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Sentencia RP-435-21 — Registro 17428

Resumen

Sentencia en revisión dictada jpor la Autoridad recurrida condenó a recurrente a la pena de Quince (15) años de reclusión, junto con penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción Civil; se declaró al recurrente responsable de indemnización de perjuicios y reparación de daños morales y psicológicos ocasionados a la niña A Z M A provocados por el delito por el cual fue condenado; La Sala concluyó que la presente causa cumple con los requisitos legales, en consecuencia es procedente la aplicación retroactiva en favor de recurrente; en consecuencia, en la Parte Dispositiva se modifica la sentencia revisada; se ordenó al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo..."..."del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JULIO CESAR FUNEZ CRUZ, fue condenado por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha trece (13) de marzo de dos mil doce (2012), a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable por un delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de la menor A. Z. M. A.. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme, antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 140, párrafo tercero, numeral 1 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL. III. Esta Sala considera que el caso sub examine encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; ..."..."en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JULIO CESAR FUNEZ CRUZ la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable de un delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de la menor A. Z. M. A.. I. Que, para realizar una correcta ponderación, debemos determinar el marco de penas abstractas a imponer, consecuentemente se debe realizar un análisis conforme a la construcción típica con todas sus circunstancias, desprendidas de los hechos probados de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán en fecha trece (13) de marzo de dos mil doce (2012). Es así, que dicho ente sentenciador determinó que el penado incurrió en la conducta del tipo penal de VIOLACIÓN ESPECIAL, comprendida en el artículo 140 del Código Penal decreto 144-83 (derogado) que literalmente establece:...Realizando un cotejo entre ambas penas abstractas, se puede determinar que en el caso del Código Penal decreto 144-83 (derogado) dicha acción típica tenía un marco de penas abstracto de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, entretanto el Código Penal decreto 130-17 (vigente) castiga la misma acción delictiva con todas sus circunstancias, con un marco de penas abstracta de SEIS (6) A NUEVE (9) AÑOS DE PRISIÓN, PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA Y APROXIMACIÓN A LA VÍCTIMA POR EL DOBLE DEL TIEMPO DE LA PENA DE PRISIÓN, ello es así aplicable, por cuanto se cumplen los presupuestos del referido artículo 251 del Nuevo Código Penal, es decir, existía consentimiento de la víctima A. Z. M. A., la cual se encontraba en un rango de edad entre los doce (12) y catorce (14) años, el sentenciado tenía 20 años 10 meses y 27 días de edad y eran personas próximas por grado de desarrollo, madurez y circunstancias sociales, al momento de la ejecución de la conducta delictiva. Siguiendo con el análisis respectivo, y por parámetros fijados en la sentencia revisada de fecha trece (13) de marzo de dos mil doce (2012), y para realizar una ponderación que constituya la igualdad en cuanto a juzgamiento, siendo que se determinó aplicar la pena mínima conforme a los argumentos plasmadas en la sentencia objeto de revisión, debe condenarse al sentenciado en las mismas condiciones, es decir a la pena mínima de SEIS (6) AÑOS DE PRISION, PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA Y APROXIMACIÓN A LA VÍCTIMA POR EL DOBLE DEL TIEMPO DE LA PENA DE PRISIÓN por ausencia de circunstancias agravantes y atenuantes...esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que la norma penal vigente, Decreto 130-2017, prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme al Código Penal creado mediante Decreto 144-83, consecuentemente se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JULIO CESAR FUNEZ CRUZ de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Josué Israel Cáceres Alvarado, a favor del señor Julio Cesar Funez Cruz, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, de fecha trece (13) de marzo de dos mil doce (2012), con relación a la causa que se instruyó contra el señor Julio Cesar Funez Cruz, por suponerlo responsable del delito de Violación Especial en perjuicio de A. Z. M. A.. ANTECEDENTES 1) En fecha veintiocho de septiembre de dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado German David Reyes Pavón, actuando como Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra Julio Cesar Funez Cruz, por suponerlo responsable del delito de Violación Especial en perjuicio de A. Z. M. A. (menor de edad). (Folios 1-5 del antecedente) 2) Que en fecha trece de marzo de dos mil doce, el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Condenar al acusado JULIO CESAR FUNE CRUZ, cuyos datos generales de identidad fueron antes mencionados, como autor responsable de un (1) delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de la niña A. Z. M. A. a la pena de quince (15) años de reclusión, la que cumplirá en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, junto con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal, por lo que durante dicho tiempo el condenado no podrá ejercer todos los cargos, oficios y profesiones que ostente el imputado así como el ejercicio de sus derechos políticos. SEGUNDO: Se declara responsable al señor JULIO CESAR FUNEZ CRUZ de indemnización de perjuicios y reparación de daños morales y psicológicos ocasionados a la niña A. Z. M. A. provocados por el delito por el cual es condenado. TERCERO: No procede la condena en costas del imputado JULIO CESAR FUNEZ CRUZ…” (Folios 162-167 del antecedente) 3) En fecha diez de mayo de dos mil veintiuno, compareció ante esta Sala, el Abogado Josué Israel Cáceres Alvarado, interponiendo recurso de revisión a favor del señor Julio Cesar Funez Cruz, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por ser este más benigno a su representado. (Folios 1-8 del recurso de mérito) 4) En fecha catorce de diciembre de dos mil veintidós, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, con la comparecencia de la Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y al Abogado Josué Israel Cáceres Alvarado, en su condición de Apoderado Legal del señor Julio Cesar Funez Cruz; se le cedió la palabra a la parte recurrente para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: “…ratifica el presente recurso de revisión interpuesto, considerando está enmarcado en lo que establece el principio de retroactividad según el artículo 251 del Nuevo Código Penal…” El Ministerio Público consideró: “…De lo expuesto por el revisionista, en cuanto a la aplicación del artículo 251 del nuevo Código Penal que regula el CONSENTIMIENTO DEL SUJETO PASIVO, el cual contiene una rebaja en la pena de (6) a nueve (9) años de prisión, sin embargo, esta representación fiscal se opone a la aplicación del mismo, en virtud que para que concurran dicha circunstancia la norma penal exige que la víctima que el encausado sea una persona próxima a su víctima por grado de desarrollo, madurez y circunstancias sociales, la cuales no se ven cumplimentadas en el caso de autos, ya que la menor ofendida contaba con apenas 12 años 11 meses 10 días de edad y el autor tenía 20 años 10 meses y 27 días, por lo que existe una diferencia significativa respecto a sus edades, que nos lleva a inferir que el condenado tenía un grado de desarrollo y madures superior que fue aprovechada para abusar de la menor ofendida. En virtud de lo cual, el Ministerio Público observa que la norma aplicable en el caso de autos es la regulado en el ARTÍCULO 249 del Código Penal Vigente, el que establece: "VIOLACIÓN. Constituye delito de violación el acceso carnal no consentido por vía vaginal, anal o bucal con persona de uno otro sexo, así como la introducción de órganos corporales u objetos por cualquiera de las dos (2) primeras vías. En todo caso, se debe considerar no consentido cuando se ejecuten concurriendo alguna de las circunstancias siguientes 1); 2) La víctima es menor de catorce (14) años, aún cuando se cuente con su consentimiento; o, 3) .... El autor de un delito de violación debe ser castigado con las penas de prisión de (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Las penas anteriores se deben aumentar en un tercio (1/3) si concurre la circunstancia del numeral 1) del segundo párrafo y la víctima es menor de catorce (14) años. Al examinar el fallo subjudice, se extrae que el hoy imputado fue condenado a la pena de quince (15) años de reclusión, y de conformidad al nuevo Código Penal, la pena a imponer en el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL es de 9 a 13 años de prisión, la que aumentada en 1/3, ya que se constata de los hechos probados la minoría de edad de la ofendida A. Z. M., quien nació el 16 de Octubre de 1995, por lo que al momento de la ocurrencia de los hechos tenía 12 años 11 meses 10 días de edad, resultando una pena de trece (13) a diecisiete (17) años 4 meses de prisión, en virtud de lo cual procedería la imposición de pena en los mismos términos, apreciándose de ello que si resulta más favorable al hoy condenado, conforme lo proclama el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República; "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado." De ahí que dicho precepto constitucional contempla el principio de favorabilidad, que establece una importante excepción en el caso de que la nueva ley sea más favorable al reo, en virtud de lo cual, el alcance de este principio se manifiesta en la aplicación de la ley más favorable al procesado. Ante las premisas expuestas, estima esta Representación fiscal que en el caso sub-examine, las disposiciones contempladas en el nuevo Código Penal, efectivamente establece una pena más favorable al hoy condenado, conforme lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” Se le cede la palabra al recurrente a fin de que presente la prueba que estime pertinente: a lo que manifestó: “…no tiene medios de prueba que presentar.” Se le cedió la palabra al Ministerio Público para que manifestara alguna oposición a la prueba presentada por el recurrente o si tenía algún medio de prueba que presentar, manifestando lo siguiente: “no tenemos pruebas que presentar.”. El Magistrado manifiesta: En virtud de no haber medios de prueba por evacuar, en este acto se da por suspendida la presente audiencia para efectos de dictar la sentencia que corresponda oportunamente. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” [1] Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “[procede] en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”[2] Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone las causales sobre las cuales procede el recurso de revisión. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3], en relación con el artículo 25 de la misma convención[4] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5]. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en la audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. EL Abogado Josué Israel Cáceres Alvarado, en su condición de Apoderado Legal del señor Julio Cesar Funez Cruz expuso lo siguiente:” en este acto ratifico el presente recurso de revisión, pues consideramos de que según decreto 130-2021 la pena le favorece verdad en cuanto pues al tipo penal por el cual fue condenado por el delito de violación especial según articulo 140 del Código Penal derogado, a una pena de quince años y pues según los hechos en base pues al articulo 251, se establece pues una pena más favorable en cuanto pues a los hechos y enmarcan pues en cuanto a lo que establece pues el precepto, el articulo ya que pues al momento de la comisión de los hechos, lo que es la victima tenia 12 años 11 meses con 10 días de edad y pues nuestro representado tenia pues, la edad de veinte años 10 meses con 27 días y el articulo pues 251 establece pues que la pena esta en el rango de seis a nueve años cuando pues la victima sea mayor de doce años y menos de catorce y el hechor pues sea menos de veintiún años.” La representante del Ministerio Público consideró: “…De lo expuesto por el revisionista, en cuanto a la aplicación del artículo 251 del nuevo Código Penal que regula el CONSENTIMIENTO DEL SUJETO PASIVO, el cual contiene una rebaja en la pena de (6) a nueve (9) años de prisión, sin embargo, esta representación fiscal se opone a la aplicación del mismo, en virtud que para que concurran dicha circunstancia la norma penal exige que la víctima que el encausado sea una persona próxima a su víctima por grado de desarrollo, madurez y circunstancias sociales, la cuales no se ven cumplimentadas en el caso de autos, ya que la menor ofendida contaba con apenas 12 años 11 meses 10 días de edad y el autor tenía 20 años 10 meses y 27 días, por lo que existe una diferencia significativa respecto a sus edades, que nos lleva a inferir que el condenado tenía un grado de desarrollo y madures superior que fue aprovechada para abusar de la menor ofendida. En virtud de lo cual, el Ministerio Público observa que la norma aplicable en el caso de autos es la regulado en el ARTÍCULO 249 del Código Penal Vigente, el que establece: "VIOLACIÓN. Constituye delito de violación el acceso carnal no consentido por vía vaginal, anal o bucal con persona de uno otro sexo, así como la introducción de órganos corporales u objetos por cualquiera de las dos (2) primeras vías. En todo caso, se debe considerar no consentido cuando se ejecuten concurriendo alguna de las circunstancias siguientes 1); 2) La víctima es menor de catorce (14) años, aún cuando se cuente con su consentimiento; o, 3) .... El autor de un delito de violación debe ser castigado con las penas de prisión de (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Las penas anteriores se deben aumentar en un tercio (1/3) si concurre la circunstancia del numeral 1) del segundo párrafo y la víctima es menor de catorce (14) años. Al examinar el fallo subjudice, se extrae que el hoy imputado fue condenado a la pena de quince (15) años de reclusión, y de conformidad al nuevo Código Penal, la pena a imponer en el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL es de 9 a 13 años de prisión, la que aumentada en 1/3, ya que se constata de los hechos probados la minoría de edad de la ofendida A. Z. M., quien nació el 16 de Octubre de 1995, por lo que al momento de la ocurrencia de los hechos tenía 12 años 11 meses 10 días de edad, resultando una pena de trece (13) a diecisiete (17) años 4 meses de prisión, en virtud de lo cual procedería la imposición de pena en los mismos términos, apreciándose de ello que si resulta más favorable al hoy condenado, conforme lo proclama el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República; "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado." De ahí que dicho precepto constitucional contempla el principio de favorabilidad, que establece una importante excepción en el caso de que la nueva ley sea más favorable al reo, en virtud de lo cual, el alcance de este principio se manifiesta en la aplicación de la ley más favorable al procesado. Ante las premisas expuestas, estima esta Representación fiscal que en el caso sub-examine, las disposiciones contempladas en el nuevo Código Penal, efectivamente establece una pena más favorable al hoy condenado, conforme lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.” CONSIDERANDO CINCO (5): El Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. […] El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". [6] Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7], la que una vez en vigor forma parte del derecho interno[8]; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”[9]. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay[10] “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa[11]; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”[12] Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JULIO CESAR FUNEZ CRUZ, fue condenado por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha trece (13) de marzo de dos mil doce (2012), a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable por un delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de la menor A. Z. M. A.. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme, antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 140, párrafo tercero, numeral 1 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de VIOLACIÓN ESPECIAL. III. Esta Sala considera que el caso sub examine encaja en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JULIO CESAR FUNEZ CRUZ la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable de un delito de VIOLACIÓN ESPECIAL en perjuicio de la menor A. Z. M. A.. I. Que, para realizar una correcta ponderación, debemos determinar el marco de penas abstractas a imponer, consecuentemente se debe realizar un análisis conforme a la construcción típica con todas sus circunstancias, desprendidas de los hechos probados de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán en fecha trece (13) de marzo de dos mil doce (2012). Es así, que dicho ente sentenciador determinó que el penado incurrió en la conducta del tipo penal de VIOLACIÓN ESPECIAL, comprendida en el artículo 140 del Código Penal decreto 144-83 (derogado) que literalmente establece: “El acceso carnal con persona de uno u otro sexo mediante violencia o amenaza de ocasionarle al sujeto pasivo, al cónyuge de éste o compañero de hogar, o a uno de sus parientes dentro del cuarto (4to) grado de consanguinidad o segundo (2do) de afinidad un perjuicio grave e inminente. Para efectos de este artículo se entenderá por acceso carnal, el que se tenga por vía vaginal, anal o bucal. Será sancionado con pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión. SON CASOS ESPECIALES DE VIOLACIÓN el acceso carnal con persona de uno u otro sexo cuando sin mediar violencia o amenaza, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. Tales casos serán sancionados con pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y son los siguientes: 1) Cuando la víctima sea menor de catorce (14) años de edad; 2) Cuando la víctima se halle privada de razón o de voluntad o cuando por cualquier causa no pueda oponer resistencia; 3) Cuando el sujeto activo para cometer el delito de violación intencionalmente disminuya o anule la voluntad de la víctima utilizando para ello sustancias psicotrópicas o estupefacientes, incluyendo alcohol o cometió la violación encontrando al sujeto pasivo en la situación anterior; 4) Cuando el sujeto activo este encargado de la guarda o custodia de la víctima y se valga de su condición de autoridad para tener acceso a la misma; y,…”. Realizando una comparativa, dicha conducta delictiva definida en los hechos probados de la sentencia condenatoria y firme de fecha trece (13) de marzo de dos mil doce (2012) se encuadran en el tipo penal contenido en el artículo 249 del Código Penal decreto 130-2017 (vigente) que establece: “Artículo 249.- VIOLACIÓN. Constituye delito de violación el acceso carnal no consentido por vía vaginal, anal o bucal con persona de uno u otro sexo, así como la introducción de órganos corporales u objetos por cualquiera de las dos (2) primeras vías. En todo caso, se debe considerar no consentido cuando se ejecuten concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1) Empleo de violencia o intimidación; 2) La víctima es menor de catorce (14) años, aun cuando se cuente con su consentimiento; o, 3) Abuso de la enajenación mental de la víctima o anulación de su voluntad originada por cualquier causa, incluido el aprovechamiento de una situación de absoluta indefensión de la víctima. El autor de un delito de violación debe ser castigado con las penas de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Las penas anteriores se deben aumentar en un tercio (1/3) si concurre la circunstancia del numeral 1) del segundo párrafo y la víctima es menor de catorce (14) años.” En ese orden de ideas, el artículo 251 del referido Nuevo Código Penal establece: “CONSENTIMIENTO DEL SUJETO PASIVO. Las penas previstas en los dos artículos anteriores, deben ser de seis (6) a nueve (9) años de prisión, en aquellos casos en los que habiendo consentimiento de la víctima resulte nulo por ser ésta menor de catorce (14) aunque mayor de doce (12) años, siempre que el autor no haya cumplido los veintiuno (21) años y sea una persona próxima a su víctima por grado de desarrollo, madurez y circunstancias sociales.” Realizando un cotejo entre ambas penas abstractas, se puede determinar que en el caso del Código Penal decreto 144-83 (derogado) dicha acción típica tenía un marco de penas abstracto de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, entretanto el Código Penal decreto 130-17 (vigente) castiga la misma acción delictiva con todas sus circunstancias, con un marco de penas abstracta de SEIS (6) A NUEVE (9) AÑOS DE PRISIÓN, PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA Y APROXIMACIÓN A LA VÍCTIMA POR EL DOBLE DEL TIEMPO DE LA PENA DE PRISIÓN, ello es así aplicable, por cuanto se cumplen los presupuestos del referido artículo 251 del Nuevo Código Penal, es decir, existía consentimiento de la víctima A. Z. M. A., la cual se encontraba en un rango de edad entre los doce (12) y catorce (14) años, el sentenciado tenía 20 años 10 meses y 27 días de edad y eran personas próximas por grado de desarrollo, madurez y circunstancias sociales, al momento de la ejecución de la conducta delictiva. Siguiendo con el análisis respectivo, y por parámetros fijados en la sentencia revisada de fecha trece (13) de marzo de dos mil doce (2012), y para realizar una ponderación que constituya la igualdad en cuanto a juzgamiento, siendo que se determinó aplicar la pena mínima conforme a los argumentos plasmadas en la sentencia objeto de revisión, debe condenarse al sentenciado en las mismas condiciones, es decir a la pena mínima de SEIS (6) AÑOS DE PRISION, PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA Y APROXIMACIÓN A LA VÍCTIMA POR EL DOBLE DEL TIEMPO DE LA PENA DE PRISIÓN por ausencia de circunstancias agravantes y atenuantes. III. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que la norma penal vigente, Decreto 130-2017, prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme al Código Penal creado mediante Decreto 144-83, consecuentemente se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JULIO CESAR FUNEZ CRUZ de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y computo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 25, 34, 35, 38, 57, 58, 249 Y 251, del Codigo Penal Vigente. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Josué Israel Cáceres Alvarado, a favor del señor JULIO CESAR FUNEZ CRUZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en fecha trece (13) de marzo de dos mil doce (2012) y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor JULIO CESAR FUNEZ CRUZ, por el delito de VIOLACION ESPECIAL, en perjuicio de la menor A. Z. M. A. la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JULIO CESAR FUNEZ CRUZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de VIOLACIÓN a la pena de SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA Y APROXIMACIÓN A LA VÍCTIMA POR EL DOBLE DEL TIEMPO DE LA PENA DE PRISIÓN, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda a la ejecución del presente fallo practicando un nuevo computo de la pena. REDACTO LA MAGISTRADA SONIA MARLINA DUBON. NOTIFÍQUESE.–FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-435-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Flores Valeriano, Enrique. “La justicia constitucional en Honduras”. Primera edición, 2006, Tegucigalpa. ISBN 99926-37-61-7, págs. 107 y 108.

[2] Véanse las sentencias: RP-1563-2005 del 20 de septiembre de 2006; RP-0840-2006 del 6 de marzo de 2007; RP-0126-2007 del 22 de enero de 2008; RP-0442-2012 del 3 de diciembre de 2013; RP-0933-2013 del 9 de marzo de 2015; RP-0766-2014 del 8 de octubre de 2014.

[3]Artículo 1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[4]Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[5]Artículo 8. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”

[6] ZAFFARONI, E., Estructura Básica del Derecho Penal. Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2009. Pág. 41.

[7] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, y entro en vigor en julio de 1978, publicado en La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[8] Artículo 16, segundo párrafo de la Constitución de la República de Honduras.

[9] Por ejemplo, Corte IDH. Vélez Loor vs, Panamá, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 23 de noviembre del 2010. Serie C No. 218, párr. 183; Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de febrero 2001. Serie C No. 72 párr.107.

[10] Corte IDH. Ricardo Caneses vs, Paraguay, análisis de fondo, Sentencia de 31 de agosto del 2004, Serie C No. 111, párrafo 178 y 179.

[11] Ningún delito ni ninguna pena sin ley penal previa, estricta y escrita. Conocido como principio de legalidad Ferrajoli o principio de legalidad estricto, cuya formulación es «no hay delito, pena ni medida judicial sin ley previa, oficial, escrita, estricta, pública y cierta.

[12] Cury, Enrique; (N° 5); Capítulo II, La Ley Penal y su Vigencia; pág. 228.