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Sentencia RP-71-21 — Registro 17643

Resumen

Se interpuso recurso de revisión penal SCO-0071-2021, mediante la cual falló como coautor penalmente responsable del delito de robo agravado continuado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. -En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Cristhoper Isaí Euceda Uclés, la pena de once (11) años, un (1) mes y diez (10) días de reclusión, por ser autor penalmente responsable del delito de robo agravado, en perjuicio de los testigos protegidos: JJI, ZA, AAH, DD, FF y BB; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito.-La conducta por la cual fue condenado Cristhoper Isaí Euceda Uclés, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de robo con violencia cuyas penas son prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. Según los hechos probados de la sentencia, este margen abstracto debe aumentarse de diez (10) años y ocho (8) meses a catorce (14) años, dos (2) meses y diez (10) días de prisión, ello en virtud de las siguientes razones: i. El margen abstracto imponible de 4 a 8 años de prisión debe aumentarse en un tercio (1/3) al concurrir la agravante específica del artículo 363 numeral 9) del NCP, ello porque el sentenciado hizo uso de armas de fuego para doblegar cualquier acción de defensa que pudiesen emplear las víctimas y por tratarse de un instrumento altamente peligroso para la integridad física e incluso la vida de los ofendidos; lo que nos da un nuevo margen abstracto de 8 años a 10 años y 8 meses de prisión; asimismo, ii. Este margen abstracto agravado a su vez debe aumentarse hasta en un tercio (1/3) por encontrarnos ante un concurso continuado (según artículo 68 del NCP), ello porque según los hechos probados el sentenciado en ejecución de un plan preconcebido, realizó una pluralidad de acciones que ofendieron a varios sujetos e infringen el mismo precepto penal, por lo cual debe ser castigado con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), lo que en definitiva nos da un límite superior de catorce (14) años, dos (2) meses y diez (10) días y un límite inferior de diez (10) años y ocho (8) meses. Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión (11 años, 1 mes y 10 días de reclusión) se encuentra dentro del margen imponible de la pena privativa de libertad con el NCP 130-2017. -Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme disponen los artículos 616 y 621 del NCP-130-2017.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional.- Sentencia de revisión penal.-En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian,.-En nombre del Estado de Honduras.-La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-0071-2021, promovido por el Abogado Marvin Yovany Castro Romero en favor de Cristhoper Isaí Euceda Uclés, contra la sentencia de fecha quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Cristhoper Isaí Euceda Uclés, como coautor penalmente responsable del delito de robo agravado continuado, en perjuicio de los testigos protegidos: JJI, ZA, AAH, DD, FF y BB, a la pena principal de once (11) años, un (1) mes y diez (10) días de reclusión, la cual deberá cumplir en el establecimiento penal que corresponda y determine el juez de ejecución, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional, descontándose el tiempo en que se ha encontrado privado de su libertad por esta causa; además, se le condena a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal. Segundo: Declaró la responsabilidad civil de Cristhoper Isaí Euceda Uclés, la que será objeto de tasación en fase de ejecución de la sentencia. Tercero: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: No decretó comiso.- Son partes: 1)El Abogado Marvin Yovany Castro Romero, en favor de Cristhoper Isaí Euceda Uclés, como revisionista; 2) La Abogada Sandra Lorena Zúniga García, fiscal del Ministerio Público.-Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal.-“ÚNICO: En la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en fechas quince (15) y dieciocho (18) de febrero de dos mil dieciséis (2016), el acusado CRISTHOPER ISAÍ EUCEDA UCLÉS, en compañía de otras personas, haciendo uso de armas de fuego, sometieron a los TESTIGOS PROTEGIDOS CON CLAVE JJI, ZA, AAH, FF y DD, sustrayendo pertenencias de sus viviendas.” Antecedentes.-PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En febrero de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, el Abogado Daniel Roberto Soto, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de Christopher Isaí Euceda Uclés, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de robo agravado continuado, en perjuicio de los testigos protegidos: JJI, ZA, AAH, DD, FF y BB.-SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual falló condenar a Christopher Isaí Euceda Uclés, a la pena de once (11) años, un (1) mes y diez (10) días de reclusión, por ser coautor penalmente responsable de un delito de robo agravado continuado, en perjuicio de los testigos protegidos: JJI, ZA, AAH, DD, FF y BB; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito.-TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Marvin Yovany Castro Romero, en favor de Cristhoper Isaí Euceda Uclés, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de revisión penal a favor de su representado, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018), por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha veintiuno (21) de febrero de dos mil veintidós (2022), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva (f. 20).-CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional (f. 29), habiendo comparecido el Abogado Marvin Yovany Castro Romero, en favor de Cristhoper Isaí Euceda Uclés, como revisionista; y, la Abogada Sandra Lorena Zúniga García, en su condición de fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando el revisionista que hay una disminución de la pena para el delito de robo agravado continuado, por lo que con fundamento en los artículos 96 y 186 de la Constitucional de la República, en relación con el artículo 96 de la ley Sobre Justicia Constitucional, pide la aplicación retroactiva del NCP 130-2017; por su parte, el Ministerio Público manifestó que se trata de un delito de robo con violencia que nos da un margen abstracto de ocho (8) años a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión. Asimismo, se trata de un delito continuado, por lo que la pena señalada para la infracción más grave debe aumentase en su mitad superior pudiendo llegar hasta un tercio (1/3), lo que da un nuevo margen abstracto de diez (10) años y ocho (8) meses a catorce (14) años, dos (2) meses y veinte (20) días de prisión, y que al haberse condenado en estricta conformidad corresponde aplicar la pena mínima. En ese sentido, considera que el recurso debe otorgarse. –Fundamentación: CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[1]. -El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[2], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[3]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”[4]. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” [5]. -CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Marvin Yovany Castro Romero, en favor de Cristhoper Isaí Euceda Uclés, como revisionista; y, la Abogada Sandra Lorena Zúniga García, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. -El Abogado Marvin Yovany Castro Romero, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que hay una disminución de la pena para el delito de robo agravado continuado, por lo que pide la aplicación retroactiva del NCP 130-2017. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que se trata de un delito de robo con violencia que nos da un margen abstracto de ocho (8) años a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión. Asimismo, que se trata de un delito continuado, por lo que la pena señalada para la infracción más grave debe aumentase en su mitad superior pudiendo llegar hasta un tercio (1/3), lo que da un nuevo margen abstracto de diez (10) años y ocho (8) meses a catorce (14) años, dos (2) meses y veinte (20) días de prisión, y que al haberse condenado en estricta conformidad corresponde aplicar la pena mínima. En ese sentido, considera que el recurso debe otorgarse.- CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (artículo 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (artículo 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas para el concurso ideal. Se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso continuado según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso continuado del NCP130-2017. Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso; b. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o c. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso continuado, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i. Limite subjetivo, ii. Limite objetivo ordinario; y, iii. Limite objetivo extraordinario, explicado igualmente líneas adelante.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. -En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Cristhoper Isaí Euceda Uclés, la pena de once (11) años, un (1) mes y diez (10) días de reclusión, por ser autor penalmente responsable del delito de robo agravado, en perjuicio de los testigos protegidos: JJI, ZA, AAH, DD, FF y BB; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito.-La conducta por la cual fue condenado Cristhoper Isaí Euceda Uclés, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de robo con violencia cuyas penas son prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. Según los hechos probados de la sentencia, este margen abstracto debe aumentarse de diez (10) años y ocho (8) meses a catorce (14) años, dos (2) meses y diez (10) días de prisión, ello en virtud de las siguientes razones: i. El margen abstracto imponible de 4 a 8 años de prisión debe aumentarse en un tercio (1/3) al concurrir la agravante específica del artículo 363 numeral 9) del NCP, ello porque el sentenciado hizo uso de armas de fuego para doblegar cualquier acción de defensa que pudiesen emplear las víctimas y por tratarse de un instrumento altamente peligroso para la integridad física e incluso la vida de los ofendidos; lo que nos da un nuevo margen abstracto de 8 años a 10 años y 8 meses de prisión; asimismo, ii. Este margen abstracto agravado a su vez debe aumentarse hasta en un tercio (1/3) por encontrarnos ante un concurso continuado (según artículo 68 del NCP), ello porque según los hechos probados el sentenciado en ejecución de un plan preconcebido, realizó una pluralidad de acciones que ofendieron a varios sujetos e infringen el mismo precepto penal, por lo cual debe ser castigado con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), lo que en definitiva nos da un límite superior de catorce (14) años, dos (2) meses y diez (10) días y un límite inferior de diez (10) años y ocho (8) meses. Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión (11 años, 1 mes y 10 días de reclusión) se encuentra dentro del margen imponible de la pena privativa de libertad con el NCP 130-2017. -Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme disponen los artículos 616 y 621 del NCP-130-2017.-POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Marvin Yovany Castro Romero, en favor del señor Cristhoper Isaí Euceda Uclés. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó …. Notifíquese.- Firma y Sello Abogada SONIA MARLINA DUBON VILLEDA .- MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- WAGNER VALLECILLO PAREDES .- FRANCISCA VILLELA ZAVALA.- ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiséis (26) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha veinte (20) de abril del año dos mil veintitrés (2023) recaída en el recurso de Revisión Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0071-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.-

[2] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[3] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[4] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[5] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.