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Sentencia RP-598-21 — Registro 17686

Resumen

Acto recurrido contra la sentencia de condena, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso el en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" … En el caso sub-examine, la pena de prisión, contemplada en la norma sustantiva vigente resulta ser más favorable al condenado, sin embargo, en cuanto a este delito, estamos frente a dos penas de distinta naturaleza en comparación a la impuesta conforme al ARTÍCULO 3 DE LA LEY ESPECIAL CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, Decreto 45-2002, derogado, lo cual permite constatar que resulta más gravosa la aplicación de la nueva ley, puesto que incluye una pena antes no aplicada al encausado, como ser la multa del 150% de la cantidad objeto del lavado; En ese orden de ideas, la reducción de la pena de prisión del actual Código Penal, no se puede tomar en consideración como benigna ya que, en suma, de todas las penas (multa y prisión) el resultado final es perjudicial. III. Esta Sala considera, que el caso sub judice, no se subsume en las causales número seis y ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Por consiguiente; No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JOSÉ MIGUEL HANDAL PÉREZ, de una nueva norma penal vigente, en virtud que la conducta descrita en los hechos probados se subsume en la descripción de la nueva norma penal contenida en el Decreto Legislativo No 93-2021, convirtiendo el mismo en típico y punible. Si bien, el aludido decreto, derogó lo referente, “que no tenga causa o justificación económica o licita de su procedencia”; Sin embargo, el legislador establece, que, para incurrir en este tipo penal, tiene que existir un delito precedente, y en caso bajo estudio, el procesado fue condenado previamente por el delito de Tráfico de Drogas, tal y como se deja explicado en el iter del presente fallo. De igual manera, el Decreto 130-2017, que contiene el Nuevo Código Penal, pues evidente que no le resulta más benigna..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado HENRY ALEXANDER FUENTES MEJÍA, a favor del señor JOSÉ MIGUEL HANDAL PÉREZ, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra el señor JOSÉ MIGUEL HANDAL PÉREZ, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. A N T E C E D E N T E S 1) Que el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Penal, dictó sentencia en fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en la cual Falló: “PRIMERO: CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor JOSÉ MIGUEL HANDAL PÉREZ, cuyas menciones generales ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Imponiéndole la pena de DIECISIETE (17) AÑOS DE RECLUSIÓN, que deberá cumplir, en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución determine, debiendo de igual manera, computársele el tiempo que ha permanecido en efectiva prisión por la presente causa…” (Folios 24,475 al 24,579 del Tomo 49 de los antecedentes)2) Que en fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado HENRY ALEXANDER FUENTES MEJIA, presentando recurso de revisión penal a favor del señor JOSÉ MIGUEL HANDAL PÉREZ, contra la sentencia de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Penal, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso el en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01 al 04 del recurso)3) Que en fecha cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado HENRY ALEXANDER FUENTES MEJÍA, en su condición de apoderado legal del señor JOSÉ MIGUEL HANDAL PÉREZ, y la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en virtud de las disposiciones contenidas en las reformas del Código Penal vigente, no resulta más beneficiosa para el sentenciado. (Folios 48 al 53 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de Revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía, que se declare sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Recursista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral seis del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando el hecho cometido no es punible. Aduciendo que el decreto 93-2021 despenaliza la conducta por el cual fue declarado culpable su patrocinado. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de el Abogado HENRY ALEXANDER FUENTES MEJÍA, en su condición de apoderado legal del señor JOSÉ MIGUEL HANDAL PÉREZ, quien manifestó lo siguiente:” ratifico la solicitud de revisión de pena presentado ante esta Sala de lo constitucional en fecha 09 de Junio del 2021, se presentó Recurso de Revisión de Pena ante esta Sala Constitucional, a favor de mi representado JOSE MIGUEL HANDAL PEREZ, después de haberse sometido a un Juicio Oral y Público, en donde fue CONDENADO mediante Sentencia Definitiva dictada el TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑOS DOS MIL DIECIOCHO, por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Territorial Nacional, Sala I, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a cumplir la Pena de DIECISIETE (17) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio DE LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, más las accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el mismo tiempo que dure su condena, pena que según el Computo de la misma, practicada por el Secretario del despacho judicial del Juzgado de Ejecución con Jurisdicción Nacional, comenzaron a cumplir el día de su detención, sentencia que tiene carácter de firmeza; Pero Resulta Honorables Magistrados, que, al momento de emitirse la condena contra mi patrocinado, se encontraba vigente la ley Especial Contra el delito de Lavado de Activos (Decreto 144-2014) de fecha 30 de abril del 2015, el cual, estipulaba el Tipo Penal de LAVADO DE ACTIVOS que literalmente decía: ARTÍCULO 36.- DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en el delito de lavado de activos y debe ser sancionado con pena de seis (6) a quince (15) años de reclusión, quien por sí o por interpósita persona: Adquiera, invierta………………etc., No obstante, la Pena debe ser de: 1 […], 2 […] y 3) Quince (15) años un (1) día a veinte (20) años de reclusión si el valor de los activos objeto de lavado, supere un valor equivalente a ciento veinte (120) salarios mínimos más altos de la zona; Misma Ley Especial Contra lavado de Activos, que fue derogada el día 25 de junio del 2020, día que entró en vigor el Decreto 130-2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 34,940 de fecha diez de mayo del año dos mil nueve, contentivo del CÓDIGO PENAL, en el cual, se establece el tipo penal de LAVADO DE ACTIVOS, en el artículo 439 de dicho decreto que literalmente dice: Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de cualquier delito grave y en todo caso de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos, explotación de recursos naturales y medioambientales, contrabando o de enriquecimiento ilícito, cometidos por él o por un tercero, o que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia. Penándose de acuerdo al monto del Lavado. Que al ser publicado y entrar en vigencia inmediata el día primero de noviembre del 2021 el decreto 93-2021, en donde reforma el Artículo 439.-LAVADO DE ACTIVOS: Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, convierta, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje o extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero. Penándose de acuerdo con el monto del Lavado. En la sentencia de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil dieciocho, se CONDENO al señor JOSE MIGUEL HANDAL PEREZ, de generales conocidas, por considerarlo responsable, a título de AUTOR, del delito LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. En los ANTECEDENTES PROCESALES: EN SU ACAPITE PRIMERO: se refiere que la base de la investigación del Ministerio Publico, FUE POR NO TENER CAUSA O JUSTIFICACION LEGAL, mi representado (PAG.2), y en la FUNDAMENTACION JURIDICA, en sus acápites (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO CUARTO Y QUINTO) se fundamentan en que mi representado NO TIENE CAUSA O JUSTIFICACION DE SUS BIENES (Pág.229-235) SIN TENER COMO BASE DE ESA INVESTIGACION, NI EN EL REQUERIMIENTO, NI EN LA AUDIENCIA INICIAL, NI EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR, NI EN DEBATE EXISTA UN DELITO PRECEDENTE, tal como lo establece la reforma del delito de Lavado de Activos. (decreto 93-2021), es decir señores Magistrados que aun cuando mi representado en fecha 09 de marzo del 2019, fue sentenciado en expediente 1101-2015-00236 por el Tribunal de Sentencia en Materia Penal, en La Ceiba, Atlántida, por el delito de Tráfico de Drogas en su grado de participación, como cómplice, sentencia que se encuentra ya firme y en etapa de ejecución, la cual acompaño a esta audiencia y solicita sea agregada al expediente de mérito, por tanto, Señores Magistrados, solicito realicen análisis exhaustivo, que los hechos investigados son de fecha 27 de Enero del 2009, y que las investigaciones por lavado de activos inician en fecha 10 de abril del 2011, dos años después, por ser designados en la OFAC, por los EEUU, proceso por el cual mi representado todavía no ha sido procesado por seguir cumpliendo sus penas aquí impuestas, pero retornando a la investigación de lavado de activos, inicia desde esa fecha para él y otros miembros de su familia, en todo el proceso investigativo, requerimiento, audiencias (imputado, inicial y preliminar) y el propio debate de juicio oral y público el ente fiscal no presenta como teoría de su caso los hechos sucedidos en fecha 27 de enero del 2009, su teoría de caso se basa solo en LA FALTA DE CAUSA Y JUSTIFICACION LEGAL DE SUS BIENES, argumentos, hechos, pruebas que se pueden constatar en dicha sentencia de lavado de activos, en donde los hechos del 27 de enero del 2009 no está relacionado con este delito, por tanto esta defensa considera que nuestro representado es beneficiado de que se le otorgue el sobreseimiento definitivo, y asimismo consideramos que no se le puede juzgar por una solicitud de extradición en donde el todavía no ha sido juzgado y menos condenado. Por la entrada en vigencia del decreto 93-2021, es importante mencionar, que antes de la reforma se consideraba delito de Lavado de Activos todo ingreso no justificado, pero con la reforma citada no es procedente el delito mencionado únicamente por la no justificación, exigiéndose además la existencia de un delito precedente entendiéndose como tal, a aquel o aquellos hechos punibles que preceden o anteceden al lavado, es decir, aquellas actividades ilícitas que dan paso al lavado de activos, las que si no existieran hacen que también sea inexistente el delito, es decir que la conducta por la cual fue declarado culpable el señor JOSE MIGUEL HANDAL PEREZ, y no habiendo elementos de hechos de la existencia de un delito precedente, que se relacionen con el delito de lavado de activos por el cual ha sido condenado mi representado, dicha conducta ya no está tipificada como delito y la misma ya no es punible, por la cual se le condeno a mi representado, por el delito de Lavado de Activos. Por todo lo antes argumentado y fundamentado en los artículos 80, 96 de la Constitución de la Republica, decreto 93-2021 de fecha primero de noviembre del 2021, articulo 96 #6 de la Ley de Justicia Constitucional, artículo 615 del Código Penal Vigente, solicito ante Vos Honorable Sala Constitucional, REVISAR DE OFICIO la Sentencia Condenatoria que se le impuso a mi representado, decretar la procedencia de esta Acción de Revisión, estableciendo que es aplicable el principio de RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL, otorgándole sobreseimiento definitivo a mi representado, dándoles su carta de libertad definitiva y ordenando la devolución del comiso realizado de productos bancarios, vehículos y de sus propiedades.” La Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, consideró lo siguiente: “…De lo expuesto por el revisionista, es procedente realizar un ejercicio de comparación con lo estipulado en la norma penal vigente y la norma penal derogada, a efecto de determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito. En base a ello, de la revisión de la sentencia objeto de revisión se desprende que el señor JOSÉ MIGUEL HANDAL PEREZ, fue condenado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, aplicando el artículo 36 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, que señalaba una pena abstracta de Quince (15) años un (1) día a veinte (20) años de reclusión si el valor de los activos objeto de lavado, supere un valor equivalente a ciento veinte (120) salarios mínimos más altos de la zona. A los promotores, jefes dirigentes o cabecillas y beneficiarios directos o indirectos de las actividades de lavado de activos, se les debe imponer la pena que le correspondiere en el presente Artículo, incrementada en un tercio (1/3) de la pena». Por su parte, el Código Penal vigente regula el delito de Lavado de Activos en el artículo 439, en su numeral 3) señala una pena abstracta de diez (10) a trece (13) años de prisión y multa igual al ciento cincuenta por ciento (150%), cuando el valor de los activos objeto de lavado sea superior a Cinco Millones de Lempiras (5.000,000). Las penas establecidas en los numerales anteriores, se deben rebajar a la mitad cuando se trate de posesión o utilización de bienes sin título por parte de personas unidas por relación personal o familiar con el responsable del hecho. Las penas anteriores se deben aumentar en un cuarto (1/4) en los casos siguientes: 1) Cuando los bienes o activos proceden de delitos relativos al tráfico de drogas, terrorismo, extorsión o delitos de explotación sexual; 2) Cuando la actividad de lavado de activos se realiza a través de un grupo delictivo organizado. Si el responsable es promotor, jefe, dirigente o cabecilla del grupo delictivo organizado, la pena se debe aumentar en un tercio (1/3); o, 3) Cuando el responsable es profesional del sector financiero o no financiero designado, bursátil o bancario en el ejercicio de su profesión, o funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo. En estos casos se debe imponer, además, la pena de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena de prisión». Al examinar el fallo emitido por el sentenciador, si bien es cierto, con la aplicación retroactiva del actual Código Penal podría representar un beneficio a la sentenciada, en lo que respecta a la pena privativa de libertad, en virtud que la pena que le fue impuesta conforme la legislación penal derogada correspondía a diecisiete (17) años de reclusión, y con el nuevo Código Penal la pena abstracta sería de diez (10) a trece (13) años de prisión, sin embargo, la norma sustantiva vigente señala en el artículo 616 párrafo cuarto que no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, resulte más gravosa, tal como acontece en el caso de autos, siendo que el delito de Lavado de Activos también se sanciona con la pena principal de una multa igual al 150% del valor de los activos objeto de lavado, lo que obligaría a esta honorable Sala a imponer una multa de L.66,876,193.08, ya que del último párrafo del acápite de “Hechos Probados” se desprende que el sentenciado manejo diversas transacciones por un total de L.44,584,128.72. Es de importancia resaltar que el señor JOSÉ MIGUEL HANDAL PEREZ, previo a la sentencia objeto de revisión, fue anteriormente condenado por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, en sentencia de fecha nueve (9) de marzo del año 2017 y confirmada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de fecha veintinueve (29) de abril del año 2021, por el delito de TRAFICO DE DROGAS, en su participación de cómplice, imponiendo una pena de diez (10) años de reclusión, más una multa de L.666,666.66, con lo cual se acredita la existencia de un delito precedente, entendiéndose como tal, a aquel hecho punible que preceden o anteceden al delito lavado de activos, es decir, aquellas actividades ilícitas que dieron lugar al blanqueo de capitales procedentes de criminalidad organizada que se dedica al Tráfico de Drogas. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal es de la opinión que se no procede la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal, en virtud que sus disposiciones no resultan más favorables al sentenciado. Que se tenga por emitida la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión.” El Abogado JUAN FERNANDO MOLINA GODOY en su condición de Representante de la Procuraduría General de la República expreso lo Siguiente “esta representación legal del Estado de Honduras ha analizado y escuchado detenidamente la solicitud planteada por parte de la defensa y en ese sentido nos oponemos a la misma y solicitamos que se declare sin lugar la acción de revisión en virtud de lo anteriormente expuesto por la agente fiscal. “CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización. En el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017 vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020), que contiene el Código Penal Vigente, así como las reformas al mismo contenido en el Decreto No.93-2021 de fecha 7 de octubre de 2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 1 de noviembre de 2021. En su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. “Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario.CONSIDERANDO DOCE(12): Esta Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional? Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia, que efectivamente el señor JOSÉ MIGUEL HANDAL PÉREZ, fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, mediante la Sentencia Definitiva y Firme de fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciocho (2018), a la pena de DIECISIETE (17) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 3 DE LA LEY ESPECIAL CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, Decreto 45-2002, de fecha 5 de marzo del 2002, estimando que el condenado cometió el delito de Lavado de Activos. III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub judice para estimar si se subsume en las causales número seis y ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando la procedencia de aplicar dicho articulado; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): I. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 96.6 Y 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación del numeral 6 del citado artículo, específicamente si el hecho cometido, es o no punible, o se ha despenalizado, se debe tomar en consideración los hechos probados y si estos encuadran o no con el tipo penal; según el recurrente el hecho no es castigado por la nueva ley penal. Y con relación al numeral 8, si procede la aplicación retroactiva de una nueva ley penal por ser más benigna. II. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores, tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y si esos hechos se encuentran, o no despenalizados en el Nuevo Código Penal; o sí, procede la aplicación retroactiva de una nueva ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que en la parte resolutiva de la Sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión Penal, se impuso al señor JOSÉ MIGUEL HANDAL PÉREZ, la pena principal de DIECISIETE (17) AÑOS DE RECLUSIÓN, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable como autor del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. I. Para la emisión de dicho fallo el Tribunal Sentenciador estimó probados los siguientes hechos sic: “PRIMERO: Los señores José Miguel Handal Pérez y Ena Elizabeth Hernández Amaya, fueron socios de varias empresas; no obstante, lo anterior, durante los años 2008 al 2013, únicamente tuvieron operatividad las empresas denominadas Super Tiendas Handal S. de R. L. y J & E S. de R. L. DE C.V. (CLEOPATRAS).La empresa Super Tiendas Handal S. de R. L, fue constituida el l 5/11/08, cuyos socios originalmente Eran José Miguel Handal Pérez (con una participación del 70%) y Ena Elizabeth Hernández Amaya(con una participación del 30%),siendo Gerente General el Sr. José Miguel Handal Pérez y Sub-Gerente la Sra. Ena Elizabeth Hernández. Sin embargo, según nota marginal del asiento registral, el 11/02/09 el Señor José Handal Pérez vendió una fracción de su parte social al Señor José Handal Larach, equivalente al 20%, por lo que el Señor Handal Pérez terminó teniendo una parte social del 50%. Dicha empresa reportó más pérdidas que utilidades. Realizando los señores José Miguel Handal Pérez y Ena Elizabeth Hernández Amaya, operaciones financieras con dinero cuya procedencia no se desprende de las operaciones propias de la empresa, ni de sus socios, ni de sus empresas relacionadas, manejando fondos al menos por un total de diez millones doscientos treinta y ocho mil noventa y tres lempiras con setenta y siete centavos de lempira (L10,238,893.77), de los que se desconoce su licita procedencia. En tanto, que la empresa J&ES. De R.L. de C.V. (CLEOPATRAS), fue constituida el 20/07/2009, siendo los socios José Miguel Handal Pérez, Ena Elizabeth Hernández Amaya y José Miguel Handal Larach. Dicha empresa tuvo flujos operativos positivos para todos los años del 2009 al 2013; no obstante, los socios José Miguel Handal Pérez y Ena Elizabeth Hernández Amaya, realizaron operaciones financieras, depositando fondos en sus cuentas bancarias por al menos, un valor de trece millones ochocientos diecisiete mil doscientos cinco lempiras con sesenta y ocho centavos de lempira (L. 13,817,205.68), de los que se desconoce su lícita procedencia.SEGUNDO: La Señora Ena Elizabeth Hernández Amaya, compró bienes inmuebles y los vendió, algunos inclusive con mejoras, desconociéndose el origen del dinero con el que realizó dichas transacciones, todos ellos, por un valor que oscila, al menos, en Tres Millones Trescientos Mil Lempiras (L 3,300,000.00); de igual forma, efectuó depósitos en cuentas bancarias, de los que tampoco se conoce su origen, en un monto, al menos, de cinco millones seiscientos veintinueve mil setecientos veinticinco lempiras con treinta y cinco centavos de lempira(L5;629,725.35). Manejando fondos por un total de, al menos, ocho millones novecientos veintinueve mil setecientos veinticinco lempiras con treinta y cinco centavos de lempira (L 8,929,725.35), cuyo origen no se logró justificar. TERCERO: El señor José Miguel Handal Pérez, compró inmuebles por valores que sumaron, al menos, Cinco Millones Setecientos Mil Lempiras (L5,700,000.00), desconociéndose el origen del dinero con el que realizó dichas transacciones; de igual forma, efectuó depósitos en cuentas bancarias, de los que tampoco se conoce su origen, en un monto de, al menos, cinco millones ochocientos noventa y ocho mil trescientos tres lempiras con noventa y dos centavos de lempira (L.5,898,303.92), cuyo origen no se logró justificar. Haciendo un total, al menos, de cuarenta y cuatro millones quinientos ochenta y cuatro mil ciento veintiocho lempiras con setenta y dos centavos de lempira (L.44,584,128.72); de dinero manejado en diversas transacciones, entre los esposos José Miguel Handal Pérez y Ena Elizabeth Hernández Amaya, cuyo origen lícito no se logró justificar.” CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que en el caso sub examine, el peticionario, Abogado HENRY ALEXANDER FUENTES MEJÍA, compareció ante este Alto Tribunal en fecha nueve (09) de junio del año dos mil veintiuno (2021), presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal, por considerar que el Decreto Legislativo No. 93-2021, contiene reformas al nuevo Código Penal Decreto 130-2017, que despenaliza la no justificación licita de los activos encontrados a su representado. En consideración a que su patrocinado, el señor JOSÉ MIGUEL HANDAL PÉREZ, fue condenado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, estipulado en el ARTÍCULO 3 DE LA LEY ESPECIAL CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, Decreto 45-2002, posteriormente entro en vigencia el actual Código Penal mediante Decreto 130-2017, que en su artículo 439, contempla este ilícito, que a la vez, fue reformado por la entrada en vigor del Decreto Legislativo No.93-2021, que hace modificaciones a la descripción del tipo penal para el delito de Lavado de Activos: ARTÍCULO 439. “LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, convierta, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero.” I. En el examen de los hechos concretos y declarados probados en la Sentencia, estampados en el expediente de Revisión Penal, estos se enmarcan en el Decreto Legislativo No 93-2021, puesto que en ellos se establece quien por sí o por interpósita persona, la persona haya adquirido, convertido, invertido, posea, utilizado, transformado, resguardado, administrado, custodiado, transportado, transferido, conservado, trasladado, ocultado, o dado apariencia de legalidad o impedido la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero”. Consta en los hechos probados: “Que durante los años 2008 al 2013, el señor JOSÉ MIGUEL HANDAL PÉREZ, adquirio, poseyó, administro y trasfirió activos, por un monto, al menos, de cuarenta y cuatro millones quinientos ochenta y cuatro mil ciento veintiocho lempiras con setenta y dos centavos de lempira (L.44,584,128.72); Mismo que no tenían causa o justificación económica legal de su procedencia. Asimismo, se acreditó, que el señor JOSÉ MIGUEL HANDAL PÉREZ, anteriormente fue condenado por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba departamento de Atlántida, en sentencia de fecha nueve (09) de marzo del año dos ml diecisiete (2017) y confirmada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021), por el delito de TRAFICO DE DROGAS, en su participación de cómplice, con lo cual se confirma la existencia de un delito precedente, que es uno de los requisitos necesarios, que exige la norma para incurrir en el delito de Lavado de Activos. Por lo tanto, la conducta descrita en los hechos probados, se subsume en la descripción de la nueva norma penal Decreto Legislativo No 93-2021. Si bien, derogó lo referente, “que no tenga causa o justificación económica o licita de su procedencia,” circunstancia, por el cual fue condenado el señor JOSÉ MIGUEL HANDAL PÉREZ, por no haber justificado el origen licito de sus bienes; No obstante, el legislador instaura, que, para incurrir en este tipo penal, tiene que existir un delito precedente, tal, y como acontece en el caso de autos. II. Se desprende, también, del escrito de interposición del presente recurso, que el impetrante, había solicitado la retroactividad penal, con relación al artículo 439, que regula el delito de Lavado de Activos. Dicho artículo en el numeral 3 dispone una pena de diez (10) a trece (13) años de prisión y una multa igual al ciento cincuenta por ciento (150) de dicho valor. Del análisis de los hechos probados, esta Sala aprecia, que el valor de los activos objeto de lavado, asciende a la suma de cuarenta y cuatro millones quinientos ochenta y cuatro mil ciento veintiocho lempiras con setenta y dos centavos de lempira (L.44,584,128.72), por lo tanto, correspondería imponer en concepto de multa, un valor de sesenta y seis millones ochocientos setenta y seis mil ciento noventa y tres lempiras (Lp.66,876,193). En el caso sub-examine, la pena de prisión, contemplada en la norma sustantiva vigente resulta ser más favorable al condenado, sin embargo, en cuanto a este delito, estamos frente a dos penas de distinta naturaleza en comparación a la impuesta conforme al ARTÍCULO 3 DE LA LEY ESPECIAL CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, Decreto 45-2002, derogado, lo cual permite constatar que resulta más gravosa la aplicación de la nueva ley, puesto que incluye una pena antes no aplicada al encausado, como ser la multa del 150% de la cantidad objeto del lavado; En ese orden de ideas, la reducción de la pena de prisión del actual Código Penal, no se puede tomar en consideración como benigna ya que, en suma, de todas las penas (multa y prisión) el resultado final es perjudicial. III. Esta Sala considera, que el caso sub judice, no se subsume en las causales número seis y ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Por consiguiente; No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JOSÉ MIGUEL HANDAL PÉREZ, de una nueva norma penal vigente, en virtud que la conducta descrita en los hechos probados se subsume en la descripción de la nueva norma penal contenida en el Decreto Legislativo No 93-2021, convirtiéndo el mismo en típico y punible. Si bien, el aludido decreto, derogó lo referente, “que no tenga causa o justificación económica o licita de su procedencia”; Sin embargo, el legislador establece, que, para incurrir en este tipo penal, tiene que existir un delito precedente, y en caso bajo estudio, el procesado fue condenado previamente por el delito de Trafico de Drogas, tal y como se deja explicado en el iter del presente fallo. De igual manera, el Decreto 130-2017, que contiene el Nuevo Código Penal, pues evidente que no le resulta más benigna. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 95, 96 números 6 y 8, 99 párrafo primero. FALLA: I) FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN PENAL presentada por el Abogado HENRY ALEXANDER FUENTES MEJÍA, a favor del señor JOSÉ MIGUEL HANDAL PÉREZ, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. REDACTO LA MAGISTRADA FRANCISCA VILLELA. NOTIFÍQUESE. –- Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. "Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve (29) días del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024) certificación de la Sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO- 0598-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.