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Sentencia RP-463-22 — Registro 17359

Resumen

Acto recurrido contra la sentencia de condena dictada por El Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la causa que se instruyó por el delito de Adquisición de Vehículo Robado en Concurso Ideal Impropio o Medial con el delito de Alteración de Datos o Cambio de Apariencia de un Vehículo Robado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. II- El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia [Apelación o Casación]. Es así como el ejercicio jurídico que hace la Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado, en donde se puede verificar que dicha norma se enmarca en el delito de Encubrimiento contemplado en el artículo 513 del Código Penal Vigente; ya que en la sentencia se le condenó a dos delitos bajo concurso ideal impropio, por el cual en la oposición que realizó el Ministerio Público, se refirió a la Receptación contenido en el artículo 438 del código penal vigente, que es un delito que no encuadra con el delito que se le condenó ya que no se refería en nada en cuanto a la alteración de datos o cambio de apariencia del vehículo robado y como se puede observar, en cambio el delito de Encubrimiento se encuadra en cuanto a la narración de los hechos y prueba por el que fue condenado, por lo que se encuentra dentro del capítulo de los delitos en contra de la acción de la Justicia, que encuadra en los delitos por el que fue condenado con el Código Penal Derogado, ya que se puede observar el contenido de los verbos rectores del delito como ser ocultación, alteración o inutilización que obra en el artículo 513 numeral 1 del nuevo código penal vigente. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. Vale precisar que este no es un Recurso diseñado para hacer valoraciones sobre las decisiones tomadas por el juzgador primario solo se limita a precisar la existencia o no, de benignidad de una nueva norma penal para así garantizar la satisfacción del artículo 96 de la Constitución de la Republica. III- Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, DICE: Artículo 218-B, Será sancionado con pena de nueve (9) a doce (12) años de reclusión, quien hiciere las alteraciones a que se refiere el artículo anterior, sobre un vehículo de ajena pertenencia o que hubiese sido objeto de robo, hurto o abandono. Será sancionado con la misma pena establecida en el párrafo anterior, según el artículo 218-D que establece: Quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe. El Código Penal vigente, decreto 130-2017. Reconoce la misma conducta delictiva con un nomen iuris, diferente: Encubrimiento. Que describe el tipo penal de la siguiente forma: “Conocimiento de la comisión de un delito y sin haber participado en el mismo, interviene posteriormente en auxilio de los responsables, concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1) Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos, o los instrumentos o cualquier otra prueba que los incrimine, dificultando o impidiendo su descubrimiento; Debe ser castigado con la pena de prisión que corresponda al delito encubierto rebajada en dos tercios (2/3). Se aumentan las penas en un tercio (1/3) si el encubrimiento se realiza en forma habitual o por precio, recompensa o promesa remuneratoria.” (Artículo 513 decreto 130-2017). El delito del cual proceden los bienes al cual se le debe realizar la rebaja de dos tercios 2/3, es al delito de Hurto de Vehículo Automotor estatuido en el Artículo 364.- Hurto y Robo de Uso de vehículo automotor. Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación. Siguiendo lo estipulado en el artículo 361 del código Penal vigente ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Haciendo las operaciones pertinentes tenemos como resultado final una pena abstracta de dos (2) años ocho (8) meses A cuatro (4) años. Ponderando la pena al delito que se encuadra en donde se refleja que el Código Penal Vigente resulta más benigno para el encausado. IV- En el examen de los hechos concretos, estampados en la sentencia (folios 48 y 49 vuelto del expediente de Revisión), estos encuadran en los artículos 69 numeral 2 de acuerdo a las reglas de aumento o disminución en fracciones, como es el caso que se rebaja dos tercios por el delito de encubrimiento, 361, 364 y 513 del Código Penal Vigente. V- En relación a lo esbozado por el recurrente sobre la no tipificación del delito por el cual fue condenado su patrocinado aduciendo que los delitos no existen en el nuevo Código Penal, esto no es así, aunque el nomen iuris (denominación de un acto de índole jurídico) se haya suprimido, las conductas delictivas siguen siendo reconocidas en el Código Penal decreto 130-2017. Es decir, en un sentido formal la conducta per se continúa siendo típica, el desvalor sobre esa acción no ha desaparecido. Por lo tanto, no ha sido despenalizada. VI- Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia. Este Tribunal Constitucional concluye que se le debe imponer al procesado la pena del delito de Encubrimiento en perjuicio de Multiservicios Rodríguez, a la pena de dos (2) años ocho (8) meses de prisión; Más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e Interdicción Civil por el tiempo de duración de la pena principal. VII. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor FELIX GUILLERMO BONILLA ACEITUNO de una norma vigente que le resulta más benigna VIII. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, que realice la ejecución y computo de una nueva pena y proceda conforme a derecho corresponda..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada Sandra Elizabeth Rodríguez Aceituno, a favor del señor Félix Guillermo Bonilla Aceituno, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014), con relación a la causa que se instruyó al señor Félix Guillermo Bonilla Aceituno, por el delito de Adquisición de Vehículo Robado en Concurso Ideal Impropio o Medial con el delito de Alteración de Datos o Cambio de Apariencia de un Vehículo Robado, en perjuicio de la sociedad mercantil Multiservicios Rodríguez, S. de R.L. ANTECEDENTES 1) En fecha siete de junio de dos mil doce, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado Edson Nolasco Abrego, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Félix Guillermo Bonilla Aceituno, por suponerlo responsable a título de autor del delito de Posesión de Vehículo Robado y Cambio de Apariencia, en perjuicio del señor Julio Cesar Rodríguez Guillen y de la sociedad mercantil Multiservicios Rodríguez, S.de R.L.(Folios 1 al 4 de la pieza de antecedentes del Juzgado) 2) Que en fecha veinte de noviembre de dos mil catorce, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO Que se debe condenar y condenamos al señor FELIX GUILLERMO BONILLA ACEITUNO, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, como responsable penalmente, a título de autor material, de los delitos de ADQUISICIÓN DE VHÍCULO ROBADO (218D) en concurso ideal impropio o medial con el delito de ALTERACIÓN DE DATOS O CAMBIO DE APARIENCIA DE UN VEHÍCUILO ROBADO (218B) en perjuicio de MULTISERVICIOS RODRIGUEZ S. de R. L., sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de ONCE (11) AÑOS CON TRES (3) MESES DE RECLUSION, con las accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal, quedando sujeto a participar en obras públicas o en labores según regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se han encontrado en prisión preventiva SEGUNDO: Se declara al condenado FELIX GUILLERMO BONILLA ACEITUNO, civilmente responsable. No procede condenar en costas al acusado FELIX GUILLERMO BONILLA ACEITUNO. CUARTO No procede decretar el comiso en la presente causa. Se ordena la devolución del vehículo marca Toyota, color blanco, año 2001, placa AAL 3870, motor 1ZZ-5216313, serie o chasis número 1NXBR12E41Z461561 a quien acredite ser su propietario a la fecha de la ejecución de la sentencia. QUINTO: Una vez firme la presente sentencia, que se certifique y se remita junto con sus antecedentes al Juzgado de Ejecución de esta jurisdicción: asimismo, se envíe certificación al respectivo centro penitenciario. Notifíquese esta sentencia a las partes procesales. Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.” (Folios 171 al 179 vuelto de la pieza de antecedentes) 3) En fecha diecisiete de marzo de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por la Abogada Sandra Elizabeth Rodríguez Aceituno, a favor del señor Félix Guillermo Bonilla Aceituno, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1 al 12 de los antecedentes del recurso) 4) En fecha once de mayo de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Luis Alonso Discua Cerrato, con la comparecencia de la Abogada Rosaura Bernárdez Guity, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Rudi Sarahí Lozano Raudales, en su condición de Apoderada Legal del señor Félix Guillermo Bonilla Aceituno; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que expresará lo siguiente: “…vengo a ratificar el recurso que se interpuso ante esta Corte…” El Ministerio Público consideró: “…Se estima lo anterior, en virtud que la conducta de adquirir u ocultar bienes que proceden de otros delitos, si se encuentra claramente descrita en el Código Penal vigente en el artículo 438, tipificada como el delito de Receptación que señala "Quien con ánimo de lucro y conocimiento de la comisión de un delito en el que no haya participado ni como autor ni como cómplice, ayuda a los responsables de los bienes o efectos procedentes del mismo, o recibe, adquiera u oculte tales efectos, debe ser castigado con la pena que corresponda al delito del que proceden los bienes o efectos, rebajados en un (1/3) tercio. De aquí, que el tipo penal de Receptación sanciona la conducta consistente en, ya sea colaborar con los responsables o aprovecharse de los bienes, o bien recibir, adquirir u ocultar los bienes. La aplicación retroactiva del Código Penal favorece al procesado, toda vez que la pena prevista para el delito de Adquisición de Vehículo Robado en el artículo 218-D del código derogado, era de nueve (9) a doce (12) años de reclusión; resulta más gravosa si la comparamos con la pena señalada en la nueva norma al responsable del delito de Receptación, misma que corresponde al delito del cual proceden los bienes o efectos rebajados en un tercio (1/3), de modo que si el delito precedente es Robo con Violencia, la sanción será de cuatro (4) años a ocho (8) años de prisión, rebajados en un tercio. Así las cosas, esta representación fiscal, es del criterio que las disposiciones contenidas en el Código Penal vigente resultan más favorables sentenciado, en virtud que la Sentencia Condenatoria objeto de revisión impuso una pena de ONCE (11) AÑOS, TRES (3)) MESES reclusión, por el delito de ADQUISICION VEHICULO ROBADO Y ALTERACION DE DATOS O CAMBIO DE APARIENCIA DE UN VEHICULO ROBADO EN CONCURSO IDEAL, en perjuicio de MULTISERVICIOS RODRIGUEZ, sin embargo, la pena aplicar por el delito de RECEPTACION, es de DOS (2) AÑOS OCHO (8) MESES A CUATRO (4) AÑOS, por lo que es factible la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal al resultar menos gravosa la pena, conforme lo establecido en el artículo 615 de la norma penal en comento. III. OPINIÓN: visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público conforme al principio de favorabilidad y en aplicación del artículo 96 Constitucional y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y 615 del decreto 130-2017 relativo al principio de Retroactividad es procedente su aplicación…” (Folios 36-38 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): La Garantista expone sus fundamentos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. EL recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO (4): Resumen de los alegatos proferidos por las partes en audiencia: El recurrente expone: “La norma constitucional establece a la altura del artículo 96 que cuando exista una ley favorable en el reino constitucional, pues puede ser aplicable por ser más beneficiosa. Se interpuso este recurso en virtud de que se considera que la conducta por la cual mi representado fue declarado culpable con la promulgación de una nueva ley penal contenida en el Código Penal actual, favorece y despenaliza la conducta por el cual fue condenado, por lo que se solicita se aplique la nueva ley...” Manifestando el Ministerio Publico. “De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Publico procede a efectuar la revisión de ambas leyes y solicita que se revise la sentencia definitiva de fecha veinte de noviembre del dos mil catorce, dictada por el Tribunal de sentencias de San Pedro Sula del departamento de Cortés, bajo a la aplicación del principio de retroactividad de la ley y el Código Penal derogado regulaba el delito de Adquisición de Vehículo robado en el artículo 218-D, el cual disponía: “Sera sancionado con pena de reclusión de nueve (9) a doce (12) años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe” y el artículo 218-B que establece “Que será sancionado con pena de nueve (9) a doce (12) años de reclusión, quién hiciere las alteraciones que se refiere el artículo anterior sobre un vehículo de ajena pertenencia o que hubiese sido objeto de robo y al contrastar la legislación penal con las disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal vigente (decreto 130-2017), encontramos que, si bien es cierto, los tipos penales en referencia no se encuentran tipificados como tales en el nuevo Código Penal, no obstante, de la declaración de hechos probados contenidos en la referida sentencia, se evidencia que la intención del legislador no ha sido la despenalización de las conductas que se le atribuyen al condenado, por el contrario, estas siguen siendo castigadas en el tipo penal de Receptación regulado ene artículo 438 del Código Penal vigente que establece: “Quien con ánimo de lucro y conocimiento de la comisión de un delito en el que no haya participado ni como autor, ni como cómplice, ayuda a los responsables a aprovecharse de los bienes o efectos procedentes del mismo, o recibe, adquiera u oculta tales efectos, debe ser castigado con la pena que corresponda al delito del que proceden los bienes efectos rebajada en un tercio (1/3). “Al examinar el fallo sub judice, se extrae de los hechos probado que el hoy condenado FELIX GUILLERMO BONILLA ACEITUNO, se le encontró el vehículo que había sido robado estacionado en frente de su casa en la colonia Jardines del Valle en la Ciudad de San Pedro Sula, por lo que deberá imponérsele la pena establecida en el artículo 364, relativo al HURTO Y ROBO DE USO DE VEHICULOS AUTOMOTOR, que en su párrafo ultimo nos remite al artículo 361 que regula el delito de ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN, el cual debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, mismo que deberá ser rebajada en 2/3 que corresponde al delito encubierto a una pena de dos (2) años, ocho (8) meses como pena mínima a cuatro años como pena máxima; Siendo que fueron dos los delitos que fue condenado como ser Adquisición de vehículo robado en concurso ideal impropio o medial con el delito de Alteración de Datos o Cambio de Apariencia de un Vehículo Robado en perjuicio de MULTISERVICIOS RODRIGUEZ S.DE R.L., sin la concurrencias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de once (11) años con tres (3) meses de reclusión, con las accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, durante el tiempo de duración de la pena principal, que el hoy condenado altero y oculto, resultando una pena de dos (2) años ocho (8) meses a cuatro (4) años de prisión; ya que la conducta de adquirir u ocultar bienes (vehículos) que proceden de otros delitos si se encuentra claramente descrita en la norma sustantiva, bajo el tipo penal de Encubrimiento, descrita en el precitado artículo 513, en este sentido, no solo es posible adecuar la norma reprochada, en el tipo penal contenido en el nuevo Código Penal, sino que la misma es más favorable, pues la pena a imponer al condenado es de dos años ocho meses a cuatro años de reclusión, por el delito de Encubrimiento, lo cual efectivamente representa un beneficio al hoy condenado.” CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. “En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE(12): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada” CONSIDERANDO TRECE (13): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor FELIX GUILLERMO BONILLA ACEITUNO fue condenado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula del Departamento de Cortes, mediante la resolución de fecha veinte de noviembre del dos mil catorce, a la pena de ONCE AÑOS Y TRES MESES DE RECLUSION, más las penas de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el delito de ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO EN CONCURSO IDEAL IMPROPIO O MEDIAL CON EL DELITO DE ALTERACION DE DATOS O CAMBIO DE APARIENCIA DE UN VEHICULO ROBADO, en perjuicio de MULTISERVICIOS RODRIGUEZ S. de R.L. sin circunstancias modificativas de la responsabilidad penal; más las penas de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal quedando sujeto a participar en obras públicas o en labores según regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se han encontrado. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 218 B Y D del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió los delitos de ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO EN CONCURSO IDEAL IMPROPIO O MEDIAL CON EL DELITO DE ALTERACION DE DATOS O CAMBIO DE APARIENCIA DE UN VEHICULO ROBADO. III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub judice para estimar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando las procedencia de aplicar retroactivamente una nueva norma en relación a una derogada y plasmada en la sentencia denominada cosa juzgada; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO QUINCE (15): I- En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. II- El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia [Apelación o Casación]. Es así como el ejercicio jurídico que hace la Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado, en donde se puede verificar que dicha norma se enmarca en el delito de Encubrimiento contemplado en el artículo 513 del Código Penal Vigente; ya que en la sentencia se le condenó a dos delitos bajo concurso ideal impropio, por el cual en la oposición que realizó el Ministerio Público, se refirió a la Receptación contenido en el artículo 438 del código penal vigente, que es un delito que no encuadra con el delito que se le condenó ya que no se refería en nada en cuanto a la alteración de datos o cambio de apariencia del vehículo robado y como se puede observar, en cambio el delito de Encubrimiento se encuadra en cuanto a la narración de los hechos y prueba por el que fue condenado, por lo que se encuentra dentro del capítulo de los delitos en contra de la acción de la Justicia, que encuadra en los delitos por el que fue condenado con el Código Penal Derogado, ya que se puede observar el contenido de los verbos rectores del delito como ser ocultación, alteración o inutilización que obra en el artículo 513 numeral 1 del nuevo código penal vigente. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. Vale precisar que este no es un Recurso diseñado para hacer valoraciones sobre las decisiones tomadas por el juzgador primario solo se limita a precisar la existencia o no, de benignidad de una nueva norma penal para así garantizar la satisfacción del artículo 96 de la Constitución de la Republica. III- Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, DICE: Artículo 218-B, Será sancionado con pena de nueve (9) a doce (12) años de reclusión, quien hiciere las alteraciones a que se refiere el artículo anterior, sobre un vehículo de ajena pertenencia o que hubiese sido objeto de robo, hurto o abandono. Será sancionado con la misma pena establecida en el párrafo anterior, según el artículo 218-D que establece: Quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado. Se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe. El Código Penal vigente, decreto 130-2017. Reconoce la misma conducta delictiva con un nomen iuris, diferente: Encubrimiento. Que describe el tipo penal de la siguiente forma: “Conocimiento de la comisión de un delito y sin haber participado en el mismo, interviene posteriormente en auxilio de los responsables, concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1) Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos, o los instrumentos o cualquier otra prueba que los incrimine, dificultando o impidiendo su descubrimiento; Debe ser castigado con la pena de prisión que corresponda al delito encubierto rebajada en dos tercios (2/3). Se aumentan las penas en un tercio (1/3) si el encubrimiento se realiza en forma habitual o por precio, recompensa o promesa remuneratoria.” (Artículo 513 decreto 130-2017). El delito del cual proceden los bienes al cual se le debe realizar la rebaja de dos tercios 2/3, es al delito de Hurto de Vehículo Automotor estatuido en el Artículo 364.- Hurto y Robo de Uso de vehículo automotor. Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación. Siguiendo lo estipulado en el artículo 361 del código Penal vigente ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Haciendo las operaciones pertinentes tenemos como resultado final una pena abstracta de dos (2) años ocho (8) meses A cuatro (4) años. Ponderando la pena al delito que se encuadra en donde se refleja que el Código Penal Vigente resulta más benigno para el encausado. IV- En el examen de los hechos concretos, estampados en la sentencia (folios 48 y 49 vuelto del expediente de Revisión), estos encuadran en los artículos 69 numeral 2 de acuerdo a las reglas de aumento o disminución en fracciones, como es el caso que se rebaja dos tercios por el delito de encubrimiento, 361, 364 y 513 del Código Penal Vigente. V- En relación a lo esbozado por el recurrente sobre la no tipificación del delito por el cual fue condenado su patrocinado aduciendo que los delitos no existen en el nuevo Código Penal, esto no es así, aunque el nomen iuris (denominación de un acto de índole jurídico) se haya suprimido, las conductas delictivas siguen siendo reconocidas en el Código Penal decreto 130-2017. Es decir, en un sentido formal la conducta per se continúa siendo típica, el desvalor sobre esa acción no ha desaparecido. Por lo tanto, no ha sido despenalizada. VI- Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia. Este Tribunal Constitucional concluye que se le debe imponer al procesado la pena del delito de Encubrimiento en perjuicio de Multiservicios Rodríguez, a la pena de dos (2) años ocho (8) meses de prisión; Más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e Interdicción Civil por el tiempo de duración de la pena principal. VII. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor FELIX GUILLERMO BONILLA ACEITUNO de una norma vigente que le resulta más benigna VIII. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, que realice la ejecución y computo de una nueva pena y proceda conforme a derecho corresponda. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 57, 58, 240 Y Demás aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ ACEITUNO, a favor del señor FELIX GUILLERMO BONILLA ACEITUNO; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor FELIX GUILLERMO BONILLA ACEITUNO, por los delitos de ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO EN CONCURSO IDEAL IMPROPIO O MEDIAL CON EL DELITO DE ALTERACION DE DATOS O CAMBIO DE APRIENCIA DE UN VEHICULO ROBADO, en perjuicio de MULTISERVICIOS RODRIGUEZ S. De R.L., la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO Al Señor FELIX GUILLERMO BONILLA ACEITUNO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ENCUMBRIMIENTO en perjuicio de MULTISERVICIOS RODRIGUEZ S. DE R.L., a la pena de DOS (2) AÑOS OCHO (8) MESES de prisión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e Interdicción Civil durante el tiempo de duración de la pena principal. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO.SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de enero de dos mil veinticuatro, certificación de la sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-463-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL