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Sentencia RP-478-22 — Registro 16829

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión interpuesto contra la sentencias Condenatoria por el delito de robo agravado continuado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "IV. En ese orden de ideas el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, y siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia en revisión, se concluye que al imputado no le beneficia el nuevo Código Penal. V. Por tanto, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias concluye que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente garantía Constitucional de Revisión, por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor DOMINGO MEMBREÑO PERDOMO de una nueva norma penal vigente porque no le resulta más benigna. "

Legislación citada

Sentencia

C E R T I F I C A C I Ó N. El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado MAX ENRIQUE DAVILA NOLASCO a favor del señor DOMINGO MEMBREÑO PERDOMO, contra las sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil veintiuno (2021), mediante la cual condenó al señor DOMINGO MEMBREÑO PERDOMO, por el delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO, en perjuicio de DELMY SUYAPA PINEDA TINOCO, SANTOS RAMÓN BUSTILLO Y OTROS. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiséis (26) de enero de dos mil veintiuno (2021), el Tribunal de Sentencias de Santa Bárbara, departamento de Santa bárbara, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: “PRIMERO: Debemos CONDENAR a DOMINGO MEMBREÑO PERDOMO, cuyas menciones generales ya han sido anteriormente detalladas, como autor del delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de Delmy Suyapa Pineda Tinoco, Santos Ramón Bustillo, Noé Enamorado y José Eduardo Meza, a la pena de ONCE (11) años con UN (1) mes y DIEZ (10) días de reclusión, penas que deberá cumplir en el establecimiento penal que corresponda conforme a la Ley, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional, debiéndose descontar el tiempo que ha permanecido recluido por esta causa.…” (Folios 02 al 04 de los antecedentes) 2) Que el Abogado MAX ENRIQUE DAVILA NOLASCO, compareció ante este Tribunal en fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor del señor DOMINGO MEMBREÑO PERDOMO, contra la sentencia condenatoria en fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Tribunal de Sentencias de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara. 3) Que en fecha uno (01) de abril del año dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por admitido el recurso de mérito, ordenándose en su oportunidad la celebración de la Audiencia respectiva. 4) Que en fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado MAX ENRIQUE DAVILA NOLASCO, en su condición de apoderado legal del señor DOMINGO MEMBREÑO PERDOMO, y la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), La representante del Ministerio Público, fue de la opinión que NO SE OTORGUE, en la presente acción de revisión, en virtud de no concurrir la causal de revisión invocada. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 186 de la Constitución de la Republica y el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de Oposición Y Presentación de pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día cuatro de mayo del año dos mil veintitrés, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado MAX ENRIQUE DAVILA NOLASCO, como garantista del Señor DOMINGO MEMBREÑO PERDOMO, y la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra al Abogado MAX ENRIQUE DAVILA NOLASCO, quien expuso lo siguiente: “…ratifico la solicitud planteada conforme al artículo 96 numeral 8 de la LEY DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL a favor de DOMINGO MEMBREÑO PERDOMO que fue condenado por el delito de Robo Agravado Continuado Según la sentencia el señor DOMINGO MEMBREÑO PERDOMO se sometió a una estricta conformidad y se le condeno por Robo Agravado Continuado en perjuicio de DELMI SUYAPA PINEDA TINOCO, SANTOS RAMON BUSTILLO, NOE ENAMORADO y JOSE EDUARDO MEZA en estricta conformidad, solicitando se modifique la sentencia conforme al artículos 361 de nuestro Código Penal Vigente del Robo con intimidación que conlleva una pena de 4 a 8 años conforme al artículo 68 donde se aumentaría dos años que sería un tercio de seis que significa la media superior convirtiendo la pena en ocho años de prisión.” Seguidamente se le cedió la palabra a la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA representante del Ministerio Publico quien manifestó: “…De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO, por el cual se condenó al hoy imputado DOMINGO MEMBREÑO PERDOMO; de lo cual se desprende que el Código Penal derogado sancionada el delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO en el Artículo 217 y 218, con una pena de cinco (5) a nueve (9) años de reclusión, con relación al artículo 219.2 que aumentaba la pena en un (1/3) tercio cuando el robo se cometa “portando armas los malhechores”, aumentada en (2/3), por tratarse de un delito continuado, al tenor de lo dispuesto en el artículo 37 del Código Penal. En el Código Penal Vigente, el delito de ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACION se encuentra regulado en el ARTÍCULO 361.-ROBO. Constituye el delito de Robo con violencia o intimidación “Quien con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena, empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice, el cual contempla como circunstancia agravante especifica la contenida en el artículo 363 numeral 9 “se somete los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto, por lo que se debe aumentar la pena en un (1/3) tercio, correspondiendo a una pena abstracta de 8 años a 10 años 8 meses. Siguiendo los criterios para determinar la Ley más Favorable establecidos en el Artículo 616 de la ley sustantiva, en casos de delito continuado se aplicara la misma regla que en el supuesto de concurso real, en el sentido que la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real, en el que entre la limitación de cumplimiento de treinta (30) años; por lo que de acuerdo a este criterio corresponde a una pena entre 8 años a 10 años 8 meses por cada delito, sin que llegaren a alcanzar los treinta (30) años. Al examinar el fallo sub-judice, se extrae que el hoy imputado fue condenado a la pena de once (11) años, un (1) mes y diez (10) días de reclusión, por el delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO, y de conformidad al nuevo Código Penal la pena a imponer por dicho delito es en el marco punitivo de 8 años a 10 años 8 meses de reclusión por cada uno de los delitos de Robo cometidos, que de conformidad a la declaración de hechos probados contenidos en la sentencia el sentenciado realizo todos los actos de ejecución de apoderamiento de bienes muebles de ajena pertenencia (teléfonos), empleando intimidación en los cuatro (4) ofendidos. En atención a lo anterior, resulta evidente que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena impuesta al condenado, conforme el CP-144-83 es la de once (11) años, un (1) mes y diez (10) días de reclusión, en comparación a la cuatro (4) penas de 8 años de reclusión que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que por haberse dictado la sentencia en estricta conformidad, prevé una pena por cada uno de los delitos de Robo por los que fuera condenado y que suman una penal global de TREINTA Y DOS (32) AÑOS DE RECLUSION, como pena abstracta. Acorde lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, por ser más beneficiosa.” CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614,615,616 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor DOMINGO MEMBREÑO PERDOMO, fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, mediante sentencia condenatoria de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil veintiuno (2021), a pena principal DE ONCE (11) AÑOS CON UN (1) MES Y DIEZ (10) DÍAS DE RECLUSIÓN, más las penas de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por considerarlo responsable de la comisión del delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO, en perjuicio de DELMY SUYAPA PINEDA TINOCO, SANTOS RAMÓN BUSTILLO, NOÉ ENAMORADO Y JOSÉ EDUARDO MEZA. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la Sentencia Condenatoria, Firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los ARTÍCULOS 37, 217, 218 Y 219 NUMERAL 2 DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO. III- Esta Sala realiza un examen de ambas normas penales aplicables el caso sub judice para verificar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): I. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y articulo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. II. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia [Apelación o Casación]. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. Vale precisar que este no es un Recurso diseñado para hacer valoraciones sobre las decisiones tomadas por el juzgador primario solo se limita a precisar la existencia o no, de benignidad de una nueva norma penal para así garantizar la satisfacción del artículo 96 de la Constitución de la Republica. III. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, en cuanto al Delito de ROBO AGRAVADO CONTINUADO el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en el artículo 217 disponía: “Comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipará a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo, o el de uso de medios que debiliten o anulen su resistencia”. Artículo 218. “El culpable de robo será castigado con cinco (5) a nueve (9) años de reclusión. Aumentada de igual forma en un tercio (1/3) por concurrir la agravante establecida en el artículo 219 numeral 2 del mismo cuerpo legal “Portando armas los malhechores…”, dando como resultado una pena que iba de SEIS AÑOS, OCHO MESES A DOCE AÑOS DE RECLUSION. Sumado a lo anterior el Artículo 37 establecía: “Cuando se cometa un mismo delito contra la propiedad dos (2) o más veces, bien sea en un sólo momento o en momentos diversos, mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento de un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias, dichos delitos se considerarán como un solo continuado.” En tal situación se aplicará al agente la pena más grave, aumentada en dos (2/3) tercios. En caso de duda, se tendrá por más grave la pena que tenga señalado el máximo más alto. Quedando una nueva pena abstracta de ONCE AÑOS, UN MES, DIEZ DIAS A VEINTE AÑOS DE RECLUSION, para ese delito. El Código Penal decreto 130-2017 tipifica la misma conducta ARTÍCULO 361.- ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. “Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice.” ARTÍCULO 363.- AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto.” Haciendo la operación aritmética correspondiente la pena por este delito quedaría de la siguiente manera: ocho (8) años a diez (10) años ocho (8) meses. Y en vista de ser un delito continuado se debe aplicar lo estatuido en el ARTÍCULO 68.- DELITO CONTINUADO Y DELITO MASA. “Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3)”, Arrojando como resultado una pena abstracta de DIEZ (10) AÑOS OCHO (8) MESES a CATORCE AÑOS(14) DOS(2) MESES, VEINTE (20)DIAS DE PRISION. Bajo esta premisa, ponderando el quantum de la pena, se refleja que el Código Penal Vigente No le resulta más benigno para el encausado, pues partiendo de lo establecido en el párrafo primero del artículo 68, la pena a imponer seria de: DOCE (12) AÑOS, CINCO (5) MESES, DIEZ (10) DIAS DE PRISION POR EL DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN AGRAVADO CONTINUADO. IV. En ese orden de ideas el caso que nos ocupa, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, y siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia en revisión, se concluye que al imputado no le beneficia el nuevo Código Penal. V. Por tanto, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias concluye que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente garantía Constitucional de Revisión, por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor DOMINGO MEMBREÑO PERDOMO de una nueva norma penal vigente porque no le resulta más benigna. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado MAX ENRIQUE DAVILA NOLASCO a favor del señor DOMINGO MEMBREÑO PERDOMO. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. REDACTÓ EL Magistrado WAGNER VALLECILLO. NOTIFÍQUESE. -FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de septiembre de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de julio de dos mil veintitrés, recaídas en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-478-2022.CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIXSECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL