINATO era reclusión de veinte (20) a treinta (30) años, mientras que en el artículo 193 del vigente Código Penal para el mismo delito de ASESINATO se regula una pena de VEINTE (20) A VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISION; 2) Por el delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA correspondía la misma pena aplicable al delito de ASESINATO rebajada en 1/3 según lo dispuesto en el artículo 66 del Código Penal derogado, mientras que en el artículo 193 del vigente Código Penal para el mismo delito de ASESINATO se regula una pena de VEINTE (20) A VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISION rebajada en 1/3 pena aplicable a la TENTATIVA INACABADA, según lo regula el artículo 62 en relación con el artículo 21 inciso a) del Código Penal vigente; y 3) Por el delito de ROBO AGRAVADO era reclusión de cinco (5) a nueve (9) años, mientras que en el artículo 361 del vigente Código Penal para el delito de ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACION se regula una pena de CUATRO (4) A OCHO (8) AÑOS DE PRISION, y en vista de concurrir la agravante contenida en el artículo 363 numeral 9, la pena de robo debe aumentarse en un tercio (1/3) lo que da un nuevo marco abstracto de pena de OCHO (8) AÑOS A DIEZ (10) AÑOS OCHO (8) MESES DE PRISION. II. Del análisis de los hechos declarados probados en la sentencia que se revisa, a luz del Código Penal decreto 130-2017, estos encajan en lo establecido en el artículo 193 [del mismo cuerpo legal] que específicamente dice: ASESINATO. Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. En relación al delito ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA el artículo 62 del mismo cuerpo legal que dice: “Pena para la tentativa. A los autores de tentativa de delito se les debe imponer la pena del delito consumado rebajada en un cuarto (1/4) si se trata de tentativa acabada, y el un tercio (1/3) en caso de una tentativa inacabada.” A tal efecto el artículo 21 inciso a) dispone: “Tentativa Inacabada. La tentativa es inacabada cuando el agente ejecuta parte de los actos encaminados a producir la consumación del delito, no concluyéndolos por causas ajenas a su voluntad.”; en relación al delito de Robo el artículo 361 del mismo cuerpo legal dispone: “Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Relacionado con el artículo 363. Agravantes específicas. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) Se sustraen cosas de valor científico, artístico, histórico, cultural o monumental; 2) Se trata de cosas de primera necesidad y se origina una situación de desabastecimiento; 3) Se trata de una cosa destinada a un servicio público, de titularidad pública o privada y se ocasiona una grave pérdida a éste; 4) El hecho reviste especial gravedad atendiendo al valor de los efectos sustraídos; 5) Se producen perjuicios de especial consideración; 6)Se pone a la víctima o a su familia en grave situación económica; 7) La conducta se lleva a cabo abusando de las circunstancias personales de la víctima; 8) Se utiliza a menores para la comisión del delito; O, 9) se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto.” III. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 615 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y de fundamentación jurídica, y haciendo la operación aritmética correspondiente a efecto de determinar pena concreta se recurre al artículo 70 en relación al Artículo 32 del Código Penal vigente, concurriendo en este caso en concreto la agravante contenida en el numeral 4 del artículo 32 ya citado, siguiendo las reglas del artículo 70 del Código Penal vigente, específicamente la regla del numeral 1) inciso b) “Si solo concurre una (1) o dos (2) circunstancias agravantes y ninguna atenuante, se aplica la pena media hasta el límite máximo”, en ese sentido corresponde para el delito de ASESINATO una pena SESENTA Y SIETE (67) AÑOS, OCHO (8) MESES, a razón de veintidós (22) años seis (6) meses de prisión por tres delitos de ASESINATO; por el delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, corresponde una pena de DIECISEIS (16) AÑOS OCHO (8) MESES y por ultimo para el delito de ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACION AGRAVADO corresponde una pena de DIEZ (10) AÑOS OCHO (8) MESES DE PRISION, haciendo un total de NOVENTA Y CINCO (95) AÑOS. Ponderando el quantum de la pena, se refleja que el Código Penal Vigente No resulta más benigno para los encausados. IV. Por tanto, esta Sala concluye después del estudio de las presentes diligencias, que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente garantía Constitucional de Revisión, por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores OVIDIO REYES RODRIGUEZ y DONATO REYES RODRIQUEZ, de una nueva norma penal vigente porque no le resulta más benigna. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, a favor de los señores OVIDIO REYES RODRIGUEZ y DONATO REYES RODRIQUEZ. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO.SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-718-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL