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Sentencia RP-512-22 — Registro 17871

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria en aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley en materia penal, con relación a la causa que se instruyó contra recurrente, por los delitos de Robo de vehículo Agravado y Robo y en concurso Ideal, la Sala Constitucional después de revisar el quantum de ambas penas, concluye que las penas del nuevo Código benefician al encausado, que se debe imponer la pena mínima para esos ilícitos penales, en base al principio pro homine

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna, o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema, bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala, a continuación, hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal, esta Sala aprecia que efectivamente la señora TRACY LAKISHA GENTLE GARCIA, fue condenada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, mediante la sentencia definitiva y firme en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil diecisiete, a la pena, de DIECISEIS AÑOS CON OCHO MESES DE RECLUSIÓN, por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO Y ROBO en perjuicio de los señores CARLOS WILFREDO PERALTA Y NORA DAMARIS GALINDO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata, con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 217 y 218 párrafos primero y segundo y 225 numeral 3, 4 DEL CODIGO PENAL SOBRE EL DELITO DE VIOLACION ESPECIAL, del Código Penal decreto 144-1983, estimando que la acción ejecutada por el imputado se subsume en el tipo penal de ROBO Y ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de los CARLOS WILFREDO PERALTA Y NORA DAMARIS GALINDO. III.- Esta Sala realiza un examen de ambas normas penales aplicables el caso sub judice, para verificar si se subsume en el causal número ocho del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En virtud del vocablo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora TRACY LAKISHA GENTLE GARCIA, la pena de DIECISEIS (16) AÑOS, OCHO (08) MESES DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO Y ROBO. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme a los artículo 218 del Código Penal, Decreto número 144-1983, derogada, la pena a imponer por los delitos de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO Y ROBO, era reclusión de DIEZ (10) a QUINCE (15) años, aumentada en 1/3, en virtud de ser agravado y en aplicación del artículo 225 numerales 3 y 4 quedando la pena en TRECE (13) AÑOS, CUATRO MESES A VEINTE (20) AÑOS, pena a la cual se le aumentará otro 1/3 por haber sido cometido en concurso ideal y por lo establecido en el artículo 36 del Código Penal anterior, quedando una pena de DIECISEIS (16) AÑOS, OCHO MESES (08) A VEINTICINCO (25) AÑOS, mientras que la pena regulada en el artículo 364 del vigente Código Penal, CUATRO AÑOS (4) A OCHO (08) AÑOS AUMENTADA EN UN 1/3, en virtud de ser agravada por usar arma, resultando la pena en DIEZ (10) AÑOS, OCHO (8) MESES como pena máxima y 8 años como pena mínima (Artículo 363 numeral 9) a la que en base al artículo 67 se le debe aumentar 1/3, por ser ejecutada en concurso ideal, como ocurre en el caso de autos, resultando la pena abstracta en DIEZ (10) AÑOS, OCHO (08) MESES A TRECE (13) AÑOS, SEIS (06) MESES DE RECLUSIÓN. Pues estos artículos establecen: Artículo 361. Robo con Violencia o Intimidación: Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosas mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Artículo 67: “Concurso Ideal. Hay concurso ideal cuando con (1) sola acción u omisión se infringen diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación de concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la más grave aumentada en un tercio (1/3, sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos. Artículo 363 Numeral 9): Agravantes Especificas. Las penas de Hurto y Robo se deben aumentar en un tercio (1/3), cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: ...9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto...” Bajo este examen, después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician al encausado. III. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal, Decreto 130-2017, sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias donde en los hechos probados y la fundamentación jurídica se estableció que la condenada señora TRACY LAKISHA GENTLE GARCIA, es autora del delito de Robo de Vehículo Agravado y Robo, estimando el Tribunal Juzgador imponer las penas mínimas para la imputada, por considerar que el Ministerio Público no propuso medios probatorios, ni expuso la existencia de otras agravantes en el presente caso, solicitando se imponga a le imponga la pena mínima. En tal sentido, la pena a aplicar es de DIEZ AÑOS, OCHO MESES DE RECLUSION, por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO Y ROBO EN PERJUICIO DE LOS SEÑORES CARLOS WILFREDO PERALTA Y NORA DAMARIS GALINDO. IV. En tal sentido, esta Sala considera que se debe imponer la pena mínima para esos ilícitos penales, en base al principio pro homine. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos, tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora TRACY LAKISHA GENTLE GARCIA, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna, o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema, bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala, a continuación, hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal, esta Sala aprecia que efectivamente la señora TRACY LAKISHA GENTLE GARCIA, fue condenada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, mediante la sentencia definitiva y firme en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil diecisiete, a la pena, de DIECISEIS AÑOS CON OCHO MESES DE RECLUSIÓN, por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO Y ROBO en perjuicio de los señores CARLOS WILFREDO PERALTA Y NORA DAMARIS GALINDO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata, con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 217 y 218 párrafos primero y segundo y 225 numeral 3, 4 DEL CODIGO PENAL SOBRE EL DELITO DE VIOLACION ESPECIAL, del Código Penal decreto 144-1983, estimando que la acción ejecutada por el imputado se subsume en el tipo penal de ROBO Y ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de los CARLOS WILFREDO PERALTA Y NORA DAMARIS GALINDO. III.- Esta Sala realiza un examen de ambas normas penales aplicables el caso sub judice, para verificar si se subsume en el causal número ocho del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En virtud del vocablo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora TRACY LAKISHA GENTLE GARCIA, la pena de DIECISEIS (16) AÑOS, OCHO (08) MESES DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO Y ROBO. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme a los artículo 218 del Código Penal, Decreto número 144-1983, derogada, la pena a imponer por los delitos de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO Y ROBO, era reclusión de DIEZ (10) a QUINCE (15) años, aumentada en 1/3, en virtud de ser agravado y en aplicación del artículo 225 numerales 3 y 4 quedando la pena en TRECE (13) AÑOS, CUATRO MESES A VEINTE (20) AÑOS, pena a la cual se le aumentará otro 1/3 por haber sido cometido en concurso ideal y por lo establecido en el artículo 36 del Código Penal anterior, quedando una pena de DIECISEIS (16) AÑOS, OCHO MESES (08) A VEINTICINCO (25) AÑOS, mientras que la pena regulada en el artículo 364 del vigente Código Penal, CUATRO AÑOS (4) A OCHO (08) AÑOS AUMENTADA EN UN 1/3, en virtud de ser agravada por usar arma, resultando la pena en DIEZ (10) AÑOS, OCHO (8) MESES como pena máxima y 8 años como pena mínima (Artículo 363 numeral 9) a la que en base al artículo 67 se le debe aumentar 1/3, por ser ejecutada en concurso ideal, como ocurre en el caso de autos, resultando la pena abstracta en DIEZ (10) AÑOS, OCHO (08) MESES A TRECE (13) AÑOS, SEIS (06) MESES DE RECLUSIÓN. Pues estos artículos establecen: Artículo 361. Robo con Violencia o Intimidación: Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosas mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Artículo 67: “Concurso Ideal. Hay concurso ideal cuando con (1) sola acción u omisión se infringen diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación de concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la más grave aumentada en un tercio (1/3, sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos. Artículo 363 Numeral 9): Agravantes Especificas. Las penas de Hurto y Robo se deben aumentar en un tercio (1/3), cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: ...9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto...” Bajo este examen, después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician al encausado. III. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal, Decreto 130-2017, sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias donde en los hechos probados y la fundamentación jurídica se estableció que la condenada señora TRACY LAKISHA GENTLE GARCIA, es autora del delito de Robo de Vehículo Agravado y Robo, estimando el Tribunal Juzgador imponer las penas mínimas para la imputada, por considerar que el Ministerio Público no propuso medios probatorios, ni expuso la existencia de otras agravantes en el presente caso, solicitando se imponga a le imponga la pena mínima. En tal sentido, la pena a aplicar es de DIEZ AÑOS, OCHO MESES DE RECLUSION, por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO Y ROBO EN PERJUICIO DE LOS SEÑORES CARLOS WILFREDO PERALTA Y NORA DAMARIS GALINDO. IV. En tal sentido, esta Sala considera que se debe imponer la pena mínima para esos ilícitos penales, en base al principio pro homine. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos, tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora TRACY LAKISHA GENTLE GARCIA, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena.

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONALTegucigalpa, Municipio delDistrito Central, veintisiete de noviembre de dos milveintitrés.VISTA: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión interpuesto por las Abogadas CLAUDIA PATRICIA RAMOS RODEZNO y NINOSKA ESTEFANIA ARGUETA CANACA, a favor de la señora TRACY LAKISHA GENTLE GARCIA, contra la sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencias con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa, en fecha diecisiete de agosto del año dos mil diecisiete, con relación a la causa que se instruyó contra la señora TRACY LAKISHA GENTLE GARCIA, por los delitos de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO Y ROBO EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de CARLOS WILFREDO PERALTA y NORA DAMARIS GALINDO MORADEL.A N T E C E D E N T E S 1)Que en fecha cuatro (4) de julio del año dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la Abogada MIRIAM PADILLA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra señor YESTER ARIEL MURILLO HERNANDEZ, TRACY LAKISHA GENTLE GARCIA Y GREVIN MIGUEL ANTUNEZ CHIMILIO, por el delito de ROBO Y ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de CARLOS WILFREDO PERALTA y NORA DAMARIS GALINDO MORADEL. (Folios 01 al 04 de pieza de los Antecedentes).2)Que en fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a los señores YESTER ARIEL MURILLO HERNANDEZ, TRACY LAKISHA GENTLE GARCÍA Y GREVIN MIGUEL ANTÚNEZ CHIMILIO, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas como coautores responsable penalmente de la comisión de los delitos de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO Y ROBO, en concurso Ideal, en y perjuicio de CARLOS WILFREDO PERALTA Y NORA DAMARIS GALINDO, a la pena de DIECISÉIS (16) AÑOS OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN, Dicha pena ha de cumplirse en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución considere más conveniente, debiéndose descontar al cómputo de la pena el tiempo en que los imputados han permanecido en efectiva prisión, como consecuencia del cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva que se les ha impuesto por esta causa.- SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos a los señores YESTER ARIEL MURILLO HERNANDEZ, TRACY LAKISHA GENTLE GARCÍA Y GREVIN MIGUEL ANTÚNEZ CHIMILIO, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA INTERDICCIÓN CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario.-TERCERO: Se declara a los condenados YESTER ARIEL MURILLO HERNANDEZ, TRACY LAKISHA GENTLE GARCÍA Y GREVIN MIGUEL ANTUNEZ CHIMILIO, responsables civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios por el delito por el que son condenados.-CUARTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a los condenados, no se decreta el Comiso, por no haberse puesto a disposición de este Tribunal de sentencia, ninguna pieza de convicción ó ejecución.- QUINTO: Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales.- ..”(Folio 293 al 302 de la pieza del Tribunal).3) Que las recurrentes Abogadas CLAUDIA PATRICIA RAMOS RODEZNO y NINOSKA ESTEFANIA ARGUETA CANACA, comparecieron ante este Tribunal en fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veintidós (2022), presentando recurso de Revisión Penal a favor la señora TRACY LAKISHA GENTLE GARCIA, contra la sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil diecisiete (2017).4) Que en fecha dos (2) de mayo del año dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en consecuencia la celebración de la audiencia respectiva.5) Que en fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido las Abogadas CLAUDIA PATRICIA RAMOS RODEZNO y NINOSKA ESTEFANIA ARGUETA CANACA, en su condición de apoderadas legales de la señora TRACY LAKISHA GENTLE GARCIA y la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- fue de la opinión que SE OTORGUE la acción de revisión que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido, manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte, el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano, manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de Revisión en materia penal, constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentación del Garantista expuesta en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de Revisión Penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de Revisión, se celebró en fecha un (01) de junio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Claudia Patricia Ramos Rodezno, en su condición de Apoderado Legal de la señora TRACY LAKISHA GENTLE GARCIA, se le cedió la palabra a la parte recurrente para que expresará lo siguiente: “…se ratifica el recurso de revisión en materia penal…” El Ministerio Público consideró: “…De lo expuesto por las revisionistas, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales invocadas por las comparecientes y que señalan las sanciones correspondientes al delito de ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO Y ROBO EN CONCURSO IDEAL por los cuales se condenó en Juicio oral y público al señora TRACY LAKISHA GENTLE GARCIA, pudiéndose observar que, conforme a los hechos probados señalados en la sentencia objeto de la presente, tanto el delito de ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO, COMO el delito de ROBO CON VIOLENCIA INTIMIDACIÓN, sancionados conforme lo establecido en el artículo 361 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017), que establece una pena de PRISIÓN DE CUATRO (4) AÑOS A OCHO (8) AÑOS, y no en el artículo 360 de Robo con Fuerza como alega la peticionaria, misma que debe ser agravada en un tercio (1/3) por concurrir la circunstancia agravante señalada en el numeral 9) del artículo 363, en virtud de haberse cometido el hecho empleando arma de fuego, quedando una pena de ocho (8) a diez (10) años con ocho (8) meses, de ahí que al aplicarse la regla para el Concurso Ideal señalada en el artículo 67 se aumenta la pena en un tercio (1/3), y al realizarse la operación matemática respectiva la pena abstracta es de DIEZ (10) AÑOS OCHO (8) MESES a TRECE (13) AÑOS SEIS (6) MESES DE PRISION. Al examinar lo peticionado por la revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenidos en el artículo 616 del Código Penal vigente, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal si le son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad a imponer conforme a la nueva legislación, resulta ser más baja que la pena señalada por el mismo delito en la legislación anterior, por lo que es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado." Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. III. PRONUNCIAMIENTO: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, por cuanto la legislación vigente es más favorable al sentenciado, por lo que se deberán modificar las penas principales y accesorias impuestas siendo aplicable la pena señalada en el artículo 361 del Código Penal por el delito de Robo con Violencia e Intimidación, conforme los términos antes señalados y no la pena señalada por la revisionista en la acción planteada…” (Folios 13-15 vuelto del recurso de mérito. CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste, agrega a las leyes un orden aplicable. La Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley Sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020), en su artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código, se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código, los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido, no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad, no se considera que el presente Código sea más favorable, cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del artículo 96 de la Constitución Política de Honduras, establece que: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir, la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello, como se ha señalado, implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro-.CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana, en su interpretación sobre el principio de Retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay: “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito, la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable, tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que discriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de Retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar, que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo, en la Constitución Política de Honduras, en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna, o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema, bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala, a continuación, hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal, esta Sala aprecia que efectivamente la señora TRACY LAKISHA GENTLE GARCIA, fue condenada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, mediante la sentencia definitiva y firme en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil diecisiete, a la pena, de DIECISEIS AÑOS CON OCHO MESES DE RECLUSIÓN, por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO Y ROBO en perjuicio de los señores CARLOS WILFREDO PERALTA Y NORA DAMARIS GALINDO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata, con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 217 y 218 párrafos primero y segundo y 225 numeral 3, 4 DEL CODIGO PENAL SOBRE EL DELITO DE VIOLACION ESPECIAL, del Código Penal decreto 144-1983, estimando que la acción ejecutada por el imputado se subsume en el tipo penal de ROBO Y ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de los CARLOS WILFREDO PERALTA Y NORA DAMARIS GALINDO. III.- Esta Sala realiza un examen de ambas normas penales aplicables el caso sub judice, para verificar si se subsume en el causal número ocho del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En virtud del vocablo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a la señora TRACY LAKISHA GENTLE GARCIA, la pena de DIECISEIS (16) AÑOS, OCHO (08) MESES DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO Y ROBO. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme a los artículo 218 del Código Penal, Decreto número 144-1983, derogada, la pena a imponer por los delitos de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO Y ROBO, era reclusión de DIEZ (10) a QUINCE (15) años, aumentada en 1/3, en virtud de ser agravado y en aplicación del artículo 225 numerales 3 y 4 quedando la pena en TRECE (13) AÑOS, CUATRO MESES A VEINTE (20) AÑOS, pena a la cual se le aumentará otro 1/3 por haber sido cometido en concurso ideal y por lo establecido en el artículo 36 del Código Penal anterior, quedando una pena de DIECISEIS (16) AÑOS, OCHO MESES (08) A VEINTICINCO (25) AÑOS, mientras que la pena regulada en el artículo 364 del vigente Código Penal, CUATRO AÑOS (4) A OCHO (08) AÑOS AUMENTADA EN UN 1/3, en virtud de ser agravada por usar arma, resultando la pena en DIEZ (10) AÑOS, OCHO (8) MESES como pena máxima y 8 años como pena mínima (Artículo 363 numeral 9) a la que en base al artículo 67 se le debe aumentar 1/3, por ser ejecutada en concurso ideal, como ocurre en el caso de autos, resultando la pena abstracta en DIEZ (10) AÑOS, OCHO (08) MESES A TRECE (13) AÑOS, SEIS (06) MESES DE RECLUSIÓN. Pues estos artículos establecen: Artículo 361. Robo con Violencia o Intimidación: Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosas mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Artículo 67: “Concurso Ideal. Hay concurso ideal cuando con (1) sola acción u omisión se infringen diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación de concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la más grave aumentada en un tercio (1/3, sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos. Artículo 363 Numeral 9): Agravantes Especificas. Las penas de Hurto y Robo se deben aumentar en un tercio (1/3), cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: ...9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto...” Bajo este examen, después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician al encausado. III. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal, Decreto 130-2017, sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias donde en los hechos probados y la fundamentación jurídica se estableció que la condenada señora TRACY LAKISHA GENTLE GARCIA, es autora del delito de Robo de Vehículo Agravado y Robo, estimando el Tribunal Juzgador imponer las penas mínimas para la imputada, por considerar que el Ministerio Público no propuso medios probatorios, ni expuso la existencia de otras agravantes en el presente caso, solicitando se imponga a le imponga la pena mínima. En tal sentido, la pena a aplicar es de DIEZ AÑOS, OCHO MESES DE RECLUSION, por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO Y ROBO EN PERJUICIO DE LOS SEÑORES CARLOS WILFREDO PERALTA Y NORA DAMARIS GALINDO. IV. En tal sentido, esta Sala considera que se debe imponer la pena mínima para esos ilícitos penales, en base al principio pro homine. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos, tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de la señora TRACY LAKISHA GENTLE GARCIA, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del Agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por las Abogadas CLAUDIA PATRICIA RAMOS RODEZNO y NINOSKA ESTEFANIA ARGUETA CANACA, a favor de la señora TRACY LAKISHA GENTLE GARCIA. II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL EN MATERIA PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a la señora TRACY LAKISHA GENTLE GARCIA, por el delito ROBO DE VEHICULO AGRAVADO Y ROBO en perjuicio de los señores CARLOS WILFREDO PERALTA Y NORA DAMARIS GALINDO, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a la señora TRACY LAKISHA GENTLE GARCIA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO Y ROBO, a la pena de DIEZ (10) AÑOS, OCHO (8) MESES de RECLUSION, EN PERJUICIO DE LOS SEÑORES CARLOS WILFREDO PERALTA Y NORA DAMARIS GALINDO, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado Wagner Vallecillo. - NOTIFÍQUESE. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023) certificación de la Sentencia de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0512-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.