Sentencia RP-500-22 — Registro 17562
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrente a una pena de veinte años de reclusión más penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y responsabilidad civil por el delito de Secuestro Extorsivo en perjuicio del ofendido; La Sala coincide con opinión del Ministerio Público en el sentido de que al condenado se le aplicaron agravantes a la pena por concurrir los numerales 1, 3 y 7 del artículo 240 del código penal vigente por lo que no se puede aplicar el beneficio solicitado por no existir ninguna disminución a la pena impuesta al sentenciado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia recurrida se impuso al sentenciado a una pena de privación de libertad de veinte (20) años, por el delito de Secuestro en perjuicio del señor ARNOLD EDUARDO PINTO MÁRMOL, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena de privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito, aplicando el artículo 190 del Código Penal, Decreto N° 144-83, la acción de revisión del recurrente la basa en los artículos 239 y 240 del Código Penal Decreto N° 130-2017, si bien es cierto el artículo 239 del nuevo cuerpo penal establece una pena privativa de libertad por el delito de secuestro de ocho (8) a doce (12) años de prisión, pero al sentenciado se le aplica también el artículo 240 del Código en comento y los numerales 1,3 y 7 que agravan la pena al señalar que: Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y según los hechos probados en el presente caso, concurren 3 numerales: Que el perjudicado haya sido privado de su libertad por más de setenta y dos horas (72), el perjudicado fue privado de su libertad en fecha 2 de marzo de 2005 y fue liberado en fecha 7 de marzo de 2005, previo el pago de QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 500,000.00) por parte de su familia; además, se comprobó la participación de más personas en el hecho delictivo, este margen abstracto hace que se aumente la pena, alcanzando matemáticamente la pena impuesta, por lo que haciendo una comparación entre ambas penas se concluye que la pena impuesta en la sentencia sería la misma que se impusiera según la nueva normativa, como bien lo expone el Ministerio Público, que no se puede aplicar dicho beneficio, dado que no existe ninguna disminución a la pena impuesta al sentenciado que le reporte algún beneficio..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de octubre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado RUDY ROLANDO COELLO SIERRA, en favor del señor NELSON GEOVANNI BENITES SANTOS, contra la sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de mayo de dos mil siete, con relación a la causa que se instruyó con relación a la causa que se instruyó contra el señor NELSON GEOVANNY BENITES SANTOS, por el delito de SECUESTRO EXTORSIVO en perjuicio del señor ARNOLD EDUARDO PINTO MARMOL.A N T E C E D E N T E S1) Que en fecha diecisiete de marzo de dos mil cinco, el Ministerio Público, a través de su Agente de Tribunales, Abogado CESAR FERNANDO ALVARENGA DIAZ, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor NELSON GEOVANNY BENITES SANTOS, por suponerlo responsable del delito de SECUESTRO, en perjuicio del señor ARNOLD EDUARDO PINTO MARMOL. (Folios 01 al 04 de la pieza de Antecedentes).2) Que continuado el proceso, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha veinticinco de mayo de dos mil siete, en la cual Falló: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS,“Primero.- Al señor NELSON GEOVANNY BENITEZ SANTOS, de generales ya conocidas y referenciadas en el preámbulo de esta sentencia como autor material de un delito consumado de SECUESTRO EXTORSIVO, en perjuicio de ARNOLD EDUARDO PINTO MARMOL, a la pena principal de VEINTE AÑOS DE RECLUSIÓN la que deberá cumplir, en la Penitenciaría Nacional San Pedro Sula, Cortés. El acusado queda sujeto a participar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, según regula el régimen penitenciario, debiendo computarse el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva por esta causa…” (Folios 252 al 363 de los antecedentes).3) Que en fecha veintitrés de marzo de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado RUDDY ROLANDO COELLO SIERRA, presentando recurso de revisión penal a favor del señor NELSON GEOVANNI BENITES SANTOS, contra la sentencia de fecha veinticinco de mayo de dos mil siete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso el en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01 al 07 del recurso).4) Que en fecha dos de mayo de dos mil veintidós, la Sala de lo Constitucional resolvió admitir el recurso de revisión de que se hace relación y se dispuso librar las respectivas comunicaciones, a efecto de que remitieran los antecedentes de la causa y ordenar en su oportunidad la respectiva audiencia. (Folios 25 del recurso de mérito).5) Que en fecha once de mayo de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado RUDDY ROLANDO COELLO SIERRA en su condición de apoderado legal del señor NELSON GEOVANNI BENITES SANTOS, y la Abogada ROSAURA BERNARDEZ GÜITY, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque NO SEOTORGUE la presente acción de revisión, en virtud de que el delito de secuestro agravado se encuentra regulado en el artículo 240 del Código Penal y atendiendo la declaración de hechos probados se desprende que el ofendido estuvo privado de su libertad por mas de 72 horas, la familia cancelo la cantidad de QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 500,000.00) y fue cometido en el ámbito de un grupo delictivo organizado, por lo que concurren las causales establecidas en los numerales 1, 3 y 7 de la norma sustantiva en comento, de aquí que se estime que la pena a aplicar en el último párrafo del artículo 240 del Código Penal Vigente, en cuanto dispone “que si concurren dos o mas de las circunstancias agravantes se debe imponer la pena de quince (15) a veinte (20) años”, por lo que conforme al artículo 616 del Código Penal Vigente , que señala” Si se tratara de penan privativas de libertad no se considera que el presente código sea mas favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho , con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente código penal, visto el razonamiento anterior se colige que la nueva legislación no le es más favorable al sentenciado. CONSIDERANDO NÚMERO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORTE IDH).- La constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte de un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aún cuando se encuentre en calidad de firme.- En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir.- El artículo 95 de la Ley sobre justicia constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de estos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio.- Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala Constitucional a través de su jurisprudencia ha establecido: ”El fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada), el cual procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho, reviste los caracteres de extraordinario y excepcional.- Extraordinario porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular; rescindir o anular sentencias firmas, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados en el artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional; y excepcional porque constituye una autentica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica, basado en la firmeza de la cosa juzgada.- El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno, al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella.- La precitada Convención establece en el artículo 9 el Principio de Legalidad de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.- Tampoco se pueden imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.- Si con posterioridad a la comisión del delito, la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.- Es así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORTE IDH), ha sostenido que:”…..en un estado de derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo….” Así como que: ”… el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, dice que, si con posterioridad a la comisión del delito, la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello.- Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme el sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del Tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como de mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos.- En este sentido, debe interpretarse como ley penal mas favorable, tanto a aquella que establece una pena menor respecto a los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal mas favorable. Cabe destacar, que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido. CONSIDERANDO NÚMERO DOS (2): RESUMEN DE LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LAS PARTES EN LA AUDIENCIA DE OPOSICIÓN.- La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal, se celebró en fecha once de mayo de dos mil veintitrés, ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado RUDY ROLANDO COELLO RIVERA, en representación del señor NELSON GEOVANNI BENITEZ SANTOS, como revisionista y la abogada ROSAURA BERNANDEZ GUITY, en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- El abogado RUDY ROLANDO COELLO RIVERA, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la posibilidad de revisar la causa juzgada en materia penal a favor de los condenados, a pedimento de estos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. PRIMERO: El artículo 96 del mismo cuerpo legal contiene los requisitos de la procedencia de la acción, estableciendo los casos de esta procedencia, en el párrafo segundo del numeral 5) en relación a que: el hecho no lo cometió, o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma más favorable, o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece el reo… Al efecto, esta premisa encuadra al aplicarle al acusado el principio legal, contenida en el INDUBIO PRO REO, otra consecuencia de la presunción de inocencia, es que no se puede condenar al imputado sin que exista la prueba plena de su culpabilidad, porque de otro modo, rige el principio de INDUBIO PRO REO, en virtud de la cual toda duda que al respecto se presente obligatoriamente tiene que ser resuelta a favor del imputado. Este precepto tiene relación con la presunción de estado de inocencia con la cual y mientras se tramita el juicio no se supone en contra o a favor de una cosa, ni otra. En el caso que nos ocupa y, en casos análogos internacionalmente se establece, que cuando exista una presunción o estado de inocencia, el procesado debe ser tratado como inocente; actuar que debe observarse para evitar que pueda sustraerse a la acción de la justicia. Las presunciones y los indicios, los cuales fuese una misma cosa diciendo de ellos que son las circunstancias y antecedentes que teniendo relación con los del delito, puede el juez, valiéndose razonablemente de un método inductivo o deductivo, deducir la inocencia o la culpabilidad.- Siendo el caso que nos ocupa que se condenó al imputado NELSON GEOVANNI BENITEZ SANTOS, conforme al artículo 192 # 3 del Código Penal Decreto N° 144-83, que establecía una pena para el delito de SECUESTRO EXTORSIVO, una pena de VEINTE (20) A TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN, y que al someterse el encausado a juicio oral y público, la pena a sufrir debe ser la mínima, por lo que se le condenó a una pena concreta de VEINTE (20) DE RECLUSIÓN.- En tal sentido y siendo su pretensión que habiendo una nueva norma penal, Decreto N° 130-2017 y que en su efecto en este nuevo caso favorece al reo, en virtud que el artículo 239, impone en la configuración de este mismo delito de SECUESTRO, la pena de OCHO (8) A DOCE (12) Años, quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla; en consecuencia, obligatoriamente esta premisa nos remite a tomar en consideración el párrafo siguiente QUE LITERALMENTE DICE: LAS PENAS DE PRISION A IMPONER DEBEN SER, en cada uno de los supuestos del párrafo anterior, de ocho (8) a doce (12) años o en su defecto el artículo 240 SECUESTRO AGRAVADO.- El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión a imponer debe de ser de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) El autor logra el cumplimiento de la condición; nos lleva a la razón que en aplicación de la retroactividad de la ley comprendida en el numeral 4 del artículo 1 del Código Penal Decreto N° 130-2017 y otras normas, así como, la aplicación de la Ley mas favorable al Reo, es procedente la reforma de la sentencia en el sentido de establecer una rebaja a la pena que en base al Decreto N° 130-2017, será una pena de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN la que debiera penar, si se toma en consideración este argumento. La abogada ROSAURA BERNANDEZ GUITY, adscrita a la fiscalía especial en defensa de la Constitución del Ministerio Público, accionando en representación, defensa y protección de los intereses generales de la sociedad, refriéndose al RECURSO DE REVISIÓN PENAL rindió el siguiente informe: El ciudadano NELSON GEOVANNI BENITEZ SANTOS, fue condenado por el delito de SECUESTRO, en perjuicio de ARNOLD EDUARDO PINTO MÁRMOL, a una pena de veinte (20) años de reclusión, mediante sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, en fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil siete (2007), siendo su análisis jurídico que no se otorgue la acción de revisión en virtud que el hoy sentenciado fue condenado por el delito de secuestro a una pena de VEINTE (20) años de reclusión, en aplicación del artículo 192 del Código Penal derogado, mientras que en el Código Penal vigente, el artículo 240 regula el delito de SECUESTRO AGRAVADO y según los hechos probados al sentenciado se le aplican los numerales 1, 3 y 7 de dicha norma, la cual establece que de concurrir dos o más agravantes a pena a imponer es de quince (15) a veinte (20) años, por lo que misma se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme a las normas del Código Penal, Decreto N° 130-2017, que prevee esta misma pena impuesta, por lo que la nueva legislación aplicable al caso concreto, no le es más favorable. CONSIDERANDO NUMERO TRES (3:REGLAS PARTICULARES DE PONDERACIÓN APLICABLES AL CASO CONCRETO. En el caso bajo estudio, nos encontramos bajo un supuesto de una pena menor contemplada en el CP 131-2017 al delito de SECUESTRO, de ocho (8) a doce (12) años, pero al sentenciado se le aplica el artículo 240 del mismo cuerpo legal, en vista que según los hechos probados se le acumulan 3 agravantes contenidas en la norma en comento, verbigracia: Que el perjudicado haya sido privado de su libertad por más de setenta y dos horas (72), que se haya obtenido el beneficio perseguido; y que se haya cometido por medio de grupo delictivo, es decir, que no fue un simple secuestro, por lo que al hacer la sumatoria alcanza el mismo rango de la pena impuesta en la sentencia dictada por el A-quo; en consecuencia, se le aplica la siguiente regla: no procederá la aplicación retroactiva de la ley cuando la pena individualizada no le favorezca por concurrir otras agravantes que sumadas a la pena principal llegan al mismo número de años de reclusión impuestos, hecha esta ponderación comparativa de penas de ambos cuerpos penales, se llega a la conclusión que no le aplica la acción de revisión de penas. CONSIDERANDO NUMERO CUATRO (4):FUNDAMENTACIÓN DE LA SALA CONSTITUCIONAL PARA DENEGAR EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN PENAL.- En la parte resolutiva de la sentencia recurrida se impuso al sentenciado a una pena de privación de libertad de veinte (20) años, por el delito de Secuestro en perjuicio del señor ARNOLD EDUARDO PINTO MÁRMOL, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena de privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito, aplicando el artículo 190 del Código Penal, Decreto N° 144-83, la acción de revisión del recurrente la basa en los artículos 239 y 240 del Código Penal Decreto N° 130-2017, si bien es cierto el artículo 239 del nuevo cuerpo penal establece una pena privativa de libertad por el delito de secuestro de ocho (8) a doce (12) años de prisión, pero al sentenciado se le aplica también el artículo 240 del Código en comento y los numerales 1,3 y 7 que agravan la pena al señalar que: Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y según los hechos probados en el presente caso, concurren 3 numerales: Que el perjudicado haya sido privado de su libertad por más de setenta y dos horas (72), el perjudicado fue privado de su libertad en fecha 2 de marzo de 2005 y fue liberado en fecha 7 de marzo de 2005, previo el pago de QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L. 500,000.00) por parte de su familia; además, se comprobó la participación de más personas en el hecho delictivo, este margen abstracto hace que se aumente la pena, alcanzando matemáticamente la pena impuesta, por lo que haciendo una comparación entre ambas penas se concluye que la pena impuesta en la sentencia sería la misma que se impusiera según la nueva normativa, como bien lo expone el Ministerio Público, que no se puede aplicar dicho beneficio, dado que no existe ninguna disminución a la pena impuesta al sentenciado que le reporte algún beneficio. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición de la Agente de Tribunales del Ministerio Público por UNANIMIDADde votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamentos en los artículos: 1, 95, 96,186, 303,304,313 N° 5, 316 N° 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 96 numeral 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 1 y 78 de la Ley de Organizaciones y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: Declarar SIN LUGAR la garantía constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado RUDY ROLANDO COELLO RIVERA en representación del señor NELSON GEOVANNI BENITEZ SANTOS, como revisionista. Y MANDA: Que la secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado WAGNER VALLECILLO PAREDES.- NOTIFIQUESE. - Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, WAGNER VALLECILLO PAREDES, FRANCISCA VILLELA ZAVALA, ISBELA BUSTILLO HERNADEZ. Sello y Firma. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (09) días del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024) certificación de la Sentencia de fecha veinte de octubre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0500-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.