Sentencia RP-421-22 — Registro 17309
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la Sentencia que se dicto por el delito de Secuestro, condenando al acusado como consecuencia de la condena de reclusión a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal así como también a trabajar por el tiempo de la misma en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor OTILIO ALBERTO LEIVA ULLOA, la pena principal de VEINTIDOS AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en 192 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 239 Y 240 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta pena de prisión de ocho (8) a doce(12) años prohibición de residencia por el doble que dure la condena; Y cuando es agravado la pena puede llegar a un rango de quince (15) a veinte (20) años de prisión. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que, en el marco de penas abstractas, tomando en cuenta que el procesado no fue condenado ni a la pena mínima, ni máxima, sino a la pena concreta de veintidós (22) años, las penas del Código Penal Vigente son menos gravosas para el encausado. II. El sentenciado, al tenor del artículo 239 del nuevo Código Penal cometió el delito de Secuestro, puesto que privo de la libertad a otra persona y exigió condición para liberarla, estableciendo la norma penal en el artículo 240 del vigente Código Penal que este se convierte en Secuestro Agravado si concurre una circunstancia de las establecidas en el precepto antes mencionado; “El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)…;2)…;3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas; 4…) 5)… Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folios 213 al 216 del expediente de judicial). III. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al encausado no se le impuso la pena mínima, ni máxima, sino la pena media. IV Para determinar la pena a imponer, la norma sustantiva nos remite al artículo 70 que dispone: Concurrencia o Ausencia de Circunstancias Modificativas de la Responsabilidad Penal. “El Órgano Jurisdiccional competente debe individualizar motivadamente la duración de la pena a imponer, sujetándose a las reglas siguientes:1) En los delitos dolosos el Órgano Jurisdiccional competente determinará la pena dentro del máximo y el mínimo que la Ley señala al delito, tomando en consideración las reglas siguientes: a) …b) Si solo concurre una (1) o dos (2) circunstancias agravantes y ninguna atenuante, se aplica la pena media hasta el límite máximo…”. En ese orden de ideas, se debe imponer al encausado la pena de TRECE (13) AÑOS, SEIS (6) MESES de Prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena por el delito de SECUESTRO AGRAVADO. V. Después del estudio de las presentes diligencias, esta Sala aprecia, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente Garantía Constitucional de Revisión en favor del señor OTILIO ALBERTO LEIVA ULLOA, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Que, como consecuencia de la procedencia de la acción de revisión penal, el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que: “La Sentencia que dicte la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenará, según el caso: 1) La libertad del condenado. Y siendo que, de los antecedentes del caso, específicamente a (folio 296 del expediente judicial), se encuentra agregada la constancia de computo de pena, emitida por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, que señala que el señor OTILIO ALBERTO LEIVA ULLOA se encuentra en efectiva prisión desde el veinticuatro de abril del dos mil ocho, contando a la fecha de hoy, con más de quince años de reclusión. Por consiguiente, al reformar la sentencia, se corrobora que ha cumplido la pena de prisión.”
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de octubre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor OTILIO ALBERTO LEIVA ULLOA, contra la Sentencia de fecha tres (3) de mayo del año dos mil diez (2010), emitida por el TRIBUNAL DE SENTENCIAS DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la causa que se instruyó contra el señor OTILIO ALBERTO LEIVA ULLOA, por el delito de SECUESTRO, en perjuicio de WILDA YISSELE RODRIGUEZ HERNANDEZ. ANTECEDENTES 1)Que en fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil ocho (2008), la Abogada ANA PATRICIA DOMINGUEZ LOBO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presento requerimiento Fiscal contra los señores JOSE ALFREDO LOPEZ, OTILIO ALBERTO LEIVA ULLOA y CLEMENTINA GOMEZ PEÑA, por suponerlos responsables del delito de SECUESTRO, en perjuicio de WILDA JISSEL RODRIGUEZ HERNANDEZ. 2)Que seguido el trámite de ley correspondiente en fecha tres (3) de mayo del año dos mil diez (2010), el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Condenando a los señores OTILIO ALBERTO LEIVA ULLOA, CLEMENTINA GOMEZ PEÑA, como autores responsables del delito de SECUESTRO, en perjuicio de WILDA YISSEL RODRIGUEZ, interponiéndolos la pena principal de VEINTIDOS AÑOS DE RECLUSION, la que deberá computar desde el día en que fueron aprehendidos por esta causa, y la que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional, “Marco Aurelio Soto” de esta ciudad.- SEGÚNDO: Condenando a OTILIO ALBERTO LEIVA ULLOA y CLEMENTINA GOMEZ PEÑA, como consecuencia de la condena de reclusión a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal así como también a trabajar por el tiempo de la misma en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional.- TERCERO: Absolviendo al señor JOSE ALFREDO LOPEZ, del delito de SECUESTRO, en perjuicio de WLDA YISSEL RODRIGUEZ del cual había sido acusado.-CUARTO: Procede declarar la responsabilidad civil de los ya condenados la que deberá ser determinada y tasada en la fase de ejecución de esta Sentencia.- QUINTO: No procede el comiso, ni condena en costas procesales personales, ni gastos ocasionados por el juicio para los condenados…”(Folio 212 al 217 de la pieza del Tribunal)3) Que el recurrente Abogado RAMON MATAMOROS, compareció ante este Tribunal en fecha ocho (8) de marzo del año dos mil veintidós (2022) presentando recurso de revisión penal a favor del señor OTILIO ALBERTO LEIVA ULLOA, contra la sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha tres (3) de mayo del año dos mil diez (2010). 4) Que en fecha trece (13) de abril del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado RAMON MATAMOROS, en su condición de apoderado legal del señor OTILIO ALBERTO LEIVA ULLOA, y la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. - fue de la opinión QUE SE OTORGUE la acción de revisión que se ha hecho mérito CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha trece (13) de abril del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado RAMON MATAMOROS, en su condición de Apoderado Legal del señor OTILIO ALBERTO LEIVA ULLOA, quien manifestó lo siguiente: “…se ratifica el contenido de la Solicitud de Revisión de la Sentencia Condenatoria, que fue presentada en fecha 08 de marzo 2022, ante la Sala de lo Constitucional. Se Aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal al señor Otilio Alberto Leiva Ulloa, quien fue condenado por el delito de Secuestro, en Perjuicio de Wilda Yissel Rodríguez Hernández, a una pena de 22 años de reclusión del artículo 192 numeral 1) del Código Penal derogado. Sustituirle la pena y multa por el artículo 239 del Código Penal Vigente en donde establece que para el delito Secuestro la pena es 8 a 12 años. Que lo más beneficioso para los intereses personales del condenado es una pena minina de 8 años.” El Ministerio Público, a través de su agente fiscal Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ expresó lo siguiente: “…De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de SECUESTRO, por el cual se condenó al hoy imputado OTILIO ALBERTO LEIVA ULLOA. Para tal efecto, el delito de SECUESTRO se sancionaba en el artículo 192 del Código Penal derogado, con una pena de 20 años a privación de la libertad de por vida. “Aun cuando no consiguiere su propósito, quien, con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b) Obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo; c) …”. Concurriendo en las circunstancias agravantes establecida en el artículo 27 literal 19) Ejecutarlo en cuadrilla, así como la contenida en el numeral 2 del artículo 194, porque efectivamente se privó a la víctima de su libertad por más de 24 horas. En el Código Penal Vigente, el delito de SECUESTRO se encuentra regulado en el Artículo 239.- “Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de 8 a 12 años y prohibición de residencia por el doble tiempo de la condena”. De los hechos probados se desprende que el ofendido estuvo privado de su libertad por más de 72 horas, por lo que concurre lo enunciado en el artículo 240 numerales 3 de la norma sustantiva en comento, que señala como agravante del delito de secuestro “… 3) La privación de libertad que exceda de setenta y dos (72) horas, el cual es sancionado con una pena de doce (12) a quince (15) años de prisión , por la comisión del delito de SECUESTRO AGRAVADO, cuya pena resulta más favorable en comparación con los veintidós (22) años de reclusión a los que fue condenado. Así las cosas, esta representación fiscal, es del criterio que la Sentencia Condenatoria en la que se le dictó una pena de veintidós (22) años, por el delito de SECUESTRO, en perjuicio de WILDA YISSEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, las disposiciones contenidas en el Código Penal vigente resultan más favorables, por lo que es factible la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal al resultar menos gravosa la pena, conforme lo establecido en el artículo 615 de la norma penal en comento.” CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614,615,616 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor OTILIO ALBERTO LEIVA ULLOA fue condenado, por el TRIBUNAL DE SENTENCIAS DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, mediante la sentencia Definitiva y Firme de fecha tres (3) de mayo del año dos mil diez (2010), a la pena de VEINTIDOS AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de SECUESTRO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 192 DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Secuestro. III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub judice para estimar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando la procedencia de aplicar retroactivamente una nueva norma penal en relación a una derogada y plasmada en la sentencia denominada cosa juzgada; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho.CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor OTILIO ALBERTO LEIVA ULLOA, la pena principal de VEINTIDOS AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en 192 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 239 Y 240 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta pena de prisión de ocho (8) a doce(12) años prohibición de residencia por el doble que dure la condena; Y cuando es agravado la pena puede llegar a un rango de quince (15) a veinte (20) años de prisión. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que, en el marco de penas abstractas, tomando en cuenta que el procesado no fue condenado ni a la pena mínima, ni máxima, sino a la pena concreta de veintidós (22) años, las penas del Código Penal Vigente son menos gravosas para el encausado. II. El sentenciado, al tenor del artículo 239 del nuevo Código Penal cometió el delito de Secuestro, puesto que privo de la libertad a otra persona y exigió condición para liberarla, estableciendo la norma penal en el artículo 240 del vigente Código Penal que este se convierte en Secuestro Agravado si concurre una circunstancia de las establecidas en el precepto antes mencionado; “El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1)…;2)…;3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas; 4…) 5)… Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada (folios 213 al 216 del expediente de judicial). III. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al encausado no se le impuso la pena mínima, ni máxima, sino la pena media. IV Para determinar la pena a imponer, la norma sustantiva nos remite al artículo 70 que dispone: Concurrencia o Ausencia de Circunstancias Modificativas de la Responsabilidad Penal. “El Órgano Jurisdiccional competente debe individualizar motivadamente la duración de la pena a imponer, sujetándose a las reglas siguientes:1) En los delitos dolosos el Órgano Jurisdiccional competente determinará la pena dentro del máximo y el mínimo que la Ley señala al delito, tomando en consideración las reglas siguientes: a) …b) Si solo concurre una (1) o dos (2) circunstancias agravantes y ninguna atenuante, se aplica la pena media hasta el límite máximo…”. En ese orden de ideas, se debe imponer al encausado la pena de TRECE (13) AÑOS, SEIS (6) MESES de Prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena por el delito de SECUESTRO AGRAVADO. V. Después del estudio de las presentes diligencias, esta Sala aprecia, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente Garantía Constitucional de Revisión en favor del señor OTILIO ALBERTO LEIVA ULLOA, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Que, como consecuencia de la procedencia de la acción de revisión penal, el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que: “La Sentencia que dicte la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenará, según el caso: 1) La libertad del condenado. Y siendo que, de los antecedentes del caso, específicamente a (folio 296 del expediente judicial), se encuentra agregada la constancia de computo de pena, emitida por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, que señala que el señor OTILIO ALBERTO LEIVA ULLOA se encuentra en efectiva prisión desde el veinticuatro de abril del dos mil ocho, contando a la fecha de hoy, con más de quince años de reclusión. Por consiguiente, al reformar la sentencia, se corrobora que ha cumplido la pena de prision. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 Numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 51,57, 58, 70, 239, 240 del Código Penal Decreto 130-2017. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor OTILIO ALBERTO LEIVA ULLOA; II) ANULA PARCIALMENTE la Sentencia Definitiva Y Firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIAS DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha tres (3) de mayo del año dos mil diez (2010); y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor OTILIO ALBERTO LEIVA ULLOA, por el delito SECUESTRO, en perjuicio de WILDA YISSELE RODRIGUEZ HERNANDEZ, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO Al Señor OTILIO ALBERTO LEIVA ULLOA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la Sentencia por el delito de SECUESTRO AGRAVADO a la pena de TRECE (13) AÑOS, SEIS (6) MESES de Prisión, y prohibición de residir o acudir al lugar en que se haya cometido el delito o a aquel en que resida la víctima o su familia por el doble de tiempo de la condena, conforme a lo estipulado en el artículo 51 del Código Penal Vigente. SEGUNDO: Se CONDENA a la Pena Accesoria de Inhabilitación Absoluta. TERCERO: Se ordena al Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, extienda Nota de Excarcelación a favor del señor OTILIO ALBERTO LEIVA ULLOA. Por cumplimiento de la pena Principal de Prisión. Sin perjuicio que el condenado tenga otros procesos pendientes. CUARTO: La Prohibición de Residencia y acercamiento a la víctima iniciaran cuando el sujeto haya sido puesto en libertad. Ratificando la Sentencia Revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. NOTIFÍQUESE. - FIRMAS Y SELLO. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de enero de dos mil veinticuatro, certificación del Fallo de fecha once de octubre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0421-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL