Sentencia RP-55-21 — Registro 17877
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia con relación a la causa que se instruyó por el delito de asesinato.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO OCHO (8): El prius lógico en la Revisión Penal, es examinar la causal invocada por el recursista y el motivo tasado en la ley. Haciendo un análisis de lo expresado por el recursista y lo estatuido en el expediente que contiene la sentencia en revisión. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Los motivos invocados por el recursista son: Articulo 96: Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes cuando: 1…,5) Haya sido condenada alguna persona en virtud de sentencia con base en un documento o testimonio declarado después falso, por sentencia firme, 6) Después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma más favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo. II. En atención al numeral 5, para la concurrencia de dicho precepto es necesario la declaración de falsedad de documento o testimonio. Tal declaración debe hacerse en sentencia expedida por juez competente, misma que debe estar firme y no ser objeto de recurso. La declaración de falsedad debe ser considera como tal de forma expresa en la parte dispositiva; las valoraciones de las declaraciones vertidas en juicio no pueden hacer contrapeso a la seguridad jurídica de otra sentencia firme; por lo tanto, el requisito mínimo para modificar el estatus de un juicio fenecido es que la falsedad de testimonio o documento sea producto de un proceso per se. Además, no se pueden comparar valoraciones hechas en un juicio con las elaboradas en otro juicio, así sean los mismos jueces, ya que cada vista tiene su particularidad y además las valoraciones del juez giran en torno a circunstancias que se desprende de un momento procesal único. El recursista invoca las sentencias TSGL 1301-2019-048 Y TSGL 1301-2016-037. Esta Sala examina estas sentencias y concluye que ambas no declaran falsedad de documento y testimonio. No existiendo declaración de falso testimonio o de falso documento [en sentencia firme] no se puede proceder al examen de la sentencia condenatoria T.S.G.L 1301-002-2017 y verificar si se condenó al imputado bajo falsedad de documento o testimonio. III. En relación al motivo 6 alegado y desarrollado por el recursista. Esta Sala bajo el entendido que este aduce la existencia de nuevos hechos o elemento de prueba. Es importante precisar, que se puede entender como nuevo hecho o elemento de prueba. Se entenderá como nuevo hecho una acción u obra, ocurrida con posterioridad al proceso o que, siendo anterior, no era conocido, y que tienen relación con la cuestión que se ventila. El hecho nuevo debe ser comprendida en dos sentidos: como una cosa que emergió en cualquier momento del proceso y que era desconocido por las partes o que sucedió pero que se omitió por razones de ignorancia. De la misma forma deben entender los elementos de prueba considerados nuevos. En este orden de ideas, analizando lo referido por el recursista en su escrito de interposición de recurso extraordinario de revisión, esta Sala estima que lo hechos considerados nuevos estuvieron en la superficie del proceso y que pudieron ser alegados en las instancias de enjuiciamiento. No se trata de hechos que fueron soslayados por ser inaccesibles o estaban fuera del alcance del conocimiento objetivo. Así también no eran hechos ignorados, fueron hechos que pudieron ser vistos o alegados en cualquiera de las etapas del proceso penal. Por tales razones no procede este motivo invocado ya que desnaturalizaría el Recurso de revisión Penal y pondría en precaria la seguridad jurídica. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que no se cumple con los requisitos exigidos por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que no es procedente la reversión de la sentencia a favor del señor ERI ENOC GARCÍA LOPEZ.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96, Numeral 8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99, Numeral 1 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 403 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 405 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia certifica la sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado OSCAR LOPEZ LOPEZ a favor del señor ERI ENOC GARCIA RODRIGUEZ, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira, en fecha once de enero de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra el señor ERI ENOC GARCIA RODRIGUEZ, por el delito de ASESINATO, en perjuicio de JUAN ANGEL SORTO GARCIA y EDVIN FIDEL RODRIGUEZ GARCIA. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta de abril de dos mil quince, la Abogada ANNIE MARIELA LOVO VILLAFRANCA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras Departamental de Lempira, presentando requerimiento fiscal, contra los señores ERI ENOC GARCIA RODRIGUEZ, ELDER ARMANDO RODRIGUEZ y CHRISTIAN ROBERTO SANCHEZ, por el delito de ASESINATO perjuicio de DONALDO GARCIA y ROLANDO PEREZ RODRIGUEZ.2) Que seguido el proceso, el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira, dictó sentencia en fecha once de enero de dos mil dieciocho, en la cual Falló: “PRIMERO.- CONDENAR, a ERIC ENOC GARCIA RODRIGUEZ, cuyas menciones generales de identidad ya han sido previamente detalladas, en el preámbulo de esta sentencia como autor, responsable materialmente de un delito consumado de ASESINATO, en perjuicio del señor JUAN ANGEL SORTO GARCIA, a la pena principal de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN, la que deberá cumplir en La Penitenciaría Nacional de Gracias, departamento de Lempira, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, según el régimen penitenciario, debiendo abonársele el tiempo que ha permanecido privado de libertad por esta causa. SEGUNDO.- CONDENAR, a ERIC ENOC GARCIA RODRIGUEZ, cuyas menciones generales de identidad ya han sido previamente detalladas, en el preámbulo de esta sentencia, como autor, responsable materialmente de un delito consumado de ASESINATO, en perjuicio del señor EDVIN FIDEL RODRIGUEZ GARCIA, a la pena principal de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN, la que deberá cumplir en La Penitenciaría Nacional de Gracias, departamento de Lempira, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, según el régimen penitenciario, debiendo abonársele el tiempo que ha permanecido privado de libertad por esta causa. TERCERO.- CONDENAR, a ERIC ENOC GARCIA RODRIGUEZ, como consecuencia de la pena de reclusión por el delito de Asesinato, a las penas Accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena de reclusión por cada delito. CUARTO.- Se declara al condenado ERIC ENOC GARCIA RODRIGUEZ responsable civilmente de la reparación de los daños materiales y morales y de la compensación de los gastos ocasionados por los delitos por el que hoy se le condena.….” (Folios 277 al 286 de los antecedentes de primera instancia)3) Que en fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado OSCAR LOPEZ LOPEZ presentando recurso de revisión penal a favor del señor ERI ENOC GARCIA RODRIGUEZ, contra la sentencia de fecha once de enero de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Artículo 96, numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 01 al 23 del recurso) 5) Que en fecha siete de marzo de dos mil veintidós la Sala de lo Constitucional tuvo por recibidos los antecedentes de la causa instruida contra el señor ERI ENOC GARCIA RODRIGUEZ, en consecuencia la Sala ordenó la celebración de la Audiencia respectiva. (Folios 83 del recurso de mérito).6) Que en fecha doce de octubre de dos mil veintidós, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado OSCAR LOPEZ LOPEZ, en su condición de apoderado legal del señor ERI ENOC GARCIA RODRIGUEZ, y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en base al Artículo 96 numeral 5 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud de que su representado fue condenado “…con testimonios declarados después de la sentencia falsos no creíbles y contradictorios con sentencia firme, de igual manera en el numeral seis, ratificamos nuestra pretensión que se anule la sentencia en base a la prueba presentada.…” Asimismo la representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, al estimar la Fiscal que en la presente causa no concurren las causales invocadas por el revisionista, ya que para que se pueda invocar esa causal, es indispensable contar con una verdad legal que declare su falsedad, lo cual no se acreditó en autos por parte del revisionista, y que de igual manera la prueba aportada en juicio cuenta con la suficiente fuerza probatoria para acreditar la existencia y la participación del señor ERI ENOC GARCIA RODRIGUEZ, al haberse acreditado que fue la persona que cometió delito por el que fue sentenciado. (Folios 89 al 91 del recurso de mérito)CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de Revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de que haya sido condenada alguna persona en virtud de sentencia con base en un documento o testimonio declarado después falso, por sentencia firme, dispuesta en el numeral cinco de dicho artículo, también cuando existan hechos o elementos nuevos que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma más favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo; dispuesta en el numeral seis de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía, que se declare sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5].CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Recursista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral cinco del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor de la condenada cuando en una sentencia firme: Haya sido condenada alguna persona en virtud de sentencia con base en un documento o testimonio declarado después falso, por sentencia firme, así mismo cuando sobrevengan hechos nuevos o elementos nuevos. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los alegatos proferidos por la parte recurrente en audiencia: “el presente recurso en favor de mi representado en base al artículo 96 numeral 5, testimonios declarados después de la sentencia falsos no creíbles y contradictorios con sentencia firme de igual manera en el numeral seis, si una señoría ratificamos nuestra pretensión que se anule la sentencia en vista de la prueba que esta presentada. ”CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de los alegatos proferidos por la agencia fiscal en audiencia: De viva voz la abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA manifestó: “Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva emitida mediante Juicio oral y Público de fecha once (11) de enero del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira, fundamentando su petición en haber sido condenada una persona en virtud de sentencia con base en un documento o testimonio declarado después falso, por sentencia firme y haber sobrevenido nuevos hechos o elementos de prueba que unidos a los ya examinados en el proceso evidencian que la persona erróneamente condenada no se le puede atribuir el hecho juzgado. Por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 5 y 6 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: “Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)…, 2)…, 3)…, 4)…,5) Haya sido condenada alguna persona en virtud de sentencia con base en un documento o testimonio declarado después falso, por sentencia firme. 6) Cuando después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba… 7)…, 8),…” Con relación a la pretensión que se revise la condena en virtud que la sentencia se base en un documento o testimonio declarado después falso, por sentencia firme y por sobrevenir hechos nuevos o elementos de prueba con los cuales se evidencia que la persona fue erróneamente condenada, el argumento del recurrente se centra en que los jueces que sometieron el presente caso a su conocimiento dictaron sentencia absolutoria en favor de dos encausados más, tomando en cuenta que la prueba era la misma que fue utilizada para su representado y que no fue valorada conforme a la sana critica. Sobre el particular, el ente fiscal estima que en la presente causa no concurre las causales invocada por el revisionista, en tanto resulta insuficiente para permitir la revisión de la sentencia, ya que para que pueda invocar esta causal le es indispensable contar con una verdad legal que declare su falsedad, lo cual no se acreditó en autos por parte del revisionista. De igual manera, la prueba aportada cuenta con la suficiente fuerza probatoria para acreditar la existencia y la participación del acusado ERI ENOC GARCIA RODRIGUEZ en el delito de ASESINATO, al haberse acreditado que el sentenciado es la persona que disparó su arma de fuego contra los señores JUAN ANGEL GARCIA Y EDVIN FIDEL RODRIGUEZ GARCIA, a quienes les provoco diversas heridas que los llevo a la muerte, según se establece de los antecedentes del hecho, además ejecuto personalmente y con auxilio de tres personas más la conducta típica que fijo el resultado muerte. No quedando ninguna duda de la responsabilidad de este, en estos hechos que fueron confirmados por la Sala de lo penal, ratificando la sentencia que se pretende revisar. Por otra parte, tampoco se trata de nuevos hechos sobrevenidos de los cuales no se tenía conocimiento durante el proceso judicial, ni que éstos sean decisivos para la causa que se pretende revisar. De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 5 y 6 de la Ley sobre Justicia Constitucional. III.OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión.” CONSIDERANDO SEIS (6): Que la causal de rescisión o anulación de la sentencia condenatoria firme, que ha sido invocada por el revisionista, se encuentran prevista por el numeral 5) y 6) del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece: “5) Haya sido condenada alguna persona en virtud de sentencia con base en un documento o testimonio declarado después falso, por sentencia firme. Y 6) Después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma más favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo”.CONSIDERANDO SIETE (7): El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia. Siendo que el propósito es revisar una sentencia firme para la materialización del valor justicia en detrimento de la seguridad jurídica, esto no debe dejarse a la discrecionalidad del juzgador o la libre interpretación del interesado. Para la sustanciación de la Revisión Penal como garantía constitucional se acude a la adecuación e identificación de los motivos estatuidos en la Ley sobre Justicia Constitucional. Es así como el artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional establece 8 motivos específicos por los cuales el órgano encargado de desarrollar las garantías constitucionales puede abrir causas juzgadas. CONSIDERANDO OCHO (8): El prius lógico en la Revisión Penal, es examinar la causal invocada por el recursista y el motivo tasado en la ley. Haciendo un análisis de lo expresado por el recursista y lo estatuido en el expediente que contiene la sentencia en revisión. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Los motivos invocados por el recursista son: Articulo 96: Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes cuando: 1…,5) Haya sido condenada alguna persona en virtud de sentencia con base en un documento o testimonio declarado después falso, por sentencia firme, 6) Después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma más favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo. II. En atención al numeral 5, para la concurrencia de dicho precepto es necesario la declaración de falsedad de documento o testimonio. Tal declaración debe hacerse en sentencia expedida por juez competente, misma que debe estar firme y no ser objeto de recurso. La declaración de falsedad debe ser considera como tal de forma expresa en la parte dispositiva; las valoraciones de las declaraciones vertidas en juicio no pueden hacer contrapeso a la seguridad jurídica de otra sentencia firme; por lo tanto, el requisito mínimo para modificar el estatus de un juicio fenecido es que la falsedad de testimonio o documento sea producto de un proceso per se. Además, no se pueden comparar valoraciones hechas en un juicio con las elaboradas en otro juicio, así sean los mismos jueces, ya que cada vista tiene su particularidad y además las valoraciones del juez giran en torno a circunstancias que se desprende de un momento procesal único. El recursista invoca las sentencias TSGL 1301-2019-048 Y TSGL 1301-2016-037. Esta Sala examina estas sentencias y concluye que ambas no declaran falsedad de documento y testimonio. No existiendo declaración de falso testimonio o de falso documento [en sentencia firme] no se puede proceder al examen de la sentencia condenatoria T.S.G.L 1301-002-2017 y verificar si se condenó al imputado bajo falsedad de documento o testimonio. III. En relación al motivo 6 alegado y desarrollado por el recursista. Esta Sala bajo el entendido que este aduce la existencia de nuevos hechos o elemento de prueba. Es importante precisar, que se puede entender como nuevo hecho o elemento de prueba. Se entenderá como nuevo hecho una acción u obra, ocurrida con posterioridad al proceso o que, siendo anterior, no era conocido, y que tienen relación con la cuestión que se ventila. El hecho nuevo debe ser comprendida en dos sentidos: como una cosa que emergió en cualquier momento del proceso y que era desconocido por las partes o que sucedió pero que se omitió por razones de ignorancia. De la misma forma deben entender los elementos de prueba considerados nuevos. En este orden de ideas, analizando lo referido por el recursista en su escrito de interposición de recurso extraordinario de revisión, esta Sala estima que lo hechos considerados nuevos estuvieron en la superficie del proceso y que pudieron ser alegados en las instancias de enjuiciamiento. No se trata de hechos que fueron soslayados por ser inaccesibles o estaban fuera del alcance del conocimiento objetivo. Así también no eran hechos ignorados, fueron hechos que pudieron ser vistos o alegados en cualquiera de las etapas del proceso penal. Por tales razones no procede este motivo invocado ya que desnaturalizaría el Recurso de revisión Penal y pondría en precaria la seguridad jurídica. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que no se cumple con los requisitos exigidos por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que no es procedente la reversión de la sentencia a favor del señor ERI ENOC GARCÍA LOPEZ. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Articulo 24, 25, 35, 38, 53, 58 y 373 del Código Penal vigente; 403 y 404 del Código Procesal Penal. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado OSCAR LOPEZ LOPEZ, a favor del señor ERI ENOC GARCÍA RODRIGUEZ. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación del Fallo de fecha dos de junio de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0055-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.
[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.
[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”