Sentencia RP-541-20 — Registro 17563
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrente como autor por delito de homicidio en perjuicio de víctima, imponiéndole una pena de quince (15) años de reclusión, penas accesorias con responsabilidad civil; La Sala advierte que el revisionista sostiene su recurso de revisión bajo argumentaciones propias de instancia ordinaria, tales como que la prueba testifical es contradictoria y no merece valor probatorio, pero no encausa sus argumentos bajo la causal que invocó en su recurso como autorizante para admitirse a trámite. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Denis Alexis Vásquez Lagos, la pena de quince (15) años de reclusión por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio, en perjuicio Amado Enrique Izaguirre Rodríguez; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al condenado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de homicidio (artículo 192), cuya pena es de prisión de quince (15) a veinte (20) años, marco penal abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia venida en revisión. Adicionalmente, el revisionista sostiene su recurso de revisión bajo argumentaciones propias de instancia ordinaria, tales como que la prueba testifical es contradictoria y no merece valor probatorio, pero no encausa sus argumentos bajo la causal que invocó en su recurso como autorizante para admitirse a trámite. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
ario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Sentencia de revisión penal En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (08) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes,Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-0541-2020, promovido por el Abogado Mario Roberto Sabalette Trejo, en favor de Dennis Alexis Vásquez Lagos, contra la sentencia de fecha veintidós (22) de agosto de dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Denis Alexis Vásquez Lagos, como autor responsable penalmente del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Amado Enrique Izaguirre Rodríguez, a la pena de quince (15) años seis (6) meses de reclusión, la que deberá cumplir en la penitenciaría nacional que el juez de ejecución considere más conveniente, debiéndose descontar al cómputo de la pena el tiempo en que el imputado ha permanecido en efectiva prisión como consecuencia del cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva que se le ha impuesto por esta causa. Segundo: Condenó a Denis Alexis Vásquez Lagos, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar durante el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. Tercero: Declaró la responsabilidad civil de Denis Alexis Vásquez Lagos, la que será determinada por el juez de ejecución competente. Cuarto: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a Denis Alexis Vásquez Lagos. Quinto: No declaró comiso por no haberse puesto a disposición del tribunal de sentencia ninguna pieza de convicción o de ejecución. Son partes: 1) El Abogado Mario Roberto Sabalette Trejo, en representación de Denis Alexis Vásquez Lagos, como revisionista; 2) La Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, fiscal del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. “PRIMERO: El día veintiuno de marzo del año dos mil trece, siendo aproximadamente las seis de la tarde, el señor Amado Enrique Izaguirre Rodríguez, se encontraba en un comedor o restaurante ubicado en la Colonia La Aurora, Sector de la Colonia La Era, de la ciudad de Tegucigalpa, cuando el señor Denis Alexis Vásquez Lagos, le disparó en la cabeza provocándole la muerte en forma inmediata.” Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha ocho (8) de mayo del año dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada Iveth Ondina Gómez Valdez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de Denis Alexis Vásquez Lagos, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio, en perjuicio de Amado Enrique Izaguirre Rodríguez. SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintidós (22) de agosto de dos mil catorce (2014), mediante la cual falló condenar a Denis Alexis Vásquez Lagos, a la pena de quince (15) años de reclusión, por ser autor penalmente responsable de un delito de homicidio, en perjuicio Amado Enrique Izaguirre Rodríguez; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Mario Roberto Sabalette Trejo en representación de Denis Alexis Vásquez Lagos, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha veintidós (22) de julio de dos mil veinte (2020), presentando recurso de revisión penal a favor de su representado, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha veintidós (22) de agosto de dos mil catorce (2014), por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) (f. 24). CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional (f. 46), habiendo comparecido el Abogado Mario Roberto Sabalette Trejo, en representación de Denis Alexis Vásquez Lagos, como revisionista; y, la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado , en su condición de fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando el revisionista que, el tribunal de sentencia y la Sala de lo Penal no han considerado un sin número de contradicciones que existe en la prueba testifical y pide la imposición de la pena mínima (15 años de prisión). Por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, ello porque la pena privativa de la libertad impuesta conforme a la legislación derogada, resulta también imponible en el mismo marco penal con arreglo al NCP 130-2017. Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Mario Roberto Sabalette Trejo, en representación de Denis Alexis Vásquez Lagos, como revisionista; y, la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado , en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado Mario Roberto Sabalette Trejo funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que, el tribunal de sentencia y la Sala de lo Penal no han considerado un sin número de contradicciones que existe en la prueba testifical y pide la imposición de la pena mínima (15 años de prisión). Por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, ello porque la pena privativa de la libertad impuesta conforme a la legislación derogada, resulta también imponible en el mismo marco penal con arreglo al NCP 130-2017. CONSIDERANDO TRES (3):Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Denis Alexis Vásquez Lagos, la pena de quince (15) años de reclusión por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio, en perjuicio Amado Enrique Izaguirre Rodríguez; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al condenado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de homicidio (artículo 192), cuya pena es de prisión de quince (15) a veinte (20) años, marco penal abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia venida en revisión. Adicionalmente, el revisionista sostiene su recurso de revisión bajo argumentaciones propias de instancia ordinaria, tales como que la prueba testifical es contradictoria y no merece valor probatorio, pero no encausa sus argumentos bajo la causal que invocó en su recurso como autorizante para admitirse a trámite. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Mario Roberto Sabalette Trejo, en favor de Denis Alexis Vásquez Lagos. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el magistrado Wagner Vallecillo Paredes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA ZAVALA VILLEDA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes enero de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-541-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL