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Sentencia RP-410-22 — Registro 17792

Resumen

Se interpuso recurso de revisión penal en la sentencia que declaro responsables por el delito de secuestro imponiéndoles una pena de veinte (20) años de reclusión, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional; además, se le impuso las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo que dure la pena principal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que el recurrente interpone recurso de reposición contra la sentencia de revisión penal de fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil veintitrés (2023) (f. 40), dictada por unanimidad por esta Sala de lo Constitucional y mediante la cual se deniega la acción de revisión penal en virtud de no concurrir la causal invocada por el recurrente del artículo 96 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Arguye en síntesis que hay que tomar en cuenta que el sentenciado fue condenado a las penas mínimas según el VCP 144-83, y según las penas mínimas del NCP 130-2017 son menos gravosas para su representado, razón por la cual si bien es cierto el artículo 240 y sus agravantes conlleva una pena de 15 a 20 años de prisión y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena, esta última pena no le causa afectación a su representado ya que no es privativa de la libertad, por lo cual le corresponde la retroactividad de la ley penal. CONSIDERANDO: Que el caso planteado debe resolverse de conformidad con el supuesto hipotético previsto en el artículo 621 párrafo in fine del NCP 130-2017, el cual establece que no procederá la revisión de condena cuando la pena concreta impuesta en la sentencia (en este caso, 20 años de reclusión) pertenezca al marco penal de la pena prevista en el presente código (en este caso, de 15 a 20 años de prisión), aunque el máximo de la pena abstracta prevista por la legislación que se deroga (cadena perpetua) exceda a este (15 a 20 años de prisión). El recurrente alega que el NCP 130-2017 le es más beneficioso a su representado porque el límite inferior del marco penal del NCP 130-2017 es menor a la pena concreta impuesta en la sentencia de instancia, sin embargo, el análisis debe hacerse tomando en consideración todas las circunstancias con arreglo al art. 616 del NCP 130-2017. En este caso, el artículo 621 del NCP 130-2017 prohíbe taxativamente aplicar la retroactividad de la ley penal cuando la pena concreta impuesta en instancia pertenezca al marco penal abstracto de conformidad con el NCP 130-2017. También es necesario aclarar que el factor determinante para la emisión de la resolución es la pena privativa de la libertad y no la otra pena principal de prohibición de residencia o aproximación a la víctima por el doble del tiempo que conlleva el delito de secuestro como pretende hacer ver el recurrente en la exposición de su recurso. Por lo anteriormente expuesto, se verifica que la resolución objeto de recurso de reposición ha sido resuelta de conformidad a la legislación de la cual se pidió realizar el análisis jurídico de retroactividad.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPRMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE REVISION PENAL. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por la magistrada Sonia Marlina Dubón Villeda, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Wagner Vallecillo Paredes, Francisca Villela Zavala e Isbela Bustillo Hernández, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-0410-2022, promovido por el Abogado Nelson David Guzmán Salgado, en favor de Nimer Iván Blanco Zapata, contra la sentencia de fecha diez (10) de enero de dos mil dieciocho (2018), dictada por Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Edvin Gerardo Siliezar Lara, Nimer Iván Blanco Zacapa, Santos Mártir Barahona Gómez y José Neptalí Jiménez, como autores responsables penalmente del delito de secuestro, en perjuicio del señor Ronal Amílcar Peña, imponiéndoles una pena de veinte (20) años de reclusión, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional; además, se le impuso las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo que dure la pena principal. Segundo: Declaró a los condenados civilmente responsables. Tercero: Decretó el comiso de 1) Un teléfono color azul y negro. 2) Un teléfono celular marca Samsung, color negro y gris. 3) Teléfono celular color negro marca ALCATEL. 4) Un teléfono color negro con franja roja, marca LG, sin tapadera. Cuarto: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: 1) El Abogado Nelson David Guzmán Salgado, en favor de Nimer Iván Blanco Zapata, como revisionista; 2) La Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, fiscal del Ministerio Público. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL. “PRIMERO: En fecha 30 de noviembre de 2015, siendo aproximadamente a las 5:30 a.m., el señor RONAL AMÍLCAR PEÑA PEÑA, salió de su casa de habitación ubicada en la Aldea de Carbónales del Municipio Bonito Oriental, departamento de Colón, quien se conducía en su vehículo Toyota, 2.8 color azul, a realizar labores agrícolas y a poca distancia de su vivienda fue interceptado por tres individuos, dos de ellos la víctima los pudo observar que iban armados, quienes fueron identificados los dos como SANTOS MÁRTIR BARAHONA GÓMEZ y JOSÉ NEPTALÍ JIMÉNEZ, quienes mediante amenaza con arma de fuego obligaron al señor RONAL AMÍLCAR PEÑA PEÑA, a abordar un vehículo, marca Nissan Frontier, color blanco crema, doble cabina, lo introdujeron en la parte trasera del vehículo, le colocaron una bolsa de tela de color negro en la cabeza y se le llevaron con rumbo desconocido, transcurriendo 40 minutos aproximadamente de haber sido interceptado el señor RONAL PEÑA el vehículo detuvo su marcha, bajaron a la víctima del carro lo obligaron a caminar hasta llegar a un punto alto de la montaña, procedieron a amarrarlo, siendo cuidado por los señores EDVIN GERARDO SILIEZAR LARA, NIMER IVÁN BLANCO ZACAPA Y JOSÉ NEPTALÍ JIMÉNEZ ANTÚNEZ. Segundo: Como a eso de las 5:30 de la tarde de ese mismo día el señor HERNÁN ROBERTO PEÑA recibió una comunicación a su abonado celular proveniente del 9584-8805 donde una voz masculina le comunicó que tenía a su hijo y que se prepara, más tarde siendo aproximadamente las 7:00 p.m., el señor HERNÁN ROBERTO PEÑA nuevamente recibe una comunicación donde le dicen que tiene a su hijo y que por su liberación le exigen la cantidad de tres millones quinientos mil lempiras exactos (L. 3,500,000.00) y que de no hacerlo le quitarían la vida a su hijo.- El día martes 01 de diciembre del año 2015, siendo aproximadamente las tres de la tarde el señor HERNÁN ROBERTO PEÑA recibe otra comunicación en esta ocasión utilizaron otro número de celular 9583-9515 donde le preguntaron si ya tenía el dinero que le estaban solicitando, con toda esta investigación se procedió a dar inicio a la labor de búsqueda del señor RONAL AMÍLCAR PEÑA PEÑA, interviniendo a través de la Unidad de Intervenciones de las Comunicaciones UIC las líneas de donde se estaban realizando las llamadas exigiendo el pago del rescate de la víctima, es por ello que se produce información donde se establece que el aparato celular en uso de los secuestradores con IMEI No. 359903055571830 para el día 02 de diciembre del mismo año se comunicó con el señor HERNÁN ROBERTO PEÑA donde le realizaban nuevamente la exigencia económica, a través de la información proporcionada por la Sala de Intervenciones de las Comunicaciones, se estableció que en este IMEI se introdujo el No. 9698-0149 quien lo portaba era el señor NIMER IVÁN BLANCO, quien era una de las personas que realizaba las llamadas negociando con el padre de la víctima para la entrega del dinero, en fecha 05 de diciembre del año 2015, el señor SANTOS MÁRTIR BARAHONA GÓMEZ portando el número de celular 9894-2881 se comunicó con el señor NIMER IVÁN BLANCO portador del número celular 9521-9981.- Con toda esta información los agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros, ya tenían identificado a JOSÉ NEPTALÍ JIMÉNEZ y SANTOS MÁRTIR BARAHONA GÓMEZ, a quien le seguían la pista, siendo investigados, así que se trasladaron a la zona, el 08 de diciembre de 2015 realizan trabajos de vigilancia en el sector es por ello que siendo aproximadamente 10:15 p.m., los investigadores observan a una persona de sexo masculino a bordo de una bicicleta llevando en la mano una bolsa quien al ver la presencia policial quiso darse a la fuga, por lo que los agentes procedieron a darle detención en el Barrio la Ceiba de Tocoa, departamento de Colón, a quien se identifica con el nombre de SANTOS MÁRTIR BARAHONA GÓMEZ, portador del número 9894-2881, posteriormente la unidad de intervención de las comunicaciones les reporta a los agentes que JOSÉ NEPTALÍ JIMÉNEZ se comunicó con NIMER IVÁN BLANCO, donde le manifiesta que se reunieran en el lugar denominado Carbónales, y siendo aproximadamente las 23:30 p.m. cuando transitaban los agentes por el puente de Carbónales logran observar a 2 personas sospechosas por lo que procedieron a identificarse y los requirieron y corroboran que los números que estos portaban eran los mismos números que estaban siendo utilizados por los secuestradores, y procedieron a darle formal detención identificados como JOSÉ NEPTALÍ JIMÉNEZ y NIMER IVÁN BLANCO, los agentes realizaron recorrido por el sector de las Pilas, Tesorito de Trujillo, departamento de Colón, según información recibida ese era el lugar de cautiverio de la víctima, se acercaron al lugar y vieron tres individuos que al ver la presencia de la autoridad se dieron a la fuga, uno de ellos comenzó a dispararles a los agentes y salió huyendo del lugar, los otros dos se quedaron siendo identificados EDVIN GERARDO SILIEZAR LARA y la otra persona era la víctima RONAL AMÍLCAR PEÑA, por lo que los agentes le dan detención a SILIEZAR, quien cuidaba a la víctima y posteriormente procedieron a liberar a la víctima.” ANTECEDENTES PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha nueve (9) de diciembre de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, la Abogada Karla Yaneth Zavala Mendoza, fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de Edwin Gerardo Siliezar, Nimer Iván Blanco, Santos Mártir Barahona y José Neptalí Jiménez, por considerarlos autores penalmente responsables del delito de secuestro, en perjuicio de Ronal Amílcar Peña. SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó sentencia en fecha diez (10) de enero de dos mil dieciocho (2018), mediante la cual falló condenar a Edwin Gerardo Siliezar Lara, Nimer Iván Blanco Zacapa, Santos Mártir Barahona Gómez y José Neptalí Jiménez como autores penalmente responsables del delito de secuestro, en perjuicio de Ronal Amílcar Peña, a una pena de veinte (20) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y las consecuencias legales de responsabilidad civil y trabajo durante el tiempo de la condena. TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Nelson David Guzmán Salgado, en representación de Nimer Iván Blanco Zapata, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha siete (7) de marzo de dos mil veintidós (2022), presentando recurso de revisión penal a favor de su representado, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha diez (10) de enero de dos mil dieciocho (2018), mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha uno (1) de abril de dos mil veintidós (2022), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva (f. 12). CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante la Sala de lo Constitucional (f. 25), habiendo comparecido el Abogado Nelson David Guzmán Salgado, en favor de Nimer Iván Blanco Zapata, como revisionista; y, la Abogada Nellie Jeannette Vallejo Díaz, fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando el revisionista que de acuerdo a los artículos 615 y 616 del NCP 130-2017, favorece a su representado la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal, ya que de conformidad con el artículo 239 del NCP 130-2017 corresponde la imposición de una pena abstracta de ocho (8) a doce (12) años de prisión, por lo que solicita se imponga a su representado la pena mínima. Por su parte, el Ministerio Público manifestó que, de los hechos probados de la sentencia se desprende que el señor Ronal Amílcar Peña, fue privado de su libertado por parte del condenado Nimer Iván Blanco Zacapa y otros individuos, con el propósito de obtener una determinada suma de dinero. Concluye que las disposiciones contenidas en el NCP 130-2017 son más favorables para el sentenciado, por lo que es procedente la aplicación del principio de retroactividad. FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Nelson David Guzmán Salgado, en favor de Nimer Iván Blanco Zapata, como revisionista; y, la Abogada Nellie Jeannette Vallejo Díaz, fiscal del Ministerio Público. El Abogado Nelson David Guzmán Salgado, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que de acuerdo a los artículos 615 y 616 del NCP 130-2017, favorece a su representado la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal, ya que de conformidad con el artículo 239 del NCP 130-2017 corresponde la imposición de una pena abstracta de ocho (8) a doce (12) años de prisión, por lo que solicita se imponga a su representado la pena mínima. A su turno, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que, de los hechos probados de la sentencia se desprende que el señor Ronal Amílcar Peña, fue privado de su libertado por parte del condenado Nimer Iván Blanco Zacapa y otros individuos, con el propósito de obtener una determinada suma de dinero. Concluye que las disposiciones contenidas en el NCP 130-2017 son más favorables para el sentenciado, por lo que es procedente la aplicación del principio de retroactividad. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal se impuso a Nimer Iván Blanco Zapata, la pena de veinte (20) años de reclusión por ser autor penalmente responsable de un delito de secuestro, en perjuicio de Ronald Amílcar Peña; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado a Nimer Iván Blanco Zapata, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de secuestro, cuyas penas principales son: prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena. Según los hechos probados de la sentencia, este margen abstracto debe aumentarse de quince (15) a veinte (20) años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena (de treinta (30) a cuarenta (40) años), en virtud de concurrir dos agravantes específicas, las contempladas en el artículo 240 numerales 3) y 7) del NCP 130-2017, las cuales establecen las circunstancias de que la privación de libertad de la víctima exceda de setenta y dos (72) horas, así como que el delito se cometa en el ámbito de un grupo delictivo organizado, entendiendo por este cualquier grupo estructurado de tres (3) o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves (artículo 136 del NCP). A partir de lo expuesto, resulta evidente que de conformidad con el artículo 616 del NCP 130-2017 no corresponde la aplicación retroactiva del NCP, porque lejos de beneficiar al sentenciado más bien le perjudica. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Nelson David Guzmán Salgado, en favor del señor Nimer Iván Blanco Zapata. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. En Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veinticuatro (24) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023). VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el Abogado Nelson David Guzmán Salgado, contra la sentencia de fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil veintitrés (2023), dictada por esta Sala de lo Constitucional en el recurso de revisión penal que interpusiera a favor del señor Nimer Iván Blanco Zapata, contra la sentencia definitiva firme de fecha diez (10) de octubre de dos mil veintiuno (2021), dictada por Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual condenó al señor Nimer Iván Blanco Zapata, como autor penalmente responsable del delito de Secuestro en perjuicio de Ronal Amílcar Peña, a la pena de veinte (20) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena de prisión, así como las consecuencias legales de responsabilidad civil y trabajo penitenciario. CONSIDERANDO: Que el artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que, contra las resoluciones proferidas por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, solo cabra el recurso de reposición. CONSIDERANDO: Que el recurrente interpone recurso de reposición contra la sentencia de revisión penal de fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil veintitrés (2023) (f. 40), dictada por unanimidad por esta Sala de lo Constitucional y mediante la cual se deniega la acción de revisión penal en virtud de no concurrir la causal invocada por el recurrente del artículo 96 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Arguye en síntesis que hay que tomar en cuenta que el sentenciado fue condenado a las penas mínimas según el VCP 144-83, y según las penas mínimas del NCP 130-2017 son menos gravosas para su representado, razón por la cual si bien es cierto el artículo 240 y sus agravantes conlleva una pena de 15 a 20 años de prisión y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena, esta última pena no le causa afectación a su representado ya que no es privativa de la libertad, por lo cual le corresponde la retroactividad de la ley penal. CONSIDERANDO: Que el caso planteado debe resolverse de conformidad con el supuesto hipotético previsto en el artículo 621 párrafo in fine del NCP 130-2017, el cual establece que no procederá la revisión de condena cuando la pena concreta impuesta en la sentencia (en este caso, 20 años de reclusión) pertenezca al marco penal de la pena prevista en el presente código (en este caso, de 15 a 20 años de prisión), aunque el máximo de la pena abstracta prevista por la legislación que se deroga (cadena perpetua) exceda a este (15 a 20 años de prisión). El recurrente alega que el NCP 130-2017 le es más beneficioso a su representado porque el límite inferior del marco penal del NCP 130-2017 es menor a la pena concreta impuesta en la sentencia de instancia, sin embargo, el análisis debe hacerse tomando en consideración todas las circunstancias con arreglo al art. 616 del NCP 130-2017. En este caso, el artículo 621 del NCP 130-2017 prohíbe taxativamente aplicar la retroactividad de la ley penal cuando la pena concreta impuesta en instancia pertenezca al marco penal abstracto de conformidad con el NCP 130-2017. También es necesario aclarar que el factor determinante para la emisión de la resolución es la pena privativa de la libertad y no la otra pena principal de prohibición de residencia o aproximación a la víctima por el doble del tiempo que conlleva el delito de secuestro como pretende hacer ver el recurrente en la exposición de su recurso. Por lo anteriormente expuesto, se verifica que la resolución objeto de recurso de reposición ha sido resuelta de conformidad a la legislación de la cual se pidió realizar el análisis jurídico de retroactividad. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 96, 99, 101 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: ÚNICO: Declarar SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado Nelson David Guzmán Salgado; Y MANDA: Que se deberá transcribir la presente resolución en la certificación del fallo para los efectos legales pertinentes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes abril de dos mil veinticuatro, certificación de la Sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintitrés y la Resolución de fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO- 0410-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.